Caso de corrupción en Atacama involucra al diputado Jaime Mulet y dos abogados cercanos a la Democracia Cristiana

Tras una investigación de dos años de la Fiscalía de Atacama, el Consejo de Defensa del Estado le imputó el delito de cohecho pasivo al diputado Jaime Mulet (PRVS) y a Hernán Bosselin y Ramón Briones, dos reconocidos abogados ligados a la Democracia Cristiana. Los tres implicados se habrían coludido con el Municipio de Tierra Amarilla para obtener el pago de siete millones de dólares para que desistieran de una demanda por daño ambiental en 2015 realizada a Minera Candelaria. El acuerdo ilegal con la empresa de capitales canadienses se realizó usando la Ley de Donaciones.


Según informó radio Bio-Bio, el pasado martes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) cerró el círculo de involucrados en un caso de corrupción que investiga la Fiscalía de Atacama y que involucraría a Minera Candelaria en el pago ilegal de 7 millones de dólares al Municipio de Tierra Amarilla, a cambio de que esta última se desistiera de una demanda por daño ambiental en 2015.

A través de una querella criminal, el CDE imputó el delito de cohecho pasivo al actual diputado Jaime Mulet (PRVS) y a los abogados Hernán Bosselin y Ramón Briones (ambos cercanos a la DC). Los tres se coludieron con la sede comunal para obtener la suma señalada en un acuerdo con la empresa de capitales canadienses usando la Ley de Donaciones.

El traspaso del dinero se realizó a cambio de que la municipalidad no realizara acciones que entorpecieran el Estudio de Impacto Ambiental que permitiría la continuidad de las operaciones de la minera en la zona. Para lograrlo, señala la acción legal, se aliaron con el alcalde de Tierra Amarilla Osvaldo Delgado y el entonces abogado corporativo de la minera, Miguel Troncoso.

En 2017, la Contraloría detectó que Bosselin y Briones, mediante una intrincada artimaña legal, se quedaron con 4 millones de dólares como pago de honorarios, a través de un contrato cuyos términos fueron redactados íntegramente por Candelaria.

Los hechos derivaron en que hoy Delgado y Troncoso también estén querellados por el CDE por fraude al fisco y soborno, respectivamente. Por estos ilícitos, ambos serán formalizados por el Ministerio Público nortino ante el Juzgado de Garantía de Copiapó el próximo 6 de octubre.

Además, en el caso aparecen ligados el dueño de la empresa de lobby Imaginacción, Enrique Correa, el actual consejero del CDE Rodrigo Quintana, vinculado al Partido Socialista, e instala a la minera en una situación procesal altamente compleja, ya que el CDE le imputó un delito de corrupción que ejecuta la “persona jurídica”, pudiendo arriesgar la cancelación de esta última o millonarias multas.

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