Dos privados de libertad fallecidos por covid-19: ¿Qué pasa en las cárceles de chile?

Este miércoles el director del INDH, Sergio Micco, informó el fallecimiento de dos personas privadas de libertad en la ex Posta Central. Este hecho es sólo la punta de un iceberg que próximamente quedará expuesto y, de no tomar las medidas adecuadas, podría generar problemas en el sistema de salud pública.

El coronavirus no discrimina. Y es que en este último tiempo hemos podido ver que no sabe de clase, raza u cualquier otro elemento que, en sociedad, tiende a separarnos.

Inevitablemente, la pandemia ha llegado a los centros penitenciarios a lo largo de Chile. Uno de los casos más preocupantes y de mayor revuelo ha sido el de la Cárcel de Puente Alto, lugar en donde, al 19 de abril, se registraban 68 internos y 81 funcionarios de gendarmería contagiados.

Este martes, el director del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Micco, informó el fallecimiento de dos personas privadas de libertad en la ex Posta Central.

La misma entidad denunció hace un par de días un alarmante brote de covid–19 en la Cárcel de Valdivia y deficientes medidas sanitarias para enfrentarlo.

Lo que está pasando en las cárceles de Chile no sólo ha mantenido en alerta al INDH. Recientemente, el Colegio Médico aseguró que la situación en estos recintos está “fuera de control” y que aquello podría agravar el problema de la salud pública.

“El Estado tiene la obligación legal de velar por la salud de los reclusos, de todos los servidores públicos y de la comunidad en su conjunto. El incumplimiento de esta obligación no lo exime de enfrentar todas las responsabilidades que se deriven de sus
actos por acción u omisión”
, afirmó el gremio a través de un comunicado.

Asimismo, “a la fecha nuestros Departamentos de Derechos Humanos Nacional  y Regionales, han efectuado visitas a 5 Centros Penitenciarios (Puente Alto, Valparaíso,  La Serena, Santiago Sur [ex Penitenciaría] y Valdivia); estos recintos reúnen  aproximadamente a 10.522 reclusos, constituyendo aproximadamente el 25% del total  de la población penal del país“.

En la misiva sostienen que, de no tomar cartas en el asunto, podrían generarse pérfidas de más vidas en reclusos y personal de Gendarmería, amplificación de los casos en las comunas y ciudades, saturación de la red de urgencia y camas críticas y protestas tanto al interior como al exterior de los recintos penitenciarios.

Tanto el INDH como otras figuras públicas llaman a descomprimir las cárceles. Un avance en esa medida es el proyecto de resolución 1089, recientemente aprobado en el Congreso, en el que se solicita al presidente de la República que, bajo el contexto de crisis sanitaria, “incorpore las disposiciones administrativas y legales para conmutar las medidas de prisión preventiva para la población penal que haya sido formalizada y se le haya decretado prisión preventiva, entre el 18 de Octubre del 2019 y el 16 de marzo del 2020, a propósito de las manifestaciones nacionales, por medidas cautelares menos gravosas de arresto domiciliario total y arraigo nacional”.

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