Denuncian por desacato a director del Serviu de Arica: cerro intoxicado por químicos suecos fue privado de agua durante pandemia

Francisco Meza. Foto: primeravista.cl

“El Estado no ha sido capaz de hacer bien las cosas, ni menos de reparar el daño que nos han causado. El caso de la población Cerro Chuño es un ejemplo de la incompetencia y la irresponsabilidad del Estado, particularmente de este gobierno, que viola los Derechos Humanos de manera sistemática, en muchos niveles”, sostiene la abogada Josefina Prado, quien presentó la acción legal contra Francisco Meza.


El lunes fue presentada ante el Ministerio Público una denuncia por desacato en contra del director del Servicio de Vivienda y Urbanismo de Arica, Francisco Meza Hernández, por no dar cumplimiento a un fallo de la Corte Suprema del 30 de abril pasado que ordenó reponer el suministro de agua y alcantarillado en la población Cerro Chuño de la ciudad nortina, cuyo corte fue realizado hace ya cinco meses.

Ocurre que el 15 de enero Meza ordenó a la empresa Aguas del Altiplano la suspensión de los servicios básicos, esto como una medida de presión para continuar con la total erradicación de dicha área donde todavía habitan unas 2.500 personas. El Ministerio de Vivienda llevó a cabo esta tarea desalojando a los propietarios originales de las edificaciones del Cerro Chuño, dando así cumplimiento a la obligación del Estado chileno establecida en la Ley 20.590 de Polimetales para Arica.

LA IMPORTACIÓN DE MUERTES DE PROMEL

Para entender lo anterior hay que citar lo ocurrido en la ciudad de Arica en los años ’80, cuando -como abordamos en un reciente reportaje en La voz de los que sobran– la empresa chilena Promel trajo a partir de 1984 a nuestro país alrededor de 21 mil toneladas de desechos químicos pertenecientes a la compañía sueca Boliden.

Una acción que desde entonces ha significado muertes, malformaciones y una serie de enfermedades -como cáncer, fibromialgia, leucemia, esquizofrenia, autismo y fibrosis pulmonar- a los pobladores chilenos, sobre todo a los más pequeños, luego de años caminando y jugando sobre esa verdadera bomba de tiempo, sin saber la toxicidad que había bajo sus pies.

Fue una internación de desechos nocivos que contó con la autorización del Servicio de Salud de la época, los que fueron instalados en el Cerro Chuño y que -de acuerdo a lo que estableció en 2004 un informe de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados- se trató de “una situación dolosa” por parte de Promel, “ya que en su declaración de importación para obtener la autorización de ingreso, se faltó a la verdad respecto de la composición de los residuos”.

Cementerio tóxico traído por Promel. Captura reportaje de CHV

“Promel no compró estas ‘materias primas’, sino que recibió dinero para deshacerse de ellas, a sabiendas de que eran sustancias catalogadas como peligrosas en el país de origen, o que, por lo menos, requerían de una especial disposición”, informó entonces la comisión del Congreso respecto al funesto negocio de la compañía local que le significó embolsarse nada menos que 1 millón 600 mil dólares por esa labor.

Una exitosa maniobra para los empresarios locales, pero que se ha traducido hasta nuestros días en una estela de muerte que ahora reflota con el nuevo golpe que reciben quienes continúan habitando el Cerro Chuño.

En ese sentido, cabe recordar que el pasado 23 de marzo seis relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) enviaron una carta al Estado chileno y al gobierno sueco, emplazándolos a entregar una solución definitiva al crimen ambiental generado en la ciudad de Arica hace ya 37 años por parte de dos empresas de dichas naciones, en complicidad con las autoridades de la época. El organismo internacional instó a ambos países a repatriar o asegurar la eliminación de los desechos peligrosos, a realizar una reparación a los afectados y a entregarles una solución habitacional lejos de la contaminación.

EL FALLIDO DESALOJO

Josefina Prado, abogada de Derechos Humanos que hoy representa a los pobladores del Cerro Chuño, explica que “por ley, el Gobierno estaba obligado a hacer un proceso de reubicación de esas familias”, lo que comenzó a realizarse a partir del año 2012. “A las primeras familias se les hizo una especie de permuta, se les entregaron viviendas en otro sector de Arica, ellos devolvieron el subsidio, por lo tanto las viviendas llegaron nuevamente a manos de Serviu. Es decir, Serviu es el dueño de las casas de la población Cerro Chuño”, apunta la jurista, quien asesora a la Organización Social y Cultural Los Peregrinos y al comité de allegados Fuerza de Vida.

Sin embargo, como explica, las viviendas no fueron demolidas como ordenaba la ley. “Como esto no se hizo, las casas fueron tomadas por otras personas pertenecientes a dos sectores muy importantes: primero, personas sin vivienda; y el segundo grupo es de inmigrantes, representando cada uno de estos a aproximadamente un 50%”, profundiza Prado.

Ante este escenario, el Serviu, a través de la Gobernación de Arica, intentó un primer desalojo en el año 2017, lo que fue impedido por un recurso de protección interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Pero no solo eso: la Corte Suprema estableció que la Gobernación no tiene autoridad para realizar un desalojo de una propiedad con un dueño determinado, que en este caso es el propio Serviu, por lo que debía ser este último el que iniciara en tribunales civiles un proceso judicial para recuperar sus viviendas.

Captura reportaje de CHV

Fue entonces que el Serviu activó lo que se conoció como Plan de Retiro Voluntario, que involucró incentivos para los vecinos, tales como la asignación de subsidios de arriendo de 200 mil pesos por diez meses o un bono único de traslado de 600 mil pesos. Una iniciativa que, como explica la abogada Prado, no ha dado resultados debido a que la gran mayoría de la población se ve imposibilitada de cumplir con los requisitos impuestos, entre ellos el alto costo de los arriendos en Arica o la necesidad de contar con un contrato de arriendo firmado.

El llamado Plan de Retiro Voluntario fracasó, decidiendo entonces el Serviu ordenar a la empresa Aguas del Altiplano cortarle a los habitantes del sector en cuestión el suministro de agua potable y alcantarillado.

LA BATALLA LEGAL

“El agua potable es reconocida como un Derecho Humano esencial en tratados ratificados por Chile, y los órganos del Estado están obligados no solo a respetarlos, sino que también a garantizar su cumplimiento”, enfatiza Josefina, quien presentó un recurso de protección en contra de Aguas del Altiplano. En él advirtió que Serviu había solicitado a la empresa cortar el suministro y el servicio de alcantarillado solo en una parte de la población, en la Villa El Solar, sin embargo, la empresa lo hizo en la población completa.

La respuesta de la Corte de Apelaciones de Arica, fechada el 5 de abril de 2021, fue que la responsabilidad no recaía en Aguas del Altiplano, sino que en Serviu como propietario y quien ordenó la interrupción del servicio. Ante esto la abogada interpuso un segundo recurso contra el ente estatal, el que también fue rechazado, pero esta vez porque a mediados de diciembre de 2020 el organismo realizó una suerte de convenio de distribución de agua con la fundación Caritas, perteneciente a la Conferencia Episcopal de Chile.

Las razones de por qué el Estado realizó este acuerdo son desconocidas para la abogada, quien destaca que además este se llevó a cabo sin licitación pública e involucró la suma de 58 millones de pesos, traduciéndose en cambio para los pobladores en la disposición de estanques de agua por parte de Caritas.

“La Corte de Arica consideró que esos estanques de agua -que implican que la gente deba hacer filas enormes para llegar con baldes a unos estanques que están en medio de la basura-, en plena pandemia y en cuarentena, era suficiente para cubrir el agua potable en el Cerro Chuño”, advierte Prado.

Abogada Josefina Prado

En ese sentido, el máximo tribunal del país fue categórico al sostener que si bien el Serviu se encuentra obligado a dar cumplimiento al mencionado plan de erradicación de viviendas en el sector contaminado, “no es posible que para ello adopte resoluciones que importan un perjuicio aún mayor para quienes, aunque de manera ilegal, se encuentran ocupando los inmuebles del sector de Cerro Chuño”.

Junto con esto, la Suprema estableció que el aludido plan “se debe ejecutar procurando evitar al máximo cualquier menoscabo en la integridad física y psíquica de las personas afectadas por dicha medida”.

EL DESACATO

La abogada Josefina Prado advierte que hasta hoy el Serviu no ha llegado a un acuerdo con Aguas del Altiplano para concretar lo ordenado por la Corte Suprema. En un oficio enviado el 5 de mayo pasado a la empresa, el ente estatal le solicitó “arbitrar las medidas pertinentes en el menor plazo posible a fin de reponer el suministro de agua potable y alcantarillado en el sector de Cerro Chuño”. Por su parte, la compañía le respondió con fecha 24 de mayo que podían realizar lo solicitado a través de un “arranque común a nombre de Serviu”, agendando para ello reuniones de coordinación.

Fue en uno de estos encuentros, como explica Prado, que el Serviu le exigió a Aguas del Altiplano instalar medidores en cada uno de los domicilios, lo que -apunta la abogada- resulta “absurdo” y no sería más que otra acción dilatoria por parte del organismo de gobierno. “Los medidores se utilizan cuando tú tienes usuarios distintos, pero aquí el único propietario es el Serviu, hay una cuenta única, entonces esto no tiene ningún sentido”, enfatiza Josefina.

“En definitiva, lo que ocurre es que Aguas del Altiplano le dice a Serviu que les ofrece una solución; Serviu les responde que esta no les sirve y que quieren otra, y así pasó un mes y la gente sigue sin agua”, advierte la abogada, quien frente a este escenario ingresó este lunes a Fiscalía una denuncia por desacato en contra del director del Servicio de Vivienda y Urbanismo de Arica, Francisco Meza Hernández.

Foto: Arica al día

En la acción legal se cita al mencionado dictamen de la Corte Suprema del pasado 30 de abril que ordenó al organismo dirigido por Meza “adoptar de inmediato las medidas para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados con el corte del suministro de agua y alcantarillado, ordenando la reposición de tal servicio a Aguas del Altiplano”.

A la fecha, el denunciado NO ha dado cumplimiento a lo ordenado por la Corte Suprema, incurriendo en el delito de DESACATO, sin perjuicio de otros delitos contemplados en el Código Penal respecto de funcionarios públicos, poniendo en riesgo la vida y salud de más de 2.500 personas, en contexto de pandemia y cuarentena”, sostiene en la denuncia la abogada.

Al respecto, Josefina Prado declara que “todos y todas queremos que el sector contaminado con residuos tóxicos tenga el tratamiento que corresponde para dejar de ser un foco de contaminación para toda Arica. Sin embargo, el Estado no ha sido capaz de hacer bien las cosas, ni menos de reparar el daño que nos han causado. El caso de la población Cerro Chuño es un ejemplo de la incompetencia y la irresponsabilidad del Estado, particularmente de este gobierno, que viola los Derechos Humanos de manera sistemática, en muchos niveles”.

“Cortar el agua potable a una población completa, en medio de una pandemia mundial y pretender expulsarlos a la calle, a pesar de que existe una orden del más alto tribunal de la República, es una muestra más de la indiferencia de este gobierno ante las necesidades de las personas comunes y de la impunidad con la que pretenden seguir violando los Derechos Humanos y constitucionales de la población”, concluye la abogada.

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