El 25 de octubre

Foto:Agencia Uno

El hito es el 25 de octubre, y su imagen más representativa y elocuente es la multitud encaramada hasta el monumento del general Baquedano, pintado y repintado, quemado y vandalizado hasta el extremo de intentar su derribo. Este es el símbolo de la ruptura. Este el momento inaugural que renombra el patrimonio material y lo inviste con la alegoría inmaterial de la Dignidad.


El hito más significativo del Estallido no se dio el 18 de octubre de 2019, como piensa la mesa de la Convención, que quisiera fijar esta fecha para empezar a escribir el texto de la nueva Constitución. Si hubiera que señalar un antecedente, este sería las acciones testimoniales de los estudiantes secundarios, ocurridas durante los días previos a ese viernes.

El hito al que se refiere Elisa Loncón es, en realidad ―y no como quisiera verlo cierta memoria― el que aconteció el viernes 25 de octubre de 2019, cuando millones de personas de todo el país se movilizaron por calles y plazas contra el golpe de Estado blanco impulsado la medianoche del viernes 18. Desde aquella madrugada el país venía siendo sacudido por las imágenes de estaciones de Metro, tiendas y bodegas incendiadas, con personas calcinadas en su interior, y miles de ciudadanos detenidos, golpeados y maltratados por soldados y carabineros. Los videos y fotos se sucedían en las redes sociales, al tiempo que el Ejecutivo decretaba el estado de emergencia y el toque de queda, blindados ambos por el despliegue de camiones y de efectivos armados.

La semana que transcurre entre el 18 y el 25 de octubre, una sensación de miedo e indignación embarga a la población. Es la figura de la guerra, latente en nuestra cultura política desde los tiempos de la Unidad Popular, pues se teme una regresión autoritaria. En las palabras de Piñera se palpa la fragilidad del estatuto de derechos y libertades conquistado tras largas décadas de lucha política y social.

Es esta advertencia la que moviliza conciencias y voluntades. De la perplejidad se pasa al coraje; de los treinta pesos a la defensa de la democracia. Se trata de un movimiento social «en sí», o sea, en estado de opinión contracultural y anti-sistémico. Claramente, no es un movimiento «para sí», con una orgánica activa tras un proyecto común, como el que se desarrolló en los albores del sindicalismo obrero, sino un archipiélago de ofertas y demandas políticas específicas, de géneros, etnias, clases, edades, estilos de vida e intereses plurales. Vendrá a ser más tarde cuando se le impute su propósito de cambio constitucional y de alternativa al modelo. Será después cuando se le reivindique como levantamiento popular. Será con posterioridad cuando se lo represente como lucha de reconocimiento de derechos fundamentales.

Pero el hito es el 25 de octubre, y su imagen más representativa y elocuente es la multitud encaramada hasta el monumento del general Baquedano, pintado y repintado, quemado y vandalizado hasta el extremo de intentar su derribo. Este es el símbolo de la ruptura. Este el momento inaugural que renombra el patrimonio material y lo inviste con la alegoría inmaterial de la Dignidad.

¿Los sucesos del 25 de octubre son sólo la resistencia civil de un pueblo ante el impulso fascista, violento y cínico de una camarilla en el poder? A la luz de lo que sigue a esos eventos, a los hechos del Estallido, esta irrupción de la gente no puede ser tenida sino como la explosión del poder constituyente. Una fuerza activa, latente y potencial, preexistente y trascendente al poder constituido. En consecuencia, una energía irreductible e inalienable, que así como acompañó a la revolución independentista de 1810, se visibilizó en las revoluciones de 1851 y 1859. Emergió en las masacres de Santa María de Iquique y en las convulsiones de los años veinte. Se expresó durante el gobierno de Allende y en las postrimerías de la dictadura de Pinochet.

Hay convencionales que proclaman ser la encarnación del poder constituyente originario, como quien presume ser Prometeo robando el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Pero el poder constituyente no es transferible ni es delegable. Y aunque se arrebate a los dioses, momento en que, como el fuego, empieza su extinción, no puede conservarse sin sufrir el usurpador su castigo perpetuo.

Sólo es figurable a través de un simulacro que, por sí mismo, demanda reconocimiento y autoridad para el nuevo poder constituido que representa. Es distinto y distinguible del poder originario y del pueblo soberano. Y eso es precisamente la Convención, reformateada, además, por la ley 21.200, entre cuyas disposiciones instituye que la Constitución vigente rige hasta que el soberano apruebe una nueva en plebiscito. Por consiguiente, cualquiera sea la circunstancia que lleve al fracaso de la Convención, o del itinerario constitucional, seguiría pesando sobre la institucionalidad jurídico-política de Chile la sombra de la Constitución del ochenta. Por eso, no puede fracasar.

Esta holografía del poder constituyente es lo que cobra cuerpo en el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019, cuando las fuerzas políticas con representación parlamentaria consensuaron los términos de la reforma constitucional que habrá de permitir el plebiscito, la elección de convencionales y la instalación y funcionamiento de la Convención. ¿Constriñe ese acuerdo el poder constituyente? No podría hacerlo, pues, como hemos dicho, nadie puede arrancar el fuego a los dioses. No obstante, asienta la impresión de haber dado cauce, aunque siempre rebasado, a la protesta popular en cierne.

¿Limita, sin embargo, el Acuerdo por la Paz el alcance del poder constituido de la Convención? Desde luego que lo hace, pero de un modo menos restrictivo que en otras latitudes. Que en Cuba, por ejemplo, donde la única colectividad representada en la Convención es el Partido Comunista, martiano, fidelista, marxista, leninista y fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado, y donde ningún constituyente puede cambiar el modelo socialista calcado de la Constitución soviética de 1936. Por cierto, incluso ahí se requieren dos tercios ―no tres quintos― de la asamblea comunista para tomar acuerdos. Y aquí radica el valor del voto ratificatorio de la Convención respecto del artículo 94 del Reglamento que fija el quórum de dos tercios. En que configuró el consenso mayoritario que le dará un texto constitucional a Chile.

El 15 de noviembre no es el hito social del Estallido, pero fue el evento institucional que hizo posible el plebiscito del 25 de octubre de 2020. Hoy nada de lo que vemos y oímos sería real, si no hubiera existido el pronunciamiento del pueblo soberano, primero, reafirmando el cambio de la actual Constitución como emblema del cambio anhelado en las jornadas del 2019, y, segundo, eligiendo a la asamblea deliberante, bajo las condiciones conversadas y acordadas en el Congreso, el mismo parlamento que el 28 de octubre de 2019 emprendió la acusación constitucional contra Andrés Chadwick por las responsabilidades del Gobierno en las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos.

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