El Sename no ha terminado: Presidente de la Cámara de Diputados habría enviado oficio al TC objetando puntos fundamentales de la nueva ley

El requerimiento ingresado por el diputado Diego Paulsen (RN) al Tribunal Constitucional buscaría eliminar el comité de expertos y la responsabilidad de las OCAS en casos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. La situación preocupa, dado que algunos miembros del Tribunal estuvieron relacionados a organismos colaboradores del Sename, que serían beneficiados con una eventual reserva de constitucionalidad del organismo. Este oficio dejaría al nuevo Servicio de Protección de la Niñez en las mismas condiciones que el anterior Sename. 


El pasado 28 de octubre el presidente Sebastián Piñera anunció el fin del Servicio Nacional de Menores (Sename) y la creación del Servicio de Protección de la Niñez. “Es un gran paso adelante para nuestros niños”, explicó orgulloso.

La iniciativa ya había sido aprobada en junio en el Senado, pero con una disposición transitoria que supeditaba la entrada en vigencia del proyecto a la promulgación y publicación de la Ley de Garantías de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

29 de octubre: el presidente Piñera realiza un punto de prensa en el Palacio de La Moneda, al finalizar la reunión de trabajo con los ministros y con los subsecretarios, tras aprobación en el Congreso de proyecto de ley que pone fin al Sename.

El Servicio de Protección de la Niñez supone la protección “integral” de los niños, niñas y adolescentes (NNA) mediante familias de acogida y no en base a Centros de Administración Directa (CREAD), que serán cerrados, y se suma al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil aprobado en enero.

“Es un importante primer paso para cumplir el compromiso moral que tenemos con nuestros niños (…) La familia tiene que ser parte de este proceso de protección y resguardo de nuestros niños para que los niños puedan vivir en un ambiente más hogareño, más acogedor”, aseguró el presidente en la misma presentación.

De inmediato surgieron voces desde varios sectores vinculados a infancia, entre ellas Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez. La crítica principal que se hace al nuevo servicio es que no constituye una reforma estructural de Sename, principalmente por el sistema de financiamiento, asociado al pago de una subvención por cada niño en residencias, situación que favorece las vulneraciones y las internaciones que se extienden por años.

A esto suman nuevos antecedentes que indican que el presidente de la Cámara de Diputados y parlamentario de Chile Vamos, Diego Paulsen (RN), habría enviado un oficio al Tribunal Constitucional con una serie de polémicas indicaciones a la Ley del nuevo Sename para revisar los artículos que aseguran derechos para los NNA, como el comité de expertos y las sanciones a los organismos colaboradores.

Esta no es la primera vez que desde el oficialismo intentan fortalecer la posición de los organismos colaboradores del Sename, perjudicando directamente a los niños institucionalizados. En agosto Piñera interpuso un veto presidencial a la ley, aunque la mayor parte fue rechazado (excepto el desligar la ley del “Nuevo Sename” a la Ley de Garantías de la Niñez).

Ahora, con el oficio de Paulsen, los pocos derechos a los niños, niñas y adolescentes (NNA) que logró asegurar la ley del “Nuevo Sename” podrían ser afectados.

En el documento se impugna completamente el comité de expertos del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que estaría conformado por cinco profesionales de alto nivel para realizar asesorías al nuevo Sename y tomar algunas decisiones, como acreditar OCAS o aprobar intervenciones a centros del organismo.

Además el oficio busca revisar en el Tribunal Constitucional el inciso tercero del artículo 24 relacionado al cuidado de los NNA. “El cuidado alternativo es una medida de protección excepcional, esencialmente transitoria y periódicamente revisable, de competencia exclusiva de la autoridad judicial, preferentemente desarrolladas en acogimiento de tipo familiar, y, en última ratio, en centros de acogida institucional en el caso en el que el primero no sea recomendable en virtud del interés superior del niño, niña o adolescente”.

Lo mismo sucede conparte del artículo 4. “Rigen además su función, sea que la ejerza directamente o por medio de terceros, el fortalecimiento del rol protector de la familia; el derecho de los niños, niñas y adolescentes a una vida familiar; el derecho y deber preferente de los padres y/o madres a educar a sus hijos, y de las familias, representantes legales y personas que los tengan legalmente bajo su cuidado, a orientar y cuidar a los niños, niñas y adolescentes. La separación del niño, niña o adolescente de su familia es una medida excepcional, esencialmente transitoria y revisable periódicamente, que compete exclusivamente a los tribunales de familia, y que se decretará, en todo caso, prefiriendo los cuidados alternativos de tipo familiar”.

Por otro lado, la reserva de constitucionalidad busca revisar y probablemente eliminar la suspensión de los colaboradores del Sename en caso de sanciones. “En contra de la resolución que deniegue la reclamación administrativa el colaborador afectado podrá reclamar fundadamente ante la Corte de Apelaciones correspondiente a su domicilio la ilegalidad de la misma dentro del plazo de diez días hábiles, contado desde la notificación de la respectiva resolución. Dicha reclamación tendrá efecto suspensivo”.

En esta misma línea el documento busca revisar las sanciones a los organismos colaboradores del Sename. “Cuando se produzcan hechos de violencia grave contra los niños, niñas o adolescentes sin que el colaborador haya tomado medidas conducentes a protegerlos“. Estas pueden ser eliminadas por el TC.

La Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, celebra en el Palacio de La Moneda el fin de Sename.

La situación es preocupante, dado que existen nexos de miembros del Tribunal Constitucional con organismos colaboradores del Sename, quienes se verían beneficiados con estas objeciones de constitucionalidad, quitándoles responsabilidades y sanciones a la hora de cuidar a los NNA que están en sus programas. Así lo reveló un reportaje de este medio titulado “Los nexos de los Organismos Colaboradores que podrían revivir el veto a la Ley del nuevo Sename en el TC”

Por ejemplo, una de las integrantes del comité ejecutivo de la Fundación Ciudad del Niño es Marisol Peña, ministra del Tribunal Constitucional entre 2006 y 2018, además de presidenta del mismo tribunal entre 2013 y 2014, convirtiéndose en la primera mujer chilena en ocupar el cargo.

Peña estuvo trabajando con la actual presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm, y en una entrevista en La Tercera comentó que está en contra que se fiscalicen a los ministros de la llamada tercera cámara.

“Este tema constituye un círculo vicioso, porque realmente el único que podría fiscalizarlo es el Congreso Nacional y es el órgano fiscalizado por el TC, por lo tanto, es una locura pensar que el fiscalizador sea controlado por el fiscalizado”, señaló.

La Voz de los que Sobran también informó en dos oportunidades anteriores sobre la relación que existe entre las OCAS de Sename y los asesores de Cristián Larroulet.

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  1. Es muy engorroso y turbio todo lo relacionado con el Sename, lo malo de todo es que los niños vulnerados siguen sufriendo por las malas políticas, malos tratos y nadie se hace cargo de verdad de todo esto.

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