Doble estándar y justicia de clase

La situación es escandalosa si consideramos que los camioneros que violan el toque de queda y las medidas sanitarias dispuestas por la pandemia de Covid-19 y más chocante resulta que mediante este cúmulo de acciones ilícitas lo que estén exigiendo sea la aprobación de 13 nuevas iniciativas legales represivas del Gobierno, que vendrían a intensificar aún más el tipo de Estado policial/militar que propone el modelo del “populismo punitivo”.

“Tienes derecho a que no te maten, matar es un crimen, a menos que lo haga un policía o un aristócrata/tienes derecho a libertad de expresión siempre que no seas tan tonto como para intentarlo de verdad” (The Clash, Know your rights, 1982).

Cuando se decretó el estado de emergencia como respuesta a la rebelión de octubre pudimos ver que bajo la fachada de un Estado de Derecho lo que en realidad había era “violencia estatal de facto, que no tiene absolutamente ningún respaldo normativo” (como declaró Jaime Bassa en el Congreso el 24 de octubre). Así, entre otras ilegalidades cometidas por la fuerza pública, ocurrió que a las personas sorprendidas circulando durante el toque de queda se les trató como si fueran autoras de un delito mucho más grave, privándolas de libertad  hasta el otro día y esposándolas, siendo que en rigor sólo cometían la contravención del artículo 495 N° 1 del Código Penal, no sancionada con medidas privativas de libertad sino que con multa de 1 UTM.

Con el paro de un sector del gremio de los camioneros estamos presenciando la contracara de esta verdadera “anomia institucional”: ante la comisión flagrante de delitos bastante serios, que ameritarían formalmente incluso la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, la policía no  sólo no disuelve las manifestaciones sino que las protege, en abierta infracción a la ley vigente y a sus propios protocolos de mantención del orden público.

La situación es escandalosa si consideramos que los camioneros que violan el toque de queda y las medidas sanitarias dispuestas por la pandemia de Covid-19 infringen notoriamente y hasta con publicidad leyes recientes que se dictaron este año: una de ellas para agravar la sanción de los cortes de tránsito (Ley 21.208, conocida como “antibarricadas”, publicada el 30 de enero) y otra para hacer lo mismo respecto al delito del artículo 318 del Código Penal, que sanciona la violación de cuarentena (Ley 21.240, publicada el 20 de junio). Más chocante resulta que mediante este cúmulo de acciones  ilícitas lo que estén exigiendo sea la aprobación de 13 nuevas iniciativas legales represivas del Gobierno, que vendrían a intensificar aún más el tipo de Estado policial/militar que propone el modelo del “populismo punitivo”.

En virtud de la ley antibarricadas se envió a prisión preventiva en febrero a una treintena de jóvenes que participaban de desórdenes en el sector de Plaza Dignidad, a pesar de que no tenían antecedentes penales y que las penas que arriesgaban no eran de cumplimiento efectivo.

El 9 de julio en la localidad costera de Pichilemu una mujer que había sido víctima de violación y pidió ayuda a otra persona para que llamara a Carabineros fue detenida y luego llevada a audiencia de control de detención. La Fiscalía defendió en esa audiencia la legalidad de su detención, pues según se dijo la mujer tenía la “doble condición” de ser a la vez víctima de violación e infractora del mencionado art. 318. Afortunadamente el juez declaró ilegal el procedimiento, pues entendió que obviamente una víctima que pide auxilio durante el toque de queda no está cometiendo delito alguno[1].

En relación a los delitos flagrantes de estos camioneros, el Presidente de la República nos aclara en El Mercurio del viernes que: “lo primero es resolver por la vía del diálogo, si el diálogo no fructifica naturalmente que no vamos a permitir que se tomen las carreteras”.

Mientras el Presidente hacía esa aclaración, las patrullas de Control del Orden Público (COP) de Carabineros disolvían las manifestaciones pacíficas por la opción Apruebo en Plaza Dignidad, sin esperar diálogo alguno, usando sus nuevos carros lanza aguas y deteniendo gente por el sólo hecho de portar banderas mapuche.

El colapso institucional del viejo Chile pega con esto un salto cualitativo: donde el Derecho Penal proclama la igualdad ante la ley, aplicándose a todos quienes la violen, el modelo actual, defendido abiertamente y ya sin velos ni pudor alguno, se basa en la lógica amigo/enemigo: no sólo aplicando un Derecho Penal más duro a los “enemigos” (mapuche, anarquistas, manifestantes) sino que ningún Derecho Penal a los amigos (integrantes de la misma clase o sector político).

O cuando no queda otra, se les aplica a los “amigos” un Derecho Penal mucho más suave: a los ex oficiales de Carabineros Crespo y Maturana no se les mantiene en Santiago 1 sino que en recintos policiales, a pesar de que ya habían sido dados de baja, pues cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó explícitamente el sistema de justicia militar que rige en Chile[2] el legislador se vio obligado a sacar de ese ámbito de competencia a los Carabineros, pero se aseguró de hacerles aplicable estos beneficios carcelarios contemplados en los artículos 137 y 434 de Código de Justicia Militar.  

Así, el “miedo a la cárcel” que tiene todo ciudadano común, no existe para los represores porque, tal cual nos dijo una vez en La Moneda el entonces Ministro Viera Gallo a quienes realizábamos el año 2008 la campaña “¡Alto Ahí! Basta de violencia policial”, que incluía entre sus demandas la de excluir a las policías de la Justicia Militar: “No se puede, porque a ellos debemos garantizarles que si se les pasa la mano los va a juzgar una justicia más comprensiva y benigna”.

Es la misma actitud comprensiva que las policías y el gobierno muestran ante las hordas movilizadas por la derecha para agredir, incendiar y “desalojar” mapuche en Curacautín y Victoria, en infracción flagrante de un montón de leyes penales, y para permitir las marchas del Rechazo con grupos de choque armados y encapuchados (con lo cual quedan de entrada fuera del “derecho de manifestación pacífica y sin armas” que garantizan los tratados internacionales). Y es la misma benignidad con que los delincuentes de cuello blanco son condenados a clases de ética.

No podría ser de otro modo en el sistema penal de una sociedad dividida en clases sociales. La Sociología del Conflicto y la Criminología Critica lo vienen sosteniendo y demostrando desde hace medio siglo. Pero lo novedoso no es que los procesos de criminalización sean clasistas desde el diseño mismo de las leyes (recordemos como “legisla” CORPESCA) hasta su aplicación práctica (con cárceles especiales más “benignas” para militares, policías y empresarios), sino el que ahora el uso político contingente del sistema penal se reconozca abiertamente en el discurso público, haciendo que se desplome ruidosamente cualquier pretensión de “neutralidad” en su accionar y los abundantes llamado a condenar la violencia  “venga de donde venga”.

Así, llama poderosamente la atención que un abogado del ex teniente Crespo se queje en El Líbero de que su procedimiento de detención por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI “fue bastante estresante y poco decoroso porque se supone que entre la Policía de Investigaciones y Carabineros hay un código, no escrito, respecto de cómo se debe tratar a un oficial de Investigaciones o uno  de Carabineros que tenga algún requerimiento judicial[3].

Pues bien: ese “segundo código”, es el verdadero corazón del sistema penal, pero no es algo que pueda ser reconocido abiertamente en condiciones normales, y por eso no está escrito ni se habla mucho de él.  

Ahora que esta máscara de legalidad ya no existe, ahora que es claro que lo que tenemos al frente es violencia estatal pura y dura, articulada no tan sutilmente con la violencia empresarial de facto, debemos recordar que el sistema capitalista se basa en la expropiación violencia de nuestros medios de vida, y que en momentos de crisis como esta es cuando vemos de golpe lo que hay en verdad tras la farragosa retórica del Estado de Derecho: un mero Estado de Policía, que según Walter Benjamin ilustra en las democracias “la máxima degeneración de la violencia”[4]

Como anunciara hace cien años el poeta José Domingo Gómez Rojas, ya “es hora de que caigan con estruendo los ídolos de barro”[5].


[1] RUC 2000673912-2, RIT 722-2020, Juzgado de Garantía de Pichilemu.

[2] Sentencia del caso Palamara Iribarne vs. Chile, 2005.

[3] https://ellibero.cl/actualidad/la-desconocida-dimension-del-carabinero-crespo-el-otro-lado-del-caso-gatica/

[4] Walter Benjamin, Para una crítica de la violencia (1921). En: Iluminaciones IV, Taurus, 1991. 

[5] José Domingo Gómez Rojas, Rebeldías Líricas. Edición de 1940 en: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8632.html Ediciones UDP acaba de editar en mayo 2020 una Antología de Gómez Rojas también titulada Rebeldías Líricas, con introducción de Nicolás Vidal y selección de Adán Méndez.

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