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Entre el Pinochetismo, la anti izquierda y la criminalización de la protesta: lo que hermana a los cuestionados periodistas Roberto Cox y Javier Olivares

Los comunicadores que han hecho noticia en los últimos días por asuntos ajenos a su profesión, comparten igualmente su oposición al trabajo realizado por la Convención Constitucional.

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Rechazo han generado en parte de la población chilena las “polémicas” en las que se han visto envueltos durante los últimos días los periodistas chilenos Roberto Cox, lector de noticias en CHV/CNN Chile, y Javier Olivares, quien se encuentra radicado en Estados Unidos.

Olivares ha provocado duros cuestionamientos luego de dejar un sarcástico mensaje en su cuenta en Twitter, desincentivando la venida de turistas a nuestro país debido a que se trataría de una nación en donde -según alertó- habría “delincuencia desatada, narcotráfico, sicariato, ingobernabilidad”.

Por su parte, Cox hizo noticia al ser denunciado por un vecino por permanentes ruidos molestos en su casa, acusación en donde se difundió además un video como prueba.

Las críticas contra ambos periodistas, expresadas principalmente a través de redes sociales, han hecho recordar las posturas que ambos han manifestado respecto a temas políticos, sobre la dictadura chilena y ante las protestas que durante los últimos años han tenido lugar en Chile.

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En ese sentido, un recorrido por las cuentas de Cox y Olivares en Twitter da cuenta de que, por ejemplo, ambos están hermanados en su defensa de la dictadura cívico-militar encabezada por el general Augusto Pinochet. Allí es posible encontrar comentarios en donde califican de “Presidente” al dictador o relativizan la calidad de dictadura de un régimen que realizó violaciones a los Derechos Humanos sistemáticas y que dejó un saldo de alrededor de 3 mil víctimas.

Muy lejos del respeto expresado hacia el genocida chileno y su esposa, en el caso de Olivares este se ha referido en cambio en duros términos a líderes de la izquierda de Latinoamérica, como el Presidente Daniel Ortega de Nicaragua y su pareja, tratándolo a él de “tirano” y a ambos de “dupla maléfica”. Por otra parte, a la Revolución Cubana la ha acusado de mantener a sus ciudadanos en “decadencia” y “pobreza”.

Una evidente posición anti izquierda del conductor de noticias radicado en Estados Unidos, que también ha manifestado en contra de ese sector en Chile, calificando de “radical” al socialdemócrata Gabriel Boric y, en cambio, de “derecha tradicional” al ex candidato presidencial José Antonio Kast.

Cabe mencionar que en su primer programa de gobierno, Kast evidenció un ultraderechismo que movilizaba sus propuestas respecto a las mujeres, a los migrantes y a los “agitadores de izquierda”, a quienes -recordemos- quería perseguir a nivel internacional y detener en lugares distintos a las cárceles.

La criminalización de las protestas en Chile también ha sido una constante en ambos comunicadores. Roberto Cox, por ejemplo, llegó a hablar de “país en llamas y violencia desatada” durante los primeros días del estallido social, destacando particularmente ese tipo de hechos y obviando las masivas concentraciones o las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos que se cometían diariamente en nuestro país.

Una postura muy similar a la expresada por Olivares, quien ha criminalizado permanentemente a la protesta en nuestro país, asociándola a la delincuencia y terrorismo. Por otra parte, el comunicador radicado en Estados Unidos hasta llegó a burlarse abiertamente de la caída sufrida por una persona que intentaba subirse a la plataforma donde se encontraba la escultura del general Manuel Baquedano en Plaza Dignidad.

Olivares ha ninguneado igualmente las demandas de los trabajadores del sector público, acusándolos de ser “privilegiados” y de “vivir del colectivo”, llegando incluso a insinuar nepotismo en el caso de la reconocida fiscal Ximena Chong.

Las críticas al trabajo de la Convención Constitucional (CC) han sido también parte del repertorio de ambos periodistas, dramatizando Cox por ejemplo la forma en que se debió escoger a la nueva Mesa Directiva, o insistiendo Olivares en la comparación del proceso chileno con el de Venezuela.

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“Se requiere que esté acompañado de medidas concretas”: Colegio de Profesores ante anuncio de regreso a clases presenciales

Carlos Díaz Marchant señaló que se debe garantizar que “no seguiremos cometiendo los errores que ha cometido el actual gobierno”.

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El Colegio de Profesores cuestionó este miércoles el anuncio del Gobierno del regreso a clases presenciales para este año 2022, planteando como primer argumento el retroceso de la Región Metropolitana a la Fase 3 del Plan Paso a Paso. “La situación es bastante crítica. Estamos con niveles de contagio muy superiores a los que habíamos visto en el último tiempo, y eso por supuesto que nos preocupa como profesores”, señaló el líder del gremio, Carlos Díaz Marchant.

“No basta con solamente anunciar que volveremos a la presencialidad. Se requiere que ese anuncio esté acompañado de medidas concretas y, por sobre todo, de medidas que den cuenta de que no seguiremos cometiendo los errores que ha cometido el actual gobierno”, sostuvo el presidente del Colegio de Profesores.

En ese sentido, Díaz Marchant realizó un llamado al Presidente electo, Gabriel Boric, para que “avance en medidas concretas respecto de cómo enfrentar el retorno a la presencialidad”.

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Cámara de Diputados aprueba requerir al TC que declare inconstitucional la licitación del litio realizada por Piñera

La explotación por 29 años de nuevos yacimientos del recurso natural ya fue adjudicada por el Gobierno a dos empresas.

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Por 42 votos a favor, 26 en contra y una abstención, este miércoles la Cámara de Diputados aprobó requerir al Tribunal Constitucional (TC) que declare la inconstitucionalidad del Decreto Supremo N° 23 del Ministerio de Minería que permitió la cuestionada licitación de nuevos yacimientos de litio.

Cabe recordar que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera dispuso de un total de 400 mil toneladas de litio de los salares del norte del país para que sean explotadas por empresas privadas hasta el año 2050, resultando finalmente ganadoras de la convocatoria las compañías BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A.

Leer también: Gobierno se adelantó y adjudicó licitación del litio a dos empresas en medio de controversial debate

La diputada del Partido Comunista, Marisela Santibáñez, celebró la aprobación del requerimiento que se realizará ante el TC, sosteniendo que “tenemos el deber y obligación de defender el bienestar del país”. “Llevaremos adelante todas las acciones que sean necesarias para evitar que unos pocos sigan vendiendo nuestro futuro”, añadió la parlamentaria.

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“Impedirían a una gran cantidad de jóvenes optar al beneficio”: organizaciones que impulsaron indulto a presos de la revuelta rechazan cambios del Senado

Los familiares de los presos políticos advierten que las indicaciones aprobadas “transforman el proyecto en un instrumento carente de utilidad”.

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Este martes fueron aprobadas en la comisión de Constitución del Senado las indicaciones sustitutivas al proyecto de ley de indulto general para los presos políticos de la revuelta presentadas por los senadores Francisco Huenchumilla (DC) y Pedro Araya (Ind), las que convierten a dicha iniciativa en una amnistía.

Leer también: Comisión del Senado aprobó convertir indulto para presos del estallido en amnistía

Sin embargo, esta modificación no fue bien recibida por los familiares de los presos de la revuelta, siendo rechazada incluso por las organizaciones que impulsaron su tramitación en el Congreso.

Se trata de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, la que junto al Grupo de Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos difundió este martes una declaración pública en donde advierten que “las indicaciones presentadas en orden a disminuir el catálogo de delitos, dejando fuera aquellos tan importantes como son la Ley de control de armas, homicidio frustrado o Ley de Seguridad Interior del Estado, atentan directamente contra el espíritu del proyecto”.

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En ese sentido, las agrupaciones denuncian que lo anterior “impediría a una gran cantidad de jóvenes optar a este beneficio, considerando que durante este gobierno se aumentaron las penas asociadas a la Ley de control de armas”.

Manifestación de los familiares de los presos en el exterior de la llamada ‘Moneda Chica’ / Agencia Uno

Cabe recordar que -como detallan en el documento- las aludidas indicaciones realizan las siguientes modificaciones a la iniciativa: “i) Cambia su título, de Indulto General a Amnistía; ii) Acota el catálogo de delitos incorporados para la aplicación de la ley; iii) Establece un filtro adicional para acceder a la amnistía, el cual sería no tener antecedentes delictivos por el mismo delito o similar, al momento de los hechos; iv) Se repone el plazo original para el efecto de la amnistía, es decir, desde el 07 de octubre de 2019 al 09 de diciembre de 2020; y v) Si bien mantiene el efecto de extinguir la pena, se hace obligatorio la eliminación de los antecedentes administrativos en los registros del Ministerio Público”.

Las organizaciones continúan señalando en su declaración que “nuestra preocupación central es que persiste la criminalización de la protesta social, lo que se ha traducido en la extensión con fines políticos de la prisión preventiva por más de dos años en algunos casos, negando totalmente la presunción de inocencia”. En esa misma línea, sostienen que “es grave la situación que enfrentan los condenados, considerando reiterados casos en que se ha comprobado montajes, infiltración policiaca y errores graves de procedimiento”. 

Lo sucedido hoy en la comisión del Senado tiene el efecto de transformar el proyecto en un instrumento carente de utilidad, dejando de lado el sentido de justicia y humanidad, considerando el excesivo tiempo transcurrido sin el debido proceso, las inhumanas condiciones carcelarias, así como el contexto de revuelta social en que ocurren estas detenciones arbitrarias”, denuncia finalmente la Asamblea de Familiares de los presos y el Grupo de Iniciativas por su libertad.

Para los jóvenes presos políticos y sus familias esto constituye una nueva vulneración y denegación de sus derechos humanos fundamentales, instalando con urgencia la necesidad de cambios profundos en la institucionalidad de nuestro país”, concluyen las organizaciones.

Puedes leer la declaración completa a continuación.

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