Carta al Ministro Paris: “Personas viviendo con VIH demandan sumarios sanitarios”

Los vacunatorios del todo el país aplicaron criterios diversos y dispares, mientras en algunos no establecían dificultades para vacunar a las personas viviendo con VIH sin la necesidad de certificar ni verbalizar la condición crónica específica, otros muchos insistían en la obligación legal de la acreditación clínica y vulneraron la confidencialidad. 


Señor

Enrique Paris

Mi nombre es Víctor Hugo Robles, periodista comunitario y activista social en VIH, conductor de “Siempre Viva en Vivo”, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH/SIDA e ITS en la radiodifusión chilena, persona viviendo con VIH desde 1994 y atendido en el Programa de VIH del CDT del Hospital San José en Santiago norte. Le señalo estas identidades porque forman parte de mi biografía de vida, lucha e impulso fundamental que me motivan a escribirle esta carta denuncia en su calidad de ministro de Salud del Gobierno de Chile.

El 29 de enero de 2021 conocimos el Ordinario 500 del Ministerio de Salud, firmado por los Subsecretarios de Redes Asistenciales y de Salud Pública, documento ministerial que recomendaba una serie de condiciones para acceder a la vacuna contra el COVID19 a las personas que vivimos con VIH en Chile, entre ellas presentar un documento que señalara diagnóstico GES 18, CD4 mayor a 200 y carga viral menor a 1000. Estas condicionantes clínicas y documentadas, inexistentes en otras partes del mundo, se constituyeron en barreras limitantes para acceder a la vacuna contra el COVID19 y una evidente vulneración al principio de la confidencialidad garantizado por la Ley de SIDA. Estas justas apreciaciones, compartida por diversos activistas y organizaciones con trabajo en VIH, fueron comunicadas e informadas al Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/SIDA e ITS del Ministerio de Salud, dirigido por la enfermera Ana María San Martín.

Nuestra urgente e importante demanda e inquietud, nacida de la experiencia personal e histórica, junto a la convicción colectiva de que el Ordinario 500 representaba una abierta violación a nuestros Derechos Humanos como personas viviendo con VIH/SIDA, fue rápidamente escuchada por la jefatura del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS del Ministerio de Salud que elaboró un nuevo Ordinario, eliminando condicionantes burocráticas y estigmatizantes, publicando el 16 de febrero de 2021 el Ordinario 706, que modificó positivamente el Ordinario 500. El nuevo protocolo e instructivo ministerial señala textual en uno de sus más destacados párrafos: “No es necesario que al momento de requerirse la vacuna, se solicite o exija un documento, exámenes o certificado que acredite la condición VIH y el estado inmunológico. Sí debe presentarse cédula de identidad o documento de identificación”.

Sin embargo, pese a la existencia de este documento oficial del Ministerio de Salud y a partir del inicio de la vacunación a personas viviendo con VIH/SIDA el 8 de marzo, comenzamos a recibir múltiples consultas y/o denuncias de personas seropositivas que señalaban haber sido obligadas a presentar documentos y exámenes médicos que acreditaran diagnóstico y tratamiento por VIH e incluso, en mi caso personal, tuve que verbalizar obligatoriamente mi condición de VIH positivo frente a diversos funcionarios públicos, sin necesidad de hacerlo porque estaba integrado a un listado oficial del Programa VIH del Hospital San José, lugar donde accedí con dificultades y exigencias a la vacunación. Estas denuncias se multiplicaron día tras día, señalándose como excusa de parte del personal de los vacunatorios la obligación legal de acreditar el estado serológico de las personas, desconociendo la existencia del Ordinario 706.  Los funcionarios señalaban no haber recibido, ni leído el Ordinario 706 del Ministerio de Salud.

Nuestra comunidad, diversa y movilizada, reconoce la urgencia e importancia del Plan de Nacional de Vacunación e Inmunización del Estado de Chile pero lamenta no haber sido convocada a participar desde un principio en la elaboración de los protocolos de vacunación a personas viviendo con VIH, así como no haber sido escuchadas cuando junto a organizaciones e instituciones de salud  propusimos la vacunación de personas viviendo con VIH en los Centros de Atención en VIH de los hospitales públicos del país, así como en las Unidades de Atención y Control en Salud Sexual UNACESS, tal como ocurrió en algunas localidades del país, destacando ahí el modelo y estrategia de respeto a la confidencialidad de la UNACESS del Hospital de Arica. Nuestra propuesta fue respaldada por el Colegio Médico, Colegio de Matronas y Colegio de Enfermeras, así como por las diputadas Claudia Mix, Maya Fernández Allende y Karol Cariola.

Desgraciadamente, la vacunación a personas viviendo con VIH/SIDA no se efectuó como política pública centralizada ni coordinada por el Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, responsable de lo positivo pero también de lo negativo de este proceso avalado por expertos y ciudadanía, siendo las fallas en la política pública de vacunación de personas viviendo con VIH el aspecto negativamente destacado. A nuestro juicio, los vacunatorios del todo el país aplicaron criterios diversos y dispares, mientras en algunos no establecían dificultades para vacunar a las personas viviendo con VIH sin la necesidad de certificar ni verbalizar la condición crónica específica, otros muchos insistían en la obligación legal de la acreditación clínica. 

Las denuncias han provenido de vacunatorios privados y públicos, siendo los públicos en su gran mayoría administrados por las municipalidades de la Región Metropolitana, destacando Santiago, Providencia, Ñuñoa, La Reina, Lo Barnechea, Renca, San Miguel, Quilicura, Recoleta, Huechuraba y La Granja. Del mismo modo, recibimos denuncias de vacunatorios públicos de las comunas de Viña del Mar, Valparaíso, Talca, Tomé y Concepción. Estas denuncias han sido formuladas de diversos modos, algunas fueron registradas en relatos y testimonios orales, otras escritas en redes sociales y también enviadas y recibidas directamente en nuestro programa “Siempre Viva en Vivo” de Radio Universidad de Chile, constituyéndose todas ellas en pruebas concretas de una falla mayor de la política pública de vacunación y no de hechos aislados.  

Frente a esta grave situación, hemos activado una serie de estrategias de denuncias públicas e incidencia política e institucional para mejorar la vacunación a las personas viviendo con VIH/SIDA, destacando acciones legales en los tribunales de justicia, entre ellas un recurso de protección interpuesto por mi persona el 3 de febrero del 2021 en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del Ministerio de Salud, acción legal que Usted dijo desconocer en una entrevista con el colega periodista Ramón Ulloa de Canal 13. Este recurso de protección se encuentra vigente en el Poder Judicial, siendo cuestionado por nuestra parte el informe  del Ministerio de Salud porque no litiga ni enfrenta formalmente la denuncia por vulneración del derecho a la confidencialidad buscando –tristemente- desacreditar mediante el señalado documento a este recurrente, aludiendo a mi lucha legal por las terapias VIH multimes en junio pasado. Es importante sumar e informarle de una nueva acción de protección constitucional por fallas en la política de vacunación, interpuesta en tribunales en esta oportunidad por otra persona viviendo con VIH en contra de la Municipalidad de Providencia.

En paralelo a las acciones legales y las denuncias públicas recogidas por múltiples medios de comunicación nacionales e internacionales, organizaciones que defienden los Derechos Humanos de las personas viviendo con VIH/SIDA en el país, realizaron consultas, contactos y reuniones con el Programa Nacional de Prevención y Control en VIH/SIDA e ITS del Ministerio de Salud. Estos encuentros fueron bienvenidos y colaboraron en la búsqueda activa de soluciones. Desgraciadamente, reuniones y encuentros solicitados por organizaciones sociales con trabajo en VIH/SIDA con la Jefa del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Cecilia González, fueron rechazada sin razones, ni explicaciones convincentes. Es lamentable que el diálogo directo y el sentido de colaboración mutua entre las autoridades de salud y la ciudadanía no sea parte de la política pública del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud.

En medio de estas acciones de incidencia pública y comunicacional, Usted ha sido consultado por periodistas sobre el tema en diversas oportunidades, destacando su participación en entrevista de Radio ADN y en conferencias de prensa en el Palacio de la Moneda. En todas estas oportunidades Usted se ha mostrado solidario con nuestra causa y ha exigido respeto a las personas que vivimos con VIH/SIDA. Sin embargo, pese a sus reiteradas palabras, vacunatorios privados y públicos se resisten a escuchar lo que Usted ha señalado y no respetan el Ordinario 706, poniéndose al margen de la Ley y del ordenamiento institucional del Ministerio de Salud.

Del mismo modo, resulta lamentable que ni sus palabras, ni la existencia de una instrucción ministerial obligatoria sean suficientes para impedir la violación a los Derechos Humanos de las personas viviendo con VIH/SIDA en Chile. Para todos nosotros y nosotras han sido muy valiosas sus palabras  y declaraciones, aunque debo compartir con Usted nuestro malestar e inquietud al llamarnos reiteradamente como “portadores del VIH”. Las personas viviendo con VIH no somos portadores, somos personas viviendo con VIH. El uso de un lenguaje no discriminador es fundamental en la política pública de salud, especialmente cuando es pronunciado por un médico y autoridad político-sanitaria como Usted. La utilización del lenguaje adecuado e integrador, no estigmatizante, ha sido recomendada por organismos internacionales como ONUSIDA y UNESCO.

Señor ministro, reiterando la valoración de sus palabras sobre el respeto irrestricto a nuestros Derechos Humanos como personas viviendo con VIH/SIDA y activando sus bienvenidas declaraciones cuando nos invita a formular denuncias concretas contra los vacunatorios que han vulnerado el derecho a la confidencialidad de las personas viviendo con VIH en el proceso de vacunación contra el COVID19, adjunto diversas denuncias que he recogido y monitoreado directamente, partiendo con mi propia denuncia formal en contra del vacunatorio del Hospital San José.

Finalmente, comunico e informo que valiosas iniciativas comunitaria del VIH/SIDA han realizado sus propios catastros de denuncias por la vulneración del derechos a la confidencialidad de las personas viviendo con VIH, denuncias que le harán llegar formal e institucionalmente. Espero, ministro Paris, que este legítimo ejercicio de participación social y vigilancia comunitaria sea recibido como un aporte positivo a la política pública en VIH/SIDA e ITS del Estado de Chile.

Saludos seropositivos

Víctor Hugo Robles

Periodista y activista en VIH/SIDA

@elchedelosgays

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