Exdirectora de SernamEG Tarapacá, Pamela Hernández, recurre a la Corte Suprema, en busca del reconocimiento de sus derechos

Después de ganar en primera instancia el juicio por acoso laboral en contra de Carolina Plaza, Directora Nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Pamela Hernández ahora recurrirá a la Corte Suprema en busca del reconocimiento de sus derechos.


Según la Nueva Encuesta Suplementaria (NESI, 2016), realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas, las mujeres predominan en las áreas asociadas al cuidado y servicios, como el servicio doméstico (84%) y la enseñanza (73%), pero representan una minoría en áreas consideradas intensivas en conocimiento como información e innovación.

Desde el punto de vista de la segmentación vertical, alrededor de un 2% de las mujeres ocupadas  accede a puestos de alta dirección, representando el 29% del total de ocupados (hombres y mujeres en puestos de alta dirección). Grupo de ocupación: miembros del Poder Ejecutivo y de los cuerpos legislativos, y personal directivo de la administración pública y de empresa.

Por otra parte, la segmentación del mercado laboral, que afecta a las mujeres, se expresa en importantes brechas salariales. En general, las mujeres obtienen un ingreso medio cuyo monto es 31% menos que el monto promedio percibido por los varones.

Teniendo esto en cuenta, es lamentable que la institución pública de nuestro país, encargada por mandato legal, de erradicar la violencia contra las mujeres, sea liderada por mujeres que ejercer maltrato en contra de sus subalternas. Este es el caso de Pamela Hernández Leiva, socióloga de profesión, con dos magister, cuatro diplomados y especialización en género, quien luego de una larga trayectoria en el sector público, decidió en el año 2017 postular a un cargo de Alta Dirección Pública, precisamente en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, siendo la primera directora regional, cuyo cargo adjudicado, fue obtenido a través de un estricto concurso público, para dirigir el trabajo de dicha institución en la Región de Tarapacá.

Como sabemos, en marzo del año 2018 asumió un nuevo gobierno y, con ello, nuevas autoridades, las que no han estado exentas de críticas, por el manejo en materia de género. Es así, como en dicha institución, en diciembre de 2019 informaba la prensa que: “Desde la Asociación Nacional de Funcionarios de SernamEG (ANFUSEM), lamentaron que se comunicaran los despidos de 16 trabajadores públicos en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia a la Mujer (25/11) y en un contexto de movilización social que vive el país. Una vez más la mayor parte de las desvinculaciones afecta a mujeres.

El Ministerio y Servicio a cargo de velar por la autonomía económica y las oportunidades de las mujeres en el mercado del trabajo, despide en esta oportunidad a 16 personas, de las cuales 12 son mujeres con trayectoria en nuestra institución, con experiencia en materias de género y, más aún, con un gran compromiso por las mujeres de Chile”, se indica en la misiva. A su vez, apuntaron que son funcionarios/as que la misma ministra había encargado la tarea de hacer un seguimiento y proteger a las mujeres afectadas por las violaciones de Derechos Humanos durante el estallido social, los/as que hoy se han quedado sin trabajo.

Una vez más se hace vista gorda de los instrumentos regulares establecidos para la administración del Estado, pues la totalidad de las personas despedidas se encuentran calificada en lista N°1 de distinción, desconociéndose su calificación oficial mediante informes paralelos. Esta práctica ilegítima ha sido masivamente utilizada por esta administración y entre el 2018 y 2019 ha afectado a 59 funcionarios/as del SernamEG.

Es del caso comentar que Pamela Hernández Leiva quedó embarazada de su segunda hija y al informar esta situación a su entonces jefatura, comenzaron los actos de acoso laboral en su contra. Pueden haber muchas razones, a primera vista, pareciera ser un acoso por discriminación política; sin embargo, si indagamos más a fondo, nos damos cuenta que su caso no sólo se limita a no pertenecer a la coalición de gobierno, sino que se entrelazan otros factores, como el hecho de haber sido madre.

Cuando ella informó sobre su estado de gravidez, la dejaron fuera de actividades que se encontraban dentro del ámbito de sus funciones, sufriendo acoso de carácter vertical, en el cual sus superiores jerárquicos, debilitaron su poder de decisión y autonomía, en el cumplimiento de sus funciones, haciéndola perder su liderazgo, a través de la denostación y malos tratos, actuaciones realizadas tanto en privado como en público, recriminándola y desestimando el trabajo realizado; sin apoyo, ni feedback.

De tal forma, que la ley Nº 19.882, que regula una nueva política de personal a funcionarios públicos, dentro de cuyos objetivos busca profesionalizar los cargos Directivos, no cumple su fin, pues, dichos puestos, pasan a ser ocupados por personas cercanas a la autoridad de turno. Autoridad que, para lograrlo, despide arbitrariamente a las profesionales capacitadas que se adjudican cargos. Las trabajadoras, son despedidas de sus trabajos, sin importar sus buenas evaluaciones, no se respetan sus feriados, el gozar de licencias medicas, ni de ninguno de sus derechos laborales, por el simple hecho de ser consideradas de “confianza” para efectos de su despido.

Situación que genera una gran preocupación, pues, nos hace pensar que finalmente las profesionales capacitadas no postulan a dichos cargos, pues, en esos casos, no existe estabilidad laboral alguna, pero lo más grave, es que nuestros derechos fundamentales básicos como el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y a la honra, consagrados tanto por instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y nuestra propia Constitución Política, son simplemente vulnerados, por el Estado empleador. Es inconcebible que el mismo Estado no respete el derecho a recuperar la salud de una trabajadora, cuando se ha enfermado mentalmente, producto del maltrato laboral sufrido, el que se encuentra comprobado medicamente y ante la justicia, en el caso de Pamela, por el Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique.

Pero más grave aún, es cuando Ministros del Poder Judicial, quienes están llamados a reestablecer el imperio del derecho, deciden también obviar dicha normativa, que es la piedra angular de nuestro ordenamiento jurídico, decidiendo que simplemente la trabajadora se encuentra despedida sin considerar su estado de salud, sin considerar el fondo del asunto, ni los principios protectores hacia el trabajador, y de tal forma, legitimando un poder absoluto, casi omnipotente, exento de todo respeto a las garantías fundamentales, de un Estado empleador, que tiene nombre y apellido, que actúa de forma subjetiva, que daña a sus trabajadoras, quedando en la impunidad.

Luego, nos preguntamos: ¿por qué las mujeres no llegamos a puestos directivos en igualdad con los varones? Siendo tantas las barreras que debemos enfrentar, además, en casos como el de Pamela, quedamos en el desamparo económico, pues hasta la fecha, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, ni siquiera ha pagado su remuneración, el derecho básico de toda trabajadora, correspondiente a los días de diciembre de 2019 y enero de 2020, fechas en las que estuvo con licencia médica profesional por acoso laboral de parte de dicho Servicio Público.

Es por este motivo, que Pamela ha debido recurrir ante la Corte Suprema, con la esperanza, de que nuestro máximo tribunal la restituya en sus derechos como trabajadora.

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  1. Conozco a Pamela Hernández Leiva cuando ella trabajaba en el FOSIS de Arica y Parinacota y yo trabajaba en PRODEMU. Una excelente trabajadora y ser humano. Lamento mucho que tenga que pasar por todo esto. Pamela un abrazo sororario desde Alemania para ti y tu familia. Todo el newen.

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