Empapados en conflictos de interés: Candidaturas constituyentes dueñas del agua en Chile

Fuad Chaín, Elisa Walker, Luis Mayol, Andrea Petermann y Antonio Walker

En nuestro país existe un íntimo maridaje entre la política y la propiedad sobre el agua. Los ejemplos son conocidos, lo hemos visto en denuncias que involucran a ministros, diputados, senadores e intendentes, y las elecciones de candidatas y candidatos a constituyentes de este fin de semana no serán excepción.


La cuestión del agua es una de las principales discusiones que empapará la redacción de la nueva Constitución. El precedente es claro: el artículo 19 numeral 24 inciso final de la Constitución Política de 1980 privatiza los derechos de aprovechamiento de agua (DAA en adelante) y el Código de Aguas de 1981 operativiza implícitamente la gestión de mercado en manos de particulares dentro un paisaje hídrico que no da para más. 

Mientras que los personeros de gobierno y sus adeptos como Juan Sutil se vanaglorian de que Chile tiene un 99% de cobertura sanitaria -estadística que solo representa a zonas urbanas, en las zonas rurales tener cañerías no asegura la existencia de agua-, los datos indican que 138 comunas se encuentran con decretos de escasez hídrica (Dirección General de Aguas, 2018); 383.204 viviendas carentes de agua potable; 1.200.000 personas correspondiente al 47,2% de la población rural sin fuentes formales de abastecimiento de agua (Amulen, 2019); y el 80% de las cuencas del país se encuentran sobre-otorgadas, esto significa que los caudales de DAA otorgados en papel superan los volúmenes de agua captados en una cuenca hidrográfica, los que a escala nacional sobrepasan más de seis veces la captación de agua, mientras que la abismante sobreexplotación hídrica -o sea, la extracción real de agua- llega en cuencas como la del río Los Choros con un 824% o en la provincia de Petorca en el río La Ligua con un 129% (EH2030, 2018).

La discusión permea varias dimensiones de la coyuntura social, Derechos Humanos y justicia ambiental, género y derechos sexuales reproductivos, niñez y educación, privatización y financiación, cultura y patrimonio, administración del Estado y poder, matriz productiva y trabajo, capitalismo y extractivismo, entre otros. Cada uno de nosotros la entiende como una discusión esencial por más cercana o lejana que estas realidades se vean.

La nueva Constitución presenta una oportunidad de repensar el modelo de aguas. Las candidaturas del amplio abanico político exhiben propuestas para consagrar el derecho humano al agua y saneamiento. Esto significará un avance que permitirá priorizar el consumo del agua para la vida humana por sobre los usos productivos, logro en Derechos Humanos relevante. No obstante, este es el estándar mínimo para el desarrollo de una nación con criterios de libertad, justicia y paz, y no necesariamente para equilibrar las asimetrías de poder ligadas a la propiedad de los bienes comunes naturales.

Por lo tanto, la discusión de fondo recae sobre la propiedad del agua, un debate que en el año 2019 se llevó a votación en la Cámara del Senado a través de la propuesta del parlamentario Juan Ignacio Latorre y del vocero nacional de MODATIMA, Rodrigo Mundaca, para una reforma constitucional para consagrar el agua como un bien nacional de uso público y como Derecho Humano. La votación fue de 24 a favor y 12 en contra, lo que resultó en el rechazo de la propuesta, dado que al ser una discusión de reforma constitucional era necesario un quórum de dos tercios en las votaciones. Entre los votos de rechazo se encontraban los senadores Manuel José Ossandón (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Juan Enrique Castro (RN) y Alejandro García Huidobro (UDI), todos con derechos de aprovechamiento de aguas asociados a su propiedad, empresas y/o familiares.

Otro ejemplo simbólico del maridaje político empresarial en torno al agua es la investigación denominada El Gabinete Hídrico de Sebastián Piñera realizada para MODATIMA por el autor de este artículo a comienzos del actual periodo presidencial de Sebastián Piñera. Una cartografía donde figuraban siete ministros de gobierno propietarios de DAA que intervienen en la discusión y gestión de política pública, entre ellos el ex ministro de Agricultura y actual candidato a convencional constituyente Antonio Walker Prieto y los “29.000 litros por segundo” asociados a sus empresas y/o familiares.

La Ley 21.200 de Reforma de la Constitución y del Procedimiento para elaborar una nueva Constitución de la República determina que las y los convencionales constituyentes estarán afectos a las normas de la Ley Nº 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés. El principio de probidad consiste en una “conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular” en el que existirá un conflicto de intereses, “cuando concurren a la vez el interés general propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico, de quien ejerce dichas funciones o de los terceros vinculados a él determinados por la ley, o cuando concurren circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias” (Ley 20.880, 2016)

Ley Reforma Congreso

Por tanto, la importancia de la probidad administrativa recae tanto en el buen funcionamiento del Estado, como también en la credibilidad y confianza ciudadana ante quienes ostentan cargos públicos, un acto de fe que se ha visto menoscabado por grandes escándalos de corrupción, tales como el caso Caval, de tráfico de influencias para el beneficio de negocios personales de Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos; o el caso Penta, de fraude al Fisco por parte de Penta a través de la utilización de facturas y boletas de honorarios emitidas acorde a la ley, pero con falsa justificación, en el cual estuvieron involucrados los dueños del holding empresarial Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín (condenados a 4 años de libertad vigilada, multas y clases de ética), el ex senador Jovino Novoa (condenado a 3 años de pena remitida con firma mensual y multa), el ex subsecretario de minería Pablo Wagner (condenado a 3 años de pena remitida, multas y la inhabilidad de ejercer cargos públicos) y el actual senador Iván Moreira (sobreseído) y su círculo cercano (pareja, chofer y secretaria); o el caso SQM, de financiamiento ilegal de la política por parte de la empresa Sociedad Química y Minera de Chile controlada por Julio Ponce Lerou, ex yerno del dictador Augusto Pinochet, que implicó a actores políticos desde la UDI a la Nueva Mayoría; o recientemente el caso Corpesca, también de financiamiento ilegal de la política y que marcó un hito al condenar al ex senador Jaime Orpis Bouchon (UDI) a 5 años y un día de cárcel por delitos de fraude al Fisco, y a 600 días de reclusión por dos delitos de cohecho.

El nuevo periodo del quehacer político debe comenzar con principios de probidad y anticorrupción. Los casos de nepotismo, preferencias políticas, negocios incompatibles, tráfico de influencias, clientelismo que hemos mencionado, han sido parte de la historia política reciente y han sumado en el desprestigio de una clase política que no supera el 2% de aprobación. 

En este contexto es fundamental tener ojos ciudadanos sobre las funciones de las y los constituyentes que elegiremos este 15 y 16 de mayo para redactar la nueva Constitución, como también en sus círculos cercanos, tales como cónyuges, convivientes civiles y los familiares en primer y segundo grado que se encuentren vivos y que son considerados en la mencionada Ley 20.880, con el propósito de que prevalezca el interés colectivo por sobre los intereses personales. 

En virtud de lo señalado, es importante que la ciudadanía conozca y se informe sobre los conflictos de interés que pudiesen existir en los futuros convencionales. Para aportar a esta discusión, el autor de este artículo ha investigado sobre la propiedad de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas de 1.280 candidatos constituyentes, recopilando y cruzando bases de datos de “Declaraciones de interés y patrimonio”, “Catastro Público de Aguas”, “Diario Oficial de la República” y “Registro Civil”, evidenciando a 44 candidatos que tienen Derechos de Aprovechamiento de Aguas ligados a su propiedad, la de familiares y/o empresas en las cuales tienen acciones. 

A continuación, se expone la información recopilada, los antecedentes que la avalan y la interpretación de estos datos, todo con el fin de que en estas elecciones la ciudadanía pueda votar informada. Al final del documento se presenta una tabla con los detalles de cada una de las candidaturas a convencionales constituyentes.

A escala nacional, de los 28 distritos electorales, 21 tienen candidaturas constituyentes con DAA asociados a su propiedad, empresas y/o familiares, siendo el distrito 23 en la Región de la Araucanía el que encabeza la lista con 7 candidaturas en esta situación, seguido por el distrito 11 en la Región Metropolitana con 4 candidatos.

Al revisar los datos por partidos políticos, son la UDI y EVOPOLI los que presentan el mayor número de candidaturas (12 y 8, respectivamente), los que sumados a las colectividades de su coalición “Vamos por Chile” (UDI, RN, Partido Regionalista Independiente Demócrata y EVOPOLI) tienen 29 candidaturas con propiedad sobre este bien vital.

Para efectos del análisis de la propiedad sobre Derechos de Aprovechamiento de Aguas y acorde al principio de probidad administrativa que considera la propiedad, la participación en empresas y la propiedad de familiares en primer y segundo grado, agrupamos las candidaturas en “Propietaria/o”, o sea, que tiene DAA inscritos a su nombre; en “Familiar”, que se encuentra a nombre de un familiar y/o en una empresa bajo su propiedad; y en “acciones en la sociedad”, cuando la o el candidato es controlador o participante de una empresa con DAA. Asimismo, los derechos de aprovechamiento pueden estar en formato de caudal de l/s (litros por segundo), acciones o derechos de aprovechamiento referidos a la existencia de un DAA sin mayor información del caudal otorgado.

Las cinco candidaturas que ostentan los mayores caudales promedios como “Propietaria/o” son, primero, Sergio Willer (independiente UDI) del distrito 25, Región de Los Lagos, con 12.733 l/s eventuales y continuos; le sigue Andrea Petermann (independiente UDI) del distrito 24, Región de Los Ríos con 395 l/s continuos y permanentes y 56 l/s eventuales y discontinuos; en tercer lugar se encuentra Dionisio de la Cerda (EVOPOLI), candidato por el distrito 15 en la Región de O´Higgins, quien tiene en su propiedad 44 l/s continuos y permanentes, 58,3 permanentes y discontinuos y 36 eventuales y continuos; en cuarto lugar se posiciona el ex intendente y ex ministro Luis Mayol Bouchon (Renovación Nacional), quien compite por el distrito 23, Región de la Araucanía, con 136,9 l/s permanentes y continuos, y finalmente en quinto lugar se encuentra Heinrich Von Baer (Demócrata Cristiano), candidato por el distrito 23, Región de la Araucanía, con 30,2 l/s permanentes y discontinuos y 42,7 eventuales y continuos.

Mientras que entre las candidaturas con los mayores caudales promedios asociados a la propiedad de “Familiares” y sus empresas asociadas, se encuentran el ex ministro de agricultura Antonio Walker Prieto, candidato por EVOPOLI en el distrito 17, Región del Maule, con un total de 29.261 l/s, los que corresponden a  18.577 l/s eventual y continuo, 318,08 l/s eventual y discontinuo, 10.331,9 permanente y continuo y 34,5 l/s permanente y discontinuo; le sigue el ex diputado de la Democracia Cristiana de la Región de la Araucanía, Fuad Chaín Valenzuela, candidato constituyente por el distrito 22 (La Araucanía), con derechos de agua asociados a familiares (padre, hermana y medio hermano) por un total de 22.010,4 l/s constituidos en ejercicio del derecho como 11.145 l/s eventuales y continuos, 827,5 eventuales y discontinuos y 6.994,6 permanentes y continuos; en tercer lugar se ubica Pablo Herdener Truan, candidato de la Unión Demócrata Independiente por el distrito 24 (La Araucanía), con DAA en propiedad de su hermana Lilliam Odette Herdener Truan por un promedio anual de 313,5 l/s y 8,1 acciones ambos derechos permanentes y continuos; en cuarto lugar se ubica Elisa Walker (hija del ex senador Ignacio Walker), quien compite por el distrito 11 (Región Metropolitana) por la DC, donde su familia es propietaria de la agropecuaria WAPRI (Walker Prieto), la que tiene en su propiedad 200,85 l/s permanentes y continuos y 116,6 l/s eventuales y continuos; le sigue ex rector de la Universidad de la Frontera, Heinrich Von Baer, candidato independiente por la Democracia Cristiana en el distrito 23 (La Araucanía), cuyo hermano Erick Von Baer (padre de la senadora Ena Von Baer) tiene registrado en el Catastro Público de Aguas 35 acciones y 114 l/s permanentes y continuos, 35 l/s permanentes y discontinuos y 41,5 l/s eventuales y discontinuos.

Entre las candidaturas que tienen mayores caudales promedios asociados “acciones en la sociedad”, (cabe señalar que son DAA bajo la propiedad de la empresa o sociedad en la que tengan participación y que no necesariamente en un alto porcentaje) se encuentran Miguel Espinoza, candidato independiente por el distrito 7 de la Región de Valparaíso, con acciones en empresas como AES Gener, Aguas Andinas y Embotelladora Andina, propietarias de un total de con 2.934.026 l/s; o Eduardo Castillo, que compite en el distrito 23 (La Araucanía) representando al Partido Por la Democracia (PPD), quien tiene acciones en la empresa de generación eléctrica Colbún, la que ostenta según el Catastro Publico de Aguas 931.043 l/s eventuales y continuos, 313.588 l/s eventuales y discontinuos, 1.609.704 l/s permanente y continuo y 49.112 l/s permanente y discontinuo; en tercer lugar se ubica Gabriel Gurovich Steiner, compitiendo por un cupo en el distrito 10 por Independientes No Neutrales, quien tiene acciones en las empresas Invermar y Hortifrut, las que poseen un total de 4.573,1; le sigue en cuarta posición el ya mencionado ex ministro de agricultura Antonio Walker Prieto, con DAA asociados a la Agropecuaria WAPRI (Walker Prieto), un total de 317,5 l/s, los que corresponden a  18.577 l/s eventual y continuo, 318,08 l/s eventual y discontinuo, 10.331,9 permanente y continuo y 34,5 l/s permanente y discontinuo. 

Para tener en proporción la cantidad de agua que estamos señalando, la coalición Chile Vamos, que agrupa a los partidos de la derecha, suma 13.686 l/s de derechos de aprovechamiento de aguas con ejercicio continuos y permanente, lo que significa que pueden extraer ese caudal de agua por cada segundo, pudiendo extraer 821.160 litros por minuto. Para visibilizar aquel volumen de agua, podemos señalar que el Estadio Nacional Julio Martínez tiene un volumen de 650.000 metros cúbicos (Plataforma Urbana, 2016), por lo que solo bastan 13 horas y 19 minutos para llenar totalmente de agua el llamado Coloso de Ñuñoa.

Cabe mencionar que, según nuestra legislación, las faltas de probidad por conflictos de interés no son consideradas un delito, así mismo no lo es ser propietario de Derechos de Aprovechamiento de Aguas. Sin embargo, son fuentes de posibles conflictos de interés, tal como lo menciona el Artículo 1 de la Ley 20.880, dado que “concurren a la vez el interés general propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico, de quien ejerce dichas funciones o de los terceros vinculados a él determinados por la ley“. Asimismo, para quienes incurren en estas faltas se establecen responsabilidades que van desde multas a la destitución del cargo. Al respecto, existe el precedente del ex ministro de Minería, Baldo Prokurica, quien se inhabilitó en el debate de reforma al Código de Aguas por tener DAA en la Sociedad agrícola Konavle. 

No obstante, el marco de probidad administrativa para constituyentes es similar al de la Cámara de Diputadas/os, por lo que la inhabilitación queda a conciencia de quienes ostentan el cargo de representación popular. Aun así, esperamos que quienes sean los elegidos a redactar la nueva Constitución lo hagan con altura de miras y la responsabilidad política del momento vivimos, mientras tanto nosotras y nosotros como pueblo consciente y organizado vigilaremos cada paso que den, para así dejar atrás este modelo de precarización de la vida y caminar por un futuro digno y justo para nuestras comunidades y territorios. La Constitución la hacemos todas y todos.

En el link puesto a continuación encontrarán la base de datos con los detalles de cada Derecho de Aprovechamiento de Agua construida para este reportaje. Son dos hojas, una que conttiene los DAA identificados en el Catastro Público de Aguas de la DGA y una segunda con DAA identificados en las declaraciones Patrimonio e Intereses.

*Camilo Mansilla Quiñones es miembro de Cauce Observatorio Territorial para la Acción Hidrosocial, MODATIMA.

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1 comentarios
  1. Tremendo trabajo Camilo, gracias por transparentar en datos algo que es vox populi.Sinceramente espero que ninguno de ellos escriba la nueva Constitución.

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