Declaración Pública Universidades chilenas por fallo de la Corte Suprema sobre acoso sexual

El fallo de la Corte Suprema contraviene los tratados internacionales suscritos por Chile, constituyendo una violación a los derechos fundamentales de las mujeres, tal como lo indica el voto disidente del citado fallo. 


La decisión del pleno de la Corte Suprema, que revirtió el fallo de primera instancia de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que destituyó al administrador zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial Alex Muñoz Prado por acoso sexual hacia cinco funcionarias, es un revés para los derechos humanos de las mujeres y una preocupante forma de conceptualizar el acoso sexual.

El fallo de la Corte Suprema contraviene los tratados internacionales suscritos por Chile, constituyendo una violación a los derechos fundamentales de las mujeres, tal como lo indica el voto disidente del citado fallo. 

La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujer (CEDAW) y la Convención Belém do Pará, entienden y reconocen que el acoso sexual es una manifestación de discriminación y violencia de género que afecta abrumadoramente a las mujeres, entorpeciendo sus posibilidades de trabajo y desarrollo profesional. 

Dichos tratados obligan al Estado de Chile, a través de las instituciones públicas y judiciales a “(…) garantizar la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación”, asimismo, imponen la obligación a los Estados partes de “modificar los patrones socioculturales entre hombres y mujeres con miras a la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos (…)”. 

El acoso sexual es una manifestación de violencia especialmente grave dado que se trata de una conducta pluriofensiva que es capaz de vulnerar varios derechos fundamentales a la vez: el principio de igualdad y no discriminación, la dignidad, libertad sexual y salud de las personas. De esa manera lo vivenciaron las cinco funcionarias que denunciaron a Muñoz Prado, quienes detallaron una serie de actitudes cometidas por el administrador judicial, reflejando un ámbito de trabajo hostil y perturbador para su dignidad. 

Esta decisión, que representa a la Corte Suprema, también se contrapone a los esfuerzos legislativos que buscan avanzar hacia normativas que reconozcan y garanticen los derechos fundamentales de las mujeres, como lo son los proyectos de ley sobre acoso sexual en el ámbito académico y por el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, ambos enfocados –entre otras materias- a desnaturalizar las conductas sexistas  y discriminatorias que desvalorizan particularmente a las mujeres. 

Del mismo modo, la decisión fragiliza los procesos de institucionalización de género iniciados por diversas universidades, incorporando este enfoque en la gestión y avanzando en normativas y acciones de prevención destinadas a contrarrestar la discriminación y violencia que afecta a las mujeres en el ámbito de la educación superior.  

Una vez más, se trata de una decisión judicial desconectada de los procesos transformadores por los  que atraviesa el país y el mundo, liderados por una serie de demandas vinculadas a los movimientos de mujeres y feministas, que en 2018 instalaron en la agenda pública el acoso sexual en el ámbito universitario y que de manera reiterada alertan sobre cómo estos fallos limitan el derecho de acceder a la justicia y a la tutela judicial efectiva de los derechos de mujeres, al no incorporar la perspectiva de género como un elemento integrante de justicia material. 

Las direcciones, unidades y oficinas de género abajo firmantes vemos con preocupación el impacto público de esta decisión y desaprobamos las mínimas medidas sancionatorias adoptadas por la Corte Suprema que revictimiza a las denunciantes, reafirmando que no cejaremos en el empeño de trabajar en pos de la construcción de una igualdad de género sustantiva entre las personas al interior de nuestras instituciones.


Karin Baeza Vásquez. Directora de Género, Diversidad y Equidad, Universidad de Santiago de Chile

Tamara Castillo Ordenes e Iván Martínez. Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, Universidad de Atacama

Karen Jacob Chung. Directora de Equidad de Género y Diversidad, Universidad Arturo Prat

Rosario García-Huidobro Munita. Directora de Igualdad de Género, Universidad de Los Lagos

Mariana Gaba. Directora del Departamento de Género, Universidad Diego Portales 

Fancy Castro Rubilar. Coordinadora del Proyecto de Géneros y Equidad, Universidad del Bío-Bío

Angélica Marín Díaz. Secretaria Ejecutiva de la Oficina de Género y Sexualidades, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

Javiera Arce Riffo. Secretaria Ejecutiva de la Unidad de Igualdad y Diversidad, Universidad de Valparaíso

Sintia Orellana Yévenes. Directora de Género, Equidad y Diversidad, Universidad de Magallanes

Vanessa Jara Labarthé. Directora Equidad de Género, Universidad de Tarapacá

Ana Karina Timm Hidalgo. Directora de Equidad de Género e Igualdad, Universidad de Playa Ancha  

Bárbara Eytel Pastor. Directora de Equidad de Género, Universidad de La Frontera

Karla Escobar Martínez. Programa de Género y Equidad, Universidad Tecnológica Metropolitana

Mireya Palavecinos. Universidad de la Frontera. Académica, integrante del Consejo Universitario

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