El lobby de Sanhattan en el origen del caso Triangulaciones

Tres altos ejecutivos de firmas financieras que manejan el patrimonio del presidente Piñera participaron desde el inicio en los cambios legales que hizo entre 2009 y 2011 la Superintendencia de Pensiones a los límites de inversión de las AFP. Accedimos a las actas del Consejo Técnico de Inversiones (CTI) entre 2009 y 2010, y revelamos la trama del lobby, y cómo se autorizó la inversión de las AFP en empresas relacionadas, el origen del famoso caso de Triangulaciones, cuya comisión investigadora de la Cámara de Diputados se apresta a partir.


El 26 de marzo de 2009, justo al mediodía, el piso 9 del edificio donde aún se aloja el Ministerio del Trabajo -en la esquina de Teatinos con Huérfanos- recibió a un conspicuo grupo de altos ejecutivos de Sanhattan.

Sesionaba el Consejo Técnico de Inversiones (CTI), el órgano ‘público privado’ creado en la Reforma Previsional de 2008 de Bachelet, que revisaba los cambios que pudiera proponer la superintendencia del ramo al régimen de inversiones de los multifondos.

Ese día, tres ejecutivos de la Asociación de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi) instalarán la semilla del cambio legal que, una década más tarde, permitiría validar las llamadas ‘Triangulaciones’ de Sebastián Piñera, AFP Habitat y Moneda Asset Management, denunciadas por Gino Lorezini en noviembre de 2020.

Matias Eguiguren Bravo, entonces presidente de Acafi y socio de Celfin Capital (hoy BTG Pactual), lideraría la presentación, secundado por el socio de Moneda Asset, Fernando Tisné, y el socio de Compass Group, Jaime de la Barra.

Poco después, en febrero de 2011, Eguiguren asumiría formalmente como asesor del ministro del Interior de Piñera, Rodrigo Hinzpeter, en reemplazo de Cristóbal Lira. Aunque duraría poco y volvería a Sanhattan a inicios de 2012.

A pocos meses de dejar el gobierno creó su propia AGF, Picton, cuyos fondos hoy tiene como uno sus mayores inversionistas a la familia presidencial, como señaló el socio de VolcomCapital, José Miguel Bulnes a El Mercurio el 13 de diciembre de 2020. Celfin Capital hoy es BTG Pactual, que maneja parte del fideicomiso del Mandatario.

Tisné, en tanto, es socio de Moneda Asset Management, la empresa que -junto con manejar otra parte de su patrimonio- incluye a personeros de conocida amistad del Mandatario, que lo reciben cada año en su glamoroso seminario económico en el W.

Moneda, además, levantó el caso Cascadas en 2012, estallando un año después, donde las AFP, Moneda y Piñera se enfrentaron a Julio Ponce Lerou. Y manejó su primer fideicomiso en 2010

De la Barra, en tanto, dirige Compass Group, otra encumbrada AGF de Sanhattan, donde según Bulnes, la familia Piñera también invierte parte de su patrimonio en activos alternativos. Y allí trabajó 8 años Felipe Larrain Aninat, quien junto a Jose Miguel Bulnes y Sebastián Piñera Morel en 2015 crearon la AGF VolcomCapital, otra arista del caso Triangulaciones.

También sería clave en los cambios legales el integrante del CTI elegido por las AFP, Martin Costabal, último ministro de Hacienda de Pinochet y gerente general de AFP Habitat hasta 2004, quien fue justamente quien propuso el cambio en la forma de calcular los límites.

La Voz de los que Sobran accedió a las actas del CTI entre 2009 y 2010, cuando se tramitó el cambio en los límites de inversión, las cuales revelan un rol determinante de las AGF y Costabal en las modificaciones.

Los comensales

Ese 26 de marzo del último año del gobierno de Bachelet, Eguiguren, Tisné y De la Barra acudieron invitados al inicio del debate del CTI sobre la medición de la Inversión Indirecta. 

El tema era clave para sus negocios. La Acafi representa a las AGF, las que crean y gestionan los fondos de inversión.  En ellos ponen las platas las AFP y luego los dineros se invierten en acciones de grandes empresas (la inversión final).

La reforma de 2008 había obligado a medir en detalle la inversión ‘indirecta’ de los fondos de pensiones. Si no se ampliaban los límites las AGF que representaban no podrían recibir el flujo de los fondos de pensiones.

La contraparte en la mesa la presidía en ese momento Alvaro Clarke de la Cerda, ex DC, quien fuera subsecretario de Hacienda, luego superintendente de AFP y de Valores y Seguros y que en ese momento estaba designado por Bachelet.

Dueño de una Clasificadora de Riesgo, ICR, Clarke tenía camino recorrido. Al igual que otras ex autoridades del sector de la ex Concertación y de la derecha, ha desarrollado asesorías en el mundo privado y en paralelo ha prestado servicios al Estado o a empresas reguladas, aunque asegura que hoy no trabaja para el Fisco.

Además de Costabal, destacaba el economista Guillermo Lefort; gerente del Banco Central entre 1992 y el año 2000, en las presidencias de Roberto Zahler y Carlos Massad. Lefort ha asesorado a numerosas grandes compañías y estuvo en los directorios y comités de inversión de las aseguradoras Corpvida y CorpSeguros, entre 2009 y 2013, cuando las controlaba Alvaro Saieh. Estaba en el puesto como representante del BC.

También participaron Raphael Bergoeing, posteriormente superintendente de Bancos del gobierno de Piñera y hoy candidato a concejal por Providencia, y Eduardo Walker, conocido economista de la plaza. Ambos como decanos de universidades.

Cerraban el grupo los suplentes Igal Magendzo (asesor de Hacienda), Luis Ahumada, y el que sería más tarde asesor previsional de La Moneda, Augusto Iglesias Palau.

“Estigmatizados”

Los selectos invitados llegaron a poner en tabla algo que el CTI no había reflexionado mayormente: entre las inversiones indirectas estaban las que hacen las AFP en empresas relacionadas, por eso mismo prohibidas por el artículo 45 del Decreto DL 3.500.

La nueva fórmula incluida en la ley ponía límites máximos muy bajos a inversiones que al parecer ni siquiera se contabilizaban.

De la Barra ejemplificó con Banmédica. El holding de salud que era del grupo Penta y Eduardo Fernández León, los primeros dueños en aquel entonces de AFP Cuprum.

En esa acción, indica el acta, “invierten numerosos fondos de inversión, mencionando que éstos últimos suelen invertir en empresas de baja capitalización”.

Pero, Luis Figueroa el secretario técnico del CTI, le aclaró de inmediato que “la ley prohíbe la inversión directa e indirecta en relacionadas y por tanto, no es un problema del Régimen de Inversión” .

De la Barra se quejó que en el caso de “aquellos fondos de inversión que se especializan en activos poco líquidos, por el criterio de la inversión indirecta, serán estigmatizados”. Luego, preguntó derechamente si la intención era esa. “Habría que aclararlo”.

El único consejero que reaccionó en la conversación, según el acta, fue Martín Costabal: “históricamente los fondos de inversión han sido utilizados como vehículo para traspasar los límites de inversión”, dijo, negando que quisieran estigmatizar.

Entonces, De la Barra planteó que el 2% del emisor (acción final donde está el fondo de inversión) era un límite muy bajo y propuso llevarlo al 10% de la propiedad.

La conversación llegó hasta ahí según las actas. Otros temas fueron abordados por Acafi pero no se volvió a los relacionados.

En el cierre, eso sí, De la Barra explicó su rol como AGF y cómo funcionan ganadores y perdedores.

“Los fondos de inversión hacen de puente entre los que buscan financiamiento y los que tienen el financiamiento (Fondos de Pensiones)… la nueva normativa sería más restrictiva, castigando a los fondos de inversión, mientras que a los Bancos los Fondos de Pensiones los financiarían a tasas ridículas”.

Al mes siguiente de esta sesión, el 24 de abril de 2009 el entonces candidato Sebastián Piñera firmaría un fideicomiso con Moneda, Larrain Vial y Bice para administrar su patrimonio.

En mayo, Moneda incorporaría $ 2.275 millones del fideicomiso de Piñera al fondo Small Cap. En Pionero solo entraría en abril de 2011, cuando ya regía la nueva normativa, más laxa, para que las AFP pusieran más dinero en grandes empresas relacionadas.

De esta forma, en julio de 2012, cuando ILC, el holding de empresas de la Cámara Chilena de la Construcción (Cchc), vendió un 30% de la propiedad en bolsa, entró el público, entre ellos Pionero, con las AFP y Piñera, entre otros aportantes, detrás.

Tres años antes, en marzo de 2009, el CTI discutía cómo ajustar la ley a los reclamos de Acafi. En julio volvería a debatirlo.

Costabal

El 24 de julio de 2009, comenzaría a sellarse los nuevos límites.

El CTI había pedido a la superintendencia que “se volviera a estudiar el criterio adoptado en la primera versión del Régimen de Inversión”, aludiendo al 2% del emisor como ‘significancia’.

El consejo dejó para el final las inversiones de las AFP en empresas relacionadas.

Clarke opinó que las magnitudes eran bajas y Walker planteó modificar la redacción del capítulo de inversión prohibida.

Entonces Costabal intervino. Dijo que “la definición de inversión indirecta en la Ley, incluye el concepto de ‘significativa’ y que es uno solo y se aplica para todo, para medición de lo indirecto no relacionado y para la prohibición de lo relacionado”.

Según el acta, a continuación propuso el cambio clave: abandonar el 2% y usar un porcentaje más bajo respecto del fondo de pensiones. “Entonces en vez de poner la inversión indirecta como porcentaje del vehículo se puede poner en porcentaje del Fondo de Pensiones y se soluciona el problema de la inversión prohibida”.

Le Fort dudó pues “un monto de pequeñas inversiones distintas, que como porcentaje del Fondo de Pensiones terminan todas por pasar debajo, al acumularse terminan siendo algo más significativo”.

La conversación generó un debate y Clarke ordenó las cosas. “Hay un reconocimiento en el debate político y técnico del rol que cumplen los instrumentos de Inversión indirecta, como Fondos de Inversión o Fondos Mutuos”, dijo.

Clarke propuso tener otra sesión completa para este tema “e invitar a otras personas que hablen acerca de la inversión indirecta”. Volvería Acafi en noviembre. Aunque en el cierre, Figueroa planteó que la alternativa es medir la inversión indirecta, “respecto del valor de los Fondos de Pensiones, considerando un nivel de significancia”.

La mesa estaba servida.

Todos pasados

El tercer y último capítulo de esta historia ocurre el 28 de noviembre de 2009. Eguiguren concurre nuevamente, también con Tisné, pero se sumó Carmen Luz Granifo. 

Aunque la idea de medir sobre el 2% de emisor (la acción) ya estaba revisándose, Eguiguren reafirmó su preocupación por el tema.

También cuestionó abiertamente la forma en que se califica una empresa relacionada a una AFP. “Señala que difiere de la definición de grupo relacionado de la SVS, como ejemplo menciona a Cuprum-Banmédica”.

Eguiguren -quien no respondió nuestros mensajes y llamados- estaba preocupado de que grandes grupos económicos no puedan comprar una AFP, ya que “si algún grupo como Luksic, Matte o Angelini llegara a comprarse alguna AFP, los fondos de inversión estarían muy restringidos para invertir, ya que el 33% del IPSA pertenece a estos grupos”.

Acafi entonces propone subir de 2% a un rango de 5% a 10% “lo cual permitiría replicar de forma más razonable los índices chilenos”.

Luego se integrará a la discusión Costabal, cuando se retira Acafi.

La sesión continúa con la propuesta que ya tenía la superintendencia, que ya cambiaba las cosas.

Ahora la ‘significancia’ la determinaría el hecho que la inversión de una AFP en una firma relacionada, a través de un fondo de inversión, no supere el 0,05% de todo el multifondo, una base mucho mayor.

Se escribía así la primera modificación concreta al régimen de inversión. Hoy la cifra es de 0,1%.

Figueroa aclararía cómo el cambio soluciona el tema de las relacionadas, “ya que por ejemplo en el caso de una inversión específica de un emisor, si éste supera el umbral de significancia de 1 % pero no el 0,05% del valor del Fondo de Pensiones, esta inversión estaría permitida”.

La realidad era conocida. Sólo había que formalizarla. El funcionario de la superintendencia, Ramón Rebolledo, presentó cuadros con inversión prohibida. “Algunos como el caso de Banmédica (Cuprum), BBVA (Provida) y Citigroup (accionista de Habitat en ese momento) superan en algunos fondos de inversión el 2% de significancia”. Magendzo reaccionó sorprendido por el exceso de inversión aun cuando había prohibición. Las AFP vulneraban los límites en distintas empresas relacionadas.

Pero el acuerdo ya estaba. En los siguientes meses perfeccionarían la modificación y se transformaría en la Resolución número 4 de la Superintendencia en enero de 2011. Tres meses después, el patrimonio del Mandatario entraría al Fondo Pionero y un año más tarde ILC se abriría en bolsa. Allí Moneda -y las AFP- podría entrar sin preocupaciones legales y el Fideicomiso también.

La ex superintendenta de Pensiones, Solange Berstein se negó a comentar las actas reveladas. Desde el Banco Central, donde hoy es ejecutiva, indicaron que por sus labores actuales no puede referirse al caso.

Sí respondió Alvaro Clarke. “No recuerdo la discusión en detalle, pero cuando se hace una regulación no soluciona todo de manera perfecta. Siempre es un balance entre lo que puede ser razonable y donde razonablemente puedes pensar si podría llamarse un conflicto de interés. En eso siempre hay algo de arbitrario y tienes que balancear eso”.

Clarke también reflexiona sobre si con estas medidas no se está incentivando que los fondos de pensiones inviertan más en los grandes grupos económicos. “La actividad productiva en Chile tiene una determinada estructura y por lo tanto, el mercado de capitales se relaciona con la estructura que tiene la actividad productiva en Chile”.

En esa línea, explicó que “necesariamente tú requieres establecer un criterio, que podrá ser más amplio o más estrecho, pero la inversión a través de fondos que gestionan terceros, mientras no sea significativa, la verdad de las cosas no hay ninguna razón para leerla como inversión con parte relacionada”.

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