El juicio por las víctimas de Recoleta

Foto: Agencia Uno

Hoy son 62 vecinos, pero si el proceso judicial sienta precedentes de vulneración de derechos fundamentales, ¿cuántas víctimas fatales de las 11.781 muertes reconocidas en el país cobradas por la pandemia, serán imputables a la negligencia de aquellas autoridades? La defensa quisiera dar seguridad a sus defendidos de que no tienen nada que temer frente a una crisis sanitaria que nadie habría podido conducir mejor que ellos.

La salud es un derecho garantizado. Pero si realmente es exigible y justiciable en nuestra institucionalidad, lo pondrá a prueba la querella por cuasidelito de homicidio y denegación de auxilio presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, contra el presidente Sebastián Piñera, el ex ministro de Salud Jaime Mañalich, y los subsecretarios de Salud, Paula Daza, y de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

El escrito subraya que el Ejecutivo no tomó decisiones drásticas para enfrentar la crisis sanitaria, que actuó con sesgo social y político respecto de comunas social y económicamente deprimidas y con altos niveles de hacinamiento, situación que las mismas autoridades sindicadas confesaron ignorar. Luego señala que los sistemas de salud primaria quedaron fuera del circuito de atención, lo que contribuyó al ineficiente e inoportuno manejo de la pandemia. A ello se agregó la negligencia que entraña el deliberado ocultamiento de información crucial para atacar la propagación de la enfermedad, y en la publicación de datos imprecisos, lo que dificultó la temprana trazabilidad de la covid-19.

Las víctimas no pudieron ser trasladadas a residencias sanitarias y hospitales. En consecuencia, por denegación de auxilio y abandono de destino, no pudieron recibir los cuidados requeridos que hubieran permitido salvarles la vida. No obstante, ya el 20 de marzo, recién declarado el estado de excepción constitucional, los municipios y el Colegio Médico pidieron al Gobierno que se estableciera el confinamiento pleno de la región Metropolitana y la cuarentena obligatoria para todo el territorio nacional. Desde la administración central se les respondió que no era necesario y que se persistiría en cuarentenas graduales y selectivas, lo que se ha conocido como el contagio de rebaño, porque todos acaban exponiéndose a la enfermedad, pero en forma paulatina y «dosificada» para no colapsar el sistema de atención de salud.

Pocos diseños de política resultan tan experimentales y tan crueles como el modelo de la inmunidad de rebaño, donde las personas constituyen la válvula de regulación del sistema. Algo que Paris niega. Como era previsible, con su puesta en práctica se dispararon las estadísticas de contagios, y las tasas de mortalidad de la población superaron las cifras constantes, confirmando con ello que habían fallecidos declarados por covid-19 y fallecidos designados por causas distintas, lo cual generó discrepancias y controversias acerca del verdadero número de decesos provocados por coronavirus. De aquí la inconsistente cifra de 16 mil decesos, cuatro mil de los cuales se definen como muertes sospechosas asociadas a COVID-19.

La leve y líquida ofensiva gubernamental

Para el Gobierno, la defensa de las cuatro altas autoridades parece ser un trámite menor, que debiera culminar en breve plazo. De ahí la estratagema desplegada por la defensa para precipitar un giro en el proceso a fin de lograr la remoción de Marcelo Carrasco, de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, que viene llevando la causa durante los últimos tres meses. Dicha operación fue resistida por el Fiscal Nacional Jorge Abbott, que no cedió a la presión oficialista y que, por el contrario, puso el caso en un estándar de mayor jerarquía cual es el del jefe de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz (curiosamente armendáriz deriva del latín armentarici y éste de armentum, que significa rebaño), de quien depende Carrasco y a quien le corresponde acoger o impugnar la queja política de los abogados defensores.

Podría pensarse que la negativa de Abbott le abre un nuevo flanco externo, luego de las amenazas públicas y explícitas formuladas por Pablo Longueira a raíz de su desempeño en el juicio de SQM.  Recordemos que el exdirigente de la UDI ha manifestado que demostrará el próximo 5 de octubre que Abbott habría negociado en el Senado las responsabilidades de los involucrados en el cohecho, lo que libró al ex ministro Jorge Insunza de ser formalizado. Parece, sin embargo, más acertado suponer que de esta manera el fiscal consigue fortalecer su posición y la del Ministerio Público frente al Ejecutivo, en un momento de bastante fluidez e inestabilidad de las creencias y adhesiones ciudadanas. La institucionalidad jurídico-política del país está atravesando por una transición donde todos los poderes públicos re-concursan para conquistar, a la luz de los valores que han cobrado preeminencia el último año, una nueva legitimidad democrática.

Por eso, rotular de comunista a todo aquel que persiga la justicia y la defensa de los derechos humanos, como lo hace el ex senador Longueira, resulta del todo infecundo. « ¿Saben quién es la Horvitz? —preguntaba Longueira, buscando desacreditar el nombre— Conoces perfectamente quién es. La comunista, penalista, que me está persiguiendo en el Consejo de Defensa del Estado». Por cierto, el Consejo de Defensa del Estado rechazó sus dichos, que habían sido refrendados por la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe. También lo hicieron ciento cincuenta mujeres abogadas del más variado arco político, que respaldaron a la consejera María Inés Horvitz. Una solidaridad semejante movilizó a la Asociación Nacional de Fiscales en apoyo del persecutor que la defensa de Piñera, Mañalich, Daza y Zúñiga, pretendía sacar del caso.

Pero no estamos en los tiempos de la Guerra Fría, lo cual significa que sus vetustas amenazas distan más de medio siglo de nuestra época. Y ya no estamos en presencia de las baterías teóricas e intelectuales que sirvieron para explicar los conflictos internos a partir de los equilibrios externos, y para justificar así los miedos y las estrategias políticas domésticas en función del fantasma comunista. No sirven para comprender el chavismo venezolano, ni para actuar frente a él, y no sirven para entender el comportamiento de la izquierda chilena y su política de alianzas. El Partido Comunista no forma parte del Frente Amplio respecto del cual el senador socialista José Miguel Insulza estima ridículo insistir en buscar acuerdos de mayoría. Guste o no, los comunistas formaron parte del último gobierno de la presidenta Bachelet, y fueron Fuad Chahin, actual presidente de la Democracia Cristiana con pretensiones de seguir al mando de la tienda, y los grupos de poder internos que lo apoyan, quienes forjaron en la década que concluye una coalición política con ellos.

Y, por otra parte, si ya es erróneo ver propósitos corporativos en adhesiones motivadas por los valores de justicia, objetividad e independencia, es un desacierto metodológico inexcusable describir las actuales formaciones sociales como si se tratase de asociaciones premodernas simples. No lo son, y deben ser entendidas, siguiendo a Zygmunt Bauman, como expresiones desinstitucionalizadas, individualistas y móviles, de una sociedad posmoderna, líquida y diversificada.

La grave y sólida configuración de crímenes de lesa humanidad

Lo mismo vale para juzgar el origen de la demanda contra los responsables directos de controlar la pandemia de coronavirus que, debiera también incluir a los por entonces ministros del Interior, Gonzalo Blumel, y de Defensa, Alberto Espina. Más allá de la militancia comunista de Daniel Jadue, un dato que no es irrelevante, pero que tampoco es determinante para el mérito de la acusación, están los principios de justicia y la doctrina de los derechos humanos, inherentes a la cultura política general del país que le da contexto.

La demanda alude a 62 vecinos de la comuna de Recoleta que perdieron la vida producto de negligencias deliberadas perpetradas por la autoridad. Este es el hecho crucial; no la militancia comunista del alcalde Jadue, ni sus oportunidades presidenciales. La defensa del Gobierno quisiera ignorar con el ardid de la pérdida de objetividad del fiscal a cargo, la gravedad y trascendencia del caso.

Hoy son 62 vecinos, pero si el proceso judicial sienta precedentes de vulneración de derechos fundamentales, ¿cuántas víctimas fatales de las 11.781 muertes reconocidas en el país cobradas por la pandemia, serán imputables a la negligencia de aquellas autoridades? La defensa quisiera dar seguridad a sus defendidos de que no tienen nada que temer frente a una crisis sanitaria que nadie habría podido conducir mejor que ellos. Pero ¿realmente sus defendidos podrían seguir convencidos de haberlo hecho de maravillas y de que no tienen nada que temerle al proceso judicial en curso? ¿Bastará el balance autocomplaciente del subsecretario Arturo Zúñiga?

Las primeras 50 denuncias a la Fiscalía de Bergamo, ciudad cercana a Milán, Italia, se presentaron a principios de junio en representación de las 35.587 víctimas fatales de coronavirus de la península. El 13 de julio, el Comité constituido para monitorear las gestiones judiciales, envió una carta  a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y al presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Ròbert Ragnar Spanò. En la misiva pedía supervisar las investigaciones en curso porque podrían estar prefigurándose crímenes de lesa humanidad en contravención de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde explícita y literalmente se propugna que «La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida», «Toda persona tiene derecho a la vida» y «Toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica».

Las tasas de mortalidad por coronavirus de Italia y Chile son semejantes; 1.697 personas por millón de habitantes. Dicha equivalencia desmiente lo afirmado por el presidente Piñera cuando declaró el estado de emergencia el 18 de marzo: «Chile está mucho mejor preparado que Italia para enfrentar esta situación».

El proceso abierto en Italia contra el primer ministro Giuseppe Conte, el ministro de Salud Roberto Speranza, y los ministros del gabinete que participaron en la gestión de la emergencia, se sostiene, al igual que en Chile, en la hipótesis de que la propagación de la covid-19 podría haberse evitado con «el cierre drástico de todo», es decir, imponiendo la cuarentena total en el territorio nacional. A Conte, un jurista al frente de un gobierno inestable, se le acusa de pandemia negligente y de homicidio negligente múltiple. Quien decidirá su destino es la jueza del Tribunal de Roma Clementina Forleo. La magistrada oriunda de Bari, de 57 años, ha sido tradicionalmente crítica del sistema de justicia italiano, de la mafia y de la corrupción administrativa. Fue ella quien ordenó detener a los miembros del clan Casamonica, un grupo de origen gitano vinculado al narcotráfico, la usura y la extorsión. El juicio se inicia tras ocho meses de declarado el estado de emergencia en Italia.

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