El derecho a sufragio y las personas trans: A propósito del plebiscito del 25 de octubre

20 de agosto de 2020/SANTIAGO El ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, da a conocer los detalles del proyecto de Ley despachado por el Congreso, que entregará facultades al Servel para poder organizar un Plebiscito Seguro FOTO: FRANCISCO CASTILLO/AGENCIAUNO

Lo que se requiere es la elaboración de un protocolo por parte del Servicio Electoral  de manera integral que tenga por objetivo permitir la participación, sin discriminación alguna, de la población trans, y al mismo tiempo resguardando la confidencialidad y la privacidad de los datos, para que de esta manera, sea implementado en todos los locales de votación.


Este 25 de octubre, nuestro país se someterá a un plebiscito histórico en el marco de un proceso constituyente que busca consultar a la ciudadanía el cambio de la Constitución actual y por consiguiente la creación de una nueva o la continuidad de la actual. Además de lo anterior, de forma inédita, se consultará el tipo de órgano que redactará la nueva constitución, una convención constitucional o una convención mixta, encontrándose las principales diferencias en su composición e integración. De toda la historia constitucional de nuestro país, por primera vez una convención constitucional, electa 100% por ciudadanos, podría decidir el presente y futuro institucional y constitucional de chile.

En este contexto, la participación ciudadana es fundamental sin perjuicio de la falta de garantías para el ejercicio del derecho a sufragio por parte de personas privadas de libertad, personas contagiadas por covid-19, y en lo que atañe a esta columna, de la población trans. En este sentido, si bien la ley de identidad de género entró en vigencia el 27 de diciembre de 2019 y más de 1000 personas han podido acceder al cambio de nombre y sexo registral, producto de la pandemia muchas personas no han podido hacerlo o lo hicieron de forma tardía y no pudieron ver sus datos electorales actualizados en el padrón electoral. Desde el Servicio Electoral, hasta el día de hoy no han entregado ninguna solución al respecto ni tampoco un protocolo concreto al respecto. A menos de 2 semanas para que se realice el plebiscito, preocupa la desprolijidad y la nula preocupación para que este proceso sea lo más participativo posible.

En las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2017, numerosas personas trans tuvieron problemas para ejercer su derecho a sufragio a raíz de no contar con el reconocimiento de su identidad de género, lo que repercute en su cédula de identidad y su apariencia y expresión de género, ni tampoco la actualización de sus datos electorales. La sensación, nuevamente que nos deja esto, es de un constante déjà vu.  En su momento, tampoco hubo interés en solucionar este aspecto, y ahora tampoco. Si bien, en julio se presento un proyecto de ley en la Cámara de Diputados y Diputadas que permitía la actualización de los datos electorales en el caso de personas que hayan realizado su cambio de nombre y sexo registral, la iniciativa nunca tuvo avance alguno.

Al respecto, es necesario recalcar que no nos encontramos ante una elección, sino que ante un plebiscito histórico de cambio constitucional, lo que exige que los estándares de transparencia y participación sean los más altos posibles para garantizar el derecho a sufragio y participación política de todos los sectores de la población. En esta circunstancia, una persona cuya identidad de género no se encuentre reconocida en su cédula de identidad y cuya expresión de género sea distinta a la fotografía de su documento, es muy probable que tenga problemas para ejercer su derecho a voto, y más aún, considerando el clima político que existirá. Lo mismo sucederá en el caso de una persona cuya cédula de identidad, que reconozca su identidad, no se encuentre ajustada a lo que figure en el padrón electoral desactualizado. A nuestro juicio, aquí hay una vulneración grave de derechos constitucionales, aunque por tiempo, difícilmente pueda acogerse un recurso de protección.

La solución, a estas alturas, no puede ser (como sucedió en elecciones pasadas)  exigirles que las personas trans que voten con su cédula antigua o tengan que pasar por procedimientos engorrosos para acreditar su identidad y poder ejercer su derecho a sufragio. Lo que se requiere es la elaboración de un protocolo por parte del Servicio Electoral  de manera integral que tenga por objetivo permitir la participación, sin discriminación alguna, de la población trans, y al mismo tiempo resguardando la confidencialidad y la privacidad de los datos, para que de esta manera, sea implementado en todos los locales de votación.  Esta situación, nuevamente, deja de manifiesto la necesidad imperiosa de avanzar en reformas integrales en materia del ejercicio de los derechos de las personas trans. La ley de identidad de género, como lo hemos dicho en numerosas oportunidades, es tan solo un piso mínimo.  

Con lo anterior, queda de manifiesto la importancia del reconocimiento del derecho a la identidad a nivel constitucional, y en particular de una institucionalidad robusta que tenga las herramientas necesarias para prevenir situaciones de discriminación y garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas sin ningún tipo de perjuicios. En este sentido, esta situación, si bien regulada principalmente por ley, nos redirige nuevamente al debate constitucional y la invisibilidad de la población trans en este ámbito. Nunca estuvimos en el diseño constitucional, nunca lo hemos estado. Ahora es la oportunidad para estar ahí, en primera línea.

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