El derecho a la paz en el Wallmapu

En «la Macrozona Sur hay una especie de maridaje entre terrorismo y narcotráfico», afirmaba el Presidente de la República este 24 de febrero, en medio de un debate sobre la legitimidad o no de la creciente militarización de Wallmapu y el diseño estratégico del gobierno para llevarla a cabo. Es decir, pasar desde la vía administrativa a la legislativa y judicial, para someter a un Estado de Policía a una región con una doble condición de vulnerabilidad del derecho a la paz y en un Estado donde la responsabilidad penal internacional de sus agentes debiera ser el marco de acción y límite expreso a las políticas públicas de seguridad. 

Primero, porque Wallmapu y Bío Bío guardan en su memoria la impunidad de las atrocidades de “la pacificación de La Araucanía”; la masacre de Ranquil; el horror de la desaparición forzada y la tortura en el Regimiento Húsares; y más recientemente el homicidio de Camilo Catrillanca. 

Y, segundo, porque su población originaria transitó entre la condición inerme y una tardía organización política —que dificultaba la consolidación de liderazgos— y la actual emergencia de una intelectualidad global, consciente de sus derechos y las soluciones basadas en la seguridad humana de otros países con sus pueblos ancestrales.

Así, el mandatario denunciaba la existencia de redes de crimen organizado de tal envergadura que han cambiado el cariz del conflicto. Una amenaza grave y flagrante —que se ha internado en el territorio— contra la seguridad del Estado, mostrándonos con no poco artificio el espejo de la guerrilla de las FARC, en Colombia; y su paradigmática desarticulación con una Justicia Especial para la Paz, mediante. 

Sin embargo, el Diputado Saffirio —parte de la oposición— respondía que son funcionarios de Carabineros quienes participan de esa criminalidad, montando escenarios de violencia, simulando ataques y que luego ‘venden seguridad’ a empresarios madereros y agricultores ávidos del discurso de extrema derecha. Luego, abusan del entramado institucional para su funcionamiento paralelo y se procuran su impunidad.

Por eso, la solución propuesta por Piñera de «un gran acuerdo por la paz para la Macrozona Sur», que incluya a los tres poderes del Estado— y que comienza este 26 de febrero—, tiene varios puntos críticos.

Uno de ellos es que, hasta ahora, desdeña los estándares internacionales del derecho humano a la paz y no considera la aplicación de la Ley Núm. 20.357 (2009) que tipifica los crímenes de lesa humanidad, de guerra y el genocidio en Chile. En efecto, establece límites a la acción violenta de los agentes del Estado y la colaboración de civiles en tales hechos, y reconoce la doctrina de la responsabilidad de mando de las autoridades militares y políticas. Además abre la puerta a la persecución subsidiaria de tales hechos ante la Corte Penal Internacional. 

El Comando Jungla es la prueba más fehaciente de esa persistente omisión.

En respuesta, la idea del Senador Huenchumilla de acudir a la mediación de observadores de Naciones Unidas no es nueva; tampoco la de crear un mecanismo de justicia transicional especializada, y un sistema de reparación y devolución de tierras. Lo diferente es que el discurso moral sobre el conflicto en la zona se ha masificado y han reaparecido las fuerzas filofascistas con vocación paramilitar de hace medio siglo.

Una paz justa, duradera y sostenible son dimensiones de una prerrogativa fundamental que sólo puede ser construida por un pacto social que valore como preferente la esfera de derechos y deberes humanos de los pueblos indígenas, etnias y culturas ocupadas. 

Y ello no se logrará con la regresión a las herramientas de un Estado policial que cuestiona la dignidad, la fe o la memoria ancestral. Eso no aceptable en una democracia liberal como la nuestra. No en un Estado convencional de DD.HH.

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