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Dictamen de Contraloría limita a casos excepcionales las contrataciones a honorarios en los organismos del Estado

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Junto con ello, se establece que quienes han trabajado a honorarios, pero en la práctica realizan las mismas funciones que el personal a contrata, deberán pasar a esa calidad a partir del 1 de enero de 2023.


La Contraloría General de la República emitió este 10 de enero un dictamen (N° E173171) en donde limita a trabajadores con funciones específicas aquellos que pueden ser contratados a honorarios en los organismos de la Administración del Estado.

La importante resolución surge de un reestudio de la normativa que rige las contrataciones a honorarios, luego de lo cual el organismo estimó necesario realizar una reinterpretación del artículo 11 de la ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, y del artículo 4° de la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

En ese sentido, la Contraloría realiza una primera conclusión al señalar que “todas las labores que, por su naturaleza, son inherentes a la función pública, deben desarrollarse por los servidores de planta o a contrata del respectivo organismo y, excepcionalmente, por personas contratadas a honorarios”.

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Dicho esto, el dictamen cuestiona el hecho de que en el uso de la facultad de poder contratar a honorarios, los organismos del Estado lo que hacen es realizar “sucesivas renovaciones” de dichos acuerdos, lo que implica que el trabajador “termina desarrollando en forma permanente sus labores habituales, desvirtuando el carácter excepcional y eminentemente transitorio de tales contrataciones al igualarlas así con los empleos de planta y a contrata”.

“Resulta necesario entender que esas disposiciones siempre tuvieron por objeto que la contratación a honorarios se circunscribiera a personas que no se integrarían de forma permanente al servicio, ni quedarían sujetas a una intensa dirección de la autoridad ni a la obligación de permanencia en el lugar de trabajo”, añade al respecto el organismo contralor.

Es importante mencionar que lo señalado en el dictamen de Contraloría en cuanto a que en adelante no podrán ser contratados a honorarios los trabajadores que no estén considerados en las excepciones que revisaremos más adelante, solo aplicará para las nuevas contrataciones, es decir, de personas que no tenían un contrato a honorarios vigente al 31 de diciembre de 2021. Esto porque, de acuerdo a lo que argumenta el órgano, “los instrumentos que fijaron los presupuestos para el año 2022 ya están vigentes y, por ende, los servicios ya programaron la contratación de su personal a honorarios para este año”.

Agencia Uno

DE HONORARIOS A CONTRATA

Por otra parte, la Contraloría dictamina entonces que en el caso de trabajadores a honorarios que en la práctica “desempeñan las mismas funciones que el personal a contrata, pero en condiciones normalmente más desfavorables”, deberán ahora “quedar sometidos al régimen jurídico previsto (…) para los funcionarios que no sean de planta, es decir, a contrata o a la figura análoga a ella que se contemple en el pertinente estatuto”.

Cabe destacar que en el dictamen se señala que este aplicará a quienes hayan tenido renovaciones que alcancen más de dos años al 31 de diciembre de 2022.

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Para ello, el organismo fija como fecha el 1 de enero de 2023 para que la autoridad administrativa proceda a su designación a contrata.

Respecto al caso contrario, cuando la autoridad estima que las labores de esos trabajadores a honorarios no son necesarias para la Administración, esta deberá dictar a más tardar al 31 de diciembre de 2022 un acto administrativo exento explicando los motivos de la no designación a contrata.

CONTRATOS A HONORARIOS AUTORIZADOS

Entonces, ¿cuándo se permite la contratación a honorarios en el Estado?: La Contraloría señala que esa fórmula aplicará únicamente para “colaboradores independientes que prestan servicios de apoyo a la función pública con ocasión de una situación acotada en el tiempo”.

Específicamente, se refiere a asesores externos que desarrollan sus labores mayoritariamente fuera de las dependencias institucionales; personas que, cada cierto tiempo, realizan tareas acotadas en su duración, como por ejemplo evaluadores de postulaciones a fondos concursables, encuestadores, expositores en seminarios o eventos similares, y profesores visitantes en universidades o centros de formación técnica del Estado, por nombrar algunos.

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Sin embargo, el órgano contralor incluye en esta categoría también al personal que trabaja en los gabinetes del Presidente de la República, ministros, subsecretarios y jefes de servicios. Al respecto, se apunta que si bien estos trabajadores realizan labores “que pueden considerarse habituales, la aplicación del régimen de honorarios se justifica en la naturaleza especial y flexible de la relación, fundada en un marcado grado de confianza y, por tanto, de discrecionalidad de la autoridad respectiva”. 

Por último, podrán ser igualmente contratados a honorarios “los profesores por hora en universidades o centros de formación técnica del Estado; el personal que integra órganos especializados en que, por disposición de una norma legal percibe honorarios; y el personal en que la especial regulación legal de su contratación a honorarios impide que puedan ser designados a contrata, como sucede en el caso de los inspectores técnicos de obras (ITO)”.

Puedes leer el dictamen completo de Contraloría a continuación.

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Cámara de Diputados aprueba requerir al TC que declare inconstitucional la licitación del litio realizada por Piñera

La explotación por 29 años de nuevos yacimientos del recurso natural ya fue adjudicada por el Gobierno a dos empresas.

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Por 42 votos a favor, 26 en contra y una abstención, este miércoles la Cámara de Diputados aprobó requerir al Tribunal Constitucional (TC) que declare la inconstitucionalidad del Decreto Supremo N° 23 del Ministerio de Minería que permitió la cuestionada licitación de nuevos yacimientos de litio.

Cabe recordar que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera dispuso de un total de 400 mil toneladas de litio de los salares del norte del país para que sean explotadas por empresas privadas hasta el año 2050, resultando finalmente ganadoras de la convocatoria las compañías BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A.

Leer también: Gobierno se adelantó y adjudicó licitación del litio a dos empresas en medio de controversial debate

La diputada del Partido Comunista, Marisela Santibáñez, celebró la aprobación del requerimiento que se realizará ante el TC, sosteniendo que “tenemos el deber y obligación de defender el bienestar del país”. “Llevaremos adelante todas las acciones que sean necesarias para evitar que unos pocos sigan vendiendo nuestro futuro”, añadió la parlamentaria.

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“Impedirían a una gran cantidad de jóvenes optar al beneficio”: organizaciones que impulsaron indulto a presos de la revuelta rechazan cambios del Senado

Los familiares de los presos políticos advierten que las indicaciones aprobadas “transforman el proyecto en un instrumento carente de utilidad”.

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Este martes fueron aprobadas en la comisión de Constitución del Senado las indicaciones sustitutivas al proyecto de ley de indulto general para los presos políticos de la revuelta presentadas por los senadores Francisco Huenchumilla (DC) y Pedro Araya (Ind), las que convierten a dicha iniciativa en una amnistía.

Leer también: Comisión del Senado aprobó convertir indulto para presos del estallido en amnistía

Sin embargo, esta modificación no fue bien recibida por los familiares de los presos de la revuelta, siendo rechazada incluso por las organizaciones que impulsaron su tramitación en el Congreso.

Se trata de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, la que junto al Grupo de Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos difundió este martes una declaración pública en donde advierten que “las indicaciones presentadas en orden a disminuir el catálogo de delitos, dejando fuera aquellos tan importantes como son la Ley de control de armas, homicidio frustrado o Ley de Seguridad Interior del Estado, atentan directamente contra el espíritu del proyecto”.

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En ese sentido, las agrupaciones denuncian que lo anterior “impediría a una gran cantidad de jóvenes optar a este beneficio, considerando que durante este gobierno se aumentaron las penas asociadas a la Ley de control de armas”.

Manifestación de los familiares de los presos en el exterior de la llamada ‘Moneda Chica’ / Agencia Uno

Cabe recordar que -como detallan en el documento- las aludidas indicaciones realizan las siguientes modificaciones a la iniciativa: “i) Cambia su título, de Indulto General a Amnistía; ii) Acota el catálogo de delitos incorporados para la aplicación de la ley; iii) Establece un filtro adicional para acceder a la amnistía, el cual sería no tener antecedentes delictivos por el mismo delito o similar, al momento de los hechos; iv) Se repone el plazo original para el efecto de la amnistía, es decir, desde el 07 de octubre de 2019 al 09 de diciembre de 2020; y v) Si bien mantiene el efecto de extinguir la pena, se hace obligatorio la eliminación de los antecedentes administrativos en los registros del Ministerio Público”.

Las organizaciones continúan señalando en su declaración que “nuestra preocupación central es que persiste la criminalización de la protesta social, lo que se ha traducido en la extensión con fines políticos de la prisión preventiva por más de dos años en algunos casos, negando totalmente la presunción de inocencia”. En esa misma línea, sostienen que “es grave la situación que enfrentan los condenados, considerando reiterados casos en que se ha comprobado montajes, infiltración policiaca y errores graves de procedimiento”. 

Lo sucedido hoy en la comisión del Senado tiene el efecto de transformar el proyecto en un instrumento carente de utilidad, dejando de lado el sentido de justicia y humanidad, considerando el excesivo tiempo transcurrido sin el debido proceso, las inhumanas condiciones carcelarias, así como el contexto de revuelta social en que ocurren estas detenciones arbitrarias”, denuncia finalmente la Asamblea de Familiares de los presos y el Grupo de Iniciativas por su libertad.

Para los jóvenes presos políticos y sus familias esto constituye una nueva vulneración y denegación de sus derechos humanos fundamentales, instalando con urgencia la necesidad de cambios profundos en la institucionalidad de nuestro país”, concluyen las organizaciones.

Puedes leer la declaración completa a continuación.

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El matinal

EN VIVO | La Voz de los que Sobran – 19 de enero de 2022

Alejandra Valle, Hassan Akram, Rodrigo Herrera y Daniel Stingo unen sus fuerzas y se suman a La Voz de los que Sobran.

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Alejandra Valle, Hassan Akram, Rodrigo Herrera y Daniel Stingo unen sus fuerzas y se suman a La Voz de los que Sobran.

¡Ya está al aire el matinal favorito de los chilenos! De 10 a 12 del día, Alejandra Valle, Hassan Akram, Rodrigo Herrera y Daniel Stingo unen sus fuerzas y se suman a La Voz de los que Sobran. Analizamos esas noticias que mueven la mañana y junto a nuestros entrevistados le damos contexto a lo que pasa en todo Chile.

Conéctate con nosotres y participa con tu comentario en nuestras redes sociales usando #LaVozDeLosQueSobran en el Twitter @delosquesobran y en Instagram @delosquesobrancl.

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