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El robo de aguas del glaciar Mocho Choshuenco que protagoniza Víctor Petermann, el latifundista de Los Ríos

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La región de Los Ríos ha visto nacer un nuevo conflicto socio ambiental protagonizado por la empresa Huilo Huilo. Aquello, luego que se descubriera que la compañía turística desvió el cauce del agua de un glaciar protegido hacia el predio perteneciente al reconocido latifundista Víctor Petermann. Ante esto, las comunidades se movilizaron para denunciar el hecho, aunque creen que será muy difícil conseguir justicia medioambiental. Aquí relatamos la historia de este conflicto, el miedo de las comunidades a la impunidad y el poder que ejerce el dueño de la empresa en la zona.


El fin de semana del 17 de abril circuló en redes sociales una denuncia ciudadana contra la empresa Huilo Huilo, en la región de Los Ríos, cuya maquinaria fue descubierta interviniendo la Reserva Nacional Mocho Choshuenco.

Tras conocerse las imágenes, activistas de la zona decidieron visitar el lugar, momento en el que confirmaron la existencia de un problema aún más grave: la misma empresa había desviado las aguas provenientes del glaciar del Volcán Choshuenco, ubicado metros más arriba en la reserva. Según sospechan los denunciantes, el objetivo sería llevar las aguas hacia la Central Hidroeléctrica de Pasada Truful (RCA 066/2015), relacionada al dueño de Huilo Huilo.

Frente los reclamos, la compañía decidió auto denunciarse ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), según lo establecido por la Ley N°20.417 que creó esta entidad. Sin embargo, de acuerdo a los registros de la SMA, esta no es la primera vez que su dueño, el empresario Víctor Petermann, realiza una acción de este tipo, lo que habla de una estrategia legal que se anticipa a las represalias por su arbitrarios daños al medio ambiente.

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Por su parte, los pobladores del sector tomaron cartas en el asunto y también realizaron denuncias propias, las que se sumaron a una investigación que abrió de oficio la Fiscalía de Los Lagos. Sin embargo, quienes viven ahí temen porque estos hechos queden impunes, debido al gran poder que acumula Petermann en la región.

Un desvío directo a Huilo Huilo

El pasado 18 de abril un usuario de Facebook dio a conocer la presencia de una retroexcavadora en las cercanías de la Reserva Nacional Mocho Choshuenco. La máquina, instalada a un lado del camino que une la Reserva Biológica Huilo Huilo, propiedad de Víctor Petermann, con la reserva nacional, realizaba movimientos de tierra.

Sin embargo, la intervención no llegó hasta ahí, sino que proseguía a varios metros de altura más. Esto, ya que tras la primera denuncia, se hizo viral un video que correspondería al mes de febrero, de acuerdo a lo confirmado por el presidente de la Agrupación de Turismo Choshuenco, Ángel Delgado. En el registro se daba cuenta de cómo la empresa habría desviado el curso del agua proveniente del glaciar del Volcán Choshuenco. Aquello, a través de la excavación de una zanja que lleva el cauce directo al sector del predio privado.

Días más tarde, la situación fue constatada en terreno por personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y confirmada por su director regional, Óscar Droguett, quien dio cuenta de que el original cauce del agua había sido alterado en su dirección, cuyo fin antes era el Río Blanco, ubicado en la comuna de Futrono.

Quienes también quisieron cerciorarse de esto fueron distintos pobladores del sector, por medio de la Red de Pueblos Libres de Los Ríos. En ese marco, el ingeniero civil ambiental nacido y criado en Neltume, y miembro de esta agrupación, Matías Iturra, corroboró la existencia de “un surco de 130 metros de largo, por 2 de ancho y uno y medio de profundidad”, a través de un levantamiento de información topográfica. “Todo esto dentro de la reserva nacional, en la cota 1700 aproximadamente. Cabe destacar que la reserva comienza a partir de la cota 1500 hacia arriba”, cuenta.

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Frente a esto, la empresa de Víctor Petermann emitió una declaración en la que admitió la presencia de estos trabajos. “Nos entristece y lamentamos enormemente esta situación. Por ello les informamos que se ha iniciado una revisión para determinar el alcance de estos hechos”, aseguraron.

Por medidas ejemplificadoras

A raíz de lo expuesto, varias han sido las instancias que iniciaron acciones legales o administrativas contra la compañía. Entre ellas, destacó la realizada por la Red de Pueblos Libres a través del portal ciudadano de denuncias de la Superintendencia el 21 de abril.

De acuerdo al comprobante del recurso cuyo titular es el ingeniero Matías Iturra, la denuncia no solo apunta al daño ambiental provocado por la maquinaria, sino que también consideró el abandono de materiales en la montaña. Aquello, “se transformó en un basural del tipo industrial, donde se identifican plásticos, tuberías, cables de acero oxidado, malla perimetral y metales varios”, señala.

En palabras de Iturra, esta articulación social busca “denunciar todos los hechos que esta empresa ha cometido hacia atrás para que ojalá nunca más vuelvan a pasar”, afirma.

Esta iniciativa de los movimientos sociales, sumó la preocupación de distintas autoridades y de la justicia local. Marco en el cual, por ejemplo, la Fiscalía de la comuna de Los Lagos abrió una investigación de oficio, a cargo del Fiscal Alejandro Ríos. Así como también el municipio anunció la presentación de una demanda por el delito de daño ambiental.

En este contexto, el senador por la región de Los Ríos, Alfonso de Urresti (PS), solicitó una sesión extraordinaria a la Comisión del Medio Ambiente este 27 de abril. A la instancia recurrieron el ministro (s) del Medio Ambiente, Javier Naranjo, el Director General de Aguas, Carlos Sáez, y el presidente de la Agrupación de Turismo Choshuenco, Ángel Delgado. En paralelo, la intendencia encargó la realización de informes técnicos en la zona, tanto a la SMA como a la Dirección General de Aguas.

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Por su parte, otras localidades del sector también se han organizado para acusar el irregular actuar de Huilo Huilo. Tal como relata el activista medioambiental, Nicolás Bravo, quien se hizo parte de una solicitud realizada al Consejo Consultivo de la reserva nacional, destinada a exigir la toma de acciones contra quienes resulten responsables. “Lo que estamos pidiendo es una sanción ejemplificadora. No podemos permitir que alguien, sea quien sea, pase por encima de una reserva destinada a ser conservada y administrada por el Estado”, acusa.

No obstante, para Bravo, quien forma parte del Movimiento por la Defensa del Río San Pedro en la región, el caso no solo pone en cuestión el actuar de Víctor Petermann, sino que también de Conaf. “La obra que hicieron con la maquinaria no es una intervención que se hace en un día. Debe haber estado varias semanas haciendo ese canal. ¿Qué ocurre con Conaf? Ellos tienen la capacidad para fiscalizar y proteger el glaciar. Porque es un atentado contra el patrimonio natural de la región de Los Ríos, no es cualquier cosa”, cuestionó.

Mejor pedir perdón, que pedir permiso

De acuerdo a lo informado por Huilo Huilo en el comunicado que admitió la intervención ecológica del área protegida de Mocho Choshuenco, la empresa instó a “la autoridad competente a revisar los antecedentes y resolver según corresponda”. Esto, a través de una auto denuncia ingresada a la Superintendencia del Medio Ambiente, según lo dictado por la Ley Orgánica de la entidad, pocas horas luego de conocerse la denuncia ciudadana.

En ese marco, indignación ha causado el hecho de que esta no es la primera vez que una empresa de Víctor Petermann toma esta vía con el fin de evitar altas sanciones.

En junio de 2013 la Forestal Neltume Carranco, cuyo titular es precisamente Petermann, según expedientes del Servicio de Evaluación Ambiental, también presentó una auto denuncia. Aquello, luego de que se diera a conocer el inicio de la construcción de la Central de Pasada Truful sin contar con los permisos establecidos por la institucionalidad ambiental.

El proceso quedó registrado en la Resolución Exenta N°514 de la SMA que dio fin al procedimiento sancionatorio en 2016. En esa ocasión, el anticiparse a cualquier otra investigación permitió a la forestal eximirse “del pago de una multa de ciento noventa y ocho unidades tributarias anuales”. Es decir, un ahorro de más de $108 millones de pesos.

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Esta herramienta, señala la ley en su artículo número 41, exime de multas a quien siga este conducto por primera vez. Y, en el caso de hacerlo por segunda o tercera ocasión, rebajaría el monto en un 75 y 50 por ciento respectivamente.

Según explica el Profesor de Derecho Ambiental de la Universidad Austral y miembro del Movimiento de Defensa del Agua, los Territorios y la Protección del Medio Ambiente (Modatima) en la región de Los Ríos, Vladimir Riesco, esta medida surgió en la normativa con el fin de consagrar el principio del “incentivo al cumplimiento, que busca estimular el cumplimiento normativo, más que sancionar”, explica.

Sin embargo, para el académico el problema con este instrumento es precisamente que entrega más de una oportunidad o no es lo suficientemente estricta. “Lamentablemente lo que se está consagrando acá, y en otros casos similares, es que a los empresarios les resulta más conveniente cometer una infracción, ser sorprendidos, y luego que les obliguen a cumplir la ley nada más”, critica.

En su opinión, “las condiciones en las que ocurrió este hecho amerita una sanción grave, que debiera ser la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), porque es una cuestión que denota absoluta mala fe. O sea, desviar el cauce de un río no cumple lo principios básicos de la legislación de aguas chilenas, como son el principio de la unidad de la cuenca”.

El latifundio de Víctor Petermann

Entre las preocupaciones que ocasiona este conflicto socio ambiental en Los Ríos, sin dudas la más relevante tiene que ver con la posible impunidad del empresario Víctor César Petermann Fernández. Aquello, no solo porque puede auto denunciarse y evadir grandes multas, sino que también porque cualquier sanción a raíz del desvío de aguas no quitará la gran influencia económica y social que posee el empresario en la zona.

Lo anterior, sobre todo porque “el giro más importante de esta empresa no es el energético, sino que el turístico. Tienen una cadena de hoteles grande y una especie de Disney World nativo arriba, con criaderos de ciervos y otras cuestiones en su predio, la llamada Reserva Biológica Huilo Huilo”, detalla el académico Vladimir Riesco.

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Y es que, si se comprueba que el desvío del cauce del glaciar iba en dirección a la Central de Pasada Truful y este pierde su RCA, Petermann mantendría tanto su negocio turístico como forestal, ambas actividades que ha mantenido durante gran parte de lo que va del siglo XXI en la región.

Las tierras que hoy adueña Petermann eran parte, en los tiempos de la Unidad Popular, del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, cuya administración era encabezada por sindicatos de trabajadores. No obstante, con la llegada de la dictadura estos terrenos fueron lentamente vendidos a privados, quienes traspasaron la propiedad del sector de Huilo Huilo al empresario, quien limitó la entrada y le llamó “Reserva Biológica de Huilo Huilo”, para años más tarde -en 2004- constituir también la Fundación Huilo Huilo. A este negocio se sumó luego la Forestal Neltume Carranco.

Según Matías Iturra, “Huilo Huilo aquí tiene tanto el monopolio turístico, como forestal en su momento. Por eso es que la gente de acá, como tiene pocas alternativas de trabajo, no se atreve a denunciar este tipo de hechos ante las autoridades. Una, porque no tiene los medios para hacerlo y también desconoce la forma, pero lo otro es el amedrentamiento que puede suscitar el hecho de estar denunciando a tus propios jefes”, asegura.

Sin embargo, el Ingeniero Civil Ambiental advierte que esta incesante expansión económica de las propiedades de Petermann ha impactado tanto en las economía locales de Neltume como de Puerto Fuy. “Estamos flanqueados en la parte norte y sur por Huilo Huilo. Entonces, la capacidad de expansión de los pueblos se ha visto drásticamente reducida desde la llegada de este latifundista”. 

Y agrega que “la problemática social más urgente es que los pobladores de Puerto Fuy y Neltume no pueden optar a terrenos para construir casas. Estamos hacinados en las pocas hectáreas que tenemos en los pueblos para poder desarrollarnos como familias por ejemplo: con la construcción de casas, de plazas, de áreas verdes para el desarrollo turístico local”.

Por su parte, para el activista Nicolás Bravo, este conflicto representa un desafío para el Estado, ante el abandono de la Reserva Nacional Mocho Choshuenco.

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“La reserva es chica, pero lo que la hace grande es la base del volcán. Pero todo lo que está al lado de él es mayormente de privados. Entonces ahí hay un rol que puede tomar el Estado, en ir creciendo y recuperando estos terrenos que en algún momento fueron de ellos. Aquello, para ponerlo a disposición de las comunidades y del turismo comunitario, porque puede ser una buena forma de gestión para estos espacios”, expresa.

Por ahora, aún se investigan los detalles sobre el desvío del cauce del glaciar, lo que podría derivar en nuevas acciones por parte de la población local y de las autoridades.

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Por el Derecho a la Seguridad Social: La Iniciativa Popular de Norma que busca acabar con las AFP

La propuesta presentada por la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP pretende consagrar la seguridad social como derecho inalienable en la nueva Constitución. Derecho que, según esta iniciativa, debiera ser garantizado por el Estado y que que jamás deba estar sujeto al lucro.

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Hasta el 1 de febrero se podrá patrocinar alguna de las casi de 2 mil iniciativas que han sido publicadas en la Plataforma Digital de Participación Popular de la Convención Constitucional.

Este mecanismo de participación ciudadana, conocido como Iniciativa Popular de Norma, consiste en que cualquier persona u organización puede presentar a la Convención una propuesta de norma para que sea discutida su incorporación en la nueva constitución.

Para que estas sean consideradas por los integrantes del órgano deben juntar al menos 15 mil patrocinios provenientes de por lo menos cuatro regiones distintas. Una vez cumplido este requisito, las iniciativas serán discutidas en una de las siete comisiones temáticas y posteriormente votadas, para luego admitir su discusión y votación en el Pleno, y así tener la posibilidad de ser incluidas en el texto constitucional definitivo.

En el marco de este proceso, la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP presentó la propuesta “El Derecho a la Seguridad Social”, a la que se le adjudicó el número 4.758, la cual busca que la nueva constitución instale las bases para implementar un sistema de pensiones solidario, que permita reconocer el trabajo remunerado y no remunerado de todos los hombres y mujeres, garantizando a las personas pensiones que les permitan vivir con dignidad.

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La iniciativa, surge como respuesta a la crisis que atraviesa el actual sistema de pensiones en nuestro país, estableciendo que el Estado deberá reconocer a todas las personas el derecho a la seguridad social fundado en sus principios esenciales de universalidad, solidaridad, suficiencia, entre otros, garantizando el cumplimiento de este derecho a través de instituciones públicas y sin fines de lucro.

Desde la Coordinadora se han movilizado diariamente a lo largo del país para reunir las firmas necesarias, desplazándose en espacios públicos y en lugares propiciados por organizaciones sindicales y sociales que apoyan desde siempre esta demanda. Es así como uno de los puntos de recolección de firmas ha sido el hospital Barros Luco, en la comuna de San Miguel, apoyados por la Fenats del establecimiento y su presidenta Brisa Gálvez, activa militante de NO+AFP, “desde sus inicios empezamos a trabajar en conjunto con la Coordinadora, nos motiva que los mismos trabajadores de la salud reciban pensiones paupérrimas”, señala la dirigenta.

Hasta este punto han llegado dirigentes sindicales y sociales a apoyar la recolección de firmas para alcanzar las 15 mil necesarias, es el caso de la vicepresidenta de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sector Financiero, Ana Luz Palleras, quien afirma que “la gran motivación nuestra es que esta iniciativa sea considerada y recuperar la seguridad social. Este sistema que hay actualmente no ha sido creado para dar pensiones.

Chile está en deuda con sus ancianos, que se han sacado la mugre toda una vida trabajando para recibir estas pensiones de hambre, por eso la seguridad social debe ser un derecho en la nueva Constitución. Nosotros estuvimos marchando en las calles, hemos estado participando constantemente y se tiene que reconocer que esta propuesta es viable. Viable para el pueblo, inviable para los empresarios”, agregó.

Algunas complicaciones con el sistema de participación ciudadana

Sin embargo, han surgido una serie de cuestionamientos contra el mecanismo de participación ciudadana, acusando tanto la falta de difusión como dificultades técnicas a la hora de intentar patrocinar una norma. Entre los problemas evidenciados se encuentra la complejidad que presenta la plataforma para los sectores menos tecnologizados, que son justamente la población carente de derechos sociales fundamentales: personas de la tercera edad y pobladores sin acceso a la información, y muchas veces, a internet.

Por otra parte, la gran cantidad de Iniciativas de norma, generadas por personas individuales, muchos abogados o miembros de ONG, que impulsan normativas a título personal y sin mayor respaldo, ayuda a confundir y desincentivan la participación. Cabe destacar que un 90% de las iniciativas han sido presentadas por individuos, en contraste con las propuestas hechas por organizaciones o movimientos sociales legitimados.

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A dos semanas de que se cierre el plazo para apoyar las distintas iniciativas de norma, las y los activistas de la Coordinadora Nacional NO+AFP siguen desplegados desde Arica a Magallanes, informando y sacando patrocinios a la norma Nº 4758, por El Derecho a la Seguridad Social, con el total convencimiento que esta es la madre de todas las batallas.

Frente al CDT del Hospital Barros Luco, y bajo el sol candente del medio día, conversamos con Luis Mesina, vocero nacional del movimiento NO+AFP y le pedimos su opinión respecto del proceso de participación ciudadana, afirma por experiencia propia recogiendo los apoyos, que en la población existe una desinformación total respecto del proceso, “la gente en general, la gran mayoría no sabe de qué se trata, no hay una información permanente respecto al rol que juega la Convención Constitucional. Además, hay una campaña de la derecha de descrédito, que hace que la gente tenga mucha apatía y desconfianza, y en consecuencia ha costado convencer a la gente y eso explica porqué la derecha ha logrado imponer tantas iniciativas, cuentan con los recursos y sabemos que los están destinando para interferir en este proceso, nosotros no, estamos haciéndolo con la gente”, señala, reafirmando su confianza en que lograrán las 15 mil patrocinios exigidos para instalar el tema en la discusión constitucional. “Han convertido la salud y las pensiones en un negocio inmoral, por eso la seguridad social debe ser restituida en la nueva constitución”, recalcó. 

La iniciativa lleva hasta el momento más de 12.500 mil firmas y se puede patrocinar en el siguiente enlace https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/

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“Se requiere que esté acompañado de medidas concretas”: Colegio de Profesores ante anuncio de regreso a clases presenciales

Carlos Díaz Marchant señaló que se debe garantizar que “no seguiremos cometiendo los errores que ha cometido el actual gobierno”.

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El Colegio de Profesores cuestionó este miércoles el anuncio del Gobierno del regreso a clases presenciales para este año 2022, planteando como primer argumento el retroceso de la Región Metropolitana a la Fase 3 del Plan Paso a Paso. “La situación es bastante crítica. Estamos con niveles de contagio muy superiores a los que habíamos visto en el último tiempo, y eso por supuesto que nos preocupa como profesores”, señaló el líder del gremio, Carlos Díaz Marchant.

“No basta con solamente anunciar que volveremos a la presencialidad. Se requiere que ese anuncio esté acompañado de medidas concretas y, por sobre todo, de medidas que den cuenta de que no seguiremos cometiendo los errores que ha cometido el actual gobierno”, sostuvo el presidente del Colegio de Profesores.

En ese sentido, Díaz Marchant realizó un llamado al Presidente electo, Gabriel Boric, para que “avance en medidas concretas respecto de cómo enfrentar el retorno a la presencialidad”.

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Cámara de Diputados aprueba requerir al TC que declare inconstitucional la licitación del litio realizada por Piñera

La explotación por 29 años de nuevos yacimientos del recurso natural ya fue adjudicada por el Gobierno a dos empresas.

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Por 42 votos a favor, 26 en contra y una abstención, este miércoles la Cámara de Diputados aprobó requerir al Tribunal Constitucional (TC) que declare la inconstitucionalidad del Decreto Supremo N° 23 del Ministerio de Minería que permitió la cuestionada licitación de nuevos yacimientos de litio.

Cabe recordar que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera dispuso de un total de 400 mil toneladas de litio de los salares del norte del país para que sean explotadas por empresas privadas hasta el año 2050, resultando finalmente ganadoras de la convocatoria las compañías BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A.

Leer también: Gobierno se adelantó y adjudicó licitación del litio a dos empresas en medio de controversial debate

La diputada del Partido Comunista, Marisela Santibáñez, celebró la aprobación del requerimiento que se realizará ante el TC, sosteniendo que “tenemos el deber y obligación de defender el bienestar del país”. “Llevaremos adelante todas las acciones que sean necesarias para evitar que unos pocos sigan vendiendo nuestro futuro”, añadió la parlamentaria.

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