Contraloría comprueba que 54 personas con antecedentes penales fueron contratadas en San Ramón

La Contraloría General de la República presentó este martes el informe final sobre la auditoría al cumplimiento de las inhabilidades de personal de la Municipalidad de San Ramón, luego que se denunciara la contratación de personas con antecedentes penales.


La Contraloría comunicó que 54 funcionarios con condenas por crímenes o simples delitos y que trabajaban en la Municipalidad de San Ramón, deberán dejar sus cargos.

De acuerdo a lo comprobado por el órgano persecutor, cuatro servidores contratados por el municipio, entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2019, tenían vínculos de parentesco con funcionarios que ocuparon cargos de directivo, jefe de departamento o concejal en esa entidad edilicia, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 54.

Asimismo, se verificó que 18 servidores a honorarios fueron contratados por la Municipalidad de San Ramón, pese a registrar condenas por crímenes o simples delitos.

“Se verificó que 18 servidores a honorarios fueron contratados por la Municipalidad de San Ramón, pese a registrar condenas por crímenes o simples delitos. A su vez, se observó que 36 personas informadas como contratadas por esa entidad comunal en el periodo examinado -1 funcionario cuya calidad jurídica se desconoce y 35 servidores a honorarios-, presentan anotaciones por crímenes o simples delitos en el registro de antecedentes penales que mantiene el Servicio de Registro Civil e Identificación (…) Asimismo, se comprobó que dichas contrataciones no se encuentran registradas en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado -SIAPER-, de este Organismo de Control”.

El organismo sostuvo que “en relación con las situaciones anteriormente descritas, esa entidad comunal deberá, previo traslado a los interesados, poner término a los vínculos contractuales en los que se presentan las situaciones de inhabilidad antes descritas (…) en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la notificación del presente informe”.

De igual forma, deberá “adoptar las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, se dé estricto cumplimiento a lo ordenado en las letras b) y c) del citado artículo 54 de la ley N° 18.575, de manera que no se reitere la contratación de personas afectas a las inhabilidades allí previstas”.

Además, se establecieron desembolsos por $5.503.888, por prestación de servicios a honorarios, sin que la entidad comunal proporcionara los antecedentes de respaldo de dichas erogaciones, entre otras irregularidades expuestas, que suman un total ascendente a $12.170.548, según concluyó Contraloría.

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