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Caso Gustavo Gatica: Ex oficial de Carabineros imputado por disparar al estudiante busca rebaja de medida cautelar

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El 21 de agosto pasado, la fiscalía Centro Norte formalizó a Claudio Crespo por apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas. A tres meses de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretara prisión preventiva, su defensa pidió la revisión de medidas cautelares.

Gatica fue lesionado en medio de una manifestación en Plaza Italia el 8 de noviembre del 2019.

“Abusando de su cargo, con la intención de castigar disparó la escopeta antidisturbios (…) directamente al tercio superior del cuerpo de manifestantes, impactando a la víctima Gustavo Gatica, quien se encontraba en el grupo referido”, consignó el fiscal Francisco Ledezma en la audiencia de comunicación de cargos, en la que la jueza, Marcia Figueroa ordenó la prisión preventiva del ex oficial.

En su resolución y tras revisar las evidencias exhibidas por el Ministerio Público, la magistrada consignó que “no cabe duda de que es él quien dispara el arma antidisturbios que ocasiona las lesiones, con los antecedentes que se han vertido en la audiencia”. Entre las pruebas, la fiscalía dio cuenta de una recreación virtual de los incidentes basadas en registros de distintas cámaras y declaraciones de testigos.

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Crespo actualmente cumple la prisión preventiva en el CDT Sucre de Carabineros, situación que busca revertir su abogado defensor Pedro Orthusteguy, quien en su solicitud de audiencia ingresada al tribunal y con la que busca rebajar la medida cautelar, requirió, además, “la autorización informática para que esta parte pueda compartir elementos audiovisuales en el caso de efectuarse la audiencia remotamente vía Zoom”, según consigna el escrito.

En su respuesta, el tribunal fijó la instancia judicial para el próximo 22 de diciembre, audiencia en la que también se discutirá la ampliación del plazo de investigación.

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Por el Derecho a la Seguridad Social: La Iniciativa Popular de Norma que busca acabar con las AFP

La propuesta presentada por la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP pretende consagrar la seguridad social como derecho inalienable en la nueva Constitución. Derecho que, según esta iniciativa, debiera ser garantizado por el Estado y que que jamás deba estar sujeto al lucro.

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Hasta el 1 de febrero se podrá patrocinar alguna de las casi de 2 mil iniciativas que han sido publicadas en la Plataforma Digital de Participación Popular de la Convención Constitucional.

Este mecanismo de participación ciudadana, conocido como Iniciativa Popular de Norma, consiste en que cualquier persona u organización puede presentar a la Convención una propuesta de norma para que sea discutida su incorporación en la nueva constitución.

Para que estas sean consideradas por los integrantes del órgano deben juntar al menos 15 mil patrocinios provenientes de por lo menos cuatro regiones distintas. Una vez cumplido este requisito, las iniciativas serán discutidas en una de las siete comisiones temáticas y posteriormente votadas, para luego admitir su discusión y votación en el Pleno, y así tener la posibilidad de ser incluidas en el texto constitucional definitivo.

En el marco de este proceso, la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP presentó la propuesta “El Derecho a la Seguridad Social”, a la que se le adjudicó el número 4.758, la cual busca que la nueva constitución instale las bases para implementar un sistema de pensiones solidario, que permita reconocer el trabajo remunerado y no remunerado de todos los hombres y mujeres, garantizando a las personas pensiones que les permitan vivir con dignidad.

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La iniciativa, surge como respuesta a la crisis que atraviesa el actual sistema de pensiones en nuestro país, estableciendo que el Estado deberá reconocer a todas las personas el derecho a la seguridad social fundado en sus principios esenciales de universalidad, solidaridad, suficiencia, entre otros, garantizando el cumplimiento de este derecho a través de instituciones públicas y sin fines de lucro.

Desde la Coordinadora se han movilizado diariamente a lo largo del país para reunir las firmas necesarias, desplazándose en espacios públicos y en lugares propiciados por organizaciones sindicales y sociales que apoyan desde siempre esta demanda. Es así como uno de los puntos de recolección de firmas ha sido el hospital Barros Luco, en la comuna de San Miguel, apoyados por la Fenats del establecimiento y su presidenta Brisa Gálvez, activa militante de NO+AFP, “desde sus inicios empezamos a trabajar en conjunto con la Coordinadora, nos motiva que los mismos trabajadores de la salud reciban pensiones paupérrimas”, señala la dirigenta.

Hasta este punto han llegado dirigentes sindicales y sociales a apoyar la recolección de firmas para alcanzar las 15 mil necesarias, es el caso de la vicepresidenta de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sector Financiero, Ana Luz Palleras, quien afirma que “la gran motivación nuestra es que esta iniciativa sea considerada y recuperar la seguridad social. Este sistema que hay actualmente no ha sido creado para dar pensiones.

Chile está en deuda con sus ancianos, que se han sacado la mugre toda una vida trabajando para recibir estas pensiones de hambre, por eso la seguridad social debe ser un derecho en la nueva Constitución. Nosotros estuvimos marchando en las calles, hemos estado participando constantemente y se tiene que reconocer que esta propuesta es viable. Viable para el pueblo, inviable para los empresarios”, agregó.

Algunas complicaciones con el sistema de participación ciudadana

Sin embargo, han surgido una serie de cuestionamientos contra el mecanismo de participación ciudadana, acusando tanto la falta de difusión como dificultades técnicas a la hora de intentar patrocinar una norma. Entre los problemas evidenciados se encuentra la complejidad que presenta la plataforma para los sectores menos tecnologizados, que son justamente la población carente de derechos sociales fundamentales: personas de la tercera edad y pobladores sin acceso a la información, y muchas veces, a internet.

Por otra parte, la gran cantidad de Iniciativas de norma, generadas por personas individuales, muchos abogados o miembros de ONG, que impulsan normativas a título personal y sin mayor respaldo, ayuda a confundir y desincentivan la participación. Cabe destacar que un 90% de las iniciativas han sido presentadas por individuos, en contraste con las propuestas hechas por organizaciones o movimientos sociales legitimados.

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A dos semanas de que se cierre el plazo para apoyar las distintas iniciativas de norma, las y los activistas de la Coordinadora Nacional NO+AFP siguen desplegados desde Arica a Magallanes, informando y sacando patrocinios a la norma Nº 4758, por El Derecho a la Seguridad Social, con el total convencimiento que esta es la madre de todas las batallas.

Frente al CDT del Hospital Barros Luco, y bajo el sol candente del medio día, conversamos con Luis Mesina, vocero nacional del movimiento NO+AFP y le pedimos su opinión respecto del proceso de participación ciudadana, afirma por experiencia propia recogiendo los apoyos, que en la población existe una desinformación total respecto del proceso, “la gente en general, la gran mayoría no sabe de qué se trata, no hay una información permanente respecto al rol que juega la Convención Constitucional. Además, hay una campaña de la derecha de descrédito, que hace que la gente tenga mucha apatía y desconfianza, y en consecuencia ha costado convencer a la gente y eso explica porqué la derecha ha logrado imponer tantas iniciativas, cuentan con los recursos y sabemos que los están destinando para interferir en este proceso, nosotros no, estamos haciéndolo con la gente”, señala, reafirmando su confianza en que lograrán las 15 mil patrocinios exigidos para instalar el tema en la discusión constitucional. “Han convertido la salud y las pensiones en un negocio inmoral, por eso la seguridad social debe ser restituida en la nueva constitución”, recalcó. 

La iniciativa lleva hasta el momento más de 12.500 mil firmas y se puede patrocinar en el siguiente enlace https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/

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“Se requiere que esté acompañado de medidas concretas”: Colegio de Profesores ante anuncio de regreso a clases presenciales

Carlos Díaz Marchant señaló que se debe garantizar que “no seguiremos cometiendo los errores que ha cometido el actual gobierno”.

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El Colegio de Profesores cuestionó este miércoles el anuncio del Gobierno del regreso a clases presenciales para este año 2022, planteando como primer argumento el retroceso de la Región Metropolitana a la Fase 3 del Plan Paso a Paso. “La situación es bastante crítica. Estamos con niveles de contagio muy superiores a los que habíamos visto en el último tiempo, y eso por supuesto que nos preocupa como profesores”, señaló el líder del gremio, Carlos Díaz Marchant.

“No basta con solamente anunciar que volveremos a la presencialidad. Se requiere que ese anuncio esté acompañado de medidas concretas y, por sobre todo, de medidas que den cuenta de que no seguiremos cometiendo los errores que ha cometido el actual gobierno”, sostuvo el presidente del Colegio de Profesores.

En ese sentido, Díaz Marchant realizó un llamado al Presidente electo, Gabriel Boric, para que “avance en medidas concretas respecto de cómo enfrentar el retorno a la presencialidad”.

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Cámara de Diputados aprueba requerir al TC que declare inconstitucional la licitación del litio realizada por Piñera

La explotación por 29 años de nuevos yacimientos del recurso natural ya fue adjudicada por el Gobierno a dos empresas.

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Por 42 votos a favor, 26 en contra y una abstención, este miércoles la Cámara de Diputados aprobó requerir al Tribunal Constitucional (TC) que declare la inconstitucionalidad del Decreto Supremo N° 23 del Ministerio de Minería que permitió la cuestionada licitación de nuevos yacimientos de litio.

Cabe recordar que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera dispuso de un total de 400 mil toneladas de litio de los salares del norte del país para que sean explotadas por empresas privadas hasta el año 2050, resultando finalmente ganadoras de la convocatoria las compañías BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A.

Leer también: Gobierno se adelantó y adjudicó licitación del litio a dos empresas en medio de controversial debate

La diputada del Partido Comunista, Marisela Santibáñez, celebró la aprobación del requerimiento que se realizará ante el TC, sosteniendo que “tenemos el deber y obligación de defender el bienestar del país”. “Llevaremos adelante todas las acciones que sean necesarias para evitar que unos pocos sigan vendiendo nuestro futuro”, añadió la parlamentaria.

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