Familias de ‘pueblito’ de Lo Barnechea logran doblarle la mano a hacendados que les impiden acceso al agua

Entre los dueños de los terrenos acusados de obstruir el derecho al recurso vital -conflicto que llegó hasta la Corte Suprema-, está la misma persona que habría denunciado recientemente a un centenar de ciclistas, quienes fueron detenidos masivamente tras pasar supuestamente por su propiedad durante la franja deportiva.


La Corte Suprema acogió el pasado viernes un recurso de protección presentado por una comunidad rural de Lo Barnechea que vive en el llamado Pueblito Las Varas, ordenando la Justicia a los dueños de la hacienda del mismo nombre donde se emplaza este villorrio, no impedir el acceso de camiones aljibes que surten esporádicamente de agua potable a las familias afectadas.

Se trata de alrededor de 30 personas que decidieron accionar legalmente en contra de Sabine Von Kiesling, de su cónyuge Álvaro Fuentes Suárez, y del empresario Gonzalo Alberto Llull Grunwald, sosteniendo que estas personas los estarían privando del acceso al agua para consumo humano, para sus animales domésticos y de ganado, y para el riego de sus cultivos menores de subsistencia y ornamentales, según se lee en el fallo de primera instancia de este caso.

Junto con ello, los denunciantes apuntaron que esta privación del vital recurso se produce en el contexto de una pandemia como la del Covid-19 y que entre los afectados hay personas con enfermedades crónicas, varios de ellos adultos mayores.

Por un lado, se acusó que los dueños del terreno en cuestión les han impedido acceder a abrir las llaves de paso de agua para su consumo, colocando cadenas y candados, y por otro, que han “bloqueado, roto o destruido” las acequias y cañerías que conducen el agua hasta las viviendas del Pueblito Las Varas.

Junto con ello, advirtieron que han tomado conocimiento de que algunos de los dueños de la hacienda comunicaron a la Municipalidad de Lo Barnechea la prohibición de acceder a su propiedad, impidiendo así que los vecinos afectados recibieran agua potable. Esto implicó además, según apuntaron los denunciantes, la paralización de otros servicios que prestaba el municipio, como seguridad ciudadana, limpieza de fosas sépticas, biblioteca móvil, desparasitación y vacunación de animales, fumigación de casas y suministro de medicamentos.

Cabe destacar que estos pobladores son hijos y nietos de los primeros inquilinos que llegaron a trabajar a la hacienda en 1945, es decir, hace 46 años, y que estos reconocen en la denuncia que mientras estuvo vivo Peter Von Kiesling, padre de Sabine Von Kiesling, nunca se les fue impedido el acceso al agua, lo que comenzó a ocurrir tras su muerte a mediados de 2012, cuando la propiedad pasó a manos de la sociedad de la que es parte su hija.

Lo Barnechea

UNA “VERDADERA TOMA”

En su respuesta ante la Corte de Apelaciones de Santiago, los dueños del fundo señalaron que los habitantes del Pueblito Las Varas “son en realidad ocupantes ilegales asentados en la propiedad privada” y que en su recurso de protección “establecen una serie de tergiversaciones e imprecisiones”.

En ese sentido, los acusados plantean que las familias afectadas “carecen y han carecido siempre de todo título legítimo y legal para permanecer en dicho lugar, pues los terrenos en que están asentados son de propiedad privada. “Se trata a lo más de parientes lejanos de antiguos trabajadores quienes, aprovechando la buena voluntad que en su momento tuvo el propietario de las tierras para entregar hospedaje a sus trabajadores (…), desde la muerte de Peter Von Kiesling han aumentado las ocupaciones ilegales, pues han traído más parientes a la propiedad sin autorización, aumentando la cantidad de integrantes de esta verdadera ‘toma'”, sostuvieron ante la Justicia Von Kiesling, Fuentes Suárez y Llull Grunwald. De ahí que el dominio y posesión de estos terrenos se discuta hoy también en tribunales.

Respecto del acceso al agua, plantearon que por la situación de sequía que atraviesa el país, el fundo “se sirve de los derechos de aprovechamiento de aguas del Canal Superior Alto Potrerillo, del cual tienen la propiedad del derecho de aprovechamiento consuntivo de 15 litros por segundo, derecho que como se deduce de las condiciones de sequía no ha podido cumplirse cabalmente incluso para los mismos canalistas”.

En definitiva, los dueños del fundo sostienen que son los habitantes del Pueblito Las Varas “quienes han actuado de manera ilegal y arbitraria al atentar contra el derecho de propiedad”.

Consultada la Municipalidad de Lo Barnechea por este conflicto, el abogado Boris Durandeau explicó que en algunas ocasiones se ha entregado agua a través de camiones aljibes a los vecinos del Pueblito Las Varas, pero que dicho servicio no puede ser algo constante debido a que al municipio no le corresponde esa prestación, sino que a empresas privadas que detentan la concesión de la distribución de este insumo.

En ese sentido, agregaron que se ha intentado que la empresa Aguas Andinas llegue con sus servicios a dicha zona, sin embargo, esto no ha podido concretarse debido a que “el costo del proyecto es muy elevado, lo que hace imposible su ejecución”, según se lee en la resolución judicial.

SOLO CON CAMIONES ALJIBE

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el pasado 13 de enero el recurso de protección presentado por las familias del Pueblito Las Varas, por lo que estas recurrieron a la Corte Suprema. Finalmente, el máximo tribunal falló en favor de los demandantes, pero solo respecto a la posibilidad de que estos sean abastecidos de agua potable por la Municipalidad de Lo Barnechea a través de camiones aljibe, la que -como se planteó en este proceso legal- no está obligada a suministrar a los vecinos el vital recurso.

En ese sentido, el máximo tribunal estableció que dicho “impedimento constituye un atentado contra el derecho a la vida” de los habitantes del Pueblito Las Varas, apuntando la corte fallos anteriores en donde se sostiene que “toda persona (…) tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación”, y que es deber del Estado garantizar este “derecho humano fundamental”.

Imagen referencial

85 DETENIDOS

El sábado 10 de abril, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, unos cien ciclistas llegaron hasta el aludido sector rural de Las Varas en Lo Barnechea, esto con el objetivo de aprovechar la franja horaria para hacer deporte establecida por el Gobierno. Sin embargo, se encontraron sorpresivamente con Carabineros y Seguridad Ciudadana, quienes les realizaron un control de identidad y los detuvieron por invadir propiedad privada.

Un total de 85 personas fueron trasladadas hasta la 53º Comisaría de Lo Barnechea, según informó Diario Financiero, medio que apuntó además la razón del operativo policial transparentada por la Municipalidad de Lo Barnechea: “Se realizó un procedimiento policial de Carabineros tras recibir una denuncia por parte de un vecino, quien indicó que había una gran cantidad de ciclistas circulando por terreno privado, por pasos no habilitados“.

Según diversas fuentes consultadas por el medio, dicho reclamo fue realizado por Gonzalo Alberto Llull Grunwald, uno de los tres dueños de los terrenos desde donde se les ha impedido el acceso al agua a los vecinos del Pueblito Las Varas.

Los deportistas, de acuerdo a lo que agregó Diario Financiero, interpondrán acciones legales por lo ocurrido.

En la nota del medio en donde se aborda este antecedente -titulada ¿Quiénes son los dueños de los cerros?– se señala que según un catastro de la Fundación Cerros Isla, “el 80% de este tipo de espacios en la capital están en manos de privados y el 20% pertenece a organismos públicos”.

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