Carta de la Asociación Nacional de Magistradas por investigación a Juez Barría por acoso sexual

Carta respuesta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile sobre una investigación de denuncias de acoso sexual y red de protección en contra del juez de Rancagua, Luis Barría, publicados por La Voz de los que Sobran.

Sra  Directora:

En el reportaje publicado el 14 del presente sobre una investigación de denuncias de acoso sexual contra un juez de Rancagua, se anotó la siguiente afirmación de una de sus fuentes “Hay una postura de proteger a los jueces acosadores, algo así como una defensa gremial, son casi intocables, yo lo veo como un acto de protección, y no solo de aquí de la Corte de Apelaciones de Rancagua sino que también de la Corte Suprema”.

Nos parece indispensable realizar la siguiente aclaración: la Asociación que presido ha abordado consistentemente el problema del acoso sexual dentro del Poder Judicial, adoptando acuerdos de trabajo para su prevención y persecución, así como para la debida protección a las víctimas. En ese contexto en la Convención de Valdivia Osorno (2018) se materializó la siguiente declaración “La ANMM manifiesta su absoluto rechazo a toda forma de lesión a la dignidad humana, por acción u omisión, en todo el ámbito de su actuar y respecto a toda persona. En este entendido se compromete a promover la aplicación de la perspectiva de género, el principio de no discriminación, y erradicación de toda forma de maltrato, conforme a la normativa vigente tanto en el derecho interno, como en los tratados sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de nuestro estatuto”, adoptándose, además, una serie de acuerdos  incluyendo una campaña iniciada con videos alusivos a hechos denunciados y sancionados.

Hemos participado activamente en la modificación del Acta 103-2018, acordada por la Corte Suprema, que estableció un sistema de investigación que no se ajusta a una real forma de protección a las víctimas, estableciendo incluso el cambio de lugar de trabajo como supuesta medida de protección y amenazas de sanciones de ser falsa la denuncia. De igual forma nos hemos opuesto al traslado de los agresores, no solo porque no es una forma de sanción establecida en la ley, sino porque, comprobado el hecho, en el propio Código del Trabajo se contempla la expulsión como sanción, pues no deben ser expuestas otras personas a transformarse en víctimas. En ese contexto, el “gremio” que presido ha tenido una única línea de trabajo, la que se aleja considerablemente de pretender una protección a los agresores.  

Sin duda nos enfrentamos a una más de las deficiencias que deben ser superadas dentro del Poder Judicial, estableciéndose legalmente un debido proceso, con particulares medidas de protección a las víctimas que les permitan denunciar, que eviten la victimización secundaria, el trato hostil o cualquier forma que disuada las denuncias.

María Soledad Piñeiro Fuenzalida

Presidenta

Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados

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