Fallo de la Corte Suprema de Argentina en favor de clases presenciales y las repercusiones para Chile

La derrota de Alberto Fernández en la Justicia puede volverse un argumento en favor del proyecto del oficialismo chileno, en disputa que involucra intereses de las empresas del negocio de la educación y la preocupación por el aumento de casos de Covid entre maestros e incluso entre niños, como ocurrió en Brasil

La Corte Suprema de Argentina ha fallado este martes (4/5) en favor del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que planteaba desconocer la autoridad del presidente Alberto Fernández para imponer un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) para volver a las medidas de distanciamiento social en el país, incluyendo la imposibilidad de realizar clases presenciales en todas las escuelas.

Tal decisión puede transformarse en una buena noticia para La Moneda, que prepara un regreso similar en Chile, según declaraciones del ministro Raúl Figueroa hace pocos días – aseguró que “están todas las condiciones” para reanudar las clases presenciales, en entrevista al diario La Estrella de Iquique, publicada el pasado 25 de abril.

Como se dieron, o cómo todavía se están dando esas disputas en los países vecinos pueden servir de previa a lo que se viene en la agenda política chilena para las próximas semanas.

El caso de Argentina

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, comandando por el macrista Horacio Rodríguez Larreta, inició en mediados de abril una batalla política y judicial contra el presidente Alberto Fernández para mantener las clases presenciales.

Ante el aumento de los casos y de las muertes por Covid en su país, el mandatario argentino decidió a través de un DNU (Decreto de Necesidad de Urgencia) restablecer algunas medidas de aislamiento social, como cuarentenas en regiones al borde del colapso hospitalario, y también el regreso a clases de forma virtual. Sin embargo, el gobierno de la capital decidió desconocer el decreto presidencial e incluso apeló a la justicia para escalar la pulseada política, instancia donde finalmente ganó con el fallo proferido este martes por la Corte Suprema del país trasandino.

Desde el inicio de la pelea entre Rodríguez Larreta y Alberto Fernández, Buenos Aires ha sido escenario de protestas populares, muchas de ellas en favor de la Casa Rosada y contrarias al gobierno municipal, realizadas por parte de los apoderados, pero sobre todo por sindicatos de docentes y trabajadores de la educación. Aunque también hubo manifestaciones de apoyo a la medida del gobierno municipal, del otro sector de los apoderados, que defendía el regreso a clases presenciales – el que se reunía en grupos similares al movimiento chileno Escuelas Abiertas

El alcalde de la capital argentina montó una gran estrategia político-mediática para esa disputa y ha logrado, al menos por estos días, transformarse en el principal archirrival político de Alberto Fernández. Al llevar la disputa contra el decreto a la Corte Suprema, la autoridad municipal trató de demostrar que su poder político es similar al del presidente, y lo ha logrado.

En paralelo, Rodríguez Larreta cuenta con una prensa favorable que muestra a escuelas de Buenos Aires con padres y niños asistiendo a clases, y luego protestando contra el decreto – acciones que tienen más repercusión mediática que la de los grupos favorables a Fernández.

Las imágenes acompañan la irónica apropiación narrativa de una derecha que hoy dice que la educación es un derecho y que no es posible permitir que se convierta en privilegio. La misma derecha que durante el gobierno de Mauricio Macri desmanteló la educación pública como explica el docente e investigador de la Universidad de Quilmes, Raúl Di Tomaso: “Larreta socavó sistemáticamente el presupuesto para la educación pública. Hoy el gobierno de la ciudad tiene más presupuesto en reparación de veredas que en infraestructura escolar. Es un gobierno que dijo que la universidad no era para los pobres, es un gobierno que quiso expropiar terrenos de universidades para concesionarios a sectores privados”.

Estos elementos, expone Di Tomaso, son necesarios para demostrar que la derecha valora la educación sólo en el discurso. “Hay una enorme perversidad en el discurso, que se asienta sobre ciertas creencias sociales y hay un nuevo fenómeno que es el de una nueva derecha que es antidemocrática, violenta que desconoce un decreto de alcance nacional, desconoce al presidente, es una derecha egoísta que sobreestima las libertades individuales por sobre las responsabilidades colectivas”.

A nivel territorial la disputa opuso a padres y docentes. El movimiento argentino tiene el mismo nombre que el chileno: Escuelas Abiertas, y es promovido por un grupo que se denomina Padres Organizados. Se describen como una iniciativa de “seis padres que nos pusimos en contacto a través de las redes sociales para conversar sobre la falta de información y perspectivas para el regreso”. No cuenta con rostros conocidos, pero por sus contactos en redes es posible notar la recurrencia de los apoyos en likes, retweets e informes provistos por la Fundación Pensar, el think tank de estrategias electorales y políticas públicas de PRO, el partido de Mauricio Macri.

Fundación Pensar es presidida por Franco Moccia, director de Banco Ciudad, y tiene como vicepresidente a Humberto Schiavoni, actual senador y jefe del bloque del PRO en la cámara alta del país vecino, y que antes fue presidente de la empresa Corporación Buenos Aires Sur, que realizó diversas obras públicas para el gobierno del mismo Macri.

Mientras tanto, los docentes de la ciudad de Buenos Aires siguen obligados a asistir a las escuelas a pesar de la suspensión, algo que preocupa porque no todos los establecimientos cumplen con las condiciones de ventilación con doble circulación. La docente de primaria, Paula Resels, explica que hasta ahora la organización de jornadas tenía horarios de ingreso escalonados y alternancia entre semanas presenciales y virtuales, por tanto no era crítica una suspensión total, pero que el DNU evidencia las desigualdades, “porque los escolares se adaptan pero las familias enfrentan grandes complejidades con estos formatos, porque a ellos se les ha traspasado una carga adicional para hacer cazar horarios de ingreso y egreso, más aún con hijos de distintas edades”.

Sobre los padres que forman parte de la iniciativa de regreso la presencialidad expresa que “no tienen empatía ni por sus propios hijos, no quieren a nadie, educan a sus hijos en el odio de clase”. Resels también explica que las asimetrías se hacen patentes ante la falta de equipamientos y conectividad provocadas por los recortes de presupuesto en infraestructura escolar realizados por el Gobierno de la Ciudad en 2020, que incluía la entrega de computadores a los estudiantes.

Desde el inicio de las clases en Buenos Aires, se quintuplicaron los contagios de niños y adolescentes: en el tramo de 0 a 19 años, los casos aumentaron de 80 en febrero a 450 al 15 de abril, tendencia que confirmada por el incremento de pacientes en los hospitales pediátricos de la ciudad, como el Hospital Garrahan

En favor del decreto de Fernández se posicionaron los colectivos educativos como el Cuerpo de Delegadxs de Cooperadora, Cooperadores en Movimiento, Coordinadora de Estudiantes de Base, Familias por la Escuela Pública, Comisión de Educación y Cultura, entre otras organizaciones. Además, una reunión de expertos en salud con el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y la ministra de Salud, Carla Vizzotti , realizada el 26 de abril, terminó con una declaración conjunta de algunos de los principales científicos argentinos afirmando que “no es momento de relajar ninguna medida”.

Consultados, desde el movimiento Escuelas Abiertas de Chile, explican su relación con la iniciativa argentina: “Si bien ambos movimientos tienen el mismo objetivo, considerar la educación presencial como prioridad nacional, la situación política y el manejo de la pandemia es diferente en cada país”.

El ejemplo de Brasil

En Brasil, el tema de las clases presenciales también generó una fuerte disputa política, pero mucho antes, en febrero, y especialmente en São Paulo, donde el gobierno estadual comandando por João Dória (del PSDB, partido de la derecha tradicional brasileña) desplegó una importante campaña en los medios para fortalecer la idea de que las escuelas son una actividad esencial que requiere la presencialidad.

La principal resistencia a ese plan de regreso a clases fueron los profesores y trabajadores de la educación, que tuvieron que regresar al trabajo presencial sin estar vacunados – el gobierno de São Paulo recién les agregó a una lista prioritaria en abril, aunque solamente los trabajadores de más de 47 años fueron llamados hasta ahora. Mientras tanto, el secretario estadual de Educación, Rossieli Soares, mantuvo un discurso ofensivo a los maestros, afirmando que aquellos que se negaban a volver a las clases “es porque no quieren trabajar”.

Tal declaración ignora algunos datos realmente preocupantes: más de 3 mil profesores se han infectado por Covid-19 desde que se retomaron las clases en São Paulo y 77 han fallecido por esa enfermedad. Se estima que el regreso a clases fue uno de los principales factores que desencadenó este, que es sin duda el peor momento de la pandemia en Brasil, que acumula casi 3 mil muertes diarias en promedio, y superando las 4 mil en jornadas más extremas – el estado de São Paulo es justamente el que lidera esa cifra, con un promedio de casi mil muertes diarias desde mediados de marzo. Todos esos son datos del CONASS, Consejo Nacional de Secretarias de Salud, que reúne todas las autoridades estaduales de Brasil.

Otro dato que viene desde São Paulo es el aumento de 47% en las hospitalizaciones de niños y adolescentes por covid. Ese dato fue publicado por el SindHosp (Sindicato de los Hospitales y Establecimientos de Salud Privada de São Paulo) el día 12 de marzo pasado, exactamente un mes después de que se retomaran las clases presenciales en ese estado brasileño – curiosamente, la misma tendencia se ha verificado en abril, en los hospitales pediátricos de Buenos Aires, justo después de la retomada de las clases por el gobierno de esa ciudad, como vimos en párrafos anteriores.

Entre las figuras que más se oponen a esas medidas en São Paulo está el académico Daniel Cara, profesor de la Facultad de Educación de la USP (Universidad de São Paulo) y miembro del Consejo Universitario de la Unifesp (Universidad Federal de São Paulo), además de ser uno de los expertos en educación del partido progresista PSOL (el mismo de Marielle Franco). Según él, “el regreso a clases tendría que pasar por todo un plan cuidadosamente diseñado, empezando por un lockdown (cuarentena) efectivo, un plan de vacunación bien ejecutado y mecanismos de auxilio económico a los trabajadores. En Brasil, esas políticas o se ejecutaron a medias o simplemente no ocurrieron”.

El académico, que fue candidato al Senado en 2018, también recuerda que “hay un montón de iniciativas que están tramitando en el Congreso, para distribución de equipos para acceso a internet, distribución de alimentos orgánicos de pequeños productores a las familias cuyos hijos perdieron el acceso a merienda escolar, entre otros proyectos que podrían mejorar la vida de quienes enfrentan la pandemia, pero que nunca se han votado, o que fueron aprobadas por el Legislativo, pero terminaron en nada porque acabaron vetadas por (el presidente Jair) Bolsonaro”.

¿La escuela no para?

Un aspecto relevante, incluso más que la entrega de contenidos, es la entrega de herramientas a los escolares para que puedan comprender el periodo de pandemia y las implicancias que tiene en el entorno.

El reconocido psicopedagogo italiano, Francesco Tonucci, desmenuzó en un encuentro con docentes, la máxima que se adoptó en Italia, de que “La escuela no para”, y se preguntó “¿cómo no va a parar la escuela si paró el mundo?”.

Esas mismas preguntas se hacen docentes ante los complejos y a veces contradictorios escenarios para enfrentar la educación.

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