El desolador escenario judicial en las causas de violaciones a los DDHH a menores de edad tras la revuelta popular

Estallido social causas


Así lo reveló el medio electrónico Ciper, en un reportaje sobre el estado de las causas de violaciones a los derechos humanos, cometidas principalmente por agentes del Estado, contra menores de edad, detallando que al menos 541 causas ya han sido cerradas por Fiscalía sin responsables.

En desglose, según las cifras, que también maneja la Defensoría de la Niñez, del total de las 1.496 causas judiciales abiertas entre los años 2019 y 2020, 414 debieron ser reagrupadas, mientras que otras 6 fueron anuladas debido a errores administrativos, totalizando 1.076 causas activas.

De esa cifra final, durante el año pasado, varias causas fueron finalizadas sin avances en la investigación, correspondiendo a 491 casos en los que se optó por el archivo provisional, mientras que en 39 causas se decretó no perseverar en las indagaciones, en 10 se determinó la facultad de no investigar, y en una se dictaminó “incompetencia” como argumento para no continuar con el caso.

La investigación realizada por el citado medio se topó cara a cara con la Nota Técnica N°2 elaborada por la Defensoría de la Niñez y entregada por el organismo durante la jornada de este lunes, donde la entidad abocada a la protección de los derechos de menores de edad se planteó la interrogante de si en Chile “¿Ha existido acceso a la justicia para los niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones a sus derechos humanos en el contexto del estallido social?”, se cuestionó la Defensoría.

Del análisis realizado por el organismo se revelaron preocupantes datos en torno a las indagatorias y procesos judiciales respecto a casos y registros obtenidos hasta el 2 de marzo del 2021.

En esta línea, conforme recoge El Desconcierto, de 1.498 casos recibidos por el Poder Judicial entre el 18 de octubre del 2019 y el 5 de marzo del 2020, solo en el 3,8% se conoce algún imputado, y apenas en el 1% se ha avanzado a la formalización de responsables.

Mientras, entre otras cifras recopiladas por el organismo, se desprende que de 170 denuncias presentadas por la Defensoría de la Niñez a la Fiscalía, solo en el 29% de los casos contactaron a las víctimas para prestar declaración ante el Fiscal.

En sintonía con lo anterior, de la cifra expuesta, apenas en el 51% de los casos las víctimas fueron derivadas a profesionales especializados para establecer la necesidad de protección y la situación general del menor.

Para Patricia Muñoz, máxima autoridad de la Defensoría de la Niñez, el resultado es contundente y desolador, indicando, según el citado medio que “evidencia la existencia de serias falencias en los procesos investigativos de causas de interés público y de especial preocupación para el país, al tratarse de violaciones de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”.

En esta misma línea, la también abogada puntualizó que “con esto no se logra avanzar en la obtención de verdad y acceso a la justicia. No tener avances reales, a más de año y medio de las vulneraciones vivenciadas, no contribuye a la obtención de la verdad, ni tampoco a su acceso a una justicia oportuna”, agregó.

Finalmente, Muñoz enfatizó en lo alarmante que resultan estas cifras, repasando el rol de Carabineros de Chile en la mayoría de los casos, expresando que este escenario “más bien propicia un ambiente de impunidad para quienes han violado derechos humanos, afectando, además, la legitimidad y confianza ciudadana de la institución a la que esas funcionarias y funcionarios pertenecen, en este caso, Carabineros de Chile, que es la institución más denunciada en este contexto”, cerró la defensora.

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