El momento del agua

Hoy gran parte de las candidaturas constituyentes declaran su preocupación por el agua. Sin embargo, pocos se atreven a hablar de la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas, reinando la ambigüedad sobre cómo abordar la crisis en la Nueva Constitución. En esta confusión confían quienes pretenden darle continuidad al paradigma actual.


En un nuevo Día Internacional del Agua, la escasez de este bien hídrico fundamental para la existencia de cualquier forma de vida alcanza niveles inéditos en la historia de la humanidad, al punto de poner en riesgo la vida presente y futura.

La crisis climática es global, pero también tiene particularidades locales, debido a la radicalidad de la privatización de la naturaleza en Chile. En el caso del agua, somos el país con el esquema más profundo y avanzado de privatización en el mundo. De esta manera, a pesar de que el agua se encuentra jurídicamente definida como un bien nacional de uso público en el Código Civil y el Código de Aguas, en la práctica se encuentra privatizada por el régimen de los derechos de aprovechamiento de aguas que está protegido constitucionalmente por el derecho de propiedad. Esto se ha traducido en el agotamiento de fuentes hídricas y en la naturalización de formas de explotación indiscriminada por beneficios económicos que ha dejado a comunidades enteras sin acceso al agua, amenazando sus formas de vida.

Estamos contra el tiempo. Contener y revertir los peores efectos de esta crisis producida por la acción humana es un imperativo que nos conmina a actuar ya. Así lo han planteado comunidades y organizaciones de defensa del agua y el territorio que han logrado poner esta urgencia en el centro del debate público. Se trata de un tema ineludible en el proceso constituyente en curso, donde tenemos la oportunidad de establecer el derecho humano al agua y proteger constitucionalmente la conservación de su ciclo natural y funciones ecosistémicas.

Hoy gran parte de las candidaturas constituyentes declaran su preocupación por el agua. Sin embargo, pocos se atreven a hablar de la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas, reinando la ambigüedad sobre cómo abordar la crisis en la Nueva Constitución. En esta confusión confían quienes pretenden darle continuidad al paradigma actual.

Frente a la magnitud y radicalidad de la crisis que estamos atravesando, establecer el derecho humano al agua y consagrar constitucionalmente su carácter de bien nacional de uso público, si bien son definiciones necesarias, serán insuficientes si no tienen un correlato en un nuevo modelo de gestión del agua. Uno que ya no esté basado en la propiedad privada.

Si en 1980, cuando se dictó la Constitución vigente cayeron 320 mm de lluvia en Santiago, el 2020 cayeron solo 187 mm. Pero no solo se trata de la sequía, también hay usurpación de aguas -basta recordar a Pérez Yoma en Petorca o los negocios agrícolas de Luksic en el Valle del Elqui- y sobreotorgamiento de derechos de aguas (más de 110 cuencas sobreotorgadas al 2015 según datos de la DGA). Considerando este escenario, a los que dicen que quieren proteger el agua, pero al mismo tiempo se niegan a tocar la propiedad privada sobre ella, les preguntamos, ¿de dónde van a sacar más agua para satisfacer los fines públicos que dicen defender? ¿Qué sentido tiene sostener un régimen rígido como el de la propiedad sobre derechos de aguas entregados a perpetuidad, frente a un recurso cuya disponibilidad es variable?

Por nuestra parte, decimos claramente que la Nueva Constitución debe desprivatizar el agua, como condición necesaria para garantizarla como derecho humano y para la naturaleza, asegurando la conservación de su ciclo natural y la subsistencia de los ecosistemas que dependen de ella. De esta manera, se podrá avanzar hacia un nuevo modelo de gobernanza que priorice estas funciones vitales, permitiendo sus usos productivos de manera equitativa y eficiente.

Un cambio de paradigma es urgente y para ello se requiere independencia de quienes se han apropiado del agua y la naturaleza, y que irán a defender sus intereses -desde ya lo hacen financiando campañas constituyentes-. Por eso no bastará sólo con elegir constituyentes comprometidos con estas ideas, sino que es fundamental una nueva institucionalidad que reconozca la participación efectiva de las comunidades en las decisiones productivas con impacto ambiental e hídrico. La ciudadanía ya no está para ser espectadora. Demanda protagonismo para recuperar soberanía sobre el rumbo que toma nuestra vida y habitar en el planeta.

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