El gobierno del abandono a los Derechos Humanos

El gobierno del abandono a los Derechos Humanos

Hemos constatado un actuar negligente del gobierno y lento avance de los sumarios a funcionarios policiales que cometieron violaciones de derechos humanos, desde el 18 de octubre hasta la época de pandemia. Y como si fuera poco, tenemos de telón de fondo las declaraciones de Mario Rozas, actual General Director de Carabineros, quien ha relativizado estos delitos señalando que “se construyeron relatos con muchas exageraciones y falsedades” respecto de Carabineros de Chile.

La agenda del actual gobierno de Sebastián Piñera ha demostrado una y otra vez cómo los derechos humanos no son una prioridad para esta administración. Incluso, hemos visto cometer actos y decisiones del propio Presidente de la República que atentan contra la garantía y el respeto de los derechos de los chilenos y chilenas, especialmente tras la revuelta social iniciada el 18 de octubre pasado.

Persecución de la protesta social

El uso de la violencia desmedida por parte de Carabineros en la represión de las manifestaciones sociales de Plaza de la Dignidad, y a lo largo del país, fue una alerta que se levantó en los diversos informes internacionales actuales sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile. Las detenciones irregulares, la aplicación de agravantes y el uso sistemático de la prisión preventiva con los presos y presas de las protestas son un reflejo claro del sesgo que el ejecutivo, a través de sus policías y también desde la fiscalía, ha tenido al mostrar un castigo al pleno ejercicio del derecho a la manifestación, reunión y libertad de expresión.

Otra señal clara de persecución ideológica a la movilización social fueron las fichas de dirigentes y líderes sociales que Carabineros de Chile mantenía indicados como “blancos de interés”, que fueron desclasificadas a inicios del mes de noviembre. En dichos documentos también se daba cuenta de infiltraciones de efectivos policiales en movilizaciones y actos como la ceremonia de entrega de títulos póstumos a detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en la Casa Central de la Universidad de Chile. Resulta, por lo bajo, ofensivo que un acto de reparación a víctimas de violaciones a los derechos humanos de una universidad pública sea investigado e intervenido como una actividad sospechosa.

Gobierno de los mejores 

En la conformación del gabinete de Sebastián Piñera, si ya resultaba difícil la figura de Hernán Larraín (UDI) como Ministro de Justicia y Derechos Humanos por su vinculación y respaldo a Colonia Dignidad cuando fue senador por la región del Maule, sin duda el nombramiento de Macarena Santelices como Ministra de la Mujer y Equidad de Género fue una verdadera afrenta para el mundo de la defensa y promoción de los derechos humanos. La ex alcaldesa de Olmué en diversas entrevistas y declaraciones ha manifestado su respaldo a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidos durante la dictadura, además de referirse explícitamente contra las luchas de las mujeres y de la comunidad LGTBI.

En la misma línea de retrocesos, también es responsabilidad directa del presidente Piñera el indulto en mayo pasado, por “razones humanitarias”, a Demóstenes Cárdenas Saavedra, un ex agente de la DINA.

En materia legislativa, hemos visto con preocupación cómo el gobierno ha impulsado una batería de proyectos de ley que atentan contra los derechos humanos. Primero fue el proyecto de Protección a la infraestructura Crítica, que autoriza a los uniformados a custodiar edificios públicos sin necesidad de decretar un estado de excepción. Luego, el proyecto de modernización de la Agencia Nacional de Inteligencia, donde se le entregan potestades a funcionarios policiales para hacer seguimiento a aquellos que somos activistas sin necesidad de autorización judicial, cosa que, como mencionamos, Carabineros ya estaba haciendo de forma ilegal. A esta agenda legislativa regresiva se añade, entre otros, el proyecto de reforma a la policía, que no cuenta con un enfoque central en la protección, promoción y respeto de los derechos humanos, un enfoque que urge y que fue reiterado en las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos.

Impunidad cómplice 

El entusiasmo y celeridad que hemos visto en el Ejecutivo para empujar esta agenda que da un viraje fuerte hacia el control autoritario, es justamente lo que ha faltado en materia de justicia, proyección y reparación a las víctimas de torturas, apremios ilegítimos y vejámenes. También hemos constatado un actuar negligente en lento avance de los sumarios a funcionarios policiales que cometieron violaciones de DDHH, desde el 18 de octubre hasta la época de pandemia. Y como si fuera poco, tenemos de telón de fondo las declaraciones de Mario Rozas, actual General Director de Carabineros, quien ha relativizado estos delitos señalando que “se construyeron relatos con muchas exageraciones y falsedades” respecto de Carabineros de Chile.

Esta sensación de impunidad se agudiza cuando en las semanas recientes se han dado a conocer antecedentes de las investigaciones en los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai donde, una vez más, se comprueban preocupantes obstrucciones en la de investigación de estas graves violaciones de derechos humanos por parte de Carabineros de Chile, generando dilaciones innecesarias.

La gota que rebalsó el vaso en este abandono de los derechos humanos la encontramos con la nominación del juez Raúl Mera a la Corte Suprema, el mismo juez que en su trayectoria cuenta con un historial de diversos fallos en los que ha dejado prevalecer la impunidad de los delitos cometidos en dictadura, así como otros en los cuales se ha visto una desprotección de los derechos humanos y el medio ambiente. 

Si a todo lo anterior agregamos la ausencia permanente y el silencio casi cómplice de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, y la crisis profunda por desmantelamiento y falta de apoyo que atraviesa en INDH, terminamos de completar este complejo cuadro para  la protección, promoción y respeto de los derechos humanos. 

Ad portas de un aniversario del 18 de octubre, en un escenario post pandemia que solo ha profundizado el descontento social, consideramos imprescindible un cambio de enfoque en la materia. Llamamos a las fuerzas políticas y las organizaciones de la sociedad civil a que estemos más alertas que nunca y redoblemos los esfuerzos en la defensa de los derechos humanos ante el abandono del gobierno de Sebastián Piñera. 

Sobre el Autor

Ninoska Henríquez Araya, Natalia Sánchez Mella y Jaime Fuentes Purran

Ninoska Henríquez Araya, Natalia Sánchez Mella y Jaime Fuentes Purran. Comisión de Derechos Humanos, Convergencia Social.

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