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Funcionario del INDH demandó a Micco por maltrato laboral e inacción en caso de “detenido desaparecido” del estallido social

El psicólogo Harún Oda acusa una serie de hechos vulneratorios de sus derechos fundamentales, advirtiendo igualmente que el director del organismo decidió no actuar en el caso de personas quemadas por químicos de Carabineros.

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El abogado Fernando Leal presentó en el Juzgado de Letras de Santiago y en representación del psicólogo Harún Oda Gallegos, una demanda por vulneración de derechos fundamentales en contra del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco.

El demandante exige que a Micco se le condene al pago de una indemnización por “daño moral” y prestaciones legales en favor de Oda por un total de $80.000.000, así como también se pide el “cese de actos discriminatorios, arbitrarios y vulneratorios de derechos fundamentales” que lo habrían afectado.

Cabe mencionar que Harún Oda -quien lleva 6 años en el INDH- cumple funciones de analista especializado, encargado regional de educación, promoción y estudios en la sede Biobío del Instituto, asumiendo intermitentemente desde febrero de 2016 como director regional subrogante del organismo en Concepción. Un cargo que ocupó de forma continua entre noviembre de 2017 y agosto de 2018 debido al pre y posnatal de la jefa titular, Carolina Chang.

Harún Oda / Foto: Universidad de Concepción

AMENAZAS, IMPUNIDAD, DESPROTECCIÓN Y HORAS EXTRAS   

La acción legal apunta a una serie de hechos ocurridos antes y durante el llamado estallido social, en los que el funcionario del organismo de Derechos Humanos habría sido objeto de vulneraciones a sus derechos fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con lo ocurrido el 23 de junio de 2016, cuando Oda fue víctima de un ataque armado en Concepción por parte de desconocidos que se movilizaban en un vehículo particular, quienes le dispararon en al menos cinco ocasiones balines de acero sin lograr impactarlo, a raíz de lo cual el Instituto presentó una querella criminal contra quienes resultaran responsables. 

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Sin embargo, según se lee en la denuncia contra Micco, “pese a que la investigación permitió identificar al menos a dos de los hechores materiales, uno de los cuales incluso fue consignado por mi mandante en rueda de reconocimiento fotográfico”, el fiscal a cargo de la investigación decidió el 25 de octubre de 2019 no perseverar, “sin que el INDH se opusiera a dicha medida, quedando el hecho en la más completa impunidad”.

“Ninguna autoridad del INDH se comunicó con mi representado para preguntarle por su estado emocional, ni fue derivado a atención especializada de reparación tras un incidente que califica absolutamente como accidente laboral o enfermedad profesional (…) Al contrario, el señor Oda debió seguir efectuando las mismas funciones sin mediar intervención especializada alguna, dando cuenta de una política institucional de indolencia y descuido a la salud y el bienestar de sus trabajadores, quienes permanentemente son convocados al heroísmo en los discursos institucionales y donde cualquier reclamo en dirección a mejorar las condiciones de seguridad de su trabajo es comprendido como falta de compromiso con la misión institucional”, advierte el abogado Fernando Leal en el escrito.   

Un segundo caso ocurrió ya teniendo lugar el estallido social, el 11 de noviembre de 2019, cuando -según se detalla en la acción legal- tras realizar una visita de detenidos en la 1ª Comisaría de Carabineros de Concepción, a Oda le fue dejado en el parabrisas de su vehículo -el que se encontraba a dos cuadras del recinto policial- una amenaza de muerte escrita a mano en la que se leía: Vas a morir sapo del INDDHH (sic).

¿Qué ocurrió esta vez?: Oda pidió hablar con su jefatura directa para informarle de la agresión recibida, quien a su vez lo comunicó al nivel central. Sin embargo, de acuerdo a lo que apunta el abogado Leal, “el tema quedó en nada, dada la escasa posibilidad de que una denuncia de ese tipo llegara a puerto”. 

Imagen referencial / Agencia Uno

“Pese a la gravedad del hecho, el INDH no tomó ninguna medida reparatoria o de monitoreo de la salud mental de aquellos observadores que en dicha labor fueron víctimas de amenazas, insultos o amedrentamientos. Durante esos meses no fueron pocas las veces en que se vieron expuestos a que personas los agredieran verbalmente y los insultaran, sindicándolos como responsables de los desmanes. En otras oportunidades, se les acercaban de manera amenazante a grabarlos con teléfonos en la mano e interpelarlos por su labor en forma muy agresiva”, añade sobre lo anterior el jurista. 

Un tercer hecho denunciado por el miembro del INDH es que, con motivo de los numerosos traumatismos oculares generados por la acción de Carabineros, funcionarios del organismo solicitaron que se les proveyera de antiparras para prevenir lesiones en los ojos entre quienes hacían observación de manifestaciones. “Tras semanas de espera les enviaron unas antiparras plásticas que en su envoltorio decían: ‘NO APTAS PARA FINES BALISTICOS’”, se advierte en la demanda contra Micco.

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Dicho lo anterior, se alerta sobre lo siguiente: “El equipamiento de seguridad del personal del INDH (…) consistía, básicamente, de una chaqueta de plástico amarilla, una máscara con filtros de aire y un casco de bicicleta. No contaban con botiquín, ni con medios de comunicación entre observadores, debiendo utilizar sus teléfonos celulares personales para comunicarse durante las manifestaciones y para registrar fotográficamente o en video algún incidente (…) Tiempo atrás les habían enviado unos zapatos de seguridad cuyas tallas no correspondían a lo requerido y no contaban tampoco con vestimenta adecuada a las estaciones del año o diversidad climática del país. Los funcionarios de Arica reciben el mismo equipamiento y vestimenta institucional que los de Magallanes”. 

Agencia Uno

Respecto de la situación puntual del funcionario Harún Oda, se detalla en la demanda que, por ejemplo, debió asistir a una persona en el suelo baleada por militares; ser el primero en hablar con la familia de Manuel Rebolledo, asesinado al ser atropellado por un camión de la Armada en Talcahuano; acompañar a víctimas de torturas de connotación sexual al Servicio Médico Legal, y registrar fichas médicas, capturando imágenes fotográficas de graves lesiones físicas producto del actuar policial y militar. 

A raíz de todo aquello es que Oda “comenzó a tener frecuentes pesadillas, que hasta hoy le hacen despertar en medio de la noche sobresaltado, así como recuerdos intrusivos que le generan angustia y malestar psicológico significativo, ansiedad y temor (…) En momentos más intensos estos niveles de ansiedad le han llevado a experimentar crisis de pánico”, se lee en el documento. Tras ello, se acusa que “a la fecha el INDH no ha implementado ninguna política efectiva y específica para brindar acompañamiento, diagnóstico o monitoreo del daño psicosocial producido por haberlos expuesto a situaciones de violencia extrema”.

Junto con todo lo anterior, se consigna en la demanda contra el INDH que desde la dirección del organismo había un “enorme descontento hacia los funcionarios por haber solicitado el pago de horas extras (…), señalándoles que preferentemente optaran por el reintegro de horas tomándose días libres cuando la crisis terminara”. De hecho, según se agrega, “la jefa regional les señaló que el director había señalado textualmente que ‘cobrar horas extraordinarias le parecía una vergüenza’, y que según su opinión ‘los trabajadores del instituto ganan demasiado’”

Agencia Uno

LA “INACCIÓN” DE MICCO ANTE QUEMADOS Y “DETENIDO DESAPARECIDO”

Una suerte de segunda arista de la demanda en contra del director del INDH, Sergio Micco, tiene que ver con hechos en los cuales -según se lee en el documento- “este instruyó inacción de la sede regional sobre materias propias de su mandato”, en casos de personas con quemaduras producto de agentes químicos empleados por Carabineros y de la desaparición hasta el día de hoy en la comuna de Hualpén del ciudadano Geraldo Monares. 

Lo primero está relacionado con la presentación de un recurso de protección el día 28 de noviembre de 2019 por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos del Biobío, en favor de dos personas que habían sido quemadas por el agua del carro lanza aguas de Carabineros. El recurso fue fallado favorablemente el 12 de diciembre de 2019, resolución que fue ratificada por la Corte Suprema el día 24 del mismo mes. 

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Entre otras cosas, el fallo judicial expone que “se ignora si existió un estudio científico previo para determinar cuál es la dosificación de la sustancia química que se debe agregar al agua, para que no provoque efectos que atenten contra la salud de las personas, sean estas jóvenes, niños, ancianos o mujeres embarazadas, así como tampoco se sabe quién controla que efectivamente la mezcla se ejecute responsablemente en la dosificación adecuada”. En consideración de lo anterior es que los tribunales ordenaron entonces a Carabineros de la Región del Biobío “abstenerse de emplear sustancias químicas para restablecer el orden público, mientras no cuente con un procedimiento predeterminado y aprobado por la autoridad de salud pública competente, que garantice la vida y la salud de las personas”.

Sin embargo, días después, el 31 de diciembre de 2019, la Seremi de Salud del Biobío emitió una Resolución Exenta (N°6023) autorizando nuevamente a Carabineros a usar los cuestionados químicos.  

Fue ante esta última resolución de la autoridad sanitaria regional que el 8 de enero de 2020 el doctor Aníbal Vivaceta de la Fuente -médico salubrista, docente del Departamento de Salud Pública de Medicina de la Universidad de Valparaíso y ex seremi de Salud de Valparaíso- decide enviarle a Oda un informe firmado por él y los también médicos Esteban Berríos y Yuri Carvajal Bañados. En el documento se advierte que se habían encontrando graves errores en el mencionado análisis de la Seremi de Salud del Biobío respecto de las concentraciones del líquido CS.

Imagen referencial / Agencia Uno

“La resolución constituye un documento muy precario en lo técnico, con errores conceptuales relevantes, tanto en los aspectos de dosis, efectos a la salud y mecanismos de verificación y monitoreo. Carece de la mínima rigurosidad en la revisión de fuentes, limitándose a copiar/pegar datos sueltos. Constituye un intento abusivo, irregular e irresponsable de dar un manto de legalidad a un tema donde existe abundante evidencia, de fácil acceso, que desmiente lo afirmado por la Resolución”, apuntaron los doctores en el informe remitido al funcionario del INDH, Harún Oda.

¿Qué hizo entonces Oda?: En el contexto de una visita de Sergio Micco el 10 de enero de 2020 a Concepción, junto a la jefa regional del INDH Biobío le expusieron al director del organismo los antecedentes que tenían respecto a los graves errores técnicos en la resolución sanitaria que autorizaba el uso de los químicos de Carabineros. “El director del INDH los miró indignado, gritándoles que les prohibía expresamente presentar ese peritaje, señalándoles que querían ‘desarmar a Carabineros, impidiendo que realizaran su trabajo’”, consigna la demanda patrocinada por el abogado Fernando Leal. 

El escrito añade que “al menor intento por rebatir su posición e intentando señalarle el riesgo que ello implicaba para la salud de la ciudadanía, les gritó furioso que el tema se acababa ahí, que el director era él y que no le volvieran a hablar del asunto”.

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El segundo caso se remonta a lo que ha sido denunciado como el primer “detenido desaparecido” del estallido social. Se trata de una persona en situación de discapacidad psíquica identificada como Geraldo Monares Peña, de 55 años, quien de acuerdo al relato de la esposa de un sobrino de la víctima, fue detenido y subido esposado a un vehículo policial por parte de funcionarios de Carabineros el 18 de octubre de 2019. En ese sentido, se agrega en la acción legal que los familiares de Geraldo fueron hasta la 4ª Comisaría de Hualpén a preguntar por él, informándoles en el lugar que no se encontraba allí. 

Tras recibir la denuncia en el INDH del Biobío, Harún Oda recogió el relato de Raquel del Carmen Peña, la madre del adulto desaparecido, quien “entre lágrimas suplicó que hicieran algo para poder hallar a su hijo”. Junto con ello entrevistó de manera telefónica a la mencionada familiar que había sido testigo de la detención.

Manuel Lema Olguín / Agencia Uno

Considerando que estaban frente a un eventual caso de desaparición forzada, la jefatura del INDH en el Biobío interpuso un recurso de amparo en favor de Monares Peña, a raíz de lo cual la Corte de Apelaciones de Concepción pidió un informe a la Policía de Investigaciones (PDI), y el Ministerio Público inició una investigación que a la fecha no ha tenido resultados, desconociéndose aún su paradero.

Tras ello, el 22 de enero de 2020, en su calidad de jefe regional (S) del INDH en la Región del Biobío, Oda informó por correo electrónico al entonces Jefe de Gabinete de Sergio Micco, el abogado Carlos Bellei, del informe de la PDI que indicaba gestiones investigativas y el desconocimiento del destino de Geraldo Monares, señalándole la opción de interponer una querella por desaparición forzada, “grave crimen de lesa humanidad sobre el cual el INDH tiene legitimación activa”, se apunta en la demanda contra el director del organismo. Junto con esto le sugirió una estrategia comunicacional del INDH en pos de difundir su fotografía y solicitar antecedentes a la ciudadanía respecto de su paradero. “A la fecha no hay respuesta por parte de dirección del INDH proponiendo acciones concretas respecto del caso. De igual forma el INDH, a expresa instrucción de su director, nunca dio publicidad al caso”, se advierte en la acción legal. 

Pero no solo eso. El abogado Fernando Leal detalla en el escrito que, además, una vez que la jefa regional titular, Carolina Chang, volvió a funciones, esta les comunicó que “tras hablar con Sergio Micco sobre el caso, le había sido informado que el INDH no iba a presentar ninguna acción judicial sobre don Geraldo Monares, dados los efectos comunicacionales de comenzar a hablar de detenidos desaparecidos en medio de la crisis social, por cuanto además les prohibió tajantemente hablar del caso ante los medios de comunicación”.

Finalmente, la madre del desaparecido, Raquel del Carmen Peña, quien había denunciado y rogado a través de TVN poder encontrar a Geraldo, falleció el 30 de agosto de 2020 a los 86 años sin saber el paradero de su hijo. “Este hecho, para una persona como mi representado (…) fue verdaderamente devastadora. Estuvo muchos días muy afectado por la noticia, sin poder encontrar consuelo, ya que se había comprometido con esa madre a hacer todo lo que estuviera a su alcance por encontrar a su hijo, sintiéndose hasta ahora cómplice de la indolencia estatal frente a la desaparición de un hombre discapacitado que vivía en situación de pobreza material y vulnerabilidad”, apunta Leal al respecto.

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DISCULPAS PÚBLICAS

A estos hechos se suman otras acusaciones en contra de Sergio Micco que tienen que ver con complejas situaciones internas en contexto de pandemia, con supuestas filtraciones de conversaciones privadas a través de un chofer del director del INDH en Concepción, presiones para que Harún Oda fuera desvinculado de su cargo y la decisión de Micco de cambiar el orden de subrogancia de la sede regional, dejando a Oda en segundo lugar, esto tras la finalización del paro llevado a cabo por los funcionarios del Instituto en agosto de 2021, en el que el psicólogo participó. 

“Toda esta sucesión de hechos, ha provocado que el trabajo en el INDH para mi mandante comenzara a volverse insufrible, toda vez que siente que está siendo víctima de una persecución laboral incomprensible, fuera de todo marco ético que debiese guiar el quehacer de una institución nacional de derechos humanos (…) Su salud física y mental se han ido deteriorando progresivamente (…), su estado emocional ha sido profundamente interferido por toda esta secuencia de eventos que he relatado”, apunta al respecto el abogado Fernando Leal. 

En ese sentido, el jurista destaca que “el actuar abusivo del empleador, con métodos de dudosa ética y legalidad, ha desencadenado una enfermedad mental en mi mandante (…), como lo señala por lo demás el Informe Médico del Dr. Nelson Pérez Terán, médico psiquiatra, quien ha diagnosticado a mi representado ‘Estrés postraumático con evolución de T. Adaptativo’ ‘Víctima de Acoso laboral’”.

Agencia Uno

A raíz de todo esto es que, junto con exigir una indemnización y el cese de los actos calificados como “maltrato laboral”, en la acción legal Harún Oda solicita que el INDH capacite a todas las jefaturas y autoridades en derecho laboral y derechos fundamentales en el trabajo, y que el director Sergio Micco pida disculpas públicas al denunciante, las que deberán ser difundidas a través de un inserto en El Mercurio y La Tercera, así como también en un diario de circulación regional y el recinto en donde cumple sus funciones Oda.

LA RESPUESTA DEL INDH

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Tras difundirse la demanda de Harún Oda en contra del director del INDH, el organismo de Derechos Humanos emitió este domingo una declaración en donde se sostiene que no han sido notificados de ninguna demanda laboral, por lo que -aseguran- “desconocemos los antecedentes en los cuales supuestamente se fundamenta”.

Sobre los dos casos respecto a los que se acusa una “inacción” de parte de Sergio Micco -el de las personas quemadas por funcionarios de Carabineros y la eventual desaparición forzada durante el estallido social- el organismo señala que “en ambas situaciones el INDH presentó oportunamente los respectivos recursos de amparo ante los tribunales de justicia”.

Agencia Uno

En ese sentido, el Instituto añade que “a nivel nacional se interpusieron más de 3 mil querellas criminales por violaciones a los Derechos Humanos en el contexto de la crisis social”. Además, se agrega que “todos los equipos a nivel nacional fueron reforzados para atender las demandas de las víctimas”.

Por último, el INDH sostiene que “no se recibió por parte de la respectiva sede regional propuesta de querella criminal para abordar el caso del señor (Geraldo) Monares, por no existir antecedentes suficientes que así lo justificaren”, puntualizando que “se accionó por la vía del recurso de amparo”.

Puedes leer la demanda íntegra de Harún Oda contra el INDH a continuación.

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“Un manifestante tenía emblema nazi en su mochila”: Director Hospital UC por funa antivacuna organizada por abogado de presos de Punta Peuco

Raúl Meza lideró una protesta realizada este sábado donde, según acusó el doctor José Rodríguez, los manifestantes agredieron a funcionarios del recinto motivados por “una acusación falsa y malintencionada”.

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Esta lunes fue publicada en El Mercurio una carta enviada por José Rodríguez Cuevas, director del Hospital Clínico de la Universidad Católica (UC), con el objetivo de denunciar y repudiar una “funa” realizada en contra del recinto asistencial por manifestantes de ultraderecha, esto por supuestamente haberle negado la atención a un niño cuyos padres no poseen pase de movilidad.

Quien convocó y lideró la movilización fue el reconocido abogado de criminales de la dictadura y presidente de Fuerza Nacional, Raúl Meza, a quien se le pudo observar arriba de un vehículo arengando a las personas que llegaron hasta el recinto ubicado en la calle Marcoleta en el centro de Santiago.

De hecho, él mismo colgó el video en su cuenta en Twitter, donde acusó una “discriminación arbitraria contra los padres que le niegan el cuidado de su hija por no tener el pase de movilidad (sic)”, añadiendo al mensaje las consignas antivacunas “No más dictadura sanitaria” y “La vacuna mata”.

En este contexto, el director del Hospital Clínico UC comienza en su misiva por desmentir lo señalado por Meza, calificándolo como una “acusación falsa y malintencionada”, y aclarando que el aludido niño “ha continuado con su tratamiento en compañía de familiares vacunados”.

Respecto del accionar del abogado Meza y quienes lo acompañaron en la funa, el doctor Rodríguez Cuevas sostiene que “solo pareciera motivarlos el fanatismo antivacunas, tal como lo demostró el sinnúmero de insultos irracionales con los cuales emporcaron el acceso al Hospital Clínico”. Junto con ello, denunció “agresiones verbales y físicas en contra del personal” del recinto asistencial.

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En esa misma línea, para describir a quienes llegaron hasta el Hospital Clínico de la Universidad Católica, su director advirtió una particular escena que observó: “Especialmente perturbadores resultaban algunos rayados acusándonos de ‘genocidas’, mientras uno de los manifestantes campeaba ufano con el emblema nazi estampado en su mochila”.

Raúl Meza. Imagen solo de referencia / Agencia Uno

“Aquellos que piensan y actúan como el señor Meza deben enterarse de que nunca nos doblegaremos ante la vulgaridad, las amenazas y el vandalismo (…) El sábado hemos tenido una jornada ignominiosa, pero el frontis del Hospital Clínico UC ya se encuentra lavado y limpio de insultos, preparado para recibir a quien nos necesite, incluyendo a aquellos que nos han denostado”, concluyó en su carta Rodríguez Cuevas.

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¿Qué pasó esta semana en la Convención Constitucional?

Durante la semana dos hitos marcaron el trabajo constituyente; se aprobó en general la primera norma constitucional de la Convención en la Comisión de Medio Ambiente y terminó el plazo para que la ciudadanía ingresara Iniciativas Populares de Normas.

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Convencionales

En un hecho histórico, la Comisión de Medio Ambiente aprobó en general, por 15 a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, la primera propuesta de norma constitucional en la Convención Constituyente. La iniciativa fue presentada por la convencional Cristina Dorador y el doctor Eduardo Unda de la Universidad de Antofagasta y busca “Garantizar y proteger la atmósfera como bien común”. Sin embargo, no fue la única propuesta deliberada en el ex Congreso Nacional.

La Comisión de Forma de Estado también comenzó la deliberación de normas constitucionales. La primera iniciativa discutida fue la presentada por los convencionales de Chile Vamos y la que renocía al Estado de Chile como unitario y que “el gobierno central será funcional y territorialmente descentralizado, o desconcentrado, en su caso, de conformidad a la Constitución y las leyes”. La propuesta fue rechazada por 4 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones.

Chile como un Estado regional

Por otro lado, la Comisión de Formas de Estado aprobó la iniciativa presentada por las convencionales Tammy Pustilnick, Claudio Gómez, Yarela Gómez, Bastián Labbé, Adriana Ampuero, Amaya Álvez, Ramona Reyes, Jeniffer Mella, Cristóbal Andrade, César Uribe, Julio Álvarez, Hernán Velásquez, Helmuth Martínez y Elisa Giustinianovich que reconoce a Chile como un Estado regional.

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La propuesta fue votada en dos tandas, puesto que se separaron los artículos. El primero, y el cual señala que “Chile es un Estado regional conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado”, fue aprobado por 21 votos a favor, uno en contra y 3 abstenciones.

El segundo artículo, que señala que “el Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas, territorios insulares, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales” también fue aprobado por 20 votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención.

De acuerdo con Claudio Gómez Castro, abogado, representante del distrito 6 y miembro de la Comisión de Forma de Estado, “el Estado Regional es un mecanismo, una forma intermedia entre el Estado unitario y el Estado federal, cuya finalidad es entregar autonomía a las entidades territoriales con el objetivo de terminar con históricas inequidades territoriales que hemos tenido en nuestro país”. 

Las Constituciones de 1833, de 1925 y de 1980 consagraron a Chile como un país con un “Estado unitario”, por lo que la forma jurídica de un “Estado Regional” busca cambiar la mirada sobre la distribución territorial del poder por medio de la creación de regiones autónomas. “Buscamos consagrar a los territorios como verdaderas comunidades políticas. En el caso de las regiones autónomas, para lograr que puedan tener una autonomía real, se propone la existencia de un órgano regional con potestades legislativas exclusivas sobre materias de competencia de la región y autonomía financiera para sus ingresos y gastos que descentralice financieramente el país”, puntualizó Tammy Pustilnick. 

Punto de prensa Comisión de Formas de Estado

Las otras propuestas deliberadas por la comisión fueron:

  • Número 91-3 “Forma de Estado regional” presentada por Wilfredo Bacian y escaños reservados fue aprobada con 19 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones.
  • Número 99-3 presentada por Tammy Pustilnick fue dividida y el Artículo 1 fue aprobado con 24 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Artículo 2 de la misma iniciativa 99-3 fue aprobado de forma unánime por la Comisión de Forma de Estado.
  • Número 117-3 que “Establece la Asamblea Social Regional” presentada por Bastián Labbé fue aprobada con 17 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención.
  • Número 118-3 que “Regula el gobierno regional, las competencias de las regiones autónomas y el rol de la Asamblea Social Regional” presentada por Cristóbal Andrade fue aprobada con 18 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones.
  • Número 119-3 que “Establece la autonomía regional, y las competencias y atribuciones de autoridades regionales”, presentada por Tammy Pustilnick fue aprobada con 20 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones.
  • Número 120-3 que “Establece el estatuto regional y, regula las atribuciones de gobierno y legislación regional” fue aprobada con 20 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones.
  • Número 122-3 que “Regula el gobierno regional y las competencias de las autoridades regionales” presentada por Jeniffer Mella fue aprobada con 18 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.
  • Número 154-3 que “Establece la organización territorial del Estado”, presentada por Felipe Mena, fue dividida y el Artículo 1 y Artículo 2 fueron rechazados con 8 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención.
  • Número 157-3 que “Regula las atribuciones y el ejercicio de competencias entre los niveles del Estado regional” fue aprobada con 24 votos a favor con 0 votos en contra y 0 abstenciones.
  • Número 197-3 que “Regula el gobierno y administración de las regiones, comunas, territorios especiales y provincias”, presentada por Eduardo Castillo, fue separada a pedido de constituyentes y desde la coordinación.
  • Número 268-3 que “Establece la forma jurídica del Estado”, presentada por convencionales de Chile Vamos, fue rechazada con 7 votos a favor, 17 en contra y sin abstenciones.

Terminó el plazo para ingresar Iniciativas Populares de Norma

El pasado jueves 20 de enero terminó el plazo para que la ciudadanía ingresara propuestas de normas constitucionales. Se ingresaron 6.114 Iniciativas Populares de Norma en la plataforma iniciativas.chileconvencion.cl.

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El 89,3% de las propuestas, correspondientes a 5.457 iniciativas, fueron presentadas por personas de manera individual y el 10,7%, 657 propuestas, fueron ingresadas por organizaciones sociales y entidades privadas.

De acuerdo con las temáticas propuestas, la mayoría de ellas proponen una discusión de Derechos Fundamentales (2.296), seguido por iniciativas Sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral (1.088) y las relativas a Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales y Comunes (751).

De las Iniciativas Populares de Normas presentadas, 2.066 han sido publicadas y actualmente están disponibles para su patrocinio en la plataforma web. Mientras que se espera que el lunes 24 de enero finalice la revisión de todas las iniciativas ingresadas hasta este jueves.

Estamos muy contentos con la participación que hemos tenido de parte de la ciudadanía. Esto nos demuestra el interés que tienen las personas por ser parte del debate constitucional. Tenemos la certeza de que ha sido un proceso exitoso y por eso le agradecemos a todas y todos los que nos hicieron llegar sus ideas”, indicó el constituyente Bastián Labbé, coordinador de la comisión de Participación Popular de la Convención Constitucional.

La constituyente Paulina Valenzuela, coordinadora de la comisión de Participación Popular, por su parte, declaró que “estas cifras nos permiten concluir que la participación ciudadana ha sido contundente y diversa, lo que representa el espíritu de la Convención Constitucional y de quienes fuimos electos con el mandato de representar a la ciudadanía. Esto demuestra, además, el interés de las chilenas y los chilenos por involucrarse en el debate de una nueva Constitución para Chile, especialmente, durante los últimos días”.

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El plazo para patrocinar una de las Iniciativas Populares de Norma finaliza el próximo 1 de febrero y para que estas iniciativas sean discutidas al interior del órgano constituyente debe reunir 15 mil firmas de cuatro regiones distintas.

Las Iniciativas Populares de Normas ya sobrepasaron el millón de firmas en la plataforma de participación popular de la Convención Constitucional y ya son 18 propuestas que tienen las 15 mil firmas necesarias para su discusión.

Agencia Uno
  • 1.- “Con mi plata no – Defiende tus ahorros previsionales” (N° 8590)
  • 2.- “Cannabis a la Constitución ahora: por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la soberanía personal y el bienestar” (n° 45.286)
  • 3.- “Libre derecho sobre la propiedad privada” (n°5.502)
  • 4.- “Será Ley: iniciativa popular de apoyo al aborto” (Nº 5938)
  • 5.- “Banco Central Autónomo” (Nº 5930)
  • 6.- “Confesiones religiosas quieren contribuir con la CC: texto sobre la libertad religiosa y de conciencia en la nueva Constitución” (Nº 3042)
  • 7.- “Derecho a la vida” (Nº 4138)
  • 8.- “Primero las víctimas…” (n° 8.618)
  • 9.- “Derecho a la educación, derecho y deber preferente de los padres, y libertad de enseñanza” (Nº 34)
  • 10.- “Iniciativa popular por una educación libre y diversa” (Nº 4102)
  • 11.- “Nacionalización de las empresas de la gran minería, del cobre, del litio y del oro” (Nº 5602)
  • 12.- “Por el agua, los derechos de la naturaleza y los glaciares” (n°40.230)
  • 13.- “#NoSonMuebles – Incorporación de los animales en la Constitución” (Nº 1650)
  • 14.- “El derecho a la seguridad social” (n°4.758)
  • 15.- “Una educación feminista para Chile: laica, pública y no sexista” (n°38)
  • 16.- “Por el derecho a la educación. construyendo un sistema plurinacional de educación pública estatal-comunitaria (n°10.898)
  • 17.- “Pobladoras y Pobladores por el derecho a la vivienda digna” (n°41.126)
  • 18.- “Nuevas regiones de Chiloé y Aconcagua” (n° 6.466)

¿Qué sucederá la semana del 24 de enero?

La próxima semana otras comisiones comenzaran de lleno a deliberar propuestas de normas constitucionales, como, por ejemplo, la Comisión de Sistemas de Justicia, quienes concluyeron la etapa de discusión de las iniciativas correspondientes al bloque temático 1 el 20 de enero y las comenzarán a votar en general el lunes 24 de enero.

Al mismo tiempo, la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Ciencia y Tecnología, Cultura, Arte y Patrimonio, quienes tuvieron el viernes 21 de enero la última sesión destinada a discutir normas presentadas en el primer ciclo, para así comenzar con la votación general el próximo martes 25 de enero.  

Finalmente, la Comisión de Derechos Fundamentales continuará el debate de normas correspondientes al bloque temático 2. Las otras comisiones continuarán el proceso de deliberación desde las salas del ex Congreso de Santiago.

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