Caso Zerené vs IPS de Talca: Cuando el Estado le falla a una víctima de violencia intrafamiliar

Paula Zerené tenía contrato vigente con el Instituto de Previsión Social (IPS) cuando fue despedida por “ausencias prolongadas”. Aquello, en medio de una profunda depresión vinculada a episodios de violencia intrafamiliar grave. Desde la entidad conocían este hecho una vez que solicitó trasladarse, en un requerimiento que se tornó en un despido. Todo esto, en un caso que expone cómo el sistema público expone a las mujeres a una cadena de abusos.


El pasado 19 de febrero, el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca rechazó en primera instancia una demanda de tutela laboral contra el Instituto de Previsión Social. La acción, buscaba reparar el daño hecho a Paula Zerené, quien acusó ser despedida y discriminada por ser víctima de violencia intrafamiliar.

La demanda pide un pago de indemnizaciones por despido vulneratorio, daño moral y mes de aviso previo. Además, solicita medidas reparatorias que vayan desde la capacitación de las y los funcionarios de la entidad en materias laborales, a las disculpas públicas.

Sin embargo, el tribunal decidió acoger una excepción de caducidad presentada por la defensa del IPS. Esto, ya que el reclamo por el despido y la posterior acción judicial, fue presentada fuera de los plazos exigidos por la ley. Por lo mismo, el juez decidió omitir cualquier pronunciamiento respecto de lo solicitado por Paula.

De manera irónica, quien fuera su agresor y expareja continúa trabajando para el Estado. Mientras ella debe mantener a su hijo sin trabajo y en una nueva ciudad. Una historia que deja ver las incoherencias del sistema público como empleador y protector de las mujeres.

La historia Zerené vs IPS

Paula llevaba más de seis años en el IPS de Talca cuando comenzó a ser víctima de violencia intrafamiliar. Según un informe psiquiátrico expuesto en el marco del juicio contra la entidad, el mismo año que fue removida exhibía “síntomas depresivos importantes (…) todo esto desencadenado por problemas con su expareja”.

En ese contexto, por enero de 2018 comenzó a presentar numerosas licencias a su trabajo. Esto, ante el inminente riesgo de su vida y la de su hijo.

Siete meses después, y acompañada de su padre, Paula decidió solicitar una reunión con su jefatura y sus compañeras de trabajo, con el fin de explicar su ausencia prolongada y pedir un traslado de ciudad.

Según cuenta Alberto Zerené, “ella no se quería ir, pero pensando en su futuro, su seguridad y la de su hijo, lo decidió. Entonces, en agosto se fue a despedir y a contarle el detalle a sus compañeros de lo que le había tocado vivir. Ahí retiró sus cosas de la oficina y salió muy triste. Le habían entregado su uniforme nuevo, porque su objetivo era irse”.

Papá de Paula

A la instancia llegó un informe del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), entidad a la que había recurrido para buscar ayuda, llamado “violentómetro”. El instrumento mide, en una escala del 1 al 30, el tipo de violencia doméstica que experimenta una víctima. En el caso de Paula, la medición llegó hasta el 27, cercana a ser víctima de un femicidio.

Este escenario la motivó a concretar su salida de Talca. Para no toparse más con el padre de su hijo decidió mudarse a Rancagua, donde viven su madre y hermano mayor. Una decisión que Paula informó a su jefe, Waldo Quevedo Araya, según los correos electrónicos presentados en el juicio, el mismo mes que se hizo la reunión. Quevedo se limitó a responder que realizaría “las acciones pertinentes para llevar a cabo la solicitud”.

No obstante, en noviembre del mismo año, cuando ya estaba en casa de su madre, la extrabajadora del IPS dejó de percibir su sueldo. Al consultarle a su jefe qué ocurría nunca le respondieron. De hecho, tuvo que recurrir a la Dirección de Gestión Ciudadana de la Presidencia de la República en el Palacio de La Moneda, desde donde le informaron que había sido desvinculada con la justificación de “ausencias prolongadas en el tiempo”.

Según los antecedentes reunidos en la sentencia del juez Juan Bruna Parada, a Paula la despidieron en octubre y la notificación se le envió en noviembre al que era su domicilio en Talca. Por lo mismo, recién pudo conocer su estado laboral el 2 de enero, más de dos meses después. Un hecho clave para que presentase un reclamo en febrero, lo que salía del plazo de 60 días que establece la ley. 

Para su abogado, Fernado Leal, el empleador de su representada “en todo minuto le dio señales de que estaban preocupados, que querían solidarizar y apoyarla. Se fue a vivir a Rancagua con la convicción de que su traslado en cualquier minuto le iba a ser notificado y que ella iba a volver a trabajar”, expone.

Sin embargo, y pese a su esperanza de reinventarse en otra ciudad, se quedó sin sustento laboral. A su vez, el despido le causó una recaída. Según el informe psiquiátrico antes citado, luego de ser desvinculada, Paula tuvo una “descompensación de su cuadro clínico”.

Transgresión de tratados por la defensa de las mujeres

Dentro de la demanda por tutela laboral presentada, lo más grave para el abogado especialista en derechos humanos es que despidieron a Paula sabiendo su delicada situación.

“La engañaron diciéndole que se fuera tranquila, no la trasladaron y en definitiva la despidieron sin notificarlo de forma inmediata, sino que buscaron esta forma mañosa para que no se enterara y no pudiera ejercer acciones ni derechos. Habla muy mal del Instituto de Previsión Social y del Estado de Chile, de quien depende esta institución”, critica Leal.

Según el representante, el caso demuestra una clara violación de la convención internacional “Belem do Para”. Esta fue ratificada por Chile en 1996 y compromete a los Estados suscritos a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

“Es una situación gravísima que desnuda que, al final del día, el Estado es el peor empleador. Firma y firma tratados internacionales siempre, y nos queremos equiparar a otros países de la OCDE. Sin embargo, a sus propios trabajadores los maltratan de esta manera”, aseguró.

Por otra parte, el abogado también apunta a una clara contradicción en el discurso del IPS. Puesto que actualmente declaran defender los principios de la igualdad de género. Marco en el que declararon haber desarrollado más de 10 instancias educativas a sus trabajadores durante el 2019.

La gota que rebalsaría el vaso en este caso es que, según afirma el padre de Paula, el agresor y expareja de Paula seguiría trabajando en el Servicio Nacional de Menores de Talca. Incluso, habría sido ascendido, según le confirmaron a Alberto algunas fuentes cercanas. 

Sin embargo, según consta en la nómina de contrataciones del Sename, el involucrado solo habría trabajado ahí hasta 2017. Donde, pese a contar con una denuncia por violencia intrafamiliar, ocupaba el cargo de educador de trato directo.

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