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Dirigente camionero asegura que gobierno de Piñera le pidió a Sergio Pérez realizar paro de 2020

Juan Araya detalló que el Ejecutivo condicionó la aprobación de la Ley Juan Barrios a la movilización de los transportistas.

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Una grave acusación realizó este miércoles el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, quien aseguró a la prensa que el gobierno de Sebastián Piñera le pidió al controvertido dirigente Sergio Pérez realizar el paro del año 2020, esto con el objetivo de lograr aprobar la llamada Ley Juan Barrios.

Araya -quien ha representado en los últimos años al sector más dialogante dentro del gremio de los transportistas- realizó estas declaraciones a la salida de una reunión con el Presidente electo, Gabriel Boric. “Yo, mientras he sido presidente de la Confederación, hemos practicado el diálogo”, apuntó en ese sentido el dirigente.

Juan Araya / Agencia Uno

El camionero fue entonces consultado por las movilizaciones de los camioneros que han debido enfrentar los gobiernos en las últimas décadas, detallando en su respuesta un trascendental antecedente. “En el paro del 2020 nosotros no estuvimos (…) Ese paro, para que sepa usted, por palabras del presidente de ellos (Sergio Pérez), se lo pidió el Gobierno para que hubiera la Ley Juan Barrios, para que hubiera la Ley de armas, todas las leyes que todavía no salen”, aseguró Juan Araya.

Cabe recordar que la movilización llevada a cabo entre agosto y septiembre de 2020 fue convocada justamente por la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC), organización presidida por Sergio Pérez, y realizada en medio de las restricciones sanitarias por la crisis del Covid-19 que vivía nuestro país.

El Presidente Sebastián Piñera junto al dirigente Sergio Pérez / Agencia Uno

La paralización estuvo llena de polémicas, como la supuesta “coincidencia” entre el petitorio de los camioneros y las 13 leyes que intentaba aprobar Piñera en el Parlamento; el corte de rutas en distintas regiones del país sin la intervención de Carabineros para restablecer el libre tránsito por estas, y el consecuente desabastecimiento de combustible y alimentos entre Valparaíso y Los Lagos; y la suerte de fiesta que se registró en plena carretera entre un grupo de transportistas y bailarinas semidesnudas, entre otros bochornosos acontecimientos.

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“Se requiere que esté acompañado de medidas concretas”: Colegio de Profesores ante anuncio de regreso a clases presenciales

Carlos Díaz Marchant señaló que se debe garantizar que “no seguiremos cometiendo los errores que ha cometido el actual gobierno”.

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El Colegio de Profesores cuestionó este miércoles el anuncio del Gobierno del regreso a clases presenciales para este año 2022, planteando como primer argumento el retroceso de la Región Metropolitana a la Fase 3 del Plan Paso a Paso. “La situación es bastante crítica. Estamos con niveles de contagio muy superiores a los que habíamos visto en el último tiempo, y eso por supuesto que nos preocupa como profesores”, señaló el líder del gremio, Carlos Díaz Marchant.

“No basta con solamente anunciar que volveremos a la presencialidad. Se requiere que ese anuncio esté acompañado de medidas concretas y, por sobre todo, de medidas que den cuenta de que no seguiremos cometiendo los errores que ha cometido el actual gobierno”, sostuvo el presidente del Colegio de Profesores.

En ese sentido, Díaz Marchant realizó un llamado al Presidente electo, Gabriel Boric, para que “avance en medidas concretas respecto de cómo enfrentar el retorno a la presencialidad”.

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Cámara de Diputados aprueba requerir al TC que declare inconstitucional la licitación del litio realizada por Piñera

La explotación por 29 años de nuevos yacimientos del recurso natural ya fue adjudicada por el Gobierno a dos empresas.

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Por 42 votos a favor, 26 en contra y una abstención, este miércoles la Cámara de Diputados aprobó requerir al Tribunal Constitucional (TC) que declare la inconstitucionalidad del Decreto Supremo N° 23 del Ministerio de Minería que permitió la cuestionada licitación de nuevos yacimientos de litio.

Cabe recordar que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera dispuso de un total de 400 mil toneladas de litio de los salares del norte del país para que sean explotadas por empresas privadas hasta el año 2050, resultando finalmente ganadoras de la convocatoria las compañías BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A.

Leer también: Gobierno se adelantó y adjudicó licitación del litio a dos empresas en medio de controversial debate

La diputada del Partido Comunista, Marisela Santibáñez, celebró la aprobación del requerimiento que se realizará ante el TC, sosteniendo que “tenemos el deber y obligación de defender el bienestar del país”. “Llevaremos adelante todas las acciones que sean necesarias para evitar que unos pocos sigan vendiendo nuestro futuro”, añadió la parlamentaria.

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“Impedirían a una gran cantidad de jóvenes optar al beneficio”: organizaciones que impulsaron indulto a presos de la revuelta rechazan cambios del Senado

Los familiares de los presos políticos advierten que las indicaciones aprobadas “transforman el proyecto en un instrumento carente de utilidad”.

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Este martes fueron aprobadas en la comisión de Constitución del Senado las indicaciones sustitutivas al proyecto de ley de indulto general para los presos políticos de la revuelta presentadas por los senadores Francisco Huenchumilla (DC) y Pedro Araya (Ind), las que convierten a dicha iniciativa en una amnistía.

Leer también: Comisión del Senado aprobó convertir indulto para presos del estallido en amnistía

Sin embargo, esta modificación no fue bien recibida por los familiares de los presos de la revuelta, siendo rechazada incluso por las organizaciones que impulsaron su tramitación en el Congreso.

Se trata de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, la que junto al Grupo de Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos difundió este martes una declaración pública en donde advierten que “las indicaciones presentadas en orden a disminuir el catálogo de delitos, dejando fuera aquellos tan importantes como son la Ley de control de armas, homicidio frustrado o Ley de Seguridad Interior del Estado, atentan directamente contra el espíritu del proyecto”.

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En ese sentido, las agrupaciones denuncian que lo anterior “impediría a una gran cantidad de jóvenes optar a este beneficio, considerando que durante este gobierno se aumentaron las penas asociadas a la Ley de control de armas”.

Manifestación de los familiares de los presos en el exterior de la llamada ‘Moneda Chica’ / Agencia Uno

Cabe recordar que -como detallan en el documento- las aludidas indicaciones realizan las siguientes modificaciones a la iniciativa: “i) Cambia su título, de Indulto General a Amnistía; ii) Acota el catálogo de delitos incorporados para la aplicación de la ley; iii) Establece un filtro adicional para acceder a la amnistía, el cual sería no tener antecedentes delictivos por el mismo delito o similar, al momento de los hechos; iv) Se repone el plazo original para el efecto de la amnistía, es decir, desde el 07 de octubre de 2019 al 09 de diciembre de 2020; y v) Si bien mantiene el efecto de extinguir la pena, se hace obligatorio la eliminación de los antecedentes administrativos en los registros del Ministerio Público”.

Las organizaciones continúan señalando en su declaración que “nuestra preocupación central es que persiste la criminalización de la protesta social, lo que se ha traducido en la extensión con fines políticos de la prisión preventiva por más de dos años en algunos casos, negando totalmente la presunción de inocencia”. En esa misma línea, sostienen que “es grave la situación que enfrentan los condenados, considerando reiterados casos en que se ha comprobado montajes, infiltración policiaca y errores graves de procedimiento”. 

Lo sucedido hoy en la comisión del Senado tiene el efecto de transformar el proyecto en un instrumento carente de utilidad, dejando de lado el sentido de justicia y humanidad, considerando el excesivo tiempo transcurrido sin el debido proceso, las inhumanas condiciones carcelarias, así como el contexto de revuelta social en que ocurren estas detenciones arbitrarias”, denuncia finalmente la Asamblea de Familiares de los presos y el Grupo de Iniciativas por su libertad.

Para los jóvenes presos políticos y sus familias esto constituye una nueva vulneración y denegación de sus derechos humanos fundamentales, instalando con urgencia la necesidad de cambios profundos en la institucionalidad de nuestro país”, concluyen las organizaciones.

Puedes leer la declaración completa a continuación.

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