Estación Central: Un poco, sólo un poco, de pudor

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La candidatura de Gustavo Hasbún a la alcaldía de Estación Central es un síntoma elocuente de la crisis que afecta a la nación chilena. Los primeros permisos ilegales de edificación  fueron otorgados durante su alcaldía y, por si fuera poco, él se encuentra procesado por cohecho. Que una persona de tan discutible ética pública sea candidato muestra un profundo menosprecio a la ciudadanía.


Un reciente fallo judicial ha confirmado la posición sustentada por el alcalde Daniel Jadue respecto a la ilegalidad de algunos edificios en la comuna de Recoleta. Evidentemente no es casual que detrás de estos permisos ilegales se hallen connotados personeros de la UDI, pues existe un vínculo originario entre ese partido político y los grandes grupos económicos. Así es como la municipalización implementada por la dictadura militar (1982) permitió que el entonces movimiento gremialista expandiera su trabajo territorial y el copamiento de innumerables municipios a lo largo del país. Alcaldes designados por Pinochet, como Ulloa, Orpis o Melero, pasaron al parlamento tras ejercitarse en la gestión local y en las lógicas clientelares.

El hecho de contar con un gran apoyo electoral en los sectores populares no disminuye el sello clasista y discriminador que está a la base del núcleo ideológico y de la práctica política de la UDI. Todo lo contrario. Se puede constatar que Joaquín Lavín y Rodrigo Delgado –más allá de la diferencia de peso político entre ambos- representan gestiones distintas en la medida que una comuna ( Las Condes) cobija, en parte, a sectores de la elite y otra ( Estación central) a una muchedumbre irrelevante.

El fallo judicial que citábamos al comienzo de esta nota tiene impacto en el conjunto de la región metropolitana. Sobre todo en Estación Central, donde existen pronunciamientos legales concordantes (Un lector interesado puede consultar, al respecto, las columnas de Patricio Herman que exponen, con claridad y rigor técnico, los fundamentos y alcances de dichos fallos).

Sin embargo, no son pocas las organizaciones vecinales, directamente afectadas, que han reaccionado con incredulidad ante la mera posibilidad de demoler las construcciones ilegales. . El razonamiento implícito de los vecinos  es que la aplicación de la ley –tarde o temprano- tiene escasas posibilidades de materializarse frente a los intereses inmobiliarios y políticos. La triste verdad es que en Chile los derechos ciudadanos se encuentran subordinados al poder efectivo (aquel que se encuentra por encima de la ley y de los fallos judiciales). De  tal manera el cumplimiento de la ley forma parte de una esperanza utópica.

Para quienes consideren desproporcionada la resolución judicial es bueno hacerles notar que muchas de estas construcciones han tenido efectos múltiples (seguridad ciudadana, equipamiento urbano, salud pública, etc.) pero también irreversibles en su entorno más próximo. Esto significa que la serie de consecuencias negativas no son susceptibles de mitigación alguna.  

Por lo anterior es que la candidatura de Gustavo Hasbún a la alcaldía de Estación Central es un síntoma elocuente de la crisis que afecta a la nación chilena. Los primeros permisos ilegales de edificación  fueron otorgados durante su alcaldía y, por si fuera poco, él se encuentra procesado por cohecho. Que una persona de tan discutible ética pública sea candidato muestra un profundo menosprecio a la ciudadanía.

La estupidez de quien desempeña una función pública es siempre penosa. Pero, en ocasiones, la estupidez pueda ser  preferible a la impudicia y el descaro.

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