Caso carabinero infiltrado: Trabajadores del Registro Civil piden a la institución policial no usar cédulas falsas para adentrarse en organizaciones sociales

Después de que vecinos de la población Lo Hermida de Peñalolén sorprendieran a un funcionario policial infiltrado en el sector, quien por meses usó una identidad falsa de “Giovany”, la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación (ANERCICH) exigió que se deje de otorgar cédulas fraudulentas en casos de este tipo.

En un comunicado, los trabajadores cuestionaron la labor de infiltración  del carabinero, de seudónimo “Giovany Arévalo Álvarez”, quien  muchas veces incitó a los vecinos del sector a realizar acciones vandálicas contra la policía uniformada.

“Este hecho doloso en que nuevamente incurre Carabineros y que se suma a un contexto de grave descomposición institucional, trae aparejado el hecho de que este sujeto contaba con una identidad -RUN y cédula- ficticia otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación”, puntualiza el escrito, lamentando que su institución se haga parte de acciones como esta, “aun cuando la Ley de Inteligencia lo permita”.

“Creemos que este hecho trastoca la esencia de la función pública y el rol de las instituciones, en un contexto en que el cuerpo policial adquiere rasgos propios de una policía política destinada a la destrucción de la oposición social”, agregaron los empleados.

Por lo tanto, se llama “a las instituciones implicadas, especialmente las del sector Justicia y Tribunales, a revisar y suspender en este contexto las autorizaciones de infiltración de agentes policiales y la obtención de identidades falsas entregadas por el SRCEI (Servicio de Registro Civil e Identificación) para fines distintos a la persecución del crimen a gran escala, el narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, delitos informáticos o similares”.

En ese mismo contexto, los funcionarios pidieron que se transparente el uso de cédulas falsas en el marco de operaciones policiales de este tipo, exigiendo publicar “el número total de identificaciones falsas otorgadas a agentes del Estado especialmente durante el último año”.

“Como funcionarios y funcionarias que cumplimos abnegadamente nuestra función en este especial contexto no nos sentimos cómodos con este episodio ni nos gustaría recibir una condena social por el mismo al vernos implicados en operaciones de índole represivo y criminalizador que nos recuerdan oscuros casos y prácticas de la dictadura”, concluye el comunicado.

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