El silencio del Ejército y la inacción del gobierno a casi un año de la muerte de Romario Veloz en la revuelta social

El joven ecuatoriano murió tras el impacto de una bala, percutada en un despliegue militar, en medio de una marcha en La Serena. Su familia lleva meses pidiendo justicia. La investigación llevada por el Fiscal Regional de Coquimbo, Adrian Vega, avanza a paso lento y aún no cuenta con formalizados. Mientras que el Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, ha optado por no instruir un sumario interno y se ha negado a asistir a las comisiones de DDHH de la Cámara de Diputados y del Senado. El ministro de Defensa, Mario Desbordes, tampoco ha respondido a las invitaciones del Congreso y se ha excusado por problemas de agenda. 


Mery Cortez lleva semanas asistiendo a sesiones telemáticas de las comisiones de Derechos Humanos en el Congreso. Una y otra vez ha relatado el doloroso transitar de estos últimos 11 meses, tiempo en que no ha cesado de pedir  justicia para su hijo: Romario Veloz, el joven ecuatoriano que murió de un impacto de bala disparado por militares, en una marcha en La Serena.

En la pantalla, detrás de ella, se ve el collage de fotos de Romario, junto a su hija Maite. Una imagen que revela retazos de la historia de  un joven de 26 años, pocos saben  que era cantante de hip hop y amante del freestyle. “Era papá de una nena de cinco años a la cual se le negó una pensión de gracia que yo le pedí al señor Presidente Sebastián Piñera”, relató Mary ante la Comisión de DDHH y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados.

Romario salió a marchar la tarde del 20 de octubre de 2019, junto a su familia, como tantas otras personas lo hicieron durante la revuelta social. Y los primeros días estuvieron marcados por la represión. .Llevaban 18 años viviendo Chile, por eso el joven se sentía un antofagastino más, tocado, probablemente, por las mismas desigualdades.

Estaba en su primer año de ingeniería en el Inacap, estudiaba en las noches y trabajaba de día. Ese domingo salió a la calle para protestar por una mejor vida para su hija.

En la marcha cerca de 200 personas, que caminaban de forma pacífica, según los testimonios recopilados por el Instituto de Derechos Humanos (INDH). Un grupo de militares del regimiento N°21 de Coquimbo resguardaban las dependencias del Mall Plaza La Serena. Tras percibir algunos gritos de los manifestantes, según la versión oficial del Ejército, comenzaron a avanzar hacia el norte, directo a la marcha, luego retrocedieron 30 metros.

 “Algunos militares adoptaron posición de tiro, después, algunos apuntaron y dispararon”, explicó ante la comisión del Senado, el Jefe de la Unidad de Protección de Derechos del INDH, Rodrigo Bustos. Una de esas balas mató a Romario Veloz, también quedaron gravemente heridos Cesar Veliz y Rolando Robledo, quienes aún sufren las secuelas de tener parte de sus cuerpos paralizados. Mery y su marido se enteraron por redes sociales de la muerte de Romario.

Cuando Mery da su testimonio en el Congreso, hay ocasiones donde aún se quiebra y llora, pero al mismo tiempo demuestra fortaleza. “Han pasado más de diez meses de frustración, de angustia, de impotencia, diez meses de no saber para dónde va la investigación de mi hijo, porque hasta hoy día no se ha hecho todo lo que yo esperaba”, explicó en una de las sesiones.

La investigación que lidera el fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega, avanza a paso lento y a 11 meses de la muerte de Romario aún no hay formalizados.

Durante este tiempo Mery y su familia han sido víctimas de ataques racistas, el memorial de Romario fue destruido en tres ocasiones “Me volvieron a matar a mi hijo, un grupo que se llama Patria y Libertad, Las Arañas Negras. Un grupo de ultraderecha y me ponen allí, que esto es sin llorar, retira la querella, firma Patria y Libertad”, comenta Mery, mientras lee algunas de las amenazas que les han dejado en el memorial.  

Mery y su familia han recibido la ayuda de organizaciones de derechos humanos, que están atentos a su caso, como Human Right Watch y Amnistía Internacional. Desde la Comisión Interamericana de los DDHH la apoyan con la asistencia de una psicóloga especialista en trauma y un equipo jurídico la representa como querellante en la causa judicial. Uno de los gestos que recuerda con cariño es una carta que le envió la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.

-Me dijo que esté tranquila, que tenga fuerza, que ellos van a estar al tanto de la investigación para encontrar la verdad y justicia-, comenta.

El bloqueo del Ejército

La familia y la defensa de Romario Veloz aseguran que el Ejército ha tenido una actitud poco proactiva ante el esclarecimiento de la muerte de su hijo.

El Comandante en Jefe del Ejército de Chile, Ricardo Martínez, decidió no abrir un sumario o investigación interna, para determinar a los responsables del despliegue militar contra los manifestantes, el día 20 de octubre de 2019 en La Serena, territorio que estaba bajo el mando del Jefe de la Defensa Nacional de la Región de Coquimbo, el general de brigada, Joaquín Morales Burotto.

El argumento del Ejército para esta decisión es que: “Estos hechos ocurrieron fuera de la Unidad Militar, mientras las comunas de La Serena y Coquimbo se encontraban en Estado de Excepción Constitucional de Emergencia”, detalla una respuesta entregada por Schafick Nazal, jefe del Estado Mayor del Ejército, vía Ley de Transparencia.

Al ser consultados por la Comisión de DDHH y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, el Secretario General del Ejército, general de brigada Cristián Guedelhoefer Erbetta, respondió que: “En relación con los aspectos administrativos referidos a estos hechos se hace presente que habiéndose dado cuenta por parte de la Defensa Nacional de la Región de Coquimbo al Ministerio Público de estos antecedentes, el escalafón ministerial ordenó a las instituciones de las FFAA que se concentraran en la entrega de todos los antecedentes que la justicia requería, para así colaborar y no entorpecer las investigaciones en curso”.

Ante la invitación que le hizo la misma comisión el Ejército confirmó que existe una pesquisa vigente ante el Ministerio Público, y que han colaborado cuando ha sido requerido por la Fiscalía Regional de Coquimbo “y el carácter secreto de dichas actuaciones, el comandante en jefe del Ejército se excusa de participar en la invitación cursada”, finaliza la misiva de la institución castrense.

La abogada de la familia de Romario, Adriana Rojas, comentó que a esta disposición del Ejército se suma la aplicación del Oficio 1595 que emitió el Jefe del Estado Mayor y fue enviado al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, mientras Alberto Espina era Ministro de Defensa. En dicho documento el Jefe del Estado Mayor ordena, en coordinación con el Ministerio de Defensa, que la Subsecretaria de las FFAA será la encargada de organizar y responder a todos los requerimientos del Ministerio Público.

“Esta centralización lo que genera es retraso, además hay una parcialización de la información, se solicita todo para la investigación, pero no se entrega toda la información”, confirmó la abogada.

Otro punto que genera cuestionamientos es la figura del general de brigada, Jorge Morales Burotto. Al día siguiente de la muerte de Romario Veloz, el entonces Jefe de la Defensa Nacional de la Región de Coquimbo, acompañado de la intendenta Lucía Pinto (UDI), se refirió a los fallecimientos entre el 20 y 21 de octubre en la región. A pesar de lamentar los decesos, la autoridad castrense comentó a la prensa que las muertes fueron “hechos circunstanciales, en enfrentamiento con grupos violentistas”, mientras la Policía de Investigaciones (PDI) aún recababa información de los casos y recién se iniciaba la investigación del Ministerio Público.

El general de Brigada, Jorge Morales Burotto ingresó al Alto Mando del Ejército en diciembre de 2018, al ser designado Comandante en Jefe de la III División de Montaña. Tras asumir el mando de Jefe de la Defensa Nacional de la Región de Coquimbo, fue ascendido y designado como Comandante en Jefe de la IV División de Ejército en noviembre de 2019. En medio de la crisis por Covid-19, no fue asignado como Jefe de la Defensa Nacional, sino que fue trasladado hasta la Región de Aysén para cumplir la misma función. Con esto, el alto mando que estaba a cargo de los efectivos que dispararon contra Romario ya no se encuentra vinculado al Regimiento N°21 de Coquimbo.

Para Mery Cortez la relación con el Ejército durante estos meses ha sido dolorosa. El 2 de diciembre de 2019, se acercó al Regimiento de Infantería N°21 de Coquimbo, con el fin de tener más información sobre el caso de su hijo. Recuerda que habló con el coronel a cargo, de apellido Herrera, a quien le preguntó por el responsable de la muerte de Romario. “Señora nosotros no fuimos, cree usted que si nosotros hubiéramos sido, mire bien este fusil, si hubiese sido un proyectil de esos lo hubiese destrozado, pero su hijo tenía un hoyo chico”, le respondió el militar.

Hasta hoy se pregunta cómo en el Regimiento obtuvieron esa información tan precisa.

“Tengo tanta rabia, yo no soy una mujer de tener rabia, pero me da impotencia que los militares no estén dando la cara, lo encuentro terrorífico después de todo el daño que nos han hecho”, declaró  Mery ante la Comisión de DDHH del Senado, el 15 de septiembre.

Indiferencia del Gobierno

El gobierno ha seguido una línea similar a la del Ejército frente al caso de Romario Veloz, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, ha sido invitado tanto por la Comisión de DDHH de la Cámara como del Senado, en ambas se ha excusado por problemas de agenda y no ha enviado representantes. Este medio consultó al equipo del ministro Desbordes respecto al caso, quienes respondieron que es el Ejército quien debe asistir. Ante la invitación para la sesión del 21 de septiembre en la Cámara de Diputados, desde el Ministerio de Defensa expresaron que la agenda del ministro cambia todos los días.

Francesca Escudero, representante legal de la hija de Romario Veloz, recordó ante la Comisión de DDHH de la Cámara que Mery solicitó al Ministerio de Desarrollo Social ayuda económica para su nieta, pero que está fue negada, ya que AFP ProVida le había asignado una pensión de sobrevivencia por $18.000 mensuales. “Creo que es una burla para cualquier persona”, comentó Francesca.

Para Mery la falta de ayuda y respuesta del gobierno ha sido un problema, asegura que no la han llamado y que toda la comunicación fue vía correo, “el único sustento que tenía Francesca y Maite era su papá y ahora me dejan todo el peso a mí”, explica. 

Para el presidente de la Comisión de DDHH del Senado, Juan Ignacio Latorre (RD), la actitud del Ejército en el caso de Romario es preocupante. “Uno esperaría que tuvieran otra actitud, no que busquen defensas corporativas, que colaboren con la justicia, que busquen la verdad, y si hay un agente del Estado, del Ejército involucrado, uno esperaría que lo entreguen a la justicia, no que lo defiendan, ni que lo encubran. Llama profundamente la atención que no hayan ni siquiera asistido a las comisiones de DDHH de la Cámara de Diputados, ni del Senado. Tampoco lo hizo el Ministro de Defensa, ni ningún representante del Ejecutivo, pareciera ser que el supuesto compromiso por los Derechos Humanos por parte del Gobierno de Sebastián Piñera es sólo una mentira, y son dichos que más bien denotan hipocresía”, dijo.

Foto: Mario Desbordes

Investigación estancada

Uno de los puntos más preocupantes de la causa es la lentitud que ha tenido la investigación dirigida por el Fiscal Regional de Coquimbo, Adrian Vega. Conocedores de la investigación aseguran que durante los primeros meses hubo diversas solicitudes y pericias por parte de la PDI y del Ministerio Público, pero que tras la llegada la pandemia del Coronavirus en marzo, la causa quedó paralizada.   

 “Lamentamos profundamente el dolor que estos hechos han causado a la familia de Romario Veloz”, comentó a este medio el Fiscal Regional de Coquimbo, Adrián Vega.

 El fiscal detalla que se han tomado más de 40 declaraciones a testigos, se han realizado pericias y levantamiento de evidencia, material biológico y registros audiovisuales. Aunque agrega que hay una serie de diligencias pendientes incluyendo algunas del Servicio Médico Legal.

Destaca que esta es una causa absolutamente compleja y que la investigación se encuentra en plena vigencia, pero tiene una “alta complejidad” debido a la gran cantidad de personas que había en la plazuela aledaña al Mall Plaza La Serena.

Marcela Piña, jefa de la sede regional de Coquimbo del INDH, relató ante la Comisión de DDHH de la Cámara las complicaciones que han tenido las causas en la Región de Coquimbo. La sede regional del INDH recibió más de 450 denuncias desde octubre de 2019 por torturas, apremios ilegítimos, violación y muerte; presentó 144 querellas de las cuales sólo cinco han sido formalizadas por el Ministerio Público. Actualmente hay cinco imputados, tres de ellos en prisión preventiva por homicidio consumado, homicidio frustrado, tortura y apremios ilegítimos, los que corresponden a dos capitanes de Carabineros y un sargento del Ejército. Pero en el caso de Romario Veloz,  Cesar Veliz y Rolando Robledo aún no hay nada.

“La lentitud del sistema judicial se ha transformado en nuestro mayor obstáculo y se hace imperioso que el Estado priorice y acelere las investigaciones, esta vez, a diferencia de otras épocas, la justicia tiene que llegar sin tardanza, por lo tanto, la sede regional ha puesto todos sus esfuerzos, todos sus equipos de abogados y cientistas sociales porque hay que mantener la adhesión de las víctimas”, explicó Marcela Piña.

Comentó además que la a tardanza se arrastra  desde antes de la pandemia, pero eso vino a agudizar el problema. Meses donde era muy importante tomar las primeras declaraciones de las víctimas. “Muchas aún no han declarado, eso genera una falta de adherencia y repercute en que las víctimas tienen una desconfianza absoluta con las instituciones (…) Vamos a llegar al año, cuál va a ser el balance que se va a hacer en el país respecto de las numerosas y graves violaciones a los DDHH cometidos por agentes del Estado, insisto, es una preocupación y ha sido nuestro mayor obstáculo”, concluyó.

Foto: Romario Veloz

Al “negrito” le tiraron a matar

Cada vez que Mery sale a la calle es una experiencia traumática, el “afuera” es un lugar que la re victimiza. En esas ocasiones ve al personal del Ejército desplegado en la ciudad por el contexto de la pandemia y, esa imagen, la hace recordar lo que pasó con su hijo.

 “Para mí es muy fuerte, cada vez que tengo que ir al centro, los que revisan el salvoconducto casualmente son los militares, porque son ellos los que ahora se han hecho dueños de las calles de Chile”, confiesa.

Y cada vez que se topa con un militar se pregunta: “¿Y si este es el que asesinó a tu hijo, lo tienes en frente y no te das cuenta?”.

Han pasado once meses de dolor, de angustia y frustración  para los familiares de Romario Veloz y Mery aún no comprende por qué sólo su hijo fue herido de muerte. La respuesta es una idea rumiante. Las amenazas y el racismo del que ha sido víctima en este proceso, acrecientan la idea de que quizá fue color de piel de Romario lo que  influyó en su muerte.

“Sigo con mi hipótesis de que a mi hijo lo mataron porque, como era el único negro que estaba en la fila, para su asesino fue un flanco fácil. Digo esto porque ese día no solamente cayó Romario Veloz, ése día también hubo dos disparados más, Cesar Veliz y Rolando Robledo, pero solo al negrito le tiraron directamente a matar”, concluye.

Foto: Padres de Romario Veloz
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