Fiscalía ha cerrado casi la mitad de causas por violaciones a DDHH durante “estallido” y solo una ha tenido condena

En el contexto de la difusión de esta información, desde el Ministerio Público señalaron a CIPER que los desnudamientos de detenidos no están tipificados como delito, lo que fue categóricamente refutado por Abofem.


A través del informe caratulado como “Estado de situación de las principales investigaciones de violencia institucional asociadas a la crisis social” difundido por CIPER, la Fiscalía ha dado cuenta del destino que han corrido las diferentes indagatorias que han realizado en el marco de las violaciones a los Derechos Humanos que se han cometido en Chile durante el llamado “estallido social”, específicamente en el periodo comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020.

Con datos actualizados al 28 de enero de 2021, el citado informe consigna un total de 8.630 víctimas de violencia por parte de agentes del Estado y 8.581 causas abiertas para investigar. Respecto de estas últimas, continúan vigentes 3.479, mientras que 5.102 ya fueron terminadas. A su vez, de esas más de 5 mil, 2.013 fueron agrupadas a otros casos, quedando por lo tanto activas 6.568.

De esas 6.568 causas, 3.089 -es decir, un 47%- fueron terminadas por diferentes razones: 2.774 fueron archivadas provisionalmente por “no existir suficientes antecedentes que permitan el esclarecimiento del hecho o la continuación de la investigación”; en 218 de ellas el Ministerio Público decidió no perseverar, debido a que -de acuerdo a lo que se explica en el informe- se trataría de “casos en los que no se logró reunir antecedentes probatorios suficientes para fundar una acusación, pero respecto de las que tampoco es posible considerar la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento definitivo” contempladas en el Código Procesal Penal; y hay otras 58 en las que el ente persecutor optó por no iniciar una investigación.

Por otra parte, 19 causas fueron anuladas administrativamente, en 15 hubo sobreseimientos definitivos, en 2 se establecieron otras causales de término y en otras 2 se invocó el “principio de oportunidad”, que consiste en que el fiscal decide no continuar adelante con la investigación, argumentando que los hechos denunciados no comprometan gravemente el interés público y se cumplen ciertos requisitos legales respecto de la pena.

Por último, cabe destacar que en solo una de las causas se logró una sentencia definitiva condenatoria y de 5 años de libertad vigilada. CIPER detalla que se trata de un juicio abreviado que tuvo lugar el 29 de julio de 2020 en el Juzgado de Garantía de Rancagua, donde el carabinero Juan Gabriel Maulén Báez fue condenado por homicidio frustrado por disparar el 13 de diciembre de 2019 una bomba lacrimógena a la cabeza de un manifestante, a una distancia de 8,5 metros y por la espalda.

Cuestionamiento de Abofem a Fiscalía por declaración sobre desnudamientos

Ymay Ortiz, directora de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, declaró a CIPER que “tenemos una falta de recursos en general, pero además es necesario focalizar”, y que “ha habido demora en la entrega de información de parte de las policías”.

Por otra parte, la autoridad de la Fiscalía agregó que el cierre de las indagatorias motivado por la falta de pruebas o por la imposibilidad de ubicar a las víctimas, se debe a que “hay un problema de temor y desconfianza de las personas hacia el sistema”.

Ortiz señaló igualmente que las dificultades para obtener evidencia se deben también a que algunos procedimientos policiales irregulares, como los desnudamientos de detenidos, no están tipificados como delito. Una declaración que generó un rotundo rechazo de parte de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), quienes aclararon a la Fiscalía que “los desnudamientos forzados SON parte del tipo penal de tortura y del tipo penal de apremios ilegítimos, pues la violencia sexual se incorpora en la redacción del art. 150 A y 150 D del Código Penal”.

En ese sentido, las abogadas feministas plantearon que “de ser efectivas, estas declaraciones son gravísimas y evidencian una vergonzosa falta de conocimiento y capacitación en estándares internacionales de derechos humanos de funcionarios/as del Estado, cuya labor es investigar delitos con una máxima sujeción al principio de debida diligencia”.

Por otra parte, Abofem señaló que les parece “impresentable que se esté responsabilizando a las víctimas del poco avance en las investigaciones, y utilizando la pandemia como justificación de la falta de compromiso del Estado en su conjunto con los DDHH”. “Lo anterior refleja otra arista más de un Estado que no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales y que ha terminado por normalizar el horror”, concluyeron las abogadas.


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