Enfoque de género en la nueva constitución

Foto: Agencia Uno

Si bien, el proceso constituyente ya marcó un hito crucial, al establecer la paridad de género en la conformación del cuerpo constituyente, el desafío actual consiste en incorporar la mirada desde la diferencia y sin sesgos androcéntricos, en la discusión de cada comisión e instalar en el debate el fortalecimiento de políticas educativas, sociales, salariales, jurídicas, culturales, de salud y económicas, que minimicen las brechas que hoy existen entre los géneros.


Iniciaremos esta reflexión con una pregunta central ¿A qué nos referimos con perspectiva de género? No es una simple moda, ni una ideología, como algunos la han definido peyorativamente. La perspectiva de género es una discusión teórica y metodológica que se ha instalado en el quehacer académico desde hace un  tiempo, cuyo sustento proviene de la teoría feminista, aunque también se nutre de la teoría crítica. No obstante, la perspectiva de género también propone una revisión de nuestras prácticas cotidianas, superando la dimensión teórica, e invita a desarrollar una nueva forma de relacionarnos como sociedad, sin las exclusividades y hegemonías que el androcentrismo y el sistema patriarcal han impuesto al género masculino (Harding, 1996).

Históricamente las mujeres han vivido en una situación de subordinación al sistema patriarcal imperante, por ende, sujetas al dominio del hombre. El proceso de construcción social de las categorías de género, desencadenó una relación de poder desigual entre hombres y mujeres, lo cual se evidencia en la escasa participación de la mujer en el espacio público, limitando su accionar a la esfera privada, el trabajo doméstico y la crianza de los hijos

No obstante lo anterior, la perspectiva de género tampoco supone la superioridad del género femenino por sobre el masculino, sino propone un cuestionamiento al modelo androcéntrico, desde la producción del propio conocimiento, hasta los roles y estereotipos de género que las sociedades han construido en su devenir histórico y cultural, propiciando una desigualdad basada en la diferencia sexual, donde las mujeres han sido sujetas subalternas, invisibilizadas e incluso omitidas de la toma de decisiones, de la participación política, de la ciudadanía y del propio discurso histórico.

En este contexto, la incorporación de la perspectiva de género en todas las dimensiones del quehacer de la sociedad, es una reivindicación política y una forma de justicia social hacia las mujeres que han padecido una invisibilización sistemática a través del tiempo.

Es por esta razón que la coyuntura política actual, en relación al proceso constituyente, como oportunidad histórica que vive la sociedad chilena, es un momento propicio para la instalación de la perspectiva de género en el debate y en la redacción de la nueva carta fundamental del país. La participación política de las mujeres, desde el movimiento sufragista en adelante y sobre todo desde el mayo feminista de 2018 y el estallido social de 2019, han relevado la consigna “Nunca más sin nosotras”, apelando a la inclusión de demandas históricas de las mujeres (Gálvez, 2020).

Para comprender dichas demandas es necesario reconocer la diferencia, pero no desde el aspecto biológico, sino desde lo social y cultural, aspectos que se han construido en base a la opresión de la mujer y que condicionan su realización personal y el ejercicio pleno de su ciudadanía. Dichas diferencias se expresan en los roles sociales que las mujeres debemos asumir: la maternidad, el cuidado de hijxs y adultxs mayores, labores domésticas no remuneradas y, en caso que corresponda, un trabajo remunerado, generando una doble carga, que limita el desarrollo de la mujer en la vida pública y establece condiciones de desigualdad persistente.

Las y los constituyentes deben comprender, que sumado a dichas diferencias, el diseño de las políticas públicas, en la mayoría de los casos reproduce el modelo androcéntrico. Un claro ejemplo de ello, es la planificación territorial y del transporte urbano, que han omitido las diferencias de trayectorias y desplazamientos de las mujeres y las subjetividades asociadas. Las mujeres tienden a desplazarse a sitios más dispersos dentro de la ciudad, vinculados a las actividades de cuidado y responsabilidades familiares, es decir, en función de las múltiples tareas que deben manejar para su hogar y sus comunidades (Soto, 2017). Dichos desplazamientos, en general se realizan a pie o en transporte público, lo cual expone mucho más a las mujeres, poniendo en riesgo la seguridad de la movilidad femenina, quienes a su vez más padecen como víctimas en el espacio urbano (acoso sexual callejero), deteriorando su calidad de vida.

Si bien, el proceso constituyente ya marcó un hito crucial, al establecer la paridad de género en la conformación del cuerpo constituyente, el desafío actual consiste en incorporar la mirada desde la diferencia y sin sesgos androcéntricos, en la discusión de cada comisión e instalar en el debate el fortalecimiento de políticas educativas, sociales, salariales, jurídicas, culturales, de salud y económicas, que minimicen las brechas que hoy existen entre los géneros.

La nueva constitución debe ser capaz de responder a las demandas de una educación no sexista, lo cual implica una revisión del curriculum escolar que va mucho más allá del uso del lenguaje no sexista. La transformación curricular requiere tensionar cómo se ha construido el conocimiento en las diversas áreas del conocimiento, relevando el aporte de las mujeres en cada una de ellas y fomentando el pensamiento crítico. Asimismo, se debe fomentar la trayectoria formativa de las mujeres, consagrando oportunidades de estudios superiores y postgraduación con titulación oportuna, además de incentivar la inclusión de mujeres en las áreas STEM, apuntando a terminar con la feminización y masculinización de carreras profesionales, que reproducen el androcentrismo en el conocimiento y la jerarquía de saberes (Fox Keller, 2001),  lo cual se expresa también en las remuneraciones de las profesiones asociadas.

Respecto a la feminización de carreras, los centros de educación superior, tienen una considerable matrícula femenina en carreras de salud y educación, mientras que en el área de las ingenierías predominan los hombres. Esta realidad está muy asociada a los estereotipos de género, relegando a funciones de cuidado y enseñanza a las mujeres, en profesiones menos valorizadas que las relacionadas con ciencias exactas (Duarte y Rodríguez: 2019). También se debe entender esta realidad en un contexto neoliberal de división sexual del trabajo, donde la mayoría de las mujeres trabaja en el sector de servicios, trasladando el estereotipo de esta labor desde el hogar al trabajo público (Ruiz y Miranda: 2018).

A esta desigualdad, se suma la postergación de estudios de postgrado de las mujeres, producto del rol materno y la crianza de los hijos. La matrícula femenina en estudios de postgrado disminuye considerablemente, sobre todo en estudios doctorales que implican una mayor duración de años. Además, se debe considerar que la vida laboral no se compatibiliza con las labores domésticas y familiares, lo cual implica una dualidad de funciones o “doble carga” para las mujeres, que afecta su desempeño en el trabajo más una posible condena moral/ social en su rol de madre.

Del mismo modo, la nueva constitución debe dar respuesta a las demandas de salud sexual y reproductiva, donde la visión masculina históricamente ha tomado decisiones sobre el cuerpo de las mujeres; se debe repensar la seguridad social para las mujeres, reconocer las labores de cuidado y resguardar sus derechos económicos. De esta manera, estaremos dando un avance importante en reducir la brecha de género y disminuir la desigualdad estructural que se ha construido en base a la diferencia sexual.

Cabe mencionar también que la exclusión de las mujeres por género, no es la única existente en nuestra sociedad. La mirada de género también propone un enfoque de análisis interseccional, donde se incluye la exclusión por etnia y/o clase social, que permite ahondar y develar las relaciones de poder, reivindicar la justicia social y dar cuenta de las múltiples exclusiones que las mujeres han experimentado en su trayectoria de vida y que complejizan mucho más el debate y la discusión (Zugaza, 2020).

Empero, si bien las normas y leyes pueden avanzar en su tramitación y promulgarse, la sociedad chilena,  debe avanzar en un cambio y transformación cultural, cuyo proceso es mucho más lento que los avances jurídicos. El cambio cultural debe permear las instituciones y las personas de manera transversal, desarrollando campañas de sensibilización, estableciendo grupos de trabajos paritarios y fortaleciendo el liderazgo femenino. Para ello se requiere de una voluntad política que no sea sólo discursiva, sino generadora de condiciones de mayor igualdad para las mujeres, las disidencias sexuales y todas y todos quienes han sufrido exclusiones permanentes. Todas estas acciones y muchas más, contribuyen a legitimar la perspectiva de género como una oportunidad de avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa, más democrática y sobre todo realmente inclusiva.

Referencias citadas:

Fox Keller, E. (2001). “Reflexiones sobre género y ciencia”. Asparkía XII, pp. 149-153, España.

Gálvez, A. et al (2020). Históricas: Movimientos feministas y de mujeres en Chile, 1850-2020. Lom Ediciones, Santiago de Chile.

Harding, S. (1996). Ciencia y feminismo. Ediciones Morata, Madrid, 5ª edición.

Ruiz, C. y C. Miranda (2018). El neoliberalismo y su promesa incumplida de emancipación: bases del malestar y de la ola feminista. Revista Anales,7ª serie, n° 14.

Soto Villagrán, P. (2017). “Diferencias de género en la movilidad urbana. Las experiencias de viaje de mujeres en el Metro de la Ciudad de México”. Revista Transporte Y Territorio, (16), 127-146. https://doi.org/10.34096/rtt.i16.3606

Zugaza Goienetxea, U. (2020). “Apuntes críticos sobre las dinámicas de institucionalización de la interseccionalidad”. Revista Internacional de Sociología 78(1): e152. https://doi.org/10.3989/ris.2020.78.1.18.145

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