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El rol de la universidad regional en el fomento y desarrollo sustentable de la economía territorial

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La Universidad Austral de Chile (UACh), consciente del rol que juega en el desarrollo social, productivo y político de los territorios en los cuales está inmersa, ha comenzado con la elaboración de un nuevo modelo de gobernanza y de gestión interna, vinculada a las dimensiones de trabajo, que permita implementar un modelo de transferencia de conocimiento y tecnologías


Uno de los principales desafíos que enfrentan las empresas y organizaciones regionales es la implementación de modelos de gestión que permitan el desarrollo productivo sustentable, que tomen en consideración la diversidad y complejidad de las comunidades, localidades y territorios. Esto implica, la incorporación de procesos orientados al fomento de la investigación, innovación e implementación de métodos y tecnologías en las estructuras administrativas, comerciales, productivas y de servicios, que permitan a la empresa regional mejorar su competitividad sin perder de vista la relación armónica que las organizaciones deben mantener con el medio ambiente y las comunidades en las que se encuentran inmersas.

La economía de los territorios se basa en el desarrollo de su matriz productiva, la cual depende de las potencialidades que ofrecen los recursos disponibles localmente. Modelos tradicionales, centrados principalmente en la extracción o utilización indiscriminada de recursos, pierden sustentación con el tiempo y afectan el potencial desarrollo de las comunidades (Barquero & Cohard, 2020). Los efectos sobre el territorio pueden resultar en pérdida de competitividad y capacidad productiva, afectando y limitando las posibilidades de desarrollo de las futuras generaciones. Esto ha sido una constante en las últimas décadas en Chile, con políticas de explotación centradas en la extracción de recursos, con muy poco valor agregado, y con modelos de generación de energía que han afectado en forma irremediable al medioambiente, las comunidades y los territorios, especialmente en regiones (Montt & Barriga, 2017; Romero-Toledo, 2017).

Hoy nos encontramos en el punto de inflexión, en el cual el desarrollo tecnológico y la capacidad innovativa hacen posible comenzar a revertir los efectos de modelos de desarrollo aplicados en las últimas décadas. En este sentido, conceptos tales como la economía circular, el uso sustentable de recursos, los modelos de producción limpia, energías renovables y desarrollo sustentable toman relevancia y son la base para soportar la diversidad y fragilidad que presentan las economías territoriales (Agustina Calatayud, 2019; Canu, 2017; Dwyer, 2017; Segovia & Jiménez, 2020).

La generación de ventaja competitiva mediante el desarrollo de proyectos de innovación y el uso sustentable de los recursos, no solo requiere la incorporación de tecnologías existentes, sino también la generación de nuevas técnicas, desarrollo de tecnologías y modelos de gestión, o la modificación innovadora de modelos productivos, métodos y tecnologías existentes con objeto de incorporar a las empresas y organizaciones regionales a un mundo mucho más competitivo (Segovia & Jiménez, 2020). Para lograr lo anterior, es necesario contar con espacios que fomenten la discusión científica, los cuales faciliten la innovación y el desarrollo de la capacidad de investigación, a nivel teórico y aplicado, con el objeto de generar nuevo conocimiento y desarrollar tecnologías que den respuestas a las necesidades y desafíos que enfrentan las organizaciones actuales (Hernandez Medina, Báez Hernández, & Carrasco Fuentes, 2020).

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En este contexto, las universidades regionales, pueden y deben jugar un rol preponderante en la promoción y generación de iniciativas que contribuyan a mejorar la competitividad y el desarrollo sustentable de los territorios en los cuales están inmersas (Goddard & Chatterton, 2003). A través de la investigación, innovación, trasferencia de tecnología y de conocimiento, las universidades se transforman en un eje de desarrollo de las comunidades y territorios (Vilalta & Pallejà, 2003).  Esto implica asumir un rol fundamental, focalizando los esfuerzos en aquellas organizaciones privadas y públicas que enfrentan restricciones financieras, tecnológicas y gerenciales, que limitan sus posibilidades de acceso, asimilación y adaptación de tecnologías y modelos de gestión relativamente sofisticadas, y, de esta forma, apoyar a las organizaciones locales en su crecimiento y desarrollo sustentable (Canu, 2017). Este esfuerzo no es trivial e implica repensar la forma en que las universidades se relacionan con su entorno social, productivo y político.

Desde el punto de vista de su rol social, la universidad regional se centra en el desarrollo de las comunidades, el fomento de la educación, el rescate, preservación y fomento de la cultura, costumbres, tradiciones e identidad de los territorios, el mejoramiento de los espacios de interacción entre los actores sociales y las comunidades locales, y el desarrollo y apoyo de políticas sociales y culturales enfocadas en la potenciación de los territorios (Romero, Galaretto, D’Amelio, & Llomovatte, 2003). En este ámbito son fundamentales las relaciones que las universidades regionales logren articular con la sociedad civil y el sector público.

Desde el punto de vista productivo, las universidades son un foco de desarrollo educativo, científico, innovativo y tecnológico. Desde la dimensión de educación, la universidad debe asumir su responsabilidad de generar una oferta de formación adecuada para todas las áreas de desarrollo territorial, tanto a nivel de pregrado, educación continua y postgrado (Goddard & Chatterton, 2003). Pero también es fundamental que los espacios educativos no solo se supediten a los modelos tradicionales de educación superior, en este sentido modelos de capacitación comunitaria también son factibles de llevar a la realidad y pueden tener un impacto duradero en la sociedad. Los programas y centros científico/tecnológicos, inmersos en el quehacer universitario, son los espacios naturales a los cuales las empresas y organizaciones regionales pueden acceder para solicitar apoyo en la generación de nuevas ideas, tecnologías, productos o servicios. En estos espacios las organizaciones pueden conseguir el conocimiento, muchas veces necesario, para que éstas puedan desarrollarse y crecer (Seddoh, 2003). Esto implica hacer más expedito el acceso a recursos universitarios y fomentar la integración e interacción de las universidades con el sector productivo y de servicios a los niveles local, territorial y regional.

Desde el punto de vista político, la universidad regional juega un rol fundamental al ser los centros naturales del desarrollo del conocimiento. Además, son espacios en los cuales se fomenta la discusión amplia e inclusiva y el estudio de la sociedad. Las universidades son sistemas complejos, en donde confluyen muchos ámbitos del conocimiento y, por tanto, pueden aportar de forma primordial al desarrollo de políticas públicas que pueden afectar a múltiples ámbitos de la sociedad (Parker Gumucio, 2014).

Otra particularidad de la universidad regional es que su desarrollo y crecimiento está directamente vinculado con las necesidades del territorio en los cuales se encuentra. Por tanto, se especializa en generar conocimiento en aquellos aspectos requeridos por las comunidades locales. Su desarrollo natural y capacidad de interacción con su entorno la posiciona como entidad de consulta al momento de la discusión, elaboración e implementación de políticas públicas territoriales. Esta dimensión del quehacer universitario cobra preponderancia gracias a la discusión que tomará lugar en relación con el proceso constituyente, en especial, en el debate de aspectos relacionados con el desarrollo territorial y modelos de gobiernos descentralizados.

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La Universidad Austral de Chile (UACh), consciente del rol que juega en el desarrollo social, productivo y político de los territorios en los cuales está inmersa, ha comenzado con la elaboración de un nuevo modelo de gobernanza y de gestión interna, vinculada a las dimensiones de trabajo, que permita implementar un modelo de transferencia de conocimiento y tecnologías. El modelo se centra en tres ejes fundamentales, la articulación interna de las unidades académicas de tal forma que sea posible mejorar e incrementar la oferta de servicios a la comunidad, robustecer la vinculación universitaria con los actores territoriales de las regiones donde tiene presencia y fortalecer el rol de la UACh en el desarrollo regional facilitando procesos de transferencia de conocimiento con pertinencia territorial. El objetivo es potenciar la capacidad de articulación y gestión interna para poder contribuir de manera pertinente a los desafíos que implica al desarrollo territorial del sur austral de Chile (conformado por las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén), con especial énfasis en las dimensiones social y productiva.

Cuatro son las bases de sustentación de este modelo. La primera corresponde a la articulación interna de las unidades de la Universidad que prestan servicios de vinculación con el entorno. Esta articulación se traduce en un nuevo modelo de gobernanza universitaria. El segundo, es identificar las brechas socioproductivas de los actores del entorno territorial. La tercera, plantear mecanismos que permitan ir disminuyendo las brechas detectadas. Por último, contribuir en el desarrollo de capital social y humano de los actores regionales. Los grupos beneficiarios seguirán siendo los actores sociales e institucionales, a los que se suman los actores del entorno productivo, (especialmente en aquellos actores y actividades económicas agrupadas en MiPymes o cooperativas), sector que es considerado el principal motor del desarrollo regional.

El rol que juega la universidad en el desarrollo de los territorios es primordial para que las empresas y organizaciones regionales puedan avanzar a modelos productivos y de servicios sustentables, que no afecten el bienestar de las comunidades, que sean amigables con el entorno y carbono neutrales. En este sentido, es responsabilidad tanto de los actores sociales y productivos, como el de las universidades, el tender puentes que faciliten el intercambio de conocimiento, el desarrollo de la innovación y la ciencia, la reformulación de la matriz productiva y de servicios, y la elaboración de políticas públicas de desarrollo territoriales adecuadas, que tengan un enfoque centrado en el ser humano y las redes comunitarias (Max-Neef, 1993), en donde la asociación, la comunidad y la cooperación sean la base del avance de los territorios.

Referencias citadas

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Agustina Calatayud, R. K. (2019). Cadena de suministro 4.0: Mejores prácticas internacionales y hoja de ruta para América Latina: Inter-American Development Bank.

Barquero, A. V., & Cohard, J. C. R. (2020). Globalización y desarrollo de los territorios: Ediciones Pirámide.

Canu, M. E. (2017). Economia Circular y Sostenibilidad: Nuevos Enfoques Para La Creacion De Valor: CreateSpace Independent Publishing Platform.

Dwyer, B. (2017). Eficiencia energética en la supply chain: economia circular en la practica: Ecoe Ediciones.

Goddard, J., & Chatterton, P. (2003). La respuesta de las instituciones de educación superior a las necesidades territoriales. In J. M. Vilalta & E. Pallejà (Eds.), Universidades y desarrollo territorial en la sociedad del conocimiento (Vol. 1): Diputación Provincial de Barcelona : Universitat Politècnica de Catalunya.

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Hernandez Medina, C. A., Báez Hernández, A., & Carrasco Fuentes, M. A. (2020). Impacto económico y social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo. Revista de Ciencia y Tecnología: RECyT, 34(1).

Max-Neef, M. (1993). Desarrollo a Escala Humana. Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones. Montevideo, Uruguay: Nordan-comunidad.

Montt, R. F., & Barriga, S. A. (2017). Lecciones de los fracasos del modelo extractivista chileno. Revista Chilena de Economía y Sociedad, 11(2).

Parker Gumucio, C. (2014). El mundo académico y las políticas públicas frente a la urgencia del desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe %J Polis (Santiago). 13, 175-201.

Romero-Toledo, H. (2017). Extractivismo en Chile: la producción del territorio minero y las luchas del pueblo aimara en el Norte Grande. Colombia Internacional, 98.

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Romero, J. C., Galaretto, M. H., D’Amelio, M. E., & Llomovatte, S. Y. (2003). Triple hélice y anclaje territorial en Argentina: la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. In J. M. Vilalta & E. Pallejà (Eds.), Universidades y desarrollo territorial en la sociedad del conocimiento (Vol. 2): Diputación Provincial de Barcelona : Universitat Politècnica de Catalunya.

Seddoh, K. F. (2003). Instituciones de educación superior y desarrollo económico y territorial: el caso de los países en vías de desarrollo. In J. M. Vilalta & E. Pallejà (Eds.), Universidades y desarrollo territorial en la sociedad del conocimiento (Vol. 1): Diputación Provincial de Barcelona : Universitat Politècnica de Catalunya.

Segovia, B. A., & Jiménez, M. L. G. (2020). Inteligencia territorial y regulación económica: Aranzadi.

Vilalta, J. M., & Pallejà, E. (2003). Universidades y desarrollo territorial: innovación y liderazgo social en la sociedad del conocimiento. In J. M. Vilalta & E. Pallejà (Eds.), Universidades y desarrollo territorial en la sociedad del conocimiento (Vol. 1): Diputación Provincial de Barcelona : Universitat Politècnica de Catalunya.

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La educación Superior en la nueva constitución: del financiamiento a la innovación de la docencia

A pesar de que el concepto de innovación ha sido definido, analizado, reconstruido y permeado por diferentes enfoques y teorías, aún se percibe como un concepto ambiguo, atrapado en un discurso de moda, que aparenta agregar valor por sí mismo.

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En el histórico proceso de escribir una nueva constitución para Chile, considerar el derecho a la educación es una de las urgencias reclamadas por la ciudadanía.

Acceso a la educación superior para todas y todos, restitución de un sistema público con financiamiento estatal y libre de la especulación del mercado, son algunas propuestas necesarias de considerar en la carta magna. Sin embargo, más allá de avalar que las y los estudiantes puedan ingresar y titularse oportunamente, es relevante pensar la efectividad de las trayectorias formativas, como una manera de aportar a la equidad.

La formación profesional hoy enfrenta importantes diferencias de calidad que impactan en la proyección laboral de las y los egresados. Diferencias en acceso a la tecnología, en el desarrollo de habilidades comunicativas y en los modelos pedagógicos implementados, aportan a la brecha entre profesionales.

La innovación de la docencia en la educación superior chilena es una necesidad prioritaria para promover el desarrollo educativo. Entidades como UNESCO, OEI y OCDE, ven en su multiplicidad de acciones el potencial para enfrentar los problemas propios de la educación en Chile y América Latina: deserción, desigualdad de calidad entre programas formativos, bajo desempeño en investigación y niveles de competencias entre egresados (OCDE, 2017).

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El Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH) ha propiciado políticas nacionales para la innovación docente y el fortalecimiento de prácticas que contrarresten la deserción estudiantil y garanticen la calidad de la docencia entregada (Pey y Chauriye, 2011).

El fortalecimiento de la docencia en la educación terciaria en nuestro país se inició en la década del 90 impulsado por la política pública y el aporte financiero del Programa MECESUP del Ministerio de Educación (Muñoz y Sobrero, 2006). En el primer periodo del programa, las universidades financiaron la incorporación de recursos didácticos y tecnológicos; mejoras en las plantas académicas e infraestructura; cambios en las mallas y programas de estudio. Si bien se avanzó hacia un rol más protagónico de las y los estudiantes, las transformaciones de la enseñanza aprendizaje fueron relativamente limitadas y la docencia mantiene ciertas dificultades para asegurar la calidad del aprendizaje (Canales et al., 2008).

Entre las dificultades identificadas, se reconoce que la tradición del ejercicio académico ha estado signada en la idea de libertad de cátedra, lo que ha significado cierta resistencia a la adopción de nuevos paradigmas que emergen de propuestas institucionales. Además, es común que los lineamientos hacia la docencia surjan de las autoridades o un pequeño equipo docente, lo que limita el compromiso de académicas y académicos (Guzmán et al., 2015).

Existe también, resistencia entre las y los docentes al currículum por competencias. Entre los argumentos para la resistencia, está el estandarizar la educación superior, arriesgando la diversidad cultural y las identidades locales (Gacel-Ávila, 2011).

Un proyecto de investigación recientemente realizado en la Universidad de Los Lagos permite reconocer que la innovación docente es un proceso de activo en las universidades latinoamericanas. Existe una gran producción académica relativa al tema, concentrada principalmente en México, Colombia, Ecuador, Chile y Perú. La gran mayoría de ellas, aplicadas a la incorporación de tecnología en el aula. Sin embargo, se evidencia también un grado importante de superficialidad de algunos fundamentos propios del proceso y en la justificación para la adopción de los métodos propuestos  (González-Castro y Sandoval, 2021).

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Por lo anterior, y a pesar de que el concepto de innovación ha sido definido, analizado, reconstruido y permeado por diferentes enfoques y teorías, aún se percibe como un concepto ambiguo, atrapado en un discurso de moda, que aparenta agregar valor por sí mismo. No se advierten lineamientos claros respecto a metodologías específicas que sean intencionadas por las instituciones, más bien se concibe mayoritariamente la idea de innovación anclada en la inserción de tecnología al aula, reproduciendo el paradigma de la modernización de los medios, sin fundamentos pedagógicos afines al uso de dichas herramientas (Vásquez y Ortiz, 2019).

Definitivamente, en Chile la innovación docente es un proceso en desarrollo y con tareas pendientes como, por ejemplo, (1) consolidar la investigación en docencia, para avanzar en la incorporación de métodos activos con sólidos fundamentos, que permitan las transformaciones esperadas y (2) expandir la institución superior más allá de sus aulas, profundizando en la responsabilidad social universitaria. Pero para lograr la integralidad del proceso de innovación educativa es necesario la convergencia de agendas ministeriales y políticas institucionales que favorezcan ecosistemas innovadores. No es fácil modificar experiencias y prácticas docentes, aunque estas demuestren su ineficacia (Ortega, et al 2007). Por lo mismo, es necesario diseñar estrategias que conduzcan hacia una cultura profesional de innovación docente.

En esta etapa histórica, en que se debate cómo construir un país mejor y más igualitario, sin duda, dentro de las principales preocupaciones está la educación, como pilar del crecimiento social. Junto con atender a las inquietudes referentes al financiamiento y acceso universal a la educación superior, es pertinente examinar también la calidad de la docencia, entendiendo por ello, la revisión de todos aquellos factores que convergen en el proceso formativo y que permiten que el profesorado realice su tarea de manera óptima. De tal forma, lograr trayectorias formativas enriquecidas de experiencias que acorten la brecha entre las competencias desarrolladas y las demandas laborales del Siglo XXI. Todo ello implica que, garantizar el derecho a la educación, es una obra más compleja que financiar el acceso de todas y todos.

Referencias citadas

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Canales, A., De los Ríos, D. y Letelier, M. (2008). Comprendiendo la implementación de innovaciones educativas derivadas de programas MECESUP y CNAP para ciencia y tecnología. Universidad de Santiago de Chile.

Gacel-Ávila, J. (2011). Impacto del proceso de Bolonia en la educación superior de América Latina. Revista de Universidad y Sociedad Del Conocimiento, 8(2), 123–134. http://rusc.uoc.edu

González-Castro, C., y Sandoval, S. (2021). Experiencias de Innovación Docente en Educación Superior en América Latina. Revista de Investigación, 45(105), 156–180.

Guzmán, M., Maureira, O., Sánchez, A., y Vergara, A. (2015). Innovación curricular en la educación superior. Perfiles Educativos, XXXVII(149), 60–73.

Muñoz, A. L., y Sobrero, V. (2006). Proyecto Tuning en Chile: Análisis de procesos de internacionalización de la educación superior. Calidad En La Educación, 24, 247–271.

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OCDE (2017). Educación en Chile. Evaluaciones de políticas nacionales de educación. Santiago de Chile. Fundación SM.

Ortega, P., Ramírez, M., Torres, J. López, A., Servín, C., Suárez, L., Ruiz, B. (2007). Modelo de innovación educativa. un marco para la formación y el desarrollo de una cultura de la innovación. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia. Recuperado de

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331427206010

Pey, S. y Chauriye, S. (2011). Innovación curricular en las universidades del consejo de rectores 2000-2010. Recuperado de http://sct-chile.consejoderectores.cl/documentos_WEB/Innovacion_Curricular/2.Informe_INNOVACION_CURRICULAR.pdf

Vásquez, J., y Ortiz, V. (2019). Innovación educativa como elemento de la doble responsabilidad social de las universidades. Revista de Investigación Educativa de La REDIECH, 9(17), 133–144. https://orcid.

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Conservación de la biodiversidad en la era digital

Las redes sociales han sido un arma de doble filo para comunicar sobre las amenazas a la biodiversidad y al bienestar ecológico en general, debido a que la realidad noticiosa queda escrita por quien acumula el mayor número de seguidores. Estas plataformas habrían sido clave en la dispersión de discursos de odio y negacionismo del cambio climático, responsables también de llevar a Donald Trump a la presidencia de los EEUU (Ott, 2016).

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“El problema no es la negación del cambio climático, es la indiferencia” David Wallace-Wells, autor de El Planeta Inhóspito (2020).

En la conservación del medio ambiente se ha formado una nueva arena: la esfera digital. En esta era tecnológica, ya no es suficiente con seis informes impecables de expertos internacionales sobre el impacto que las actividades humanas han generado – y siguen generando – en el clima planetario, el último de ellos publicado hace sólo unos meses atrás. “La influencia humana ha calentado el clima a un ritmo sin precedentes en al menos los últimos 2000 años” declaró un panel de 234 especialistas sobre el cambio climático, provenientes de 65 países de todos los rincones del mundo (IPCC 2021). Este informe debió ser la bala de plata para el negacionismo del cambio climático, un tiro de gracia indiscutible para quienes siguen cuestionando la responsabilidad del ser humano en esta crisis socio-ambiental global.

Sin embargo, gracias al acceso generalizado y global a Internet, las redes sociales están eclipsando a los medios formales como fuente de información, y desde hace casi una década, Facebook, Twitter y WhatsApp son las favoritas para la consulta de información y noticias, particularmente entre las generaciones más jóvenes. Según un estudio realizado en estudiantes universitarios de Brasil, España y Portugal, estas redes sociales han tenido un rol importantísimo en la dispersión de noticias falsas durante la pandemia, siendo WhatsApp el más peligroso, al transmitir contenido encriptado y privado, muy difícil de identificar, cuantificar y contrarrestar con información validada (Catalina-García 2019). En la actualidad, ya es común ver cuentas de instituciones y líderes de todo tipo en más de una de estas redes sociales, no obstante, quedan eclipsadas por la enorme cantidad de comunicaciones entre los usuarios.

Las redes sociales han sido un arma de doble filo para comunicar sobre las amenazas a la biodiversidad y al bienestar ecológico en general, debido a que la realidad noticiosa queda escrita por quien acumula el mayor número de seguidores. Estas plataformas habrían sido clave en la dispersión de discursos de odio y negacionismo del cambio climático, responsables también de llevar a Donald Trump a la presidencia de los EEUU (Ott, 2016). Trump, antes de ser suspendido permanente de Twitter por incitar la invasión al Capitolio estadunidense, tenía sobre 88.9 millones de seguidores.

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Así es como desde hace un par de años que debemos preocuparnos de noticias falsas (fake news), del tokenismo (pequeñas licencias hacia grupos discriminados, pero que no cambian el fondo), del greenwashing (marketing de un producto o empresa como respetuoso con el medio ambiente, cuando en realidad no lo es), o del gaslighting climático (manipulación del discurso para generar indiferencia a las acciones y efectos del cambio climático), discursos públicos nocivos que se vuelven virales en las redes sociales.

Así se puede entender la indiferencia frente a la COP26, en donde los acuerdos y compromisos entre los líderes mundiales fueron sofocados por el lobby a vista y paciencia de todo el mundo, quitando la emergencia y las prioridades de las acciones por el planeta. En palabras de la activista Greta Thunberg, “30 años de blablablá sobre el clima”. Greta @GretaThunberg tiene 5.1 millones de seguidores en Twitter. La COP26 @COP26 alcanzó apenas los 230.400 seguidores.

De acuerdo con el más reciente informe de Reuters Institute Digital News Report 2021, en Chile un 48% de los usuarios de internet se informan y comparten noticias por redes sociales y mensajería instantánea (Facebook y WhatsApp principalmente), lo cual se vio acentuado con la pandemia. Mediante estas plataformas, algunas noticias falsas se volvieron virales, tanto que el candidato presidencial de la extrema derecha chilena exclamó, con notoria indignación: “… cuando vamos al sur y vemos que los ríos botan el agua al mar, eso es gravísimo… no vamos a estar perdiendo el agua que vaya al mar (sic)”, demostrando una peligrosa falencia en la comprensión del funcionamiento de los ecosistemas, lo que plantea dudas sobre sus capacidades de dar solución al problema a la escasez hídrica de manera integral y con visión de futuro. Como resultado de esta contra-campaña climática, se ha instalado un gaslighting muy dañino en la población chilena, basado en la creencia de que la preocupación por los efectos del cambio climático es un asunto de las élites, y que sólo personas educadas y con sus necesidades vitales resueltas pueden darse el lujo de gastar esfuerzos en ello. Estas creencias fomentan la indiferencia frente a los más de 500.000 chilenos que dependen hoy de camiones aljibe para su abastecimiento de agua, o hacia los crianceros que vieron morir a su ganado por la hiper-sequía el año 2019, ambas situaciones profundizadas por la crisis socio-ambiental global, y que según las proyecciones del CR2 serán eventos cada vez más comunes, especialmente en la zona central del país. El CR2 @CR2_uchile tiene tan solo 9.8 mil seguidores en Twitter.

En respuesta a esta situación y convencidos de que urge una educación formal sobre las causas y consecuencias de la crisis socio-ambiental global, diseñamos el curso de postgrado Conservación de Ambientes Australes en la Universidad de Magallanes, conectados entre Punta Arenas y Puerto Williams. Los desafíos en la nueva era de dominancia del ser humano sobre el planeta, el así llamado Antropoceno, no se pueden solucionar con una mirada disciplinaria netamente académica. Invitamos entonces a investigadores nacionales y extranjeros, representantes de instituciones públicas (por ej., CONAF, MMA, SERNAPESCA), expertos en Nueva Constitución y de comunidades locales relacionadas con la conservación, para conocer los diversos puntos de vista, impactos humanos y estrategias implementadas para proteger la biodiversidad en distintas partes del mundo y de la región de Magallanes. Como hilo conductor nos acompaña la constante discusión sobre cómo queremos y podemos conservar – el debate entre la vieja conservación (Soulé 1985) que se enfoca en el valor intrínseco de la biodiversidad, y la nueva conservación (Kareiva & Marvier 2012), que sitúa al bienestar del ser humano en el centro de las estrategias de conservación.

A través de este curso, queremos incentivar la participación de los estudiantes en el debate público sobre los actuales desafíos del Antropoceno, como lo son el cambio climático, la pérdida de hábitat, las especies invasoras, los conflictos entre humanos y vida silvestre, y la eco-ansiedad, entre otros. Con esto, esperamos fomentar la discusión en temas que son abordados pobremente por la opinión pública o representados solo parcial o falsamente en las redes sociales, y que afectan la comprensión multidimensional de los conflictos humano-naturaleza que se deben superar para lograr una conservación efectiva de la biodiversidad planetaria y de la región de Magallanes.  

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Centro de Investigación y Asistencia Técnica Puerto Williams, Universidad de Magallanes

Curso de Postgrado de Conservación de Ambientes Australes

Siglas utilizadas

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change (panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático)

COP26: Conference of the Parties, (Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas)

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CR2: Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia

CONAF: Corporación Nacional Forestal

MMA: Ministerio del Medio Ambiente de Chile

SERNAPESCA: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura

Referencias citadas

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Brian L. Ott (2017) The age of Twitter: Donald J. Trump and the politics of debasement, Critical Studies in Media Communication, 34:1, 59-68, DOI:10.1080/15295036.2016.12

Catalina-García B, Sousa JP, & Sousa, LS (2019). Consumo de noticias y percepción de fake news entre estudiantes de Comunicación de Brasil, España y Portugal. Revista de Comunicación, 18(2), 93-115. https://dx.doi.org/10.26441/rc18.2-2019-a5

IPCC (2021): Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press.

Kareiva P, Marvier M (2012) What is Conservation Science? BioScience 62: 962-969.

Newman N, Fletcher R, Schulz A, Andi S, Robertson C, Kleis-Nielsen R. (2021) Reuters Institute for the study of Journalism Digital News Report 2021. 10th Edition. Oxford University Press.

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https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2021

Soulé, ME (1985) What Is Conservation Biology? BioScience 35: 727-734.

 Wallace-Wells, D (2020) El Planeta Inhóspito. 2° Edición. Editorial Penguin Random House. 352 pp.

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Descentralización y Gobierno abierto: grandes desafíos territoriales para el 2022

La respuesta no se encuentra en el retorno al centralismo y a la jerarquía como mecanismo de gestión, algo que en nuestros tiempos de complejidad social y democrática es insostenible, sino más bien en profundizar la democratización de la gestión de los asuntos públicos a través de una mayor transparencia, mayor participación y mayor rendición de cuentas.

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Una de las discusiones que, al parecer, cuenta con gran acuerdo transversal en la Convención Constitucional, es el tema de la descentralización: sea la posición política que sea, pareciera existir un consenso en que el centralismo actual es insostenible, y que, en la nueva Constitución, las regiones y municipalidades tendrán mucho más que decir sobre los temas que acontecen en los territorios. Aun cuando quede mucho por discutir en cuanto a la forma y el fondo del nuevo marco institucional, el fortalecimiento de las regiones y las municipalidades parece no tener reversa.

Esto es una excelente noticia para uno de los países más centralizados de la OECD y, de paso, de América Latina, donde solamente hasta el 2021 se avanzó hacia la elección de sus autoridades regionales, más de 30 años después del retorno a la democracia. Sin embargo, si algo nos enseña la experiencia internacional es que la sola transferencia de competencias a los gobiernos subnacionales no logra, por sí sola, alcanzar las dos grandes promesas de la descentralización: la profundización de la democracia y el mejoramiento de las acciones estatales. Veamos esto un poco más en detalle.

Basados en la idea de la proximidad administrativa, donde la entidad estatal que está más cercana a la ciudadanía tendría más y mejores opciones para la gestión de los problemas de los territorios, varios académicos y académicas de América Latina, España y Estados Unidos han señalado la descentralización como una herramienta esencial para la legitimidad democrática de los gobiernos locales (la elección de las autoridades implica, a su vez, su obligación de rendir cuentas a sus votantes) y, de paso, para la legitimidad por resultados, entendiendo que a mayor proximidad se tiene mejor información sobre los problemas, los desafíos y las oportunidades de cada territorio, lo que permitiría focalizar esfuerzos según intereses locales, haciendo la gestión más eficaz y más eficiente (Blanco & Gomà, 2002; Falleti, 2010; Finot, 2007; Font, 2007; Grindle, 2007).

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Sin embargo, dichas promesas se enfrentan a no pocos desafíos: en cuanto a la legitimidad democrática, la transferencia de competencias y recursos puede llegar a fomentar lógicas de poder local que no son, necesariamente, democráticas. La captura de los espacios locales de poder, y de paso de sus presupuestos, gracias a la preexistencia de lógicas informales de patrimonialismo y clientelismo, son materias recurrentes en los países de la región (Helmke & Levitsky, 2006; O’Donnell, 1993), y dicha transferencia de poder podría potencial estas lógicas preexistentes en el país. A su vez, en cuanto a la legitimidad por resultados, la transferencia de competencias termina convirtiéndose en una carga mayúscula cuando no viene acompañada de capacidades administrativas ni de recursos para enfrentarlas, complejizando a su vez las relaciones entre niveles de gobierno y generando, en ocasiones, ineficiencias, vacíos y duplicidades en la gestión, así como sobrecargas en el gasto público (Grindle, 2007).

¿Cómo podríamos enfrentar estos desafíos, ante una inminente descentralización del país? La respuesta no se encuentra en el retorno al centralismo y a la jerarquía como mecanismo de gestión, algo que en nuestros tiempos de complejidad social y democrática es insostenible, sino más bien en profundizar la democratización de la gestión de los asuntos públicos a través de una mayor transparencia, mayor participación y mayor rendición de cuentas. En otras palabras, a través de los principios del Gobierno Abierto.

Desde hace más de una década, el término “Gobierno Abierto” empezó a tomar vigencia internacional por su apuesta a un mayor acceso de la ciudadanía, tanto a la información pública y al quehacer de las autoridades estatales, como a los espacios de toma de decisión (Lathrop & Ruma, 2010; Meijer, Curtin, & Hillebrandt, 2012). Dicho acceso implicaría un círculo virtuoso deliberativo, donde una ciudadanía cada vez más informada tendría, a su vez, mayores capacidades para influir en las decisiones que le afectan directamente (Harrison & Sayogo, 2014; Worthy, 2010). A su vez, la apertura gubernamental generaría incentivos para evitar malas prácticas administrativas, buscando reducir las lógicas informales de clientelismo y corrupción, y promoviendo tanto la escucha activa como la rendición de cuentas a la ciudadanía (OECD, 2014; Resina & Güemes, 2019).

Como vemos, muchos puntos del Gobierno Abierto se relacionan directamente con las promesas de la descentralización, sobre todo en cuanto a legitimidad democrática y a logros por resultado. Es más, son múltiples las iniciativas que, desde el espacio local, han abogado por una mayor interacción entre actores sociales en los territorios, abriendo la “caja negra” de los gobiernos subnacionales y generando redes de trabajo y colaboración (Pogrebinschi, 2021). Es más, las potencialidades del espacio local para impactar la vida cotidiana de las personas ha sido razón esencial para que muchos esfuerzos internacionales se centren en este nivel de gobierno, incluyendo el programa OGP Local, de la Alianza para el Gobierno Abierto, desarrollado en más de 60 gobiernos locales de todo el mundo, incluyendo la Municipalidad de Peñalolén, en Chile (Open Government Partnership, 2019).

Sin embargo, según investigaciones tanto teóricas como empíricas, tanto la descentralización efectiva como la apertura gubernamental dependen de dos grandes macro cuestiones: el diseño institucional formal, y el tipo de interacciones informales entre agentes y organizaciones. Siguiendo con las teorías institucionalistas, tanto las formas legales como las lógicas de interacción y, por consiguiente, de poder, determinarían el éxito o fracaso de las iniciativas locales de acceso a la información y participación ciudadana, elementos esenciales para potenciar tanto la descentralización como la apertura gubernamental (Hernandez Bonivento, 2018).

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En el primer punto, del diseño institucional, mucho tendrá que decir la Convención Constitucional, encargada de construir una nueva estructura para la gobernanza territorial. Sea cual sea el nombre o la fórmula que tenga este nuevo modelo de Estado, si buscamos potenciar los beneficios y reducir los costos de la descentralización, fomentando a su vez la apertura de los gobiernos subnacionales, el nuevo modelo debiera contar con, al menos, tres cualidades:

  • Flexibilidad y Autonomía: para aprovechar, a través de la proximidad administrativa, las particularidades de cada contexto, la estructura legal debe ser lo suficientemente flexible para poderse adaptar a la diversidad territorial. A su vez, dicha flexibilidad debería estar centrada en los principios de autonomía regional, empoderando los gobiernos subnacionales para las decisiones se tomen sobre el terreno, y no sean dependientes en exceso del gobierno nacional.
  • Claridad y Coordinación: sin embargo, la flexibilidad no debe traducirse en falta de claridad en cuanto a funciones y competencias con las que cuentan los diversos niveles de gobierno. Flexibilidad no debe ser sinónimo de vaguedad o vacío, sino un espacio en el cual, partiendo de reglas claras, se fomente el diálogo y la coordinación entre niveles de gobierno. De lo contrario, podríamos encontrarnos con duplicidad de acciones, vacíos de cobertura e ineficiencias de políticas sectoriales, que son esencialmente multinivel.
  • Capacidades y Recursos: por último, aunque suene casi a Perogrullo, es fundamental que las transferencias de competencias vayan acompañadas, siempre, por transferencias de capacidades y de recursos. El fortalecimiento administrativo y financiero de los gobiernos regionales y municipales es un aspecto “sine qua non” para la descentralización y la apertura, pues en su ausencia se presentan efectos contraproducentes de falta de resultados y deslegitimación.

En cuanto al segundo punto, mucho más complejo aún que lo anterior, lamentablemente se requiere de mucho más que una nueva Constitución: se necesita una nueva ciudadanía, y una nueva concepción de lo que es gobernar. En el trabajo que hemos realizado en los últimos años sobre gobernanza municipal en Chile (Proyecto Fondecyt Iniciación 11170216) encontramos mecanismos de interacción entre municipalidades y organizaciones de la sociedad civil que se encuentran más alineadas con lógicas de competencia, negociación y presión que con aquellas basadas en colaboración, en participación ciudadana y apertura gubernamental. En un proyecto reciente que observa la implementación de mecanismos de gobierno abierto a nivel municipal en el país (Hernández Bonivento, 2021), encontramos que a pesar de existir un marco institucional para la transparencia y la participación a nivel local (con todas las fundadas críticas que podríamos hacerles), son pocas las municipalidades que generan acciones propias, adaptadas a sus necesidades y con énfasis colaborativo, siendo la voluntad del alcalde o alcaldesa, así como la movilización de la sociedad civil, los principales factores que explican dichas iniciativas.

Aunque los cambios en la gobernanza local son difíciles de lograr en el corto plazo, existen sin embargo razones para el optimismo: así como la lógicas centralistas y jerarquizadas han empezado a menguar, así también ha surgido un nuevo tipo de liderazgos locales y una nueva generación de organizaciones sociales que buscan rehacer los lazos de confianza entre las entidades de gobierno y la ciudadanía, a través de la escucha activa, la interacción colaborativa y la rendición de cuentas abierta y constante. A su vez, el empoderamiento de nuevas autoridades, como los gobernadores regionales, podría implicar un apoyo virtuoso a la construcción de gobiernos subnacionales fuertes, legítimos y empoderados, donde la colaboración primer por encima de la competencia. Hay que darle seguimiento a estos liderazgos, pero por el momento se revelan esperanzadores.

Está todo por verse en este nuevo año que recién empieza, tanto por los resultados de la Convención Constitucional, como por el papel del nuevo gobierno y su interacción con las nuevas autoridades regionales y locales. Desde ya, el compromiso de la academia regional debe estar en apoyar y fortalecer los territorios, en el fortalecimiento de una ciudadanía crítica e involucrada en las acciones estatales, y en la construcción de redes de diálogo, debate y colaboración entre actores sociales y entre niveles de gobierno. Son visiones mucho más complejas que la simplicidad con la que se presenta el populismo, el autoritarismo y la jerarquía, pero mucho más acorde a nuestra propia complejidad social. En palabras del filósofo vasco, Daniel Innerarity, la simplicidad es el mayor enemigo de la democracia actual, y el llamado a profundizar la democracia es el complejo, pero necesario, camino a seguir.

Referencias citadas

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Finot, I. (2007). Los procesos de descentralización en América Latina. Investigaciones Regionales, (10), 173–205.

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Harrison, T. M., & Sayogo, D. S. (2014). Transparency, participation, and accountability practices in open government: A comparative study. Government Information Quarterly, 31(4), 513–525. https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.08.002

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Lathrop, D., & Ruma, L. (2010). Open Government. Collaboration, Transparency, and Participation in Practice. Sebastiopol: O`Reilly Media.

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Pogrebinschi, T. (2021). Thirty Years of Democratic Innovations in Latin America. Berlin: WZB Berlin Social Science Center.

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Resina, J., & Güemes, C. (2019). Instituciones abiertas y creación de confianza: experiencias desde España. Revista de Gestión Pública, VIII(1), 43–70.

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