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Carabineros como víctimas y relativizar la protesta social: Los graves dichos del comisionado del CIDH Joel Hernández ante comisión investigadora del Congreso

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Con una declaración pública, Londres 38 y otras 123 organizaciones y personas ligadas a la defensa y promoción de los derechos humanos expresan la preocupación por las declaraciones emitidas –a título personal– por Joel Hernández García, relator para Chile de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una sesión de la Cámara Baja. La gravedad de los dichos del comisionado es que se cuadran con el discurso oficial del Gobierno que desde el 18 de octubre ha criminalizado la protesta social y negando la existencia de presos políticos de la revuelta.


El pasado 19 de abril, Joel Hernández García, relator para Chile y relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recurrió al Congreso Nacional para asistir a una sesión de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, “sobre los actos del gobierno y de las policías en el marco del control del orden público, que hayan significado afectación o violación de los derechos humanos de civiles desde el 18 de octubre de 2019 en adelante”.

En dicha instancia, Hernández realizó una serie de observaciones “a título personal”, encendiendo las alarmas de las distintas organizaciones nacionales y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos  y “permanentes promotoras del derecho a la protesta como pilar fundamental de la estructura  democrática”. Por tal motivo, Londres 38, espacio de memorias, comandó esta iniciativa de una acción para manifestar el reclamo formal a la CIDH y la recolección de firmas.

Para Carlos Margotta, presidente de la la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCDH), “el problema es que el comisionado entregó opiniones a titulo personal, muy desafortunadas, y él no fue invitado en esa calidad”, indicó. Además, agregó que estas declaraciones “son muy preocupantes porque no se corresponden con las opiniones oficiales de la CIDH en esta materia”.

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Peor aún, las declaraciones vertidas por el abogado mexicano a dicha comisión investigadora de la Cámara Baja, coinciden con el discurso oficial del gobierno en tanto a los graves hechos ocurridos en el país luego del estallido social.

La relativización de la protesta social

Ante las preguntas de los parlamentarios, Hernández indicó que “en lo que tiene que ver con el debate de si existen presos políticos del estallido social, déjenme aquí ser muy claro y muy honesto: sé que este es un tema de polémica al interior de Chile, en mi opinión personal, es difícil caracterizar que haya presos políticos con motivo del estallido”. Posteriormente indicó que: “la Comisión ha reiterado que la protesta social debe ser pacífica y que cuando se excede el límite de lo pacífico, deja de ser protesta social. Aquí lo importante también es ver cuál es el rol del Estado en resguardar la seguridad, tanto de terceros ajenos a la protesta como de personas que están participando en las protestas”. 

“Al señalar que era muy difícil hablar que en Chile habían presos políticos y más bien él está por considerar que se trata de personas acusadas de delitos de orden común, en consecuencia, se alinea con el discurso del gobierno que ha estigmatizado a los presos de la revuelta y los ha tratado de delincuentes, vulnerando con ello, en primer lugar, la presunción de inocencia, porque la gran mayoría no está condenado. Por otro lado, desconoce las graves vulneraciones a las que han sido objeto desde el mismo momento de la detención hasta la forma en que han sido sustanciado sus procesos, donde no se les ha respetado el principio de orden internacional en materia de derechos humanos que dice que la prisión preventiva no debe ser la regla general, pero acá ha habido un abuso de esta medida”. Carlos Margottta

A su vez, según la declaración emitida, “tales afirmaciones no se condicen con los parámetros que el mismo Sistema Interamericano de DD.HH. ha fijado en materia de derecho a la protesta, amparado por el derecho a la libertad de expresión, de reunión y de asociación”. Esto, según también manifiesta Margotta, debido a que el comisionado “al decir que cuando se producían actos violentos durante la protesta social, esta dejaba de serlo, se alineó con el discurso oficial de este gobierno que ha intentado criminalizar la protesta social, que según la propia CIDH, es un derecho fundamental, soporte del sistema democrático”.

Debido a esta contradicción entre lo expresado por Hernández y lo que estipula el mismo organismo que representa, los firmantes de la declaración manifestaron su rechazo “a esta restrictiva interpretación de la protesta social como derecho humano, en franca oposición con las directrices emanadas del propio sistema interamericano de derechos humanos, donde se ha  señalado que «el derecho de reunión pacífica y sin armas no debe interpretarse de forma  restrictiva, dado que constituye un elemento fundamental de la democracia»”.

 La “estigmatización” de Carabineros

Otra de las opiniones disonantes dichas por el abogado hace relación a cierta consternación que había experimentado luego de reunirse con algunos funcionarios de Carabineros que habían resultado con lesiones en el marco de las protestas y conocer sus versiones.

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“Tengo en la mente una última reunión que tuvimos en el marco de la visita con un grupo de carabineros y carabineras que habían sido objeto de lesiones en el ejercicio de sus funciones. Yo me quedé muy, muy  consternado por esta otra cara humana de la protesta social que son las afectaciones a  carabineras y carabineros. En lo individual, nos expresaron mucho su angustia de la  estigmatización que sufren, nos expresaron también la estigmatización que sufren sus hijos en las escuelas porque sus padres son carabineros; y lo que vino a mi mente es la importancia del  cuerpo de carabineros, la confianza ante la ciudadanía y la legitimidad para que puedan hacer su trabajo”. Joel Hernández

Tras esta declaración, “que genera victimización secundaria y son contrarias al principio de reparación integral que protege a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, quienes ya han experimentado la invisibilización, negacionismo y estigmatización por parte de las autoridades gubernamentales”, Margotta afirma que lo que hace Hernández es muy grave porque deja a la policía –principal aparato represor del Estado– como “las verdaderas víctimas”, aún cuando también conoce los cientos de testimonios de manifestantes mutilados a manos del cuerpo de Carabineros por el mal uso de la fuerza, cuestión que ha sido investigada y confirmada por los informes de los cuatro organismos internacionales de DD.HH. que estuvieron en Chile.

“Él escuchó a traumatizadas familias que habían perdido a sus familiares por acción de agentes estatales y a múltiples sobrevivientes de tortura y violencia sexual que confiaron en otorgarle directamente sus testimonios, y a quienes, en virtud de su cargo, manifestó su total apoyo, protección y amparo. El principio de reparación integral, derivado del artículo 63.1 de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos, abarca la satisfacción, mediante actos en  beneficio de las víctimas; y la rehabilitación física, psicológica y social, entre otros elementos.  Los comentarios del Sr. Hernández, enarbolando a eventuales victimarios y agentes  responsables de violaciones a derechos humanos como víctimas, distan totalmente del  principio señalado, especialmente cuando presenta testimonio ante una Comisión parlamentaria que está investigando la violencia policial”. 

Ante estas evidentes contradicciones por parte de Hernández García, que producen una revictimización de todas y todos los afectados, quienes debiesen ser el objeto de principal preocupación por parte de los organismos de derechos humanos, los 124 firmantes de la declaración emplazan directamente a la CIDH “a emitir un pronunciamiento respecto a las  declaraciones del comisionado considerando su altísima gravedad, más aún en el complejo escenario que está viviendo la región de América Latina, con masivas protestas y su represión estatal mediante sistemáticas violaciones a los derechos humanos que no sólo se han mantenido en Chile, sino que además han ocurrido en países como Perú y que ocurren actualmente en Colombia”. 

Margotta pone un último elemento sobre la mesa: “Nosotros mandamos una carta el 22 de abril a la CIDH, para que el organismo diera a conocer el informe respecto a lo constatado en su visita in loco al país en enero de 2020, y que después de más un año no es publicado ni divulgado”.

Lo preocupante de aquella inquietud, es no solo la gravedad que, a la fecha, se han reiterado casos de violación a los derechos humanos (como los casos de la profesora Francisca Mendoza y del joven mapuche Cristián Millapan), sino que el mismo Joel Hernández respondió dicha misiva, señalando que el informe todavía está en elaboración y que están abocados en concluirlo en los próximos meses. “Esto es grave porque nosotros necesitamos que este organismo de carácter regional cumpla su función por la cual fue creada, que es velar por la protección de los DD.HH. en las Américas; que entregue este informe con las recomendaciones al Estado de Chile para que este se comprometa en su cumplimiento y así contribuir al cese de la represión”.

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Chahuán es repudiado tras anunciar “gabinete paralelo” al de Boric: “Será como hartos Juan Guaidos”

El presidente de RN argumentó que el objetivo es “tener una fiscalización adecuada y la búsqueda de propuestas que logren encantar a los chilenos”.

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En el contexto de la presentación de su gabinete de gobierno que realizará esta semana el Presidente electo, Gabriel Boric, el senador de Renovación Nacional (RN) y presidente de esa colectividad, Francisco Chahuán, confirmó que presentará ministros alternos a los que anuncie el futuro mandatario.

“Vamos a tener un líder del sector y del partido que se da en contrapunto. Al ministro de Vivienda, uno alterno; al de Desarrollo Social, uno alterno”, había explicado en enero Chahuán sobre esta idea. Ahora, junto con confirmar aquella iniciativa, según informa Radio Bío Bío, el senador incluso no descartó poner en la nómina a actuales ministros o subsecretarios del Presidente Sebastián Piñera.

¿El objetivo?: “Tener una fiscalización adecuada, la posibilidad de generar acuerdos y la búsqueda de propuestas que logren encantar a los chilenos”, argumentó Francisco Chahuán.

Lejos de una buena recepción, la idea del presidente de RN ha generado una oleada de críticas, donde se le ha acusado de querer intervenir en una tarea que no le corresponde, y se le ha recordado además de forma irónica el caso de su sobrino y ex concejal de La Calera, Karim Chahuán, acusado de tráfico de drogas, saqueo y robo durante el estallido social, siendo condenado finalmente por este último delito.

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Acá algunos de los comentarios dejados al respecto en Twitter.

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El matinal

VIDEO | La Voz de los que Sobran – 18 de enero de 2022

Alejandra Valle, Hassan Akram, Rodrigo Herrera y Daniel Stingo unen sus fuerzas y se suman a La Voz de los que Sobran.

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Alejandra Valle, Hassan Akram, Rodrigo Herrera y Daniel Stingo unen sus fuerzas y se suman a La Voz de los que Sobran.

¡Ya está al aire el matinal favorito de los chilenos! De 10 a 12 del día, Alejandra Valle, Hassan Akram, Rodrigo Herrera y Daniel Stingo unen sus fuerzas y se suman a La Voz de los que Sobran. Analizamos esas noticias que mueven la mañana y junto a nuestros entrevistados le damos contexto a lo que pasa en todo Chile.

Conéctate con nosotres y participa con tu comentario en nuestras redes sociales usando #LaVozDeLosQueSobran en el Twitter @delosquesobran y en Instagram @delosquesobrancl.

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Indulto a presos de la revuelta: proyecto se vota este martes en la comisión de Constitución del Senado

Durante la sesión se revisarán dos indicaciones claves presentadas por los senadores Huenchumilla y Araya, en cuanto a establecer si, de aprobarse la iniciativa, esta aplicará como un indulto o una amnistía.

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Entre las 10:30 y las 12:00 horas de este martes está fijada la sesión de la comisión de Constitución del Senado en donde se votará en particular el proyecto de ley que -como su nombre lo indica- “concede indulto general por razones humanitarias” a presos políticos del estallido social.

Cabe recordar que la iniciativa de un grupo de parlamentarios de la oposición cerró su plazo para el ingreso de indicaciones, y durante esta jornada se discutirán dos de ellas presentadas por los senadores Francisco Huenchumilla (DC) y Pedro Araya (Ind).

La indicación sustitutiva de Huenchumilla busca cambiar en el proyecto la noción de indulto por la de amnistía, estableciendo por ejemplo en su artículo tercero que “la naturaleza jurídica de la Amnistía que se concede por esta ley es propia e impropia, en el sentido que ella extingue el delito y si ha mediado condena, hace cesar su ejecución y las penas accesorias”.

Francisco Huenchumilla / Agencia Uno

De acuerdo a lo que señaló el senador DC, esta simplificación jurídica” de la iniciativa permitiría que esta no requiera quorum de Ley Orgánica Constitucional (LOC), lo que se traduce en 25 votos (4/7). “En consecuencia, con el articulado se requerirían solamente 22 senadores para su aprobación”, explicó Huenchumilla.

Una posición distinta a la que ha manifestado Pedro Araya, quien en entrevista con el medio Ex-Ante sostuvo que “cuando se decreta amnistía, puede haber una investigación en curso y la sola amnistía termina la investigación. En el caso del indulto, la persona tiene que haber terminado el proceso penal y estar condenada. Pero la diferencia más importante es que el indulto elimina la pena y la amnistía elimina todos los efectos del delito”.

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Pedro Araya / Agencia Uno

Explicado lo anterior, el parlamentario independiente (ex DC) expuso su postura al respecto. “Debiera ser un indulto de carácter general. Porque obviamente hubo muchas personas que fueron víctimas de delitos, que quieren saber quiénes fueron los responsables de esos delitos, y si uno decretara una amnistía no se podría investigar”, argumentó.

En ese sentido, la propuesta de Araya se acercaría más a lo que se conoce como “amnistía impropia”, es decir, aquella que se dicta con posterioridad al pronunciamiento de una condena y extingue la pena. Sin embargo, en ese caso se requeriría del quórum de 4/7 (25 votos), ya que -según señaló el senador consignado por Radio Cooperativa– debería ser un juez de garantía el que tendría que revisar el caso, lo que significa que el Congreso le otorgue una nueva facultad a los tribunales de justicia, correspondiendo entonces a una Ley Orgánica Constitucional.

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