En lugar de un Acuerdo Nacional con Militarización, un Gran Acuerdo Plurinacional con Parlamentos

Lo único que puede terminar con las violencias y cimentar una paz duradera es un gran acuerdo político. No un “acuerdo” nacional, impuesto por la fuerza por las élites de la nación chilena sobre las naciones indígenas, sino que un acuerdo plurinacional, que sea el fruto de un pacto de todos los pueblos que habitan este país y que deben compartir la soberanía, buscando solucionar tanto los problemas en las raíces del gran desencuentro entre pueblos originarios y Estado, como las consecuencias actuales.


La Cámara de Diputados ha tomado un acuerdo esta semana en el cual se solicita al Presidente que un estado de excepción que haga intervenir a las fuerzas armadas en la Araucanía y la Provincia de Arauco. Llama la atención no sólo la aprobación de tamaño desacierto, sino la falta de coraje moral y decisión de los diputados, quienes en lugar de oponerse se abstuvieron ante este posicionamiento de nuestra cámara baja.

Quienes hemos trabajado en temas relativos a los pueblos indígenas tenemos la convicción asistida por evidencia que una solución como la propuesta por los diputados incrementará el conflicto, debido a las predecibles violaciones a los derechos humanos por violencia desproporcionada en que seguirán incurriendo fuerzas policiales y armadas, lo que será un motivo para la respuesta de los pequeños grupos indígenas que validan la violencia política, de manera que, predeciblemente y en lugar de lograr un orden, generarán un nuevo nivel de escalada en las violencias que están en conflicto en el sur. Esto solo generará más víctimas indígenas y no indígenas.

A estas alturas, lo único que puede terminar con las violencias y cimentar una paz duradera es un gran acuerdo político. No un “acuerdo” nacional, impuesto por la fuerza por las élites de la nación chilena sobre las naciones indígenas, sino que un acuerdo plurinacional, que sea el fruto de un pacto de todos los pueblos que habitan este país y que deben compartir la soberanía, buscando solucionar tanto los problemas en las raíces del gran desencuentro entre pueblos originarios y Estado, como las consecuencias actuales.

Desde mi perspectiva personal, y a modo de propuesta para el debate, creo que un acuerdo plurinacional de ese tipo podría tener los siguientes elementos:

  • Acuerdo de Representación y Gobernanza:

Debemos construir instituciones políticas legítimas para todos, donde todos los ciudadanos y pueblos que formamos este país estemos incluidos, y así las decisiones estatales cuenten con amplias perspectivas y el consiguiente respeto. Ello requiere reconocer la plurinacionalidad en el Estado de Chile, mediante derechos políticos colectivos de los pueblos indígenas, que ya se han decantado en la experiencia comparada y el derecho internacional de los derechos humanos, a saber, el reconocimiento de sus propias instituciones y autoridades, la autodeterminación interna y las autonomías indígenas, el derecho a propio sistema normativo (con una jurisdicción indígena) y a la consulta previa, dentro de otros. También requerimos que exista una representación asegurada de los pueblos indígenas en el Congreso, Gobiernos Regionales y Municipios, así como formas de representación intermedia, transformando la mala idea de los consejos consultivos de pueblos, en asambleas regionales y macroregionales de pueblos con poderes vinculantes.

A eso debe encaminarse el proceso constituyente que está en curso y donde, debido a la demanda de los pueblos indígenas, habrá escaños reservados que presentarán estas demandas. Sin embargo, tanto los partidos como los independientes pueden y deben anticipar su disposición a discutir y reconocer estos derechos para contribuir al necesario acuerdo plurinacional.

  • Acuerdo sobre un Nuevo Marco de Desarrollo Humano Autónomo:

El maldesarrollo desigual, centralista y basado en el extractivismo desenfrenado está a la base de los conflictos en sur. La construcción de caminos alternativos de desarrollo, que tengan por prioridad el buen vivir de las personas y la requerida armonía con la naturaleza es un elemento necesario para reconducir las relaciones en el sur. El bienestar inclusivo y el equilibrio en las comunidades humanas, así como la co-pertenencia con el mundo natural y el deber de cuidado sobre todas las formas de la diversidad de la vida, constituyen pilares de la vida colectiva de los pueblos indígenas.

Por ello es que las comunidades reivindican sus tierras ancestrales, y el Estado tiene el deber de construir un mecanismo que asegure su más completa recuperación y protección, corrigiendo las limitaciones del mecanismo actual. Junto con ello, debe transformar el sistema de evaluación ambiental en un mecanismo que proteja genuinamente el derecho a la consulta indígena ante los proyectos de inversión.

A ello hay que sumar la gestión indígena en las áreas silvestres protegidas, terrestres y marinas, así como hacer determinantes los intereses y valores indígenas en las formas de ordenamiento económico, ecológico y territorial que debemos disponer.

Por otra parte, las medidas de fomento económico deben partir de las mismas concepciones indígenas y no tener, como es acostumbrado, el espíritu neoliberal de beneficiar los microemprendimientos y el debilitamiento del patrimonio colectivo indígena, incorporando, por el contrario, la noción de territorio y la asociatividad tradicional como pilares para construir un poder económico indígena relevante.

  • Acuerdo de Vida Intercultural:

Debemos hacer de la interculturalidad una característica normal de nuestra vida común, donde los estigmas del racismo sean dejados de lado, y visibilicemos la diversidad que es constitutiva de nuestra convivencia. Son indispensables la oficialización de las lenguas indígenas, la constitución de universidades indígenas y la institucionalización definitiva de un sector – y no solamente de un curso electivo – de educación intercultural. Son fundamentales el apoyo institucional y financiero a la medicina intercultural, la protección los educadores y sanadores tradicionales. Es un deber estatal proteger por vía legal y administrativa las plantas medicinales, las semillas y los conocimientos tradicionales indígenas, especialmente los ecológicos, pero en general todo el patrimonio cultural de los pueblos indígenas frente a las amenazas de su estatalización o su apropiación por empresas privadas.

También es importante sancionar las expresiones y prácticas de odio racial y expurgar los estereotipos que transmiten impunemente los medios de comunicación. Los pueblos indígenas deberían poder fundar y gestionar con facilidades sus propios medios de comunicación para asegurar la presencia no deformada de sus culturas en los imaginarios colectivos.

  • Acuerdo de Seguridad y Convivencia Democráticas:  

Todo lo anterior toma tiempo, dicen algunos, e imputan a las soluciones políticas propuestas, una evasividad que no responde al incremento en el espiral de las violencias. Con ello, muestran su profundo menosprecio de la política para construir nuevas realidades. Si los políticos no se dedicarán a pedir a las fuerzas armadas y de orden perseguir a los Mapuche, sino a conversar los acuerdos necesarios, lograrían una hoja de ruta compartida, que por si sola generará un clima político que aislaría la violencia política, si también logra detener la violencia institucional desproporcionada del Estado.

Sin embargo, dicen, que se persigan delitos por las policías siempre será necesario. Esto es cierto, pero tiene como presupuesto esencial el respeto por los derechos humanos, elemento en que nuestras policías han mostrado de forma evidente todas sus carencias, generando un manto de ilegitimidad difícil de remover.

Creo que es razonable plantear que la manera adecuada de gestionar el orden público y la seguridad en el sur es la creación de una policial intercultural, entrenada con los más elevados estándares legales de derechos humanos, capacitada y respetuosa de la cultura mapuche, que esté libre de sesgos y discriminaciones, y donde el Pueblo Mapuche tenga una participación constante en su monitoreo y evaluación.

Crear una nueva policía demorará muchos años, y ello es verdad, y ¿qué hacemos en el intertanto? Pues, hacer una intervención civil en las policías existentes, para que su doctrina, estrategias y formas de intervención policial sean fruto de un acuerdo entre el Estado y el Pueblo Mapuche, de forma que sus acciones sean eficaces y legítimas para proteger la seguridad de forma democrática frente a los riesgos de violencia. 

Junto con ello, hay que reconocer todas las violencias y a todas las víctimas de los conflictos del sur, usando los recursos de la justicia transicional, mediante la constitución de una comisión de la verdad y esclarecimiento histórico. Esta comisión debería establecer un relato común sobre las víctimas de la violencia estatal y política en la macroregión sur, al menos desde el retorno de la democracia en Chile, y proponer las medidas legales y administrativas de reparación para todos los casos.  

Tengo la convicción que podemos conseguir una solución política en base a estas propuestas, y que esto es precisamente lo que ninguna solución militar y policial podrán conseguir. Declarar un estado de sitio es completamente el camino contrario al que la política debe tomar. Más bien se requiere declarar un estado de diálogo, donde tanto las máximas autoridades del Estado como también los poderes empresariales, autoridades regionales y locales y los movimientos sociales generen diversas formas de diálogo, para producir la cascada y tejido de acuerdos que necesitamos. Ese es precisamente el sentido de los parlamentos que practicaban históricamente el Pueblo Mapuche y la corona española.

Lo que necesitamos es dialogar, los pueblos indígenas en su interior y el Estado con los pueblos. Nunca la fuerza reemplazará a la palabra para crear una mejor democracia, sino que solo degradará aún más nuestra convivencia.

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