Carta abierta: el sistema de justicia en Chile contribuye a la injusticia

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Comparto esta carta que escribí a quienes fueron testigos en mi demanda contra el Estado por la desaparición y asesinato de mi hermano Luis Alejandro Largo Vera en 1973, comunicando la sentencia de la Corte Suprema en octubre de 2020, un fallo injusto y discriminatorio.


“Estimadas, el viernes 16 de octubre el abogado Francisco Ugás me comunicó la sentencia de la Corte Suprema que fijó el monto indemnizatorio definitivo en $30 millones de pesos “por daño moral”, daño que no siendo patrimonial o pecuniario, dicen, es difícil o imposible su estimación. Los 200 millones que demandé por reparación lo consideraron “excesivo”. Antes citan que no tendría que haber afán de enriquecimiento. Me pregunto si no les pareció excesivo lo demandado por parientes de los llamados casos emblemáticos como Orlando Letelier, Víctor Jara o Carmelo Soria, a quienes se indemnizó merecidamente con miles de millones de pesos, y si les parece que esos parientes tuvieron afán de enriquecimiento.

A su vez, en otras causas los hermanos han recibido, por ejemplo, $80 millones de pesos, habiendo a la vez varios miembros de la familia indemnizados, madre, padre, cónyuge de la víctima directa. En relación con mi hermano, a quien desaparecieron en 1973 cuando tenía 26 años de edad, y que fue identificado en 2017, no hay madre, ni padre, ni cónyuge, por lo cual me hice cargo de las gestiones para su búsqueda e identificación desde los años 80, así como de esta demanda y la que hubo por errores de identificación del SML a mediados de los 90, otra pesadilla. El “daño moral” me ha significado por años costos diversos en la salud física y mental, por tanto en lo laboral, como se demostró con informes y certificados; incluido el daño a mis hijas que lo han vivido en directo.

A mi edad, adulta mayor, los $200 millones me permitirían vivir con cierta tranquilidad en cuanto a la subsistencia durante el tiempo de vida que espero tener, destinando parte de ese monto a mis hijas, a mi hermana y a un nieto suyo adolescente, dañado a su vez por esta familia dislocada, así como un aporte a varias personas que aprecio y que les sería de utilidad […]. También quería hacer un viaje con mis hijas y nieto a una isla en Cuba o a Rapa Nui, por ejemplo, nunca hemos hecho un viaje de vacaciones en familia, el dinero no daba. Un día le dije a la psicóloga que sentía cierta confianza en el resultado de esta demanda por ser algo incontestable, de mera justicia, aunque también podía ser como el cuento de la lechera que va al mercado con el jarro de leche sobre la cabeza pensando en lo que hará con el fruto de su trabajo. Tropezó, cayó el jarro y se rompió. Fin. 

Le dije al abogado que era una miseria ese monto, un castigo, que si me hubiese callado me habría ido mejor, pero no puedo no ser yo. De ese monto hay que descontar el % por sus honorarios y pagar a la psicóloga por el informe pericial y la terapia en que he estado. Puedo rechazar recibirlo, aunque es difícil que el abogado quiera o pueda presentar el caso ante la corte internacional.

Les mando un saludo y les agradezco que hayan sido testigos, aunque una de ustedes dijera en su testimonio que yo era una líder feminista. No me gustó que dijera eso porque no ayudaría en la causa, al revés, y no soy ni me considero líder, es más, me molesta ese término, un modo tradicional de ver asuntos que son colectivos o no son.

La justicia en Chile no es justicia. Lo sabemos.

Los militares en Punta Peuco ganan millones de pesos en pensiones vitalicias, otros muchos militares perciben altas pensiones por estrés postraumático debido a su rol durante la dictadura. Yo recibo una pensión de gracia de $290.000 que yo misma solicité y que apoyó el abogado que llevó esta causa, Francisco Ugás, cuando se desempeñaba en el programa de ddhh que dependía del Ministerio del Interior.

No tengo jubilación ni otro ingreso regular A Ponce Lerou, que se ha enriquecido con el litio, un bien natural del Fisco como el cobre, o sea de todos los chilenos, le rebajaron una multa de millones de dólares. Y junto a las actuales violaciones a los derechos humanos que continúan el modo dictadura –se cumplió ayer un año del estallido social-, está la corrupción en Carabineros y las Fuerzas Armadas, indicadores también de que la justicia en Chile no es justicia.

Termino de escribir esto a las 6 am, otra noche de insomnio, esa cierta tranquilidad y confianza que sentía, ya no está. (Firmaron la sentencia los ministros de la Corte Suprema Carlos Kunsemüller Loebenfelder, Haroldo Brito Cruz, Manuel Valderrama Rebolledo, y Jorge Dahm Oyarzún. No firma el ministro Sr. Llanos por estar con feriado legal. En primera instancia, la Jueza titular del Primer Juzgado Civil de Santiago, Isabel Margarita Zúñiga Alvayay, dictaminó el monto de $30 millones de pesos, argumentando la reparación simbólica y las políticas ya habidas, como el Memorial del Patio 29, etc. Monto que corroboró la Corte de Apelaciones en segunda instancia)”.

Un abrazo

Eliana Largo

POSDATA 1

Agrego la posición del CDE, que no puse en la carta, expresada por “CAROLINA VASQUEZ, Abogada Procurador Fiscal de Santiago (S) del Consejo de Defensa del Estado, por el FISCO DE CHILE”: “EL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN OTORGADA POR DAÑO MORAL RESULTA EXCESIVO Y CARENTE DE FUNDAMENTO”.

POSDATA 2

Domingo 27 de diciembre 2020.

Pierdo el tiempo, me digo, por la cantidad de cosas nimias y sin importancia que hago en mi vida diaria en este presente, como si nada más pudiera hacer, esa la sensación en tantos momentos, como este, doliéndome eso mismo y entendiendo sus por qué. Encierro obligado por la pandemia, por un lado, con la que convivimos ya 9 meses, casi un año desde marzo, como un embarazo de no-vida, con cuarentenas, con toques de queda conocidos en dictadura. Habrá que parir otra clase de vivir, uno que signifique vida y por lo mismo también alegría,  esa que proviene de la esperanza de un vivir mejor, personal y colectivo. Un sentir que me arrebató en gran parte el fallo injusto de la Corte Suprema, con el cual me infligió más violencia. Violencia sobre violencia es la frase que vuelvo a repetir, una que vivo en directo, como la vive una mayoría de personas por tantas razones. Con decir esto la devuelvo adonde corresponde, a quienes tienen la responsabilidad por su existencia. La devuelvo con palabras, otra manera de poner en común lo que nos atañe como país y mundo hoy, desde el derecho a exigir a quienes son o serán las autoridades del país, que estén a la altura de quienes dicen representar: personas de carne y hueso, con dignidad y derechos (el pueblo: “conjunto de personas de un lugar, región o país”, “aquel en el que reside la soberanía nacional, del que emanan los poderes del Estado”). 

A comienzos de 1980, en plena dictadura cívico-militar, Julieta Kirkwood, socióloga feminista, reiteraba: A los oprimidos les compete la rebelión; a los opresores la responsabilidad por la opresión.

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