Comisión de migraciones de Convergencia Social rechaza detenciones y política de expulsiones masivas

Este fin de semana hemos visto cómo nuevamente el gobierno de Sebastián Piñera ha desarrollado una serie de detenciones a personas migrantes con el objetivo de darles orden de expulsión inmediata. Como Convergencia Social rechazamos estas detenciones así como la política de expulsiones masivas que ha instalado este gobierno, por las siguientes razones:


1. La ley obliga a notificar a tribunales de cada expulsión y esto no está ocurriendo, con lo cual se vulnera el derecho igualitario de acceso a la justicia. El gobierno se afirma en acciones administrativas saltándose la posibilidad de dar derecho a un debido proceso, sobre todo, en aquellos casos en que los detenidos tienen familia en el país y en que no tenían antecedentes penales previos.

2. Asimismo, vulnera el derecho de niños/as a vivir con sus familias al ordenar expulsar a personas que tienen hijos/as en Chile. La separación de NNAs de adultos/as responsables es una vulneración de derechos por parte del Estado. Se vulnera además con ello el principio de reunificación familiar.

3. La nueva ley de migraciones establece un periodo de 180 días desde el 20 de abril para que las personas salgan voluntariamente del país sin ninguna sanción, lo que actualmente se está vulnerando.

4. El gobierno hace caso omiso al llamado que diferentes organizaciones sociales migrantes y de la sociedad civil, además de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que frene las expulsiones colectivas de migrantes. Las detenciones colectivas están prohibidas en el derecho internacional.

Esta política de expulsiones del gobierno además promueve una lógica selectiva respecto de quienes son considerados/as como posibles residentes migrantes en Chile y quienes son marginados de residir en el territorio nacional, haciendo un uso mediático de la expulsión, lo que sólo favorece la criminalización y discriminación de este colectivo social.

Hacemos un llamado a que el gobierno detenga su política de expulsiones que vulnera los Derechos Humanos, respete la ley vigente y las normas internacionales ratificadas por nuestro país, y garantice el debido proceso a todas las personas. Además, llamar a evidenciar y detener la xenofobia institucional y estructural presente el día de hoy maquillada como política pública gubernamental

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