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Familias de ‘pueblito’ de Lo Barnechea logran doblarle la mano a hacendados que les impiden acceso al agua

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Entre los dueños de los terrenos acusados de obstruir el derecho al recurso vital -conflicto que llegó hasta la Corte Suprema-, está la misma persona que habría denunciado recientemente a un centenar de ciclistas, quienes fueron detenidos masivamente tras pasar supuestamente por su propiedad durante la franja deportiva.


La Corte Suprema acogió el pasado viernes un recurso de protección presentado por una comunidad rural de Lo Barnechea que vive en el llamado Pueblito Las Varas, ordenando la Justicia a los dueños de la hacienda del mismo nombre donde se emplaza este villorrio, no impedir el acceso de camiones aljibes que surten esporádicamente de agua potable a las familias afectadas.

Se trata de alrededor de 30 personas que decidieron accionar legalmente en contra de Sabine Von Kiesling, de su cónyuge Álvaro Fuentes Suárez, y del empresario Gonzalo Alberto Llull Grunwald, sosteniendo que estas personas los estarían privando del acceso al agua para consumo humano, para sus animales domésticos y de ganado, y para el riego de sus cultivos menores de subsistencia y ornamentales, según se lee en el fallo de primera instancia de este caso.

Junto con ello, los denunciantes apuntaron que esta privación del vital recurso se produce en el contexto de una pandemia como la del Covid-19 y que entre los afectados hay personas con enfermedades crónicas, varios de ellos adultos mayores.

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Por un lado, se acusó que los dueños del terreno en cuestión les han impedido acceder a abrir las llaves de paso de agua para su consumo, colocando cadenas y candados, y por otro, que han “bloqueado, roto o destruido” las acequias y cañerías que conducen el agua hasta las viviendas del Pueblito Las Varas.

Junto con ello, advirtieron que han tomado conocimiento de que algunos de los dueños de la hacienda comunicaron a la Municipalidad de Lo Barnechea la prohibición de acceder a su propiedad, impidiendo así que los vecinos afectados recibieran agua potable. Esto implicó además, según apuntaron los denunciantes, la paralización de otros servicios que prestaba el municipio, como seguridad ciudadana, limpieza de fosas sépticas, biblioteca móvil, desparasitación y vacunación de animales, fumigación de casas y suministro de medicamentos.

Cabe destacar que estos pobladores son hijos y nietos de los primeros inquilinos que llegaron a trabajar a la hacienda en 1945, es decir, hace 46 años, y que estos reconocen en la denuncia que mientras estuvo vivo Peter Von Kiesling, padre de Sabine Von Kiesling, nunca se les fue impedido el acceso al agua, lo que comenzó a ocurrir tras su muerte a mediados de 2012, cuando la propiedad pasó a manos de la sociedad de la que es parte su hija.

Lo Barnechea

UNA “VERDADERA TOMA”

En su respuesta ante la Corte de Apelaciones de Santiago, los dueños del fundo señalaron que los habitantes del Pueblito Las Varas “son en realidad ocupantes ilegales asentados en la propiedad privada” y que en su recurso de protección “establecen una serie de tergiversaciones e imprecisiones”.

En ese sentido, los acusados plantean que las familias afectadas “carecen y han carecido siempre de todo título legítimo y legal para permanecer en dicho lugar, pues los terrenos en que están asentados son de propiedad privada. “Se trata a lo más de parientes lejanos de antiguos trabajadores quienes, aprovechando la buena voluntad que en su momento tuvo el propietario de las tierras para entregar hospedaje a sus trabajadores (…), desde la muerte de Peter Von Kiesling han aumentado las ocupaciones ilegales, pues han traído más parientes a la propiedad sin autorización, aumentando la cantidad de integrantes de esta verdadera ‘toma’”, sostuvieron ante la Justicia Von Kiesling, Fuentes Suárez y Llull Grunwald. De ahí que el dominio y posesión de estos terrenos se discuta hoy también en tribunales.

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Respecto del acceso al agua, plantearon que por la situación de sequía que atraviesa el país, el fundo “se sirve de los derechos de aprovechamiento de aguas del Canal Superior Alto Potrerillo, del cual tienen la propiedad del derecho de aprovechamiento consuntivo de 15 litros por segundo, derecho que como se deduce de las condiciones de sequía no ha podido cumplirse cabalmente incluso para los mismos canalistas”.

En definitiva, los dueños del fundo sostienen que son los habitantes del Pueblito Las Varas “quienes han actuado de manera ilegal y arbitraria al atentar contra el derecho de propiedad”.

Consultada la Municipalidad de Lo Barnechea por este conflicto, el abogado Boris Durandeau explicó que en algunas ocasiones se ha entregado agua a través de camiones aljibes a los vecinos del Pueblito Las Varas, pero que dicho servicio no puede ser algo constante debido a que al municipio no le corresponde esa prestación, sino que a empresas privadas que detentan la concesión de la distribución de este insumo.

En ese sentido, agregaron que se ha intentado que la empresa Aguas Andinas llegue con sus servicios a dicha zona, sin embargo, esto no ha podido concretarse debido a que “el costo del proyecto es muy elevado, lo que hace imposible su ejecución”, según se lee en la resolución judicial.

SOLO CON CAMIONES ALJIBE

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el pasado 13 de enero el recurso de protección presentado por las familias del Pueblito Las Varas, por lo que estas recurrieron a la Corte Suprema. Finalmente, el máximo tribunal falló en favor de los demandantes, pero solo respecto a la posibilidad de que estos sean abastecidos de agua potable por la Municipalidad de Lo Barnechea a través de camiones aljibe, la que -como se planteó en este proceso legal- no está obligada a suministrar a los vecinos el vital recurso.

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En ese sentido, el máximo tribunal estableció que dicho “impedimento constituye un atentado contra el derecho a la vida” de los habitantes del Pueblito Las Varas, apuntando la corte fallos anteriores en donde se sostiene que “toda persona (…) tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación”, y que es deber del Estado garantizar este “derecho humano fundamental”.

Imagen referencial

85 DETENIDOS

El sábado 10 de abril, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, unos cien ciclistas llegaron hasta el aludido sector rural de Las Varas en Lo Barnechea, esto con el objetivo de aprovechar la franja horaria para hacer deporte establecida por el Gobierno. Sin embargo, se encontraron sorpresivamente con Carabineros y Seguridad Ciudadana, quienes les realizaron un control de identidad y los detuvieron por invadir propiedad privada.

Un total de 85 personas fueron trasladadas hasta la 53º Comisaría de Lo Barnechea, según informó Diario Financiero, medio que apuntó además la razón del operativo policial transparentada por la Municipalidad de Lo Barnechea: “Se realizó un procedimiento policial de Carabineros tras recibir una denuncia por parte de un vecino, quien indicó que había una gran cantidad de ciclistas circulando por terreno privado, por pasos no habilitados“.

Según diversas fuentes consultadas por el medio, dicho reclamo fue realizado por Gonzalo Alberto Llull Grunwald, uno de los tres dueños de los terrenos desde donde se les ha impedido el acceso al agua a los vecinos del Pueblito Las Varas.

Los deportistas, de acuerdo a lo que agregó Diario Financiero, interpondrán acciones legales por lo ocurrido.

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En la nota del medio en donde se aborda este antecedente -titulada ¿Quiénes son los dueños de los cerros?– se señala que según un catastro de la Fundación Cerros Isla, “el 80% de este tipo de espacios en la capital están en manos de privados y el 20% pertenece a organismos públicos”.

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1 Comment

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  1. elsploral

    Agosto 23, 2021 at 1:51 pm

    se entiende la presion por ambos lados, por una parte las familias llevan generaciones en el lugar y por otro lado los duenos del predio tienen gente ocupando sus terrenos que nunca van a poder vender
    lo que no se comparte ni se entiende es el cierre del lugar para realizar deporte y el libre acceso al cerro, esto va a llevar solo a que mas gente haga presion y sigan usando el terreno para fines deportivos
    libre acceso a TODOS los cerros ya!

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Otra vez: Ministerio de Educación está licitando campaña comunicacional para ‘Vuelta a clases’ por $270 millones

En 2020 la cartera encabezada por Raúl Figueroa gastó otros 300 millones de pesos en otra cuestionada campaña para el mismo objetivo.

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En el portal de Mercado Público es posible encontrar hoy una licitación de la Subsecretaría del Ministerio de Educación para una campaña comunicacional denominada “Vuelta a clases”, la que cierra este próximo 27 de enero.

En la descripción de la iniciativa se lee que se trata de la prestación de un “servicio de asesoría creativa y producción; y la creación e implementación de un plan de medios nacional y regional para la campaña comunicacional ‘Vuelta a clases’”.

Junto con ello se especifica que el monto total estimado del contrato con quien se adjudique la licitación es de nada menos que $270.000.000.

Esta no es primera vez que el Ministerio de Educación encabezado por Raúl Figueroa destina una gran cantidad de fondos públicos para incentivar el regreso a clases de los estudiantes. Cabe recordar que en noviembre de 2020 se difundió la misma campaña utilizando para ello una versión de la canción “Resistiré” del grupo español Dúo Dinámico.

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Por entonces, el costo de la pieza generó igualmente amplio rechazo de la población luego de que se diera a conocer que esta había costado alrededor de 300 millones de pesos.

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Comisión del Senado aprobó convertir indulto para presos del estallido en amnistía

Durante la discusión, el senador Pedro Araya fue enfático en señalar que la iniciativa no beneficiará a agentes del Estado.

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Por 3 votos contra 2 fueron aprobadas en la comisión de Constitución del Senado las indicaciones sustitutivas al proyecto de ley de indulto general para los presos políticos de la revuelta presentadas por los senadores Francisco Huenchumilla (DC) y Pedro Araya, las que convierten a dicha iniciativa en una amnistía.

Cabe recordar que, a grandes rasgos, la diferencia entre ambas es que el indulto solo extingue la pena a la que es condenada una persona, mientras que la amnistía lo hace también respecto al delito que da origen a esa pena.

Leer también: Indulto a presos de la revuelta: proyecto se vota este martes en la comisión de Constitución del Senado

La iniciativa contó con los votos a favor de Jorge Pizarro (DC, en reemplazo de Francisco Huenchumilla), Alfonso de Urresti (PS) y Pedro Araya (Ind), mientras que en contra estuvieron los senadores Rodrigo Galilea (RN) y Luz Ebensperger (UDI).

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Foto: Agencia Uno

SOLO CIVILES

Durante la sesión se dio además una importante discusión en cuanto a si el proyecto de ley beneficiaría igualmente a agentes del Estado que hayan incurrido en delitos durante el período que este consigna, entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020.

Si bien Araya se mostró partidario de “buscar una solución al personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad que cumpliendo funciones propias del cargo hoy también se encuentran investigados”, fue enfático en aclarar que “tanto la indicación del senador Huenchumilla como la mía, no incluyen a personal de Orden y Seguridad ni de Fuerzas Armadas; están excluidas de este proyecto, solamente abarca a civiles”.

En ese sentido, Araya añadió que debido al “catálogo de delitos a amnistiar, es imposible que ellos (agentes del Estado) puedan ingresar por cualquier vía a este proyecto”.

Finalmente, el senador Juan Ignacio Latorre -uno de los impulsores de la iniciativa- apuntó que el artículo octavo de la iniciativa original señala expresamente que “no quedarán comprendidos en el indulto quienes fueran miembros de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, funcionarios de cualquiera de los organismos del Estado en la época de la comisión de los hechos”.

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El relajo de Claudio Crespo en Twitter: defiende a criminales de Punta Peuco, retuitea a pinochetistas y asegura financiamiento extranjero en 18-O

El ex teniente coronel de Carabineros acusado de dejar ciego a Gustavo Gatica, utiliza igualmente la plataforma para atacar a Piñera y Boric, y oponerse al indulto para los presos de la revuelta.

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El ex teniente coronel de Fuerzas Especiales (FFEE) de Carabineros, Claudio Crespo Guzmán, es hoy el único acusado de haber dejado ciego al entonces estudiante de psicología Gustavo Gatica, durante una manifestación ocurrida el 8 de noviembre de 2019, en las inmediaciones de Plaza de la Dignidad en Santiago.

Durante su reformalización por el delito consumado de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas llevada a cabo el pasado 5 de octubre, la fiscal del Ministerio Público, Ximena Chong, fue categórica al señalar respecto al día del ataque a Gatica que “en el momento en que se ejecutó el disparo por parte de Claudio Crespo no existía riesgo serio para la integridad de los funcionarios de Carabineros”.

Sin embargo, solo siete días después la Corte de Apelaciones revocó la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba desde agosto de 2020 en contra de quien dirigió la represión en Plaza Dignidad, dejándolo solo con firma quincenal y prohibición de salir del país.

Desde entonces Claudio Crespo se ha hecho cargo de la cuenta en Twitter con su nombre -la que antes manejaba su esposa, Giovvana Cuneo-, donde no solo es posible encontrarse con la publicidad que el ex uniformado realiza de la empresa de seguridad que creó mientras ha estado bajo un proceso judicial.

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Leer también: La indignante “reflexión” de la esposa de Claudio Crespo: calificó de “ciega” a la Justicia chilena

En un recorrido por @ClaudioCrespoG es posible toparse con comentarios donde el ex policía acusa “adoctrinamiento” escolar y trata de “delincuentes” a los manifestantes; justifica su actuar represivo con imágenes de parte de las manifestaciones; retuitea a reconocidos pinochetistas como José Antonio Kast, Hermógenes Pérez de Arce o Sergio Melnick; asegura que detrás del estallido social del 18 de octubre hubo “intervención extranjera”; cuestiona tanto al Presidente Sebastián Piñera como a la recientemente electa primera autoridad del país, Gabriel Boric; y se opone al indulto general a los presos políticos. El ex oficial de Carabineros también se da el tiempo para opinar sobre quién “destruyó” la educación pública en Chile.

Acá compartimos algunos de esos mensajes dejados en Twitter por quien podría ser condenado por dejar ciego a Gustavo Gatica, en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos durante la revuelta.

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