El general de Carabineros regalón de los noticiarios formalizado por cohecho y asociación ilícita

General Manuel Valdés durante punto de prensa del 27 de marzo de 2020. Foto: @Carabdechile

Manuel Valdés Pinochet, encargado de fiscalizar e informar a la prensa sobre el comportamiento de la ciudadanía en las calles capitalinas, hoy está acusado por el Ministerio Público de ser parte de una organización criminal formada por uniformados, quienes recibían coimas de una empresa a cambio de que automóviles retirados de circulación fueran enviados a su aparcadero.


“Fundamentalmente, los hechos más graves ocurrieron en el sector de Plaza Italia, en donde hubo personas que en forma muy violenta ocasionaron desórdenes, daños a mobiliario, daños a la propiedad privada (…) Eso conllevó a que en ese lugar tuviéramos seis personas detenidas. Hay que lamentar también que se destruyó un bus de la Línea Red”.

Lo anterior es parte del balance que el día 10 de octubre de 2020, hace tan solo 7 meses y en jornadas previas a la conmemoración del primer año del estallido social, realizaba en la capital el general de Carabineros Manuel Valdés Pinochet, esto en su calidad de Jefe de Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial.

Entre sus labores, el general Valdés Pinochet debía también fiscalizar celosamente en las calles de Santiago el cumplimiento de las restricciones sanitarias establecidas para automovilistas y pasajeros del transporte público.

En una pauta de prensa realizada meses antes, el 5 de junio, el oficial policial destacaba que “muchas veces los carabineros están en terreno estableciendo que la persona está fuera del rango de su trayecto y por lo tanto está vulnerando lo que dice relación con el permiso”, refiriéndose así a los incumplimientos de civiles respecto de las autorizaciones para movilizarse dentro de la ciudad durante la pandemia.

General Manuel Valdés Pinochet durante punto de prensa. 20 de octubre de 2020

En otra ocasión, el 19 de julio, acompañado de fiscalizadores del Ministerio de Obras Públicas (MOP), le informaba a los periodistas que “debieron ser detenidas a nivel nacional 2.503 personas que no dieron cumplimiento a la cuarentena y tampoco al toque de queda”.

Los encargados de amplificar sus balances eran los medios de comunicación tradicionales, los que al parecer ignoraban por completo que aquella fuente oficial a la que recurrían permanentemente participaba -según ha establecido el Ministerio Público- en una organización criminal, cuyos integrantes hoy están acusados de nada menos que cohecho agravado y asociación ilícita.

“INGENTES GANANCIAS”

Este caso, que fue dado a conocer en profundidad recientemente por Radio Bío Bío, se traduce en un escandaloso entramado de corrupción que significó millonarios y periódicos pagos de coimas realizados por la empresa Aparcaderos Custodias Nacionales (ACN) a un grupo de funcionarios de Carabineros. Esto, a cambio de que automóviles retirados de circulación fueran enviados al aparcadero de su propiedad en la comuna de San Bernardo. 

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, todo comenzó en la Sexta Comisaría de Recoleta, donde el teniente coronel (r) Ismael Cid Riffo y el capitán (r) Carlos Fernández Paredes levantaron desde 2015 un lucrativo negocio con José María Williamson y el ex cabo Francisco Cortez Lovera, socios en la aludida empresa ACN.

Según se estableció, los oficiales comenzaron a favorecer a esa compañía para que los vehículos retirados de circulación fueran trasladados con las mismas grúas de la empresa a su aparcadero en San Bernardo, algunos de los cuales incluso fueron rematados. “Se tradujo en la obtención de ingentes ganancias para dicha empresa, tanto por el cobro de tarifas de traslados por grúas como tarifas de bodegaje diario”, detalló en la formalización el fiscal de la Zona Occidente, Eduardo Baeza, respecto a montos que alcanzarían más de 200 millones de pesos.

El persecutor agregó que los uniformados operaban además con otro carabinero, Julio Inallado, quien como miembro de la Brigada de Tránsito (BT) -instancia creada para encubrir las acciones delictuales- realizaba labores preventivas en la calle junto a su colega Herny Urrutia. Luego, con el objetivo de ampliar el negocio a otras comunas de la Región Metropolitana, el teniente coronel Cid, actuando como intermediario de ACN, tomó contacto con otro oficial de su mismo rango, Marco Meneses Vergara, quien se desempeñaba en un cargo clave como jefe de gabinete de la Secretaría General de Carabineros, desde donde “aceptó violar la ley y recibir coimas”, según estableció el persecutor en su presentación.

General (r) de Carabineros Manuel Valdés Pinochet

Sin embargo, era necesario integrar a un oficial de más alto rango a la organización criminal, y ese hombre fue el general (r) Manuel Valdés Pinochet, quien además de ser Jefe de Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, ocupó el cargo de presidente del directorio de la Mutualidad de Carabineros (Mutucar). Un oficial con evidente y conveniente poder al interior de la institución, debido a los distintos procedimientos que podía adoptar y que favorecían las acciones delictuales de la agrupación: imprevistas toma de alcoholemias con el Senda, fiscalizaciones en días festivos, controles masivos y cortes de tránsito, entre otros, según detalló el Ministerio Público. 

En ese sentido, el fiscal Baeza aludió a un hecho ocurrido el 7 de julio de 2020, cuando el general Valdés llegó hasta San Bernardo para “supuestamente controlar carreras clandestinas de vehículos”, cuando en realidad detrás de ello estaba el objetivo de aumentar el retiro de automóviles para los ilegales y lucrativos fines que perseguían los uniformados.

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