Desmontando el racismo

Foto: Agencia Uno

En el Congreso se está tramitando un proyecto de ley que actualiza nuestro marco migratorio, el cual tenemos desde la dictadura. Entre muchas de las deficiencias que tiene el actual, están los variados vacíos legales que dejan en las manos de las policías algunos criterios clave para el ingreso. Esto ha llevado a rechazar con mecanismos poco transparentes y de dudosa legalidad, el ingreso de, sobre todo afrodescendientes. El racismo se ha convertido en una práctica institucionalizada en nuestros principales puntos de entrada.

En las noticias internacionales y redes sociales esta semana ha resonado el caso de George Floyd, un ciudadano estadounidense afrodescendiente que murió a manos de la policía. La escena, capturada en video, dio vueltas por el mundo y provocó la indignación de millones de personas, incluidos nuestros ciudadanos.

Para quienes vieron con horror e indignación la inacción de los generales y los representantes políticos para castigar la grave falta de los oficiales, la pregunta cae de cajón: ¿pasan esas cosas también en nuestro país?

La respuesta es sí; varios de nuestros casos de abusos policiales son tan o más macabros que los acontecimientos que hemos visto esta semana en las pantallas.

Los casos más crudos levantan el velo de una gran máquina. Se revela una estructura que discrimina, castiga y hasta mata. Quienes estuvieron involucrados en las muertes de Joane Florvil y Camilo Catrillanca, son protegidos por una sociedad que avala la idea de que quien es diferente es sospechoso, y quien es sospechoso es criminal. En tanto, el reciente asesinato del werkén Alejandro Treuquil, quien hace poco había denunciado acoso policial, abre sospechas hacia nuestras instituciones, que en un contexto democrático no debiesen tener espacio.

En nuestra región sobra el actuar policial discriminatorio. El pasado miércoles 3 de Junio la Organización de Naciones Unidas denunció el ataque en Argentina por parte de la policía a ciudadanos indígenas. Brasil, por su parte, tiene un miserable récord de asesinatos de ciudadanos negros por parte de la policía, 3 de cada 4 muertos a manos de oficiales, son negros, según datos oficiales. Colombia no se queda atrás y tiene también tiene una violencia policial sistemática contra dirigentes afrodescendientes.

No es fácil cambiar las condiciones de fondo que llevan a estos fenómenos, pero sin duda que podemos hacer cambios que mejoren de manera significativa nuestra realidad actual.

En el Congreso se está tramitando un proyecto de ley que actualiza nuestro marco migratorio, el cual tenemos desde la dictadura. Entre muchas de las deficiencias que tiene el actual, están los variados vacíos legales que dejan en las manos de las policías algunos criterios clave para el ingreso. Esto ha llevado a rechazar con mecanismos poco transparentes y de dudosa legalidad, el ingreso de, sobre todo afrodescendientes. El racismo se ha convertido en una práctica institucionalizada en nuestros principales puntos de entrada.

Por otro lado, el actuar policial ya ha demostrado no ser controlado por el poder civil. Es insuficiente barajar las cartas que ya tenemos, haciendo enroques internos de altos mandos. El problema tiene sus raíces en la autonomía que ostentan, no le rinden cuentas a nadie.  Desde la oposición se han planteado propuestas de cambio, pero para concretar, es importante que el gobierno quiera hacer un esfuerzo real para reformar profundamente el cuerpo policial y replantear sus objetivos.

Hoy, de nuevo, hay que recordar que para vivir en una sociedad justa debemos desmontar la máquina del racismo. Debemos exigir un trato igualitario, sin espacio para el actuar arbitrario o violento de parte de aquellos que deben asegurar seguridad y bienestar.

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