De la CNI a Temucuicui: Los hitos que han marcado la historia de la Policía de Investigaciones

Pocos recuerdan que fueron el brazo armado de la CNI y que, tras un lavado de imagen, asimilaron sus distintivos y uniformes al FBI estadounidense para dejar atrás un pasado que los unía con la dictadura. La Policía de Investigaciones en democracia siguió trabajando como un cuerpo de élite de agentes del Estado, dedicados a la investigación de delitos pero no han estado exentos de polémica. Con el allanamiento en las comunidades mapuche el jueves siete enero, donde participaron 850 efectivos en las cercanías de Temucuicui, la institución volvió a recibir fuertes críticas de la ciudadanía.


En dictadura, la Policía de Investigaciones estaba subordinada completamente a Pinochet y al Ministerio de Defensa. Eran un organismo orientado a la seguridad del Estado cumpliendo un rol de inteligencia política, alejándose de los crímenes y acercándose más a las operaciones de exterminio de personas, convirtiéndose en el brazo armado de la Central Nacional de Inteligencia (CNI).

En la actualidad, a diferencia de Carabineros. PDI es un organismo pequeño con 9.687 funcionarios operativos a nivel nacional, Carabineros tan solo en Santiago cuenta con más de 14.000.

Uno de los que estuvo en la PDI en esos tiempos es su actual director, Héctor Espinosa. Inició su carrera en 1979 y en su trayectoria pasó por la investigación en delitos sexuales, económicos, homicidios, robos e inteligencia policial.

Tras la vuelta a la democracia, según recoge el estudio “Democratización y campo policial: Nuevos consensos, cambios estructurales y mutaciones organizacionales en las policías de Chile (1990-2005)”, la PDI comenzó un camino de reformas, dejando atrás su rol de inteligencia política y se centró capacitarse para investigar delitos y violaciones de derechos humanos, conforme a los informes de la Comisión Rettig.

Desde ahí comenzó un lento recambio de ex agentes de la CNI por nuevos PDI que no estuvieron involucrados con el organismo de inteligencia. Un ejemplo es el ex comisario Jorge Barraza, quién se encargó de investigar el crimen del senador Jaime Guzmán.

Barraza apareció en 1991 en una lista de ex agentes procesados por matar a Sergio Flores Durán y María Cienfuegos Cavieres, militantes del MIR que murieron en un falso enfrentamiento en su hogar de la comuna de La Cisterna, el 11 de diciembre de 1981.

2011: Los últimos CNI de la PDI

Un artículo de El Mostrador dio cuenta como, hace menos de diez años, aún había funcionarios de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que seguían trabajando en la PDI, entre ellos el prefecto Héctor Silva, conocido como “pulgarcito”, a quien se mencionó en una causa por tortura el ex agente Víctor Muñoz Orellana (identidad operativa Jaime Marinovic Palma y conocido como “el cordillera”), como uno de los “interrogadores” de la Brigada Azul que combatió al MIR.

De acuerdo a otro reportaje publicado por el diario La Nación en 2008, Silva fue el encargado del registro de huellas dactilares de la CNI y también fue citado a declarar en la Operación Albania y otras causas.

En los años noventa trabajó en la Brigada de Homicidios e indagó por orden de Milton Juica el llamado “Caso Degollados”, relativo al homicidio de cuatro militantes comunistas por parte de agentes de la Dicomcar, y en otras causas similares como agregado a varios ministros de Corte.

Ese medio consultó a Silva, quien confirmó su pasó por la CNI. Sin embargo, niega su paso por la Brigada Azul o haber sido un interrogador.

La Policía de Investigaciones recién comenzó a modernizarse cuando el presidente Patricio Aylwin designó como Director General a Nelson Mery. En su gestión impulsó el Plan Fénix de modernización institucional, que generó la inversión más grande de toda la historia.

Mery fue General Director de la PDI entre 1992 y 2003, años donde la organización se ajustó para “cumplir su misión en un contexto democrático, promoviendo el pleno respetos de los derechos humanos y la ética profesional”, tal como relata la cuenta pública de la institución del 2013.

Mery salió de la PDI después que la ex presa política Odette Alegría lo acusara de “vejaciones sexuales”, mientras otros presos políticos han declarado que Mery participaba activamente en el interrogatorio y tortura de los detenidos en la Escuela de Artillería de Linares. Pero tuvo el tiempo suficiente para allanarle el camino a su sucesor, que es masón igual que él.

Su sucesor fue Arturo Herrera, director de la PDI entre 2003 y 2009, período donde continuó el programa de modernización. Tanto Mery como Herrera son muy cercanos entre sí y tienen redes con la concertación.

En febrero de 2008 el director Herrera se convirtió en presidente interino de Interpol y en junio del mismo año se presentó la nueva sigla corporativa “PDI” que los distingue hasta hoy, en reemplazo de la tradicional “PICH”. Fueron años donde la modernización funcionó y fueron recuperando la confianza de la ciudadanía.

Lo que pocos sabían es que Herrera desarrolló casi la mitad de su carrera en dictadura donde fue hombre de confianza de los generales y directores de Investigaciones Ernesto Baeza y Fernando Paredes.

Herrera ayudó a Baeza a establecer una estrecha colaboración de la PDI con la DINA en los años más duros de la dictadura militar. Posteriormente fue ayudante de Paredes en la década de los 80, cuando la policía civil se coordinaba con la CNI en operativos, torturas y obstaculización de la justicia.

Después de que llegara a ser director de la PDI, trajo al General Paredes de vuelta y diseñó un alto mando con hombres provenientes de las dos antiguas fuerzas de elite creadas para la represión en dictadura (CNI y DINA). Al igual que Mery y Espinoza, Herrera pertenece a la masonería.

Estos lazos estrechos de Herrera con los agentes de la DINA y la CNI y la generación de un nuevo alto mando con ex agentes de ambos organismos de inteligencia no hicieron ruido. Finalmente Herrera salió anticipadamente el 2009 por una crisis interna debido a la vinculación de algunos detectives a una red de prostitución infantil. Bachelet lo sacó luego de que Herrera llamara a retiro a cuatro altos mandos para allanar el camino a su sucesor, entre ellos el prefecto inspector Héctor Soto Candia, el cuarto hombre en la línea de mando y uno de los preferidos del Ejecutivo para suceder a Herrera.

A Herrera lo sucedió Marcos Vásquez Meza, quien fue director general desde el 26 de junio de 2009 hasta el año 2015. En su administración comenzarían a sucederse las primeras denuncias graves contra la Policía de Investigaciones, como el caso que declaró culpables a diez detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) por falsificación de partes policiales, detención ilegal, apremios ilegítimos (torturas) y allanamientos ilegales en Concepción.

Nelson Mery, Arturo Herrera y Marcos Vásquez.

Tras cumplir su periodo en el cargo, Vásquez fue reemplazado por Héctor Espinosa Valenzuela, quién se mantiene en el cargo desde el 2015 hasta hoy.

Espinosa fue designado durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y el 2019 también fue elegido Presidente del Grupo de Jefes de Policías de Interpol para América del Sur.

En su carrera, mientras fue Jefe de la Prefectura Provincial de Concepción, desempeñó un rol importante en la desarticulación de la cúpula de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), entre los años 2008 y 2009.

Es masón, al igual que sus antecesores Nelson Mery y Arturo Herrera.

Hitos que marcaron la PDI durante la última década:

2014: Torturas en Concepción

Diez oficiales de la Policía de Investigaciones fueron investigados por procedimientos irregulares y corrupción, debido al allanamiento en domicilios de microtraficantes donde se practicaron detenciones ilegales. Se les acusó de haber sometido a torturas a los detenidos para que denunciaran a otros narcotraficantes; y requisaron droga que no fue declarada.

Estos hechos fueron cometidos en un procedimiento realizado en marzo de 2012, cuando los funcionarios policiales ingresaron por la fuerza a un domicilio en Pudahuel, durante una investigación por incautación de droga. El resultado fue la confiscación de 84 papelillos de cocaína. Además, según una investigación realizada por Ciper, “el parte policial del procedimiento indicó que sólo se practicó un arresto, pero en realidad también fueron conducidos a un cuartel de la PDI la hija y la nieta del detenido”.

Luego del juicio, en noviembre del 2014 y bajo la investigación del fiscal Emiliano Arias, el Primer Tribunal Oral de Santiago declaró culpables a nueve de los diez implicados por los delitos de apremios ilegítimos, allanamientos y detenciones ilegales, microtráfico e infracción al artículo N°22 de la Ley Orgánica de la PDI (el cual se refiere a la elaboración de parte policial falso).

2018: Participación de la PDI en el caso Luchsinger Mackay

Tras el incendio que provocó la muerte de Werner Luchsinger y Vivian Mackay, la fiscalía apuntó inmediatamente a varios dirigentes mapuche y los acusó de terroristas, entre ellos la machi Francisca Linconao, Sergio Catrilaf, Juan Tralcal, Aurelio Catrilaf, Eliseo Catrilaf, José Córdova, Sabino Catrilaf, Luis Tralcal, Hernán Catrilaf, José Tralcal y José Peralino, junto al ya condenado machi Celestino Córdova.

Este caso fue investigado por el fiscal jefe de Temuco Alberto Chiffelle, quién después sería demandado por obstrucción a la investigación. Chiffelle usó a la PDI para dar con supuestas pruebas que servirían para llevar a la cárcel por terrorismo a los dirigentes mapuche.

La investigación, conducida por el fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, y Chiffelle, no fue capaz de demostrar en juicio la culpabilidad de los 11 imputados. Todos, pasaron más de año y medio en prisión preventiva para finalmente quedar en libertad.

De acuerdo a un reportaje de El Desconcierto, los miembros de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE), Raimundo Villegas, Guillermo Vilches y Claudio Leiro quisieron imputar a los líderes mapuches por terrorismo, sin embargo la investigación no se sostuvo. Los oficiales fueron querellados por falso testimonio y Chiffelle por obstrucción a la investigación.

2019: Héctor Espinosa y el Tiragate

El actual director de la PDI, Héctor Espinosa, fue protagonista del caso de corrupción más importante que afectó al organismo desde el inicio de la transición democrática.

Todo comenzó cuando el ex comisario Germán Vásquez, denunció que durante el año 2016 se concretó la compra de un auto lujoso (marca Hyundai, modelo Génesis) con recursos de la institución, para el uso personal del Director General de la PDI.

La adquisición del auto fue por $61 millones, cuando en el mercado su valor era de $40 millones. También, se denunció que la compra se hizo a la empresa Grisolia, donde el dueño sería cercano a Espinosa.

Según el portal de CHV Noticias, “Contraloría reparó en que no se realizó un análisis comparativo en el mercado, añadiendo que no se ven elementos de seguridad que lo separen de otros modelos del mercado que pudieran elevar su precio, como el blindaje”.

Otra de las denuncias, expone que el Director Nacional habría realizado 21 viajes al extranjero, donde se encontrarían ciertas irregularidades como estadías por más días de lo estipulado y cambios en los pasajes, y que esto habría sido costeado con fondos de la Policía de Investigaciones.

Frente a esto, Héctor Espinosa declaró a la prensa en ese momento “Hay una interpretación mañosa y malintencionada respecto a esto”. Y, sobre quienes realizaron las acusaciones, dijo que “son personas que han sido desvinculadas de la institución. Ellos han amenazado con hacer cualquier cosa con tal de destruir la imagen institucional y la mía”.

Después, The Clinic reveló que el director de la PDI también usó recursos de la Policía de Investigaciones para arrendar una lujosa mansión en Las Condes, perteneciente a la División de Bienestar de la Fach avaluada en $2,5 millones de dólares. Tras el revuelo que generó el reportaje, la PDI aseguró que se arrendó esa casa por motivos “de seguridad”.

2019: Violaciones a los DD.HH durante el Estallido Social

En total son 96 funcionarios de la PDI investigados por violaciones a los Derechos Humanos en el contexto de la revuelta, en 74 causas, según consta en los registros del INDH.

En noviembre del 2019, el director de la PDI Héctor Espinosa, señaló que todo esto era falso, “lo que ha salido en los medios de comunicación son hechos falsos, salidos de contexto, han sido montajes que han pretendido enlodar y echar a perder la imagen que tiene la PDI”.

Espinosa asegura que la PDI no cometió abusos contra las personas, y lo ha reiterado en una serie de polémicas declaraciones.

 “Cuando un policía es atacado y responde, no es violación a los Derechos Humanos y lo digo tajantemente. Eso es defender su integridad y la de sus compañeros”, dijo.

2020: Allanamiento en Temucuicui

El último de los hechos que colocó a la Policía de investigaciones en el ojo del huracán, fue el allanamiento con 850 efectivos policiales, helicópteros, drones y armamento de guerra a las comunidades mapuche de Ercilla. El operativo con tintes militares solo logró decomisar 1000 plantas de marihuana cultivadas en un invernadero de la zona.

El allanamiento generó una fuerte polémica por la violencia con que los efectivos de la PDI entraron a las comunidades, destruyendo casas, cercos y matando animales, justo en el momento en que se leía el veredicto por el homicidio de Camilo Catrillanca, en manos del Comando Jungla de Carabineros en noviembre del 2018.

En el operativo fue detenida G.C, la hija Catrillanca, a quien esposaron y retuvieron a pesar de tener solo siete años. La PDI ha tratado de desmentir la información a pesar de las imágenes que se virilizaron en redes sociales y las confirmaciones que recibió este medio de distintas fuentes al interior de las comunidades.

“No aceptamos que nos vengan a decir que somos violadores de los DD.HH y menos que nos vengan a decir que hemos abusado y hemos tratado mal a una pequeña inocente que está inserta en una comunidad donde ve violencia y ve todo esto a vista y paciencia de las autoridades”, señaló el director de la PDI frente a la Comisión de Seguridad del Senado.

Nota complementaria:

A pesar que la PDI es pequeña en tamaño, esta ha ido aumentando considerablemente su presupuesto. De los $159.616.987 que gastaron el 2010 pasaron a un presupuesto anual de 482 millones de dólares para este 2021.

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