El legado de octubre

                                                                                                        “Yo no voy a renunciar”

                                                                                                        Salvador Allende Gossens

La revuelta abrió la puerta del poder o, si se quiere, resquebrajó su cerradura. Y ahora lo que cabe hacer –tal como ocurrió con el proyecto de retiro del 10% de las AFPs- es simplemente entrar y disputar mano a mano la elaboración de la Nueva Constitución. No se abre una puerta para que el fascismo la vuelva a cerrar. No se le deja al fascismo lo que corresponde a la revuelta. Por eso no solo hay que exigir la realización del plebiscito para el 25 de Octubre, sino además, hay que votar Apruebo y Convención Constitucional (no mixta) alcanzando al 70% si es posible y dejar al 30% reaccionario desarmado. Pero más importante será ganar los “constituyentes” de la Convención ulterior.

1.- El legado de Octubre sigue vivo. Su vitalidad no reside, sin embargo, en la cantidad de protestas que han estallado desde el 18 de Octubre hasta la fecha (con pandemia incluida), sino en el efecto destituyente que su ráfaga ha perpetuado. ¿Qué significa, pues, destituir? Ante todo, quitar el manto sagrado del que goza una determinada institución y mostrar su carácter profano. La destitución de Octubre implicó exponer el carácter absolutamente profano que tenía el orden político constituido desde la dictadura y, por tanto, mostrar su naturaleza histórica y política. El ordenamiento impuesto por la dictadura y profundizado por la episteme transicional no era sagrado. Tras él no había ninguna esencia: ni divina, natural, ninguna “necesidad” histórica que pudiera colarse: el 18 de Octubre profanó al poder y mostró que era posible transformarlo.

De manera agónica, el 18 de Octubre fue desafiado por el 15 de Noviembre que intentó calmar sus ánimos y restituir el aura de sacralidad que permitiera suturar la grieta abierta por Octubre. Pero no lo logró. La potencia de la sublevación y la exigencia histórica (que se remonta desde los tiempos de la Unidad Popular y mucho más atrás) por una democratización radical del país, no se lo permitieron.

Si bien, el 15 de Noviembre fue, en parte, un acuerdo oligárquico que, a través de la vía parlamentaria, transó la abertura de la vía constituyente al precio de impedir que cayera el gobierno, éste no neutralizó el impulso del 18 de Octubre como seguramente algunos esperaban. Las protestas siguieron. Incluso en la catastrófica llegada de la pandemia, la llamarada de protestas no se ha detenido. Tanto es así, que la atmósfera revolucionaria que se respira –con toda la desesperación que ella implica- forzó a varios parlamentarios a votar a favor del retiro del 10% de las AFPs.

A diferencia de los años 90 en que el proceso institucional terminó por devorar al movimiento popular, hoy día, parece ser la irrupción popular la que conduce al proceso institucional. Fue dicha irrupción la que abrió la posibilidad de la transformación constitucional porque fue ésta la que despojó al orden político y económico del aura de sacralidad con la que había sido investido bajo la prepotencia de ser el niño “modelo” (el “mejor alumno”) para la región.

La revuelta abrió la puerta del poder o, si se quiere, resquebrajó su cerradura. Y ahora lo que cabe hacer –tal como ocurrió con el proyecto de retiro del 10% de las AFPs- es simplemente entrar y disputar mano a mano la elaboración de la Nueva Constitución. No se abre una puerta para que el fascismo la vuelva a cerrar. No se le deja al fascismo lo que corresponde a la revuelta. Por eso no solo hay que exigir la realización del plebiscito para el 25 de Octubre, sino además, hay que votar Apruebo y Convención Constitucional (no mixta) alcanzando al 70% si es posible y dejar al 30% reaccionario desarmado. Pero más importante será ganar los “constituyentes” de la Convención ulterior.  

Porque el legado del 18 de Octubre no puede simplificarse a la dicotomía entre quedarse en una posición puramente “externa” al Estado o puramente “interna” de la misma donde la calle ya no tenga nada más que hacer y el discurso parlamentario la neutralice mientras no deje de hablar de en su nombre. Ambas lecturas suponen una noción “purista” de la revuelta que termina replicando la misma lógica de sacralización. Ambas lecturas son “estatalistas”, litúrgicas, pues una niega al Estado tan abstractamente como aquella que lo afirma sin condiciones.

La revuelta no fue “pura”, sino “sucia”, solo por eso fue hostil a la ciudad, no transó con su soberanía, con su orden, con sus brillantes palacetes de papel. Los saqueó y saqueó a un país que, gracias a la dictadura y a la penosa democracia había restituido la “hacienda” de los poderosos.

La revuelta no tiene un territorio preciso. Es nomádica y atraviesa cuerpos, fronteras y paredes. Puede ingresar a las casas con caceroleos, universidades, escuelas, clubes deportivos, malls; la revuelta devino el verdadero fantasma, su potencia nomádica puede transportar su intensidad a diversos lugares trastornándoles radicalmente. Porque la desesperación persiste, la revuelta se activa día a día visible o invisiblemente. La misma pandemia mostró que la revuelta terminó atravesándola, entre calles, mascarillas y caceroleos, el hambre se desata; incluso podía colarse en el Congreso Nacional –una institución del Estado- cuando éste discutía el retiro del 10% de las AFP y forzar un posicionamiento de los parlamentarios.

Por eso se equivoca el supuesto “izquierdismo” que pretende no votar o Rechazar para el plebiscito del próximo 25 de Octubre acusando todo el entramado de “traición” compartiendo el diagnóstico con el fascismo que acusa al gobierno de “traicionar” los valores que los llevaron al poder en 1973. La acusación de “traición” es la expresión del “purismo” sobre el cual se asientan ambas posiciones que, en el fondo, son la misma: creer que las instituciones son sagradas y, por tanto, inmodificables. Sea porque funciona el “falso mito” de que la oligarquía “siempre ganará” o porque esta Constitución fue necesaria para la “estabilidad”. Sin embargo, el “falso mito” –que paraliza a los populares y que naturaliza a la oligarquía- oblitera que el legado del 18 de Octubre fue la destitución de toda sacralidad, la profanación total de la máquina guzmaniana y la ruina sin retorno de su matriz.

2.- En el instante en que la “hacienda” arde, no podemos retroceder. Hay que avanzar posiciones, desde todos los lugares que permitan forzar a las instituciones y formas que disponemos y que catalice no solo una Convención Constitucional, sino el triunfo de la mayor cantidad de “constituyentes” que estén por no ceder a un nuevo Pacto Oligárquico.

Esto significa: abolir totalmente cualquier forma en que aparezca el Artículo 1 de la Constitución Política en el que se lee la frase: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad”.

Esa afirmación –conjuntamente con el párrafo que le sigue inmediatamente sobre la existencia de los “cuerpos intermedios”- condiciona la economización del Estado, es decir, la supeditación de la política a los intereses del capital global característico de la razón neoliberal. A partir de este artículo que opera como matriz ideológica del texto constitucional es que el régimen neoliberal queda “constitucionalizado” y, con ello, se vuelve imposible de modificar por los canales formales establecidos por la misma Constitución que le estructura.

La disputa que el 18 de Octubre ha de dar implica destituir todo el aparato conceptual neoliberal. Para eso, es necesario pensar otro modelo constitucional: si la Constitución de 1980 clausura las posibilidades de su propia transformación, la Nueva Constitución debe siempre dejar una puerta abierta para la potencia destituyente que debe irrumpir y generar nuevas posibilidades. Se trata, de una Constitución que asuma la profanación y mantenga la tensión expresiva y no solo representativa de las formas-de-vida para impedir su propia clausura y consecuente sacralización.

En este sentido, la Nueva Constitución ha de darle poderes al pueblo: no solo disminuir al hipertrófico poder del ejecutivo heredado por la peor de las tradiciones (la portaliana) que la historiografía más conservadora dio la dignidad de llamarse “republicana”, sino convertir al Estado de Chile en una verdadera República plurinacional.  

La transfiguración constitucional implica la inserción de los derechos sociales (justamente derechos que la razón neoliberal rechaza de raíz), abogar por la universalidad de la salud, educación y pensiones, recuperar los derechos para los trabajadores y, en general, derechos colectivos del pueblo chileno a sus bienes comunes más básicos que han sido sistemáticamente despojados por los grandes grupos económicos avalados, justamente, por ese mismo marco constitucional.

3.- Hoy –no mañana- es el tiempo de ingresar a la disputa política por el 18 de Octubre; hoy es la apuesta por estrategias que nos permitan apropiarnos de los mecanismos institucionales y usarlos para potenciar la democratización del país. Pues, como bien supo Marx, la humanidad siempre “se plantea los problemas que puede resolver” y, por eso jamás imaginamos in abstracto, sino siempre en virtud de las posibilidades abiertas por las condiciones materiales prevalentes. Nada más “realista”, nada más “responsable” como gusta decir a los heraldos del FMI, que imaginar y proyectar otro orden constitucional que recupere los derechos sociales, que haga del Estado plurinacional una República expresiva y no solo representativa.  

Sin embargo, sabemos que el 15 de noviembre instaló ciertos acuerdos oligárquicos que condicionan posibilidades. Sabemos que hay pactos, poderes, alianzas que no solamente están alojadas en la derecha, sino en la totalidad del espectro político y que harán todo lo posible para confundir y profundizar sus intereses. Sabemos, además, que la miserable fronda chilena depende de intereses imperiales que han terminado por descomponer a la región latinoamericana en pequeños señores de la guerra que han aceitado una nueva época de fascismo: desde Brasil a Bolivia, desde Paraguay a Colombia, el panorama es totalmente desolador para cualquier transformación política.

EEUU está pendiente del proceso chileno, como lo ha estado desde hace mucho interviniendo a veces descaradamente vía la prensa, partidos políticos y servicios de inteligencia. Estuvieron en el siglo XX, seguirán estando en el siglo XXI: ¿acaso no resulta verosímil el que la decisión de Piñera de declarar el estado de excepción en el 18 de Octubre pasara por la aprobación de la Casablanca cuando tres semanas más tarde íbamos a recibir la “fraterna” visita de Donald Trump en Chile por la APEC? ¿No habrá estado EEUU impulsando el acuerdo parlamentario del 15 de Noviembre?

A pesar de todo, la revuelta pudo y puede sobrepasar esas condiciones, trastornarlas radicalmente, sacarlas fuera de sí. Por eso, no podemos renunciar a la ráfaga que hemos abierto, sino más bien, apropiarnos de ella e inventar modos en que podamos transformar dichas condiciones y sea posible abrir nuevos usos a la institucionalidad. No se trata de una “revolución”, pero quizás, del inicio de un proceso de mayor envergadura que comprometerá a la posibilidad de un proyecto revolucionario chileno durante gran parte del siglo XXI. Por eso, no podemos, ahora, pretender votar Rechazo o no ir a votar porque, según el “falso mito” todo seguirá bajo el dominio de la misma fronda de siempre y, entonces terminar por solidarizar de facto con la “hacienda” –incluso si ésta, por táctica, decida apoyar el Apruebo.

Gran parte de la “hacienda” se inclinará hacia el Apruebo –qué duda cabe. Pero por una táctica que busca desesperadamente una alternativa pues resulta incapaz de “decidir sobre el estado de excepción”; mientras la revuelta ha sido capaz de marcar su ritmo, con leyes de terrorismo de Estado, con la irrupción de una pandemia y de una recesión económica que mostró al neoliberalismo no era otra cosa que un arma de destrucción masiva. La derecha económica y política podrá votar Apruebo para conservar sus prebendas e ingresar estratégicamente a la Convención Constitucional sin el lastre de la “dictadura” que les hizo perder legitimidad durante los años 90. Pero son ellos quienes se han subido a la ritmicidad de la revuelta y no la revuelta la que ha aceptado los juegos del soberano. Como la fotografía de Piñera en Plaza Dignidad, el soberano está solo pues no tiene pueblo a quien gobernar. El pueblo se ha sustraído a la “hipnosis” del poder. Por cierto, en su realismo político, la “hacienda” lo sabe perfectamente y aprovechará la Convención Constitucional para intentar legitimar democráticamente al orden neoliberal. Para ellos es el momento para volver a sacralizar lo que la revuelta profanó. Para la revuelta, el momento constituyente implica la profundización de la profanación y la destitución de cualquier restitución sagrada.  

El 18 de Octubre destituyó la institucionalidad y mostró que tras ella no había nada ni nadie sagrado (ni Dios, Naturaleza ni Necesidad histórica). Todo fue profanado y, en ese efecto tremendamente político, hemos devenido potencia porque hemos restituido nuestra capacidad de cambiar el país y dejar atrás el lastre de la dictadura y de su profundidad neoliberal. “Podemos” –no solo “debemos” in abstracto– votar Apruebo con independencia de lo que haga o no la “hacienda”. Y “podemos” porque el 18 de Octubre sigue vibrando en nuestros cuerpos, porque no podemos renunciar a la grieta que, después de años de lucha, nosotros mismos supimos abrir. La grieta es nuestra, se hizo pulso a pulso, muerto a muerto, ojo a ojo, tortura a tortura, perro a perro, grafiti a grafiti. Y no la podemos soltar jamás. No podemos renunciar a nuestra potencia. Hacerlo, significa dejar que el fascismo no deje de vencer.

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