Escaños reservados: el plebiscito al borde del abismo

Debido a que primero, los escaños reservados no eran parte del acuerdo de los partidos, y segundo, que ha sido difícil establecer los mecanismos de representación, su tramitación ha sido lenta, llegándose a afirmar en la sesión del 13 de octubre de la Comisión de Constitución, que el proyecto solo vería la luz después del plebiscito. Lo que está sucediendo es de ¡extrema gravedad!


La definición de los escaños reservados para pueblos indígenas en la Convención Constitucional, ha sido un tema más complejo del que se quiere reconocer en las esferas políticas.

Primero, porque ciertamente no estuvieron considerados en el acuerdo de noviembre. Segundo, porque los mecanismos de participación propuestos se encuentran reñidos con los instrumentos del derecho internacional. Y tercero, de especial gravedad –no solo para los pueblos indígenas, sino que para todo el proceso–  ahora hay intenciones de definir la participación con posterioridad al plebiscito, lo que invalidará cualquier resultado posible. Soy enfático. Lo que está sucediendo es de ¡extrema gravedad!

Explicaré y conectaré brevemente los tres puntos.

Como es de público conocimiento, el 15 de noviembre pasado, tras arduas y multitudinarias protestas en todo Chile, los partidos de gobierno y oposición (menos el PRO y el Partido Comunista) acordaron la realización de un plebiscito para definir una nueva Constitución.

Un evento histórico, del que sin embargo nos restamos por considerar que estaba falto de garantías. Y en efecto, el malestar no se hizo esperar, habían quedados dos grandes actores fuera del acuerdo: las mujeres y los pueblos indígenas. Por ello, una vez ingresado el proyecto de reforma constitucional para el plebiscito, hubo que ingresar dos reformas más, una para que la Convención Constitucional sea paritaria, se aprobó. Otra, para que se garantice la participación de los pueblos indígenas, que sigue su tramitación en la Comisión de Constitución del Senado.

Hasta ahí el primer punto, como los pueblos indígenas no estaban contemplados en el acuerdo, hubo que crear otro proyecto para incluirlos. El segundo punto, es consecuencia del primero, y es que en la redacción del proyecto que los incluye hay un sesgo colonial escalofriante, por el que votamos en contra la idea de legislar cuando llegó el Senado.

En 2008, Chile firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que establece en su artículo 6 literal a, la obligación del Estado de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Cuestión que no se ha hecho.

No detallaré las piruetas que han realizado los diferentes actores, para omitir de la discusión el hecho innegable de que Chile pretende incluir a los pueblos indígenas en una eventual Convención Constitucional, sin respetar ni sus costumbres, ni sus autoridades tradicionales, tratándolos como minorías sociales y no como naciones conquistadas, desconociendo sus formas de organización política y su cosmovisión. Con todo, no es menos cierto que muchas organizaciones indígenas conscientes de la irregularidad, han preferido aprovechar la oportunidad de forma estratégica para influir.

Con respecto al segundo punto entonces, hay una cuestión clara, no respeta el convenio 169 de la OIT, pero también es cierto que en términos políticos muchas organizaciones se han planteado a favor de manera estratégica. Discutible pero real.

Llegamos así, al tercer punto y más preocupante. Debido a que primero, los escaños reservados no eran parte del acuerdo de los partidos, y segundo, que ha sido difícil establecer los mecanismos de representación, su tramitación ha sido lenta, llegándose a afirmar en la sesión del 13 de octubre de la Comisión, que el proyecto solo vería la luz después del plebiscito.

Si estimado lector, lectora, leyó bien ¡después del plebiscito!

Lo problemático de esto, es que incurre en un vicio ético de forma, que puede hacer naufragar al plebiscito mismo. Me explico. El 25 de octubre se votará para saber si el pueblo aprueba o rechaza una nueva Constitución, y junto con ello, el mecanismo por el que se construirá esa nueva Constitución, en el caso de ganar el apruebo.

Pues bien, es una norma básica de toda democracia, saber qué se vota cuando se vota. Si no están definidos los escaños reservados en la Constitución antes del 25 de octubre, vamos a pedirles a los chilenos y chilenas que voten “apruebo” sin saber qué van a aprobar.

Es decir, si no se zanja el proyecto de escaños reservados antes del 25, no se sabrá si los que aprueban o rechazan, aprueban o rechazan una convención con 155 convencionales o con 170, con participación de pueblos indígenas o sin participación de pueblos indígenas.

No podemos pedirle a la gente que vote y no decirle qué está votando. La lentitud del proceso legislativo, está a un paso de socavar definitivamente el proceso constituyente, tomándose la licencia de menospreciar e incluso adulterar la voluntad popular a expresarse el 25 de octubre. A favor de los escaños reservados, como estamos muchos, o en contra, como están pocos, necesitamos una definición ¡ahora!

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