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Opinión

Del secuestro de personas al secuestro del discurso contra la violencia

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Es el abandono y posterior derrota de los sectores de centro-izquierda y progresistas en la disputa discursiva sobre la violencia. Se trata de cómo los sectores que legitimaron y hasta participaron de una de las dictaduras más sangrientas y crueles que haya conocido la historia de la humanidad, hoy levantan, con una autoridad categórica impresionante, la condena de la violencia como uno de sus principales capitales políticos para llegar a transformarse en gobierno.


Paz. Esa es probablemente una de las palabras que más se repite entre quienes defienden votar por el candidato presidencial José Antonio Kast, sin necesariamente compartir todo lo que el abanderado del Frente Social Cristiano le propone hoy al país en caso de llegar a La Moneda.

Y es que el discurso de la “condena a la violencia” funciona a la hora de reclutar votos. Y hay dos formas, a mi juicio, para explicar dicha efectividad: una está relacionada con la cercanía en el tiempo de la radicalización de la protesta vivida tras el estallido social del 18 de octubre de 2019, y que se tradujo en lo que se traduce cualquier proceso insurreccional luego de décadas de abuso y desigualdad en contra de una gran parte de la población: enfrentamiento permanente con la policía y ataques a espacios físicos, parte de ellos representantes justamente de aquel modelo de acumulación de capital individual por parte de la clase alta en desmedro de una mejor calidad de vida colectiva.

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Y la segunda explicación tiene que ver con el abandono y posterior derrota de los sectores de centro-izquierda y progresistas en la disputa discursiva sobre la violencia. En otras palabras, se trata de cómo los sectores que legitiman y hasta participaron de una de las dictaduras más sangrientas y crueles que haya conocido la historia de la humanidad, hoy levantan, con una autoridad categórica impresionante, la condena de la violencia como uno de sus principales capitales políticos para llegar a transformarse en gobierno.

En la práctica esto último se ha traducido en que, por ejemplo, hoy el líder de la extrema derecha chilena que ha anunciado que indultará a los criminales de Lesa Humanidad presos en Punta Peuco, que ha informado que acabará con el Ministerio de la Mujer, que es respaldado por jóvenes neofascistas que han herido con armas en la calle a otras personas por pensar distinto, que se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo, que defiende públicamente la honra de un ex militar acusado de quemar vivos a dos jóvenes durante la dictadura y que, de hecho, no tiene ningún problema en defender a esa dictadura, hoy sea visto por una parte importante de la población como el depositario de su anhelo de paz, empoderándolo tanto a él como a sus seguidores, voceros y a su entorno en general, a tal punto que se siente y se sienten capaces de obligar a su principal adversario a condenar públicamente cualquier hecho de violencia política, “venga de donde venga”, independiente de si existe o no una relación entre este y el interpelado.

Es el diablo vendiendo cruces. Es el corralero hablando del “amor” hacia sus animales. Es el sacerdote abusador pontificando en favor de los niños. Es el femicida encabezando la búsqueda del cuerpo de su esposa que acaba de hacer desaparecer. Es la extrema derecha, pasando sin ningún problema, cómodamente, desde la complicidad en la tortura, en el asesinato masivo y en el secuestro de personas, al secuestro del discurso en contra de la violencia. Es la hipocresía. Es el delirio.

¿Cómo es posible que en nuestro país un colaborador y protector de una secta controlada por un funcionario nazi, donde se violaron Derechos Humanos y se abusó sexualmente de niños, hoy ocupe el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos? ¿Cómo es posible que un ex coronel del Ejército, hoy condenado por aplicar torturas a un detenido, haya sido elegido libremente por ciudadanos para ser alcalde de una comuna durante 16 años? ¿Cómo es posible que un miembro de una familia que participó en el asesinato de campesinos en la localidad de Paine hoy conmine al resto de la sociedad a condenar hechos de violencia, mientras se encumbra en las encuestas como una de las dos opciones para convertirse en la primera autoridad del país?   

A eso se ha llegado, en parte, por los espacios que la sociedad les fue abriendo en sintonía con la lógica concertacionista del diálogo, del consenso, de la incorporación a la vida pública en cargos como comandancias en jefe o direcciones policiacas, de la reconversión de médicos que ayer asesoraban sesiones de torturas a actuales facultativos que “salvan vidas” en clínicas privadas…          

Junto a aquello está también la nula voluntad de la clase política de centro izquierda y progresista para crear cortafuegos sólidos para hacer frente al resurgimiento y empoderamiento del fascismo a través de, por ejemplo, leyes que desincentiven y castiguen el negacionismo y la apología a las violaciones a los Derechos Humanos.

Y tan importante como eso es el evidente abandono por años de parte de los sectores de la izquierda institucionalizada de la imperiosa tarea de problematizar de forma seria, profunda, alejada de la criminalización simplona y populista de los medios de comunicación tradicionales, sobre el fenómeno de la violencia. La violencia como herramienta de visibilización y amplificación de la frustración y el sufrimiento de los sectores maltratados sistemáticamente por el modelo económico que nos rige; de la rabia que provoca observar cómo las faltas y “delitos” del ciudadano común y corriente son perseguidos por el sistema penal, mientras quienes roban y se enriquecen aún más en función del conocimiento privilegiado y de sus posiciones de poder, son enviados a clases de ética cuando se descubre su calidad de delincuentes.

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Y en todo esto jugaron, por supuesto, un rol fundamental los medios de comunicación tradicionales durante los últimos 30 años, preocupados convenientemente hasta nuestros días de acusar violaciones a los Derechos Humanos en Cuba y Venezuela, mientras en el panel del principal programa de debate político de los días domingos se le permitía a Sergio Melnick -un defensor de la dictadura y fundador junto al jefe operativo de la CNI de un “partido político”- opinar y ofrecer su visión de la realidad a los televidentes; o a una de las principales pinochetistas del país como Patricia Maldonado, acompañar las mañanas de la población durante años con su presencia en matinales de la televisión.

Una derrota de José Antonio Kast en la elección del próximo 19 de diciembre solo implicará en el corto plazo una derrota de los sectores negacionistas y abiertamente fascistas, como se busca hoy a través del apoyo al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. No cabe ninguna duda que tomarán aire y regresarán con mucha más fuerza por ese botín, mientras en el Parlamento sus 15 representantes -incluido por supuesto aquel que ha hecho apología de las violaciones a mujeres y ha legitimado el fusilamiento de personas en Pisagua- acumulan fuerzas y legislan para hacer retroceder a este país en lo más esencial del respeto a los seres humanos.

Este país ha creado un monstruo. Es hora de cortar su ducto de alimentación.     

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Opinión

El palco de Ximena Rincón: Una reflexión sobre su cómoda y fracasada generación

En las palabras de Ximena Rincón no sólo podemos leer cierto regocijo con lo incierto que será el futuro inmediato de quienes nos gobernarán; también podemos ver la frustración de los que esperaron que les entregaran el bastón de mando, mientras éste ya había sido arrancado de las manos de sus superiores por una generación menor.

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Esta semana, debido a un descuido con un micrófono, se conoció públicamente una opinión de la presidenta del Senado, Ximena Rincón, respecto al escenario que legislativo que le tocará al gobierno entrante. Con tono burlesco, la senadora señaló que lo que le viene a la nueva administración no es nada fácil, y ella tomará palco.

Una vez que este comentario comenzó a ser desmenuzado en las redes sociales, Rincón le bajó el perfil a lo dicho y le dio otro tono al original. Luego, al día siguiente, al lado del presidente electo en Enade, hizo como si nada hubiera pasado, y dio un discurso en el que trataba de abordar el tema con cierta gracia.

Pero más allá de lo que esto pudo causar en los pasillos del centro de operaciones de quienes entrarán a La Moneda el próximo 11 de marzo, sería bueno detenerse en la generación que representa la militante DC y sus intentos de ser parte importante de la historia reciente de Chile.

Ella, como muchos, es parte de quienes crecieron al alero concertacionista y se enamoraron de las oportunidades que sus padres políticos les dieron para usar uno que otro cargo de importancia, sin nunca ser realmente importantes ni tomar grandes decisiones sobre la democracia o el modelo económico. Ellos eran los hijos, los que esperaban que los viejos y fatigados héroes dieran su brazo a torcer y entregaran el poder.

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No importa cuán al interior estés de la máquina, o cuánto camino hayas recorrido, porque el poder no se cede, no se hereda; en cambio, se le arrebata a quienes no quieren soltarlo. Y esa es una dura enseñanza que tanto ella como sus pares han aprendido con la llegada del Frente Amplio al Ejecutivo.

Admitámoslo, no ha sido un tiempo fácil para Rincón, quien, a diferencia de lo que cree, nunca ha dejado ese palco del que habla burlescamente. Ha estado sentada en él durante décadas, mirando la historia pasar, esperando ese minuto en que su partido entienda que ella es una líder. Esto, claramente no ha ocurrido; sus intentos de experiencias presidenciales no han tenido éxito. Siempre sucede algo. Y lo más reciente fue cuando la reemplazaron por una, entonces, popular Yasna Provoste, quien, a pesar de tener una edad parecida, no pertenecía a la misma generación política.

En lo expuesto podemos encontrar razones para entender las diferencias entre sus acciones públicas y sus pensamientos privados, cuestión que, aunque muchos se escandalicen, pasa bastante en la política y entre los políticos; y, si extremamos el argumento, también en las relaciones cotidianas del ciudadano con su entorno, con el otro.

En las palabras de Ximena Rincón no sólo podemos leer cierto regocijo con lo incierto que será el futuro inmediato de quienes nos gobernarán; también podemos ver la frustración de los que esperaron que les entregaran el bastón de mando, mientras éste ya había sido arrancado de las manos de sus superiores por una generación menor.

Por lo tanto, ese palco no es nada para enorgullecerse, mientras haya otros que hagan la historia que ellos no pudieron hacer por comodidad y miedo.

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Opinión

¿Hasta cuándo ANID financia a investigadores con comprobadas faltas a la ética?

Es preciso destacar que la principal responsabilidad ética de este engranaje de malas prácticas recae sobre el investigador Claudio Hetz, sin embargo, también involucra a la universidad patrocinante, pues el actuar de la Universidad de Chile en este caso es a lo menos cuestionable.

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Quiero abordar una crítica desde las ciencias sociales al financiamiento público de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) a investigadores con comprobadas faltas a la ética como es el caso del académico de la Universidad de Chile Claudio Hetz.

El caso de Claudio Hetz es paradigmático en varios sentidos. Por una parte, la soberbia y la falta de autocrítica del investigador es escandalosa, pues a pesar de haber reconocido la adulteración de imágenes en sus papers y además haber sido cuestionado en una veintena de publicaciones científicas por inclusive una experta mundial en fraudes científicos como es Elisabeth Bik, igualmente se presenta para competir por fondos públicos para financiar sus investigaciones (Interferencia, 2022).

Y, por otra parte, es paradigmático porque la misma casa de estudios a la que pertenece Hetz y que lo investigó por faltas a la ética, comprobando la veracidad de estas acusaciones, al mismo tiempo, le prestó patrocinio institucional para postular al concurso Fondecyt Regular 2022, del cual hoy es uno de los investigadores con proyecto adjudicado.

Es preciso destacar que la principal responsabilidad ética de este engranaje de malas prácticas recae sobre el investigador Claudio Hetz, sin embargo, también involucra a la universidad patrocinante, pues el actuar de la Universidad de Chile en este caso es a lo menos cuestionable.

A pesar de lo anterior, me parece que más allá de la controversia con la institución patrocinante, es necesario cuestionar el rol de ANID en el financiamiento de proyectos de investigación.

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Hay un listado de aspectos que el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación debe abordar con seriedad durante este nuevo trayecto político que nos convoca a través de la revuelta social y del proceso constitucional: nivelar las brechas de género existentes, abordar y proponer cambios sustentables en materia de implementación de nuevas tecnologías, hacerse cargo en términos de políticas públicas del financiamiento para el capital humano avanzado que forman y que luego queda eternamente cesante, en fin, el listado es largo y el desafío es enorme. Sin embargo, aquí a un punto central que atraviesa transversalmente la conversación científica y es la pregunta de ¿para qué se investiga?

En esa interrogante existe un imperativo ético que en el caso de Claudio Hetz se obvia sin mediar cuestionamiento, porque ¿qué pasa en otros casos, por ejemplo, cuando se investiga con seres humanos?  ¿Se puede consultar a distintas personas, comunidades o pueblos para obtener la información que queremos y luego repetirla sin diferenciar identidades, proyecciones futuras, modos de ser, prácticas cotidianas, etc.? ¿Y en esta repetición de resultados ganar fondos públicos, publicar papers, obtener patrocinios institucionales y hacerse reconocido como académico?

Mi crítica (y autocrítica por cierto, pues soy parte de este mundo académico) desde mi campo de estudio que son las ciencias sociales , es la necesidad de que la academia haga un reconocimiento al histórico rol colonial que ha sustentado en la obtención de datos y en el manejo de información y que dicho reconocimiento vaya de la mano con transformaciones en las prácticas éticas de investigación, para que se posibilite la construcción de una academia menos elitista que deje de absorber el conocimiento local para beneficio propio, sin generar metodologías y mecanismos que permitan una devolución equitativa de lo entregado por las comunidades (Tuhiwai, 1999). 

En este sentido es válido también preguntarse acerca de ¿cuál es la formación en ética de la investigación que imparten los programas de posgrados? ¿Cuán éticamente preparados salen a investigar los académicos/as en Chile? ¿Es una materia que les importa a las Universidades en la formación científica que ofrecen?

Mi impresión sobre este punto es que la ética en la investigación no es abordada con la seriedad que amerita y que más bien se trasforma en una temática subyacente, que se asume como sabida, pero que no se trabaja a un nivel institucional ni mucho menos desde un enfoque crítico-reflexivo del rol que la investigación puede y debe cumplir en los distintos ámbitos del desarrollo humano y científico.

Ahora bien, ninguno de estos argumentos es válido para el caso de Claudio Hetz. Nadie medianamente involucrado en temas científicos podría asumir que no sabía lo que estaba haciendo o que manipuló datos sin darse cuenta -a pesar de que la Universidad de Chile señale en su declaración pública de que el investigador no tuvo la intención de defraudar-.

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El tema pasa por ¿qué viene después de este escenario repetido en el tiempo? ¿Esto queda en simplemente la molestia de un sector de la comunidad científica? o bien podemos llegar a impulsar desde todos los ámbitos involucrados/as -sujetos de estudios, investigadores, ANID, rectores, universidades-, cambios significativos en materia de ética de la investigación para mejorar la calidad de la relación investigadores-sujetos/objetos de estudio y conocimiento?

Lo digo porque no puede ser que los estándares éticos del investigador/a no sean considerados al momento de adjudicar financiamiento público por parte de ANID. No puede ser que un académico tenga comprobadas faltas a la ética y a nadie le importe.

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Opinión

Erika Martínez: Una alcaldesa de “Apruebo Dignidad” que se la juega por la probidad

En la comuna de San Miguel, a partir de la nueva administración municipal, se terminaron las artimañas especulativas para sacar ventajas comerciales con la explotación del recurso suelo urbano. ¿Será posible que se produzca un milagro para que en todas las municipalidades del país exista la probidad acreditada por la alcaldesa Martínez? 

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Durante la campaña electoral del año pasado para elegir alcaldes fuimos invitados a una reunión por ZOOM por el movimiento ciudadano de la comuna de San Miguel “No más edificios”, la que se realizó el 10 de mayo de 2021, ver link con la intervención activa de todos los candidatos, menos Luis Sanhueza, político miembro de Renovación Nacional (RN) que se repostulaba al cargo de alcalde. Dado que se iba a tratar un asunto relacionado con prácticas indebidas en el otorgamiento a la Fundación sin fines de lucro Ciudad del Niño, de 4 permisos de edificación por un total de 23 torres habitacionales en alturas de entre 14 y 23 pisos, las que él avaló, era lógico que se restara a participar en dicha reunión cibernética con sus contendientes. Quien ganó la elección fue la ingeniera civil, Erika Martínez, del Frente Amplio, conglomerado político que forma parte de “Apruebo Dignidad”.  

Los lectores deben saber que los terrenos en donde se otorgaron esos permisos, hace unos 70 años atrás, le fueron donados por el Estado a la aludida fundación sin fines de lucro, predios que, a partir del 25 de noviembre de 2016, con la publicación en el Diario Oficial del Plan Regulador (PRC), consideran alturas máximas de entre 5 y 10 pisos con densidades variables de entre 500 y 800 hab/ha. Debido a que la institucionalidad no ha aprobado un Estudio de Impacto Ambiental para estos invasivos proyectos ilegales las obras de los mismos no se han iniciado. 

En el ZOOM con los candidatos al cargo de alcalde quedó en evidencia que las extemporáneas fechas de los anteproyectos y permisos eran improcedentes y por ello, debido a que también se detectaron otras irregularidades en la tramitación de esos actos administrativos, se convino que la nueva autoridad municipal, quienquiera que fuera, con la certeza de que el alcalde en funciones, Luis Sanhueza, no podía ser reelecto, debía iniciar el procedimiento de invalidación de los 4 permisos, ello con el sano objetivo de que se cumpliera el marco regulatorio aplicable.  

Recientemente, el 6 de enero de 2022, se publica en el Diario Oficial el inicio del procedimiento de invalidación de los permisos contrarios a derecho números 32, 46, 68 y 69, todos del año 2019, ver link  con lo cual la alcaldesa Erika Martínez honró su palabra, aspecto poco habitual en este tipo de funciones dentro de la Administración del Estado, destacando en todo caso la férrea y terminante fiscalización ciudadana liderada por la vecina Tatiana Lizama del Movimiento “No más edificios” y el indispensable apoyo técnico de la competente arquitecta Gloria Flores.  

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Conclusión:

Ahora, los astutos empresarios de la Fundación Ciudad del Niño, los que intentaron pasar gato por liebre para vender en el mercado esos permisos en mayores precios, ello dadas sus encumbradas alturas, tienen 2 caminos a seguir: 1.- solicitar nuevos permisos de edificación respetando ahora la regulación urbanística más restrictiva de la comuna de San Miguel y 2.- interponer en la Corte de Apelaciones un recurso de protección en contra de la invalidación de los 4 permisos, aduciendo que tendría “derechos adquiridos de buena fe”, ardid recurrentemente empleado por quienes han intentado saltarse las reglas. Por otro lado, entendemos que el ex alcalde Sanhueza para ayudar al crecimiento demográfico de la nación, ya está ejerciendo su profesión de matrón en una clínica privada o en un hospital público de esta saturada megalópolis. 

Por lo descrito, está claro que, en la comuna de San Miguel, a partir de la nueva administración municipal, se terminaron las artimañas especulativas para sacar ventajas comerciales con la explotación del recurso suelo urbano. ¿Será posible que se produzca un milagro para que en todas las municipalidades del país exista la probidad acreditada por la alcaldesa Martínez?    

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