El gobierno de la Unidad Popular en el Wallmapu

Foto: Raymond Depardon

La gran pérdida territorial mapuche se produce en los años inmediatamente posteriores al proceso de Ocupación Militar de la Araucanía, donde los habitantes ancestrales fueron reducidos a la fuerza al 5 % de su ocupación ‘efectiva’ -500.000 hectáreas distribuidos en 3.000 Títulos de Merced, alrededor de 6 hectáreas por familia- adjudicando en remates y concesiones de colonización sus ‘tierras antiguas’ a colonos, extranjeros y chilenos, en lo que constituye el origen de la gran propiedad latitudinaria y forestal en Wallmapu. A partir de entonces, entre 1929 y los inicios de la década de 1970, particulares se hicieron, además, de alrededor de 100.000 hectáreas de las tierras reduccionales, a través de corridas de cercos, arriendos a 99 años o compras fraudulentas.

El 28 de Julio de 1967[1], se dicta la ley de Reforma Agraria N°16.640, con el objetivo de reestructurar la gran propiedad agrícola, a nivel nacional, estableciendo que los predios agrícolas cuya superficie exceda las 80 hectáreas de riego básico (HRB) serán expropiados y transferidos en el exceso a los trabajadores del mismo, como también los predios abandonados o mal explotados.

La Reforma Agraria, sin embargo, aparecía como una solución para resolver la demanda campesina, “La tierra para el que la trabaja”, que muchas veces entraba en contradicción con la demanda mapuche, “La tierra para sus dueños ancestrales”, sobre todo tomando en cuanto los mapuche no trabajaban en los campos que les fueron usurpados, de los que eran ahora vecinos, quedando excluidos del proceso. El cambio comienza a principios de la década de 1960, específicamente el 6 y 7 de enero de 1962, cuando se realiza el Primer Congreso Provincial de Campesinos e Indígenas de Cautín, que reclama “La restitución de las tierras usurpadas por los dueños de fundos” y “Que a los indígenas se les considere como a todo campesino del país para las parcelaciones de los fundos sobre la Reforma Agraria”.

Inaugurando el proceso reivindicativo, en octubre de 1961 familias mapuches aledañas al fundo Chiguaihue ocupan el predio de sus antepasados, acción que le costó la cárcel al Lonko Juan Millacheo y la muerte a Carlos Collío, quien fue baleado por el dueño del predio. En aquellos días se acude a la primera presencia patronal organizada en un predio ocupado por mapuche, con representaciones de los Sindicatos de Empleadores Agrícolas de Traiguén, Victoria, Collipulli, Angol, Los Angeles, etc, en un número aproximado de una centena y más de cincuenta vehículos motorizados[2], en lo que constituirá el origen de lo que serán los ‘Grupos de Retoma Patronales’ de los predios ocupados por comunidades y organizaciones mapuche.

El movimiento de reivindicación territorial mapuche comenzaba así un camino sin retorno, en diversas partes de Wallmapu las comunidades ocupaban predios exigiendo al Estado chileno su devolución. Así lo hacían familias de Ranquilhue, Choque, Ranquilco, El Malo, quienes ingresan a la Hacienda Tranaquepe, sus tierras ‘antiguas’, en Arauco; dos años, después, en marzo de 1969, hacía lo mismo las comunidades de Quetrahue, Reñico, Maitén, Didaico, Pantano, ingresando a los predios de la Sucesión Moena, en Lumaco; así también ocurría con los predios Alaska y Pidenco, en Ercilla.

En consecuencia, cuando el 4 de noviembre de 1970 Salvador Allende asume el gobierno y se instala en La Moneda, deberá enfrentar una demanda que en aquellos días cumplía un siglo: la demanda territorial del pueblo mapuche.

Para ello, el programa de Gobierno de la Unidad Popular plantea la promoción del desarrollo económico y social del pueblo mapuche, y la profundización del proceso de Reforma Agraria y pone a disposición los mecanismos expropiatorios contenidos en la Ley 16.440 para enfrentar la demanda territorial. El recuerdo del entonces Ministro de Agricultura, Jacques Chonchol, es el siguiente:

“La ley indígena no permitía la restitución de tierras usurpadas, estaban los métodos tradicionales que había que seguir a través de los Juzgado de Indios, lo que lo hacía interminable, y entonces Allende tuvo una idea: me dijo ‘por qué no aplicamos la Ley de Reforma Agraria para resolver los problemas de restituciones de tierras, y cuando haya un fundo en esta zona que ha sido expropiado y en el cual hay tierras usurpadas lo primero que vamos a hacer, antes de constituir asentamiento, es restituir las tierras a las comunidades que han sido usurpadas, y además para resolver esos problemas lo más rápidamente posible y para enfrentar esta situación de emergencia vamos a trasladar el Ministerio de Agricultura a Temuco por lo menos durante 2 meses”.

Efectivamente, Salvador Allende ordena que en enero de 1971 se trasladen a Temuco funcionarios de todos los Ministerios y reparticiones públicas, encabezadas por el Ministerio de Agricultura, funcionarios de la CORA (Corporación de Reforma Agraria), INDAP, SAG, INIA, ODEPA, Instituto de Capacitación para la Reforma Agraria, Corporación de la Reforestación, de los Ministerios de Economía, Obras Públicas y Transporte, Hacienda, Tierras y Colonización, Educación, Vivienda y Urbanismo, Interior, Salud, y de instituciones como ODEPLAN y CORFO.

En términos de resultados inmediatos, la CORA expropió en los meses de enero y febrero de 1971 un total de 14 predios, restituyendo a las familias mapuche una superficie física de 13.416 hectáreas: el llamado ‘Cautinazo’, en la memoria histórica. En forma paralela, se crea la ‘Comisión de Restitución de Tierras Usurpadas’, la que de oficio restituirá a los mapuche un total de 68.341 hectáreas que habían sido sustraídas de los Títulos de Merced, e integradas fraudulentamente a los fundos vecinos. Al mismo tiempo, se crea en Temuco el Instituto de Capacitación Mapuche, el que es inaugurado el 28 de marzo de 1971 por el Presidente Salvador Allende, quien en su discurso describe sus objetivos centrales: “Proporcionar capacitación técnica y promoción profesional, con el objeto de preparar mano de obra calificada en cualquiera de los sectores de la producción y organizar su comercialización.En general, servir como un instrumento en la capacitación de todas las materias que sea necesario impartir.”

Por su parte, surgirán movimientos que sumarán en su accionar a las agrupaciones mapuche. El Movimiento Campesino Revolucionario (MCR) ocupará diversos predios de antiguo dominio mapuche, y el 19 de noviembre de 1971, realiza una concurrida concentración en la Plaza Pinto de Temuco, para exigir la realización de una “Reforma Agraria Revolucionaria a cambio de la Reforma Agraria de los ricos” [3], exigiendo al gobierno expropiar sin considerar la cabida del predio, sin indemnización, sin reservas para los propietarios, e incorporando en el acto expropiatorio las maquinarias y las instalaciones existentes en el predio expropiado para así asegurar la producción. El Movimiento ‘Netuaiñ Mapu’, ‘recuperaremos la tierra’ en lengua mapuche, lleva a cabo sus acciones principalmente en las comunas de Cunco, Nueva Imperial y Carahue, siendo emblemática la ocupación que hacen el 17 de octubre de 1971 de los predios Loberías, El Plumo, Toquihue y Las Marías, en la comuna de Puerto Saavedra, propiedad del dirigente agrícola Domingo Durán.

En este contexto -de gran despliegue de la actividad reivindicativa territorial mapuche- el gobierno de la Unidad Popular desarrolló su acción por dos caminos paralelos: por un lado, responder a la demanda mapuche dentro de la legalidad vigente, y por otro, crear las condiciones políticas para avanzar en el proceso de expropiación, poniendo en producción los predios expropiados. Todo ello enmarcado en una política de diálogo con las comunidades, denegando a los propietarios el auxilio de la fuerza pública para el desalojo de los ocupantes, habida consideración de que ello agudizaría el conflicto.

Sin embargo, la política de diálogo fue violentamente interrumpida en noviembre de 1971, momento en que los “Comité de Retoma Patronales”, quienes comenzaron a actuar, inaugurando sus acciones en el fundo Rucalán, propiedad de los hermanos Landerretche, en Carahue, resultando tres mapuches heridos; continuando en Huilío, Nueva Imperial, donde particulares armados llegaron al predio lugar en el que se encontraban 15 familias mapuche, allí asesinaron a balazos a los hermanos Ramón y Francisco Cheuquelen. Dejaron  un reguero de heridos.

Ya en el año 1972 los Comité de Retoma Patronales desalojan a los mapuche de las comunidades Pedro Huilcal e Ignacio Huilquilao, en Lautaro, que reivindicaban la devolución de tierras que formaban parte de los Títulos de Merced y que habían ingresado subrepticiamente al fundo Santa Ana, de propiedad de Lorenzo Taladriz.  Para ello acudieron al predio en una caravana de 50 vehículos y 150 latifundistas armados, entre ellos los parlamentarios Oscar Schlayer y René García, del Partido Nacional; en el fundo Los Pinos, en Toltén, son heridos cuatro mapuche y un niño de  seis años, que se encontraba a mil metros del lugar. Otros hechos similares ocurren en el fundo Bajo Muco, en Lautaro y en el fundo Molulco, en Cunco; en este contexto ocurre la muerte de Juan Huilipán, en el fundo Brasil Sur, en Lautaro y el desalojo a la fuerza de mapuches del MCR que habían ingresado al fundo Chesque, quienes son atacados a balazos por su propietario, Martín Doyarcabal, y otros particulares que lo acompañaban.

Así dieron muerte a Moisés Huentelaf y recibieron el apoyo de la Federación de Sindicatos de Agricultores “como lo ha hecho y lo hará con cualquier agricultor que, haciendo uso de su legítimo derecho de defensa, enfrente una agresión que le pueda costar la vida”[4], se leía en el Diario El Mercurio.

 Los grupos paramilitares de derecha se habían integrado al panorama cotidiano.

En términos territoriales, durante el año 1971 la CORA -en las Provincias de Malleco y Cautín- se expropiaron un total de 70.103 hectáreas en favor de comunidades mapuche, a las que se suman 68.341 hectáreas que habían sido restituidas por la Comisión de Restitución de Tierras Usurpadas. En el año 1972, el proceso expropiatorio continuó su camino, expropiándose a favor de las comunidades mapuche un total de 81 predios, por una cabida de 51.687 hectáreas.

Un elemento importante en este proceso será la dictación de la Ley Indígena 17.729, el 26 de septiembre de 1972, que establece la posibilidad de restituir tierras utilizando para ello la normativa de la Ley de Reforma Agraria, dispone de un mecanismo de protección de las tierras mapuche, ordenando la prohibición de enajenar tierras y darlas en arrendamiento, salvo entre mapuche, declaró la indivisibilidad de la comunidad, prohibió la liquidación de las tierras comunitarias y determinó su inembargabilidad.

Al año 1973 el proceso de reforma agraria había cumplido su objetivo -en cuanto a la restructuración del agro a través de la expropiación de los grandes latifundios, que sobrepasaban las 80 HRB-, pero aun así quedaban numerosas situaciones territoriales pendientes.

Sin embargo, el gobierno de la UP decidió no abandonar el proceso, y lo hace aplicando la causal de “mala explotación y/o abandono de los predios”, también establecida en la Ley de Reforma Agraria, contradiciendo a aquellos que alegaban (y alegan) la ‘ilegalidad’ del proceso, ya que en palabras del Ministro Chonchol “La decisión del gobierno es hacer la Reforma Agraria dentro de la ley, pero aplicando hasta el último artículo de la ley”, expropiándose en  el año 1973 un total de 10 predios, 7.629 hectáreas, para ser restituidas a las comunidades mapuche, siempre dentro del marco legal.

Es entonces, en 1972, que hace su aparición pública el ‘Movimiento Nacionalista Patria y Libertad’, agrupación paramilitar al que se plegaron numerosos dueños de fundos, realizando múltiples acciones de ‘retoma’ armada y adjudicándose gran parte de los atentados y actos de sabotajes propiciados por los opositores al Gobierno de la Unidad Popular en la Araucanía.

En conclusión, y como resultado final del proceso, a septiembre de 1973, el total de tierras expropiadas por CORA, en las Provincias de Malleco y Cautín, alcanzó a 688 predios, con una superficie total de 739.245 hectáreas, de las cuales 152.416 hectáreas lo fueron en favor de mapuche, a las que se suman las 68.000 que fueron reintegradas a los Títulos de Merced por la Comisión de Restitución de Tierras Usurpadas.

Todo este proceso es cortado abrupta y dolorosamente con el el Golpe de Estado, que hizo su llegada al territorio mapuche antes que el resto del país. Prueba de ello fue el allanamiento realizado por efectivos militares el 29 de agosto de 1973 en el Asentamiento Loberías, donde es brutalmente torturado el dirigente Segundo Quian, quien fallece el 8 de septiembre.

A partir del 11 de septiembre la persecución y la muerte se expanden por todo Wallmapu, donde la represión tuvo un carácter especialmente virulento, y cargado de racismo: los mapuche perdieron todas las garantías y logros alcanzados, los bienes y mejoras realizadas en los Asentamientos y cooperativas, las tierras recuperadas.

Hubo una gran represión y persecución a los dirigentes mapuche, sobre todo a aquellos vinculados a los Asentamientos, Cooperativas y Centro de Reforma Agraria.

Entre muchos otros, son asesinados y desaparecidos están Pedro Millalen, del asentamiento Elmo Catalán, en Lautaro; Andrés Levio; Jose Meliquen; Julio Paine, de Muco; Manuel Lizama Cariqueo; Segundo Lepin; Juan Segundo Nahuel; Heriberto Collío; Victor Llanquien, de Huircaleo; Gregoria Carilaf, de 73 años, quien murió como consecuencia de los golpes propinados por carabineros que buscaban a su hijo; y en un caso emblemático, Julio Ñiripil Paillao, joven mapuche de 16 años de la comunidad de Huircaleo, quien fue ejecutado en el patio de su casa por carabineros, delante de su madre, para luego ser obligada a recoger el cuerpo y sepultarlo.

A modo de conclusión, podemos decir que durante el gobierno de la Unidad Popular en Wallmapu se vivieron momentos que no tienen precedentes en la historia de la relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, momentos en que se lograron reconstituir parte importante de los antiguos Lof, las unidades territoriales previas al proceso de Ocupación Militar del Wallmapu, momentos donde la calidad de vida alcanzó niveles insospechados hasta entonces, en que los niños por primera vez tuvieron zapatos, todos momentos que forman parte de la memoria comunitaria. Todo resultado de un proceso en que la voluntad política expresada personalmente por el Presidente Salvador Allende, tuvo mucho que ver.


* Referencias:

Reemplazándo la Ley de Reforma Agraria N°15.020, de 1962, conocida como la Reforma Macetero, por la escasa superficie que fue expropiada, y porque entre las causales de expropiación no hacía referencia alguna al tamaño del predio, manteniendo el improductivo latifundio intocado.

Diario Austral de Temuco, 31 de agosto de 1969

Diario Austral de Temuco, 19 de noviembre de 1971.

Diario El Mercurio de Santiago, 26 de octubre de 1971

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