El VIH en tiempos de vacunas contra el coronavirus (O cronología de un polémico protocolo)

Una revisión de los hechos que denuncian los activistas y organizaciones sociales de las personas viviendo con VIH.


Todo partió el lunes 1 de febrero cuando organizaciones y activistas recibimos un correo electrónico enviado por la Jefa del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS del Ministerio de Salud, informando sobre el proceso de vacunación contra el COVID 19 para las personas viviendo con VIH/SIDA. La comunicación parecía simple e incluso bienvenida. Finalmente el Ministerio de Salud se hacía cargo de las personas seropositivas en medio de la pandemia, situación que reclamamos desde que apareció el primer caso de coronavirus en el territorio nacional y el VIH/SIDA dejó de ser política pública de preocupación e interés para el Estado de Chile.

El correo de Ana María San Martín, Jefa del Programa Nacional del VIH/SIDA del Minsal, era acompañado del Ordinario 500, firmado por la Subsecretaría de Salud Pública y Subsecretaría de Redes Asistenciales, señalaba que el 29 de enero del 2021 fue despachada a directores/as de servicios de salud del país y a seremis del área una esperada e importante recomendación para el proceso de vacunación contra el COVID-19 a personas viviendo con VIH/SIDA en Chile, documento técnico elaborado por un panel de expertos que no incluyó la participación de organizaciones con trabajo en VIH/SIDA.

El documento entregaba recomendaciones e instrucciones diversas para la inoculación de vacunas contra el COVID19 a las personas viviendo con VIH/SIDA, sin especificar fechas, ni tiempos, ni mucho menos lugar específico donde se aplicaría la ansiada inmunización, aunque hacía imaginar que no sería aplicada en los Centros de Atención en VIH/SIDA de los hospitales públicos de todo el país, en mi caso, que soy una persona viviendo con VIH, en el CDT Eloísa Díaz del Hospital San José en Santiago norte. Este hecho, caprichoso e incomprensible, generó dudas e incertidumbres en usuarios VIH positivos, acrecentadas en un año de crisis sanitaria por coronavirus donde las personas viviendo con VIH somos una población más vulnerable a la infección del COVID19, a enfermar gravemente e incluso a fallecer producto del coronavirus, especialmente aquellas personas que vivimos con otras enfermedades crónicas o comorbilidades, diabetes, obesidad o hipertensión, entre otras.

Del mismo modo, calificada como una situación preocupante e intolerable, el documento establecía como requisito para vacunarse contra el COVID19 el contar con un certificado médico que acreditara diagnóstico GES 18 o VIH/SIDA. Este hecho -concluimos- vulneraba el principio de la confidencialidad del VIH porque para obtener la vacuna debíamos presentar una orden emitida por profesionales del centro de atención donde nos atendemos, desconociendo así el resguardo del diagnóstico serológico que establece la Ley 19779, más conocida como “Ley del SIDA”.

Debido a la obligación de certificar diagnóstico de patología GES 18 al momento de la vacunación, comenzamos a denunciar la arbitrariedad a través de redes sociales y medios de comunicación digital, destacando “La voz de los que sobran”, señalando que esta situación exponía a las personas viviendo con VIH al ir a los consultorios e incluso al concurrir a espacios más abiertos como estadios, buscando en estos sitios la vacuna contra el COVID19, lo que obligaría, dos veces, a las personas viviendo con VIH/SIDA a exhibir nuestro estado serológico a terceros desconocidos que no forman parte del equipo médico tratante.

Documento Consideraciones Minsal

La discriminación por VIH

Nuestra justa denuncia, reclamo y protesta, que la hicimos llegar a la Jefa del Programa Nacional de Control del VIH/SIDA e ITS del Ministerio de Salud, nació de nuestra positiva biografía e historia de vida como persona viviendo con VIH, en mi caso, desde principio de los años 90, luchando contra el estigma y la discriminación social. Este hecho nos llevó a señalar y anticipar que la exigencia de una certificación médica provocaría que muchas personas se vieran expuestas a la discriminación sintiendo legítimo miedo a recibir la vacuna porque tendrían que revelar su estado serológico a través de una certificación escrita. Le dijimos e insistimos a las autoridades que el VIH/SIDA no es lo mismo que vivir con diabetes o hipertensión, porque –lo sabemos- nadie discrimina por esas patologías como sí ocurre cuando eres una persona viviendo con VIH/SIDA, enfrentado estigma y discriminación. Desgraciadamente el cuestionado documento del Ministerio de Salud omitía componentes sociales, culturales y éticos del VIH/SIDA, vulnerando el principio de la confidencialidad protegido por la Ley de SIDA.

Del mismo modo, el polémico protocolo del Ministerio de Salud no establecía el nombre ni las características de  la vacuna que se nos inocularán, ignorando hasta ahora sus efectos negativos –si los tuviera- a nuestra salud como personas viviendo con VIH/SIDA. El Minsal no ha publicado ni mucho menos hecho llegar información necesaria, pertinente y relevante sobre esta materia. El documento nombra estudios que existen en el mundo sobre las vacunas contra el COVID 19, algunas testeadas en personas viviendo con VIH, excluyendo estudios, datos e información sobre la vacuna llamada “Sinovac” que se está aplicando masivamente a la población y que recibiremos las personas viviendo con VIH/SIDA.

Las personas seropositivas, yo en particular, periodista comunitario y activista social del VIH/SIDA, reconocemos el aporte de la ciencia en esta grave crisis sanitaria por coronavirus y valoramos la urgencia e importancia del proceso de vacunación contra el COVID19 que incluye a las personas viviendo con VIH/SIDA, observando que en países vecinos como Perú no considera a las personas seropositivas como grupo prioritario en la vacunación. Esta valoración de la vacuna, pese a no disponer de toda la información necesaria, se debe a que muchos de nosotros hemos sido afectados familiar, amistosa y directamente por la infección del coronavirus, demandando en consecuencia que este proceso sea rápido, transparente, claro e informando, garantizado los derechos de las personas afectadas en la confidencialidad del diagnóstico por VIH/SIDA.

No es justo ni tolerable pretender vulnerar este derecho solo por obtener registro estadístico de las personas viviendo con VIH/SIDA vacunadas, considerando que el valor del derecho a la vida, a la salud y a la confidencialidad del diagnóstico están garantizado por la Ley del SIDA y no puede ser violado por el Ordinario B22, número 500, fechado el 29 de enero de 2021 que establece como materia: “vacunación contra SARC CoV-2 en personas con VIH/SIDA”, firmado por los doctores, señor Alberto Douñac Labatud, Subsecretario de Redes Asistenciales y doña Paula Daza Norbona, Subsecretaria de Salud Pública.

El forzado cambio del protocolo

El miércoles 3 de febrero, luego de llamadas, conversaciones, reuniones y denuncias en los medios de comunicación, el Programa Nacional de Control y Prevención del VIH/SIDA e ITS del Ministerio de Salud, envió un segundo correo electrónico señalando que “con el fin de facilitar el acceso a la vacuna contra SARS CoV-2, informamos a ustedes que se ha eliminado la condición o requisito de solicitar la orden emitida por los profesionales del centros de atención de VIH, eliminando por tanto la indicación de poner diagnóstico GES 18”, agregando que “al igual que el resto de la población,  deben portar su cédula de identidad y señalar, en caso de ser consultadas, pertenecer al grupo de personas con  enfermedades crónicas mencionadas en el plan de vacunación. Este proceso se realiza, resguardando la confidencialidad de la información relacionada con la salud de las personas”.

Mientras ciertos referentes del VIH aliados del gobierno piñerista nos acusaban de generar temor infundado en la comunidad seropositiva, recibíamos mensajes y consultas de muchas personas  ansiosas de saber cuándo, cómo y dónde sería la vacunación a las personas viviendo con VIH/SIDA. Si bien el cambio en el protocolo nos otorgaba la razón en nuestras denuncias, consideramos y lo seguimos pensando, puede prestarse para diversas interpretaciones en el personal de salud que aplicará la vacuna contra el COVID19, porque ningún protocolo e instructivo, ni el inicial ni el modificado, señala que no se puede pedir ningún documento, sea certificado de GES 18, acreditación de VIH o medición de CD4 o carga viral, estos dos certificados médicos condicionantes que aparecen en el documento biomédico.

Recurso de Protección

Antes del cambio de protocolo y eliminación del requisito de certificación médica, patrocinado por Esteban Arévalo, abogado especialista en derecho a la salud, interpuse un recurso de protección en los tribunales de justicia, denunciando la vulneración de la confidencialidad del diagnóstico del VIH en el proceso de vacunación contra el COVID19. El recurso, admitido a tramitación el viernes 5 de febrero por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, señala textual:

Se reclama ante US. ILTMA. como acción del Ministerio de Salud, es la elaboración y ejecución de una campaña de vacunación para personas viviendo con VIH, sin respetar la confidencialidad en el diagnóstico por VIH/SIDA, ni la participación de la comunidad, como lo establece y exige la ley 19.779

III.- ILEGALIDAD DE LA ACCIÓN RECLAMADA

Ley 19779 ESTABLECE NORMAS RELATIVAS AL VIRUS DE INMUNO DEFICIENCIA HUMANA Y CREA BONIFICACION FISCAL PARA ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS

Artículo 2º.- El Ministerio de Salud tendrá a su cargo la dirección y orientación técnica de las políticas públicas en la materia.

     Estas políticas deberán elaborarse, ejecutarse y evaluarse en forma intersectorial, con la participación de la comunidad, recogiendo los avances de la investigación científica y considerando la realidad epidemiológica nacional, con el objeto de establecer políticas específicas para los diversos grupos de la población, y en especial para aquellos de mayor vulnerabilidad, como las mujeres y los menores.

     En todo caso, será aplicable, en lo pertinente, la Convención Internacional de los Derechos del Niño.”

  1. INCUMPLIMIENTO DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.

A través de esta norma legal, el Estado de Chile, a través del Ministerio de Salud; ha asumido obligaciones que, con la campaña de vacunación ya señalada, se han incumplido, ya que no se ha elaborado ni ejecutado con la participación de la comunidad,  Art 2° Ley 19779.

  • INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.

CAPITULO III

De la no discriminación

Artículo 7º inciso final Ley 19779

Asimismo, ningún establecimiento de salud, público o privado, cuando sea requerida su intervención de acuerdo con la ley, podrá negar el ingreso o atención a personas portadoras o enfermas con el virus de inmunodeficiencia humana o condicionar lo anterior a la realización o presentación de resultados del referido examen.

III.- DERECHOS CONSTITUCIONALES AMENAZADOS

Esta acción ilegal, priva el legítimo ejercicio del Derecho a la integridad psíquica y física del recurrente don Víctor Hugo Robles Fuentes y de miles de habitantes de la República, que viven con VIH/SIDA, derecho reconocido y garantizado en el artículo 19 N°1 de nuestra Carta Fundamental.

POR TANTO: EN MERITO DE LO EXPUESTO

SOLICITO A SU SEÑORÍA ILUSTRISÍMA tener por Interpuesta Acción Constitucional de Protección y en definitiva lo acoja ordenado a la recurrida tomar las providencias necesarias a fin de que se cumpla con la obligación legal de participación de la comunidad y la obligación de confidencialidad y no discriminación en el contexto de la campaña de vacunación COVID-19, según lo ordena la Ley 19.779, con el fin último de proteger la vida e integridad física y psíquica y la integración social y los derechos humanos de las personas que viven con VIH/SIDA.

La desinformación del ministro Paris

El domingo 7 de febrero, cerrando un corolario de lucha pública, actos ministeriales fallidos y desinformación generalizada, el ministro de Salud apareció en el programa político “Mesa Central” de Canal 13, conducido por el periodista Ramón Ulloa. En medio de las preguntas, Ulloa sorprendió a Paris preguntando por el requerimiento en tribunales de personas viviendo con VIH, aludiendo a mi recurso de protección. El doctor Paris, dubitativo, señaló desconocer la acción legal, comprometiendo su estudio y anunciando que ninguna persona afectada por comorbilidades, entre ellas diabetes e hipertensión, incluyendo a las personas viviendo con VIH/SIDA, se les exigirá certificado médico al momento de la vacunación.

Después de escuchar las curiosas declaraciones de la autoridad, considero una vergüenza que el ministro Óscar Enrique Paris se informe de importante acción legal de protección constitucional en medio de una entrevista en vivo, aunque, me temo, sería mucho más vergonzoso confirmar que el ministro París faltó a la verdad, así como mintió y nos engañó, muchas veces, impunemente, el ex ministro Jaime Mañalich. Lo valioso, sin embargo, es el anuncio del ministro Paris: “No se pedirá certificado de comorbilidades para vacunarse a ninguna persona, se confiará en los pacientes”, dijo Paris, pacientes impacientes, decimos nosotros.

Yo seropositivo, me vacuno

En estos días el Ministerio de Salud deberá entregar informe detallado a la Corte de Apelaciones de Santiago explicando el cuestionado protocolo de vacunación a personas viviendo con VIH/SIDA, seguro ahora sí que sí el ministro Paris se dará por enterado e informado. Mientras, nosotros y nosotras, seguiremos luchando para que sus palabras no se las lleve el viento y los anuncios de la máxima autoridad política-sanitaria sean refrendados en un documento legalizado y oficiado a los centros de vacunación del todo país. Esperamos no encontrar más sorpresas, nuevas descoordinaciones y otras desinformaciones. Esperamos, así lo deseamos, que todas las personas viviendo con VIH/SIDA en control médico concurran seguras y confiadas a la vacunación, sin revelar su estado serológico, porque  relevante e imprescindible será siempre la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas, incluyendo a las muchas personas que vivimos –y luchamos- con VIH/SIDA en Chile.

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