Cambiar el cauce de los ríos: proyectar nuestro desborde popular más allá del Apruebo (Parte 1)

quizás los ríos vuelvan a ser caudalosos
y las huelgas de hambre no serán necesarias
quizás nuestros bosques vuelvan a germinar
y los pájaros nos regalen sus ül entre la niebla
Daniela Catrileo.

Es importante destacar que este “desborde político popular” incluyó a la izquierda y a los movimientos sociales más reconocidos, quienes participaron del proceso, pero sin tener poder de convocatoria o conducción.


Las palabras que siguen son apuntes urgentes sobre la frenética coyuntura que estamos viviendo en Chile, escritas en los extraños días que van entre el primer aniversario de la revuelta del 18 de octubre y el plebiscito constitucional del domingo 25. A manera de síntesis, en las páginas que siguen planteamos que lo que hemos vivido este último año corresponde a un “desborde político popular” que, enfrentado hoy a la posibilidad de ser encauzado en un proceso constitucional limitado, con escasa participación social y popular, necesita (re)pensar sus posibilidades de superación de dichos cauces para ajustarse a las expectativas y dar cuenta de las necesidades de transformación que plantea y necesita la clase popular.

Con el convencimiento que solo la (re)creación constante de dicho desborde puede lograr esos objetivos, buscamos que este escrito sea una llave: no de esas que permiten abrir o cerrar puertas, sino de aquellas que dan comienzo a las partituras de los cantos populares que nos acompañarán en los meses que siguen, cuando una vez que triunfe el “Apruebo”, comience un inédito escenario de disputa por la conducción, ampliación y/o superación del proceso constitucional.


El desborde desde abajo

A pocos días del 18 de octubre, los medios masivos de comunicación instalaron en el discurso público la categoría de “estallido social” para nombrar a la revuelta social y popular que, comenzada en Santiago, se extendía día tras día por todo el país. Una categoría, que si bien puede expresar con claridad el carácter espontáneo e incluso sorpresivo de lo que ocurrió ese viernes de octubre (simbolizada en la frase: “cabros, esto no prendió” del ex Director de Metro Clemente Pérez), es un concepto errado para poder bautizar a un proceso que lejos de apaciguarse en los días siguientes, fue multiplicándose y complejizándose.

En ese caso, no deberíamos hablar de “un” estallido, sino una seguidilla de ellos. Con todo, es una categoría muy propia de quien mira la realidad de la clase popular desde arriba -el espacio público- y desconoce o subestima los flujos subterráneos de asociatividad y organización que recorren el subsuelo privado, comunitario, local de las organizaciones sociales y populares. Aquellos flujos fueron los afluentes que alimentaron este río que comenzó a desbordarse en plena Alameda, desde ese viernes.

Por ello, categorías como revuelta popular o rebelión popular comenzaron a aparecer y dotar de mayor sentido el fenómeno vivido, aunque ninguna de ellas haya logrado aún instalarse como hegemónica. Tratando de aportar en esa discusión, planteamos que la categoría de “desborde político popular” puede ser de mayor utilidad para comprender el fenómeno. Una categoría que no es nueva en Nuestra América, y que recogemos del antropólogo José Matos Mar, quien en la década del 80, utilizó la categoría de “desborde popular” para nombrar las nuevas formas de organización de los pobres urbanos de Lima. Esta categoría cuenta, creemos, con elementos importantes que pueden ayudarnos a hacer comprensibles las complejidades del momento actual.

Sintéticamente, Matos Mar planteó que la migración campo-ciudad que se intensificó desde los años 50 reestructuró a tal punto la fisionomía de la ciudad que sobrepasó la capacidad de ésta de absorber -económica, política y culturalmente- a estos sectores, obligando a esta nueva clase popular urbana a configurar múltiples y variadas formas de organización para sobrevivir, desplegando repertorios de acción insólitos y con altos grados de espontaneidad, gatillando una crisis en el Estado, por su imposibilidad de responder o normar este proceso, generando un serio vacío de poder frente a un pueblo que, rebasando el orden establecido (de lo legal y lo formal), alteró la sociedad, la política y la cultura con nuevas formas de conducta y de vida[1].

Así, la categoría de “desborde popular” que, en diversos grados, se experimentó en todas las grandes urbes de Nuestra América[2] fue una manera diferente -y desde abajo- de nombrar las dinámicas del cambio social que se experimentaban en nuestro continente, superando las nociones de integración, reforma y revolución que utilizaba la izquierda política, e instalando la idea de la existencia en estas grandes urbes de dos sociedades paralelas, donde la sociedad formal/institucional se muestra cada vez más incapaz de gobernar ese mundo “otro” popular[3].

¿Cómo leer el Chile post 18 octubre del 2019 desde el desborde? Ejemplos hay muchos: el espacio público donde se organiza el poder institucional (el centro de Santiago) fue desbordado al punto de no poder contener a los millones de personas que ocuparon las calles, veredas, parques, estatuas y muros, de forma simultánea. La violencia política popular se desbordó más allá de los días rituales en que se expresa (tales como el 29 de marzo u 11 de septiembre), y se instaló en pleno centro de la capital, extendiéndose y multiplicándose cada noche en barricadas territoriales. La desobediencia civil desbordó el estado de excepción evadiendo, saqueando o caceroleando, con toques de queda que no fueron respetados (en plazas donde las y los manifestantes hacían cuentas regresivas cuando llegaba la hora de inicio del toque, como si se tratase de una celebración de año nuevo, festinando dicha desobediencia), y militares que fueron una y otra vez humillados y expulsados de los espacios barriales poblacionales.

Desbordamos la cultura del “sálvate solo” en los momentos más complejos de la protesta social a través de la multiplicación de acciones de apoyo mutuo que fueron generando una particular división popular del “trabajo de la protesta”, según capacidades, surgiendo la “Primera Línea” con todas sus subdivisiones (desde la primerísima línea de escudos; la segunda, que lanzaba las piedras, la tercera, que sofocaba las lacrimógenas o la cuarta, que picaba el piso o encandilaba con sus lásers), mientras en otros sectores se constituían espacios de autogestión de la salud (las “brigadas”), de alimentación (donde destaca la olla común de las pobladoras de La Legua) y las múltiples expresiones de sociocuidado colectivo al compartir agua con bicarbonato, agua de laurel o leche de magnesia cada vez que se atacaba con lacrimógenas o gas pimienta.

Ese desborde popular, que puede parecer solo estético, tiene un alto contenido ético-político, si sumamos a la dinámica propia de la protesta la de la deliberación colectiva. En ese sentido, llamamos a lo vivido desde octubre del 2019 un “desborde político popular”, en tanto una de sus características fundamentales es que logra desbordar los lugares oficiales/legales de la política.  Así, al pasar los días, el Estado demostró su impotencia al ver como crecía la potencia (es decir, el poder) de todos aquellos rincones comunitarios donde la clase media y la clase popular se reunieron a debatir sobre sus dolores, rabias y proyectos. Las mismas sedes de la política oficial/legal comunitaria, como las juntas de vecinos, no dieron abasto para una marea popular deliberativa que empezó a ocupar cada plaza barrial/poblacional, cada esquina amplia o incluso los estadios de fútbol para (re)unirse[4]. Los no lugares de la política se transformaron en la política real[5], y frente a tamaño desborde, el “poder/impotente” estatal -que solo podía gestionar la crisis pero no podía incidir en el cauce de esa discusión política de base- expresó dicha impotencia a través de su medida extrema: el terrorismo de Estado[6].

Es importante destacar que este “desborde político popular” incluyó a la izquierda y a los movimientos sociales más reconocidos, quienes participaron del proceso, pero sin tener poder de convocatoria o conducción. Y si bien el único movimiento que aumentó su legitimidad en medio de este desborde fueron las y los secundarios, no se requirió de su llamado para que la clase media y la clase popular confluyeran en un ciclo de protesta que generó altísimos grados de ingobernabilidad (solo comparables con las jornadas de protesta contra la Dictadura entre 1983 y 1986), precisamente por la capacidad de hacer convivir, en el mismo territorio -sea Plaza de la Dignidad, sea en el pasaje poblacional- todos los repertorios de acción imaginables.

Un desborde que ocupó a tal punto el espacio público y comunitario que ritualizó más de veinte jornadas de protestas consecutivas, tales como los famosos viernes de Plaza de la Dignidad. Un desborde que llevó la cruda realidad de una plaza de la periferia de Santiago (un peladero rodeado de muros graffiteados) al corazón mismo de la división clasista de la capital (“Plaza Italia para arriba, Plaza Italia para abajo”) y que escupió en cada muro el grito rabioso al que te lleva la precariedad de la vida neoliberal. Una profunda y madura crisis de representatividad de la clase política y una galopante crisis de legitimidad de esta democracia de baja intensidad que soportamos treinta años.

Solo una pandemia mundial fue capaz de contener este desborde, que -a pesar de la leve pausa de febrero- había mostrado los primeros días de marzo importantes signos de reactivación, gracias a la multitudinaria movilización del 8M y el llamado a fugazo y tomazo de la ACES. Sin embargo, el domingo 18 de octubre pasado, después de siete meses de encierro, el desborde -callejero, al menos- volvió a copar las calles.

Del desborde al intento de encauzamiento del Partido del Orden

“Evade” fue la consigna que sintetizó y canalizó la rabia compartida en aquellas vísperas del 18 de octubre. Como tantas otras veces durante la postdictadura -desde el “Mochilazo” del 2001- el estudiantado secundario instaló con el salto al torniquete una nueva forma de leer la historia: una forma nuestra, que resignificó una rutinaria alza del pasaje de metro, en un ejercicio que permitió despertar de los treinta años de abusos legitimados bajo la supuesta democracia. La revuelta de octubre y su “desborde político popular” nos demostró que quienes considerábamos que había que acabar con el paradigma de “la medida de lo posible”, no éramos grupos pequeños y aislados, sino las grandes mayorías. El salto al torniquete simbolizó el correr aquellos cercos de posibilidad. Evadimos el pasaje de metro, para evadir y destituir aquella Historia oficial que, basada en el éxito individual, nos decía que con el esfuerzo y mérito suficientes podríamos apuntar al ascenso social, y ser la excepción: lograr “ser alguien en la vida”.

El desborde político popular inaugurado en octubre gestó un momento destituyente que se expresó en dos grandes dimensiones: una cultural /identitaria y otra institucional.

En relación a la primera, se multiplicaron los gritos y rayados por el “no +”, se intervinieron y destruyeron monumentos coloniales, y la protesta callejera volvió a ser nuestro escenario en común. Recogiendo lo planteado por Claudio Alvarado Lincopi, se dio un proceso de desmonumentalización, entendido como la expresión de “un malestar contra la construcción elitaria del relato nacional (…), o como impugnación contra aquel guión homogeneizante señorial de la actitud blanquecina”[7]. Desde ahí, emergió como contracultura la reivindicación del quiltraje, el callejeo mestizo, la recuperación de la morenidad indígena silenciada, que busca su lugar público desde la wenufoye o la whipala[8]. Desde otro punto de vista, Nona Fernández y la Red de Actrices de Chile (RACH) abordan este momento destituyente, potenciando aquellos procesos de autoeducación que nos permiten interrogar las dinámicas neoliberales que han constituido nuestras subjetividades: “esas dinámicas patriarcales, mercantilistas, egocéntricas, abusivas, hay que desbaratarlas desde el plano más íntimo para la construcción de un futuro mejor, y el trabajo en red, colaborativo, transversal es una manera de ir ejercitando ese desbarate”[9].

La multiplicación del “evade” y el momento destituyente que se inauguró en el plano cultural/identitario tuvo, gracias a este “desborde político popular”, un segundo momento destituyente de carácter institucional. Este momento comenzó a escasos días de iniciada la revuelta popular de octubre, cuando la demanda por una Asamblea Constituyente se multiplicó en los carteles, gritos y rayados callejeros, comenzando a materializarse en centenares de cabildos autoconvocados, muchos de los cuales derivaron luego en asambleas territoriales permanentes. Así, desde cada espacio donde la clase popular se congregó para imaginar una vida distinta, empezaron a escribirse colectivamente cartulinas y papeles kraft, en plazas y sedes vecinales, donde comienza a redactarse una nueva Constitución. La destitución de la Constitución de 1980 significaba poder comenzar a sanar las heridas dictatoriales que aún dolían en nuestros cuerpos, y recuperar nuestra fuerza creativa colectiva.

Era evidente que, frente a este multifacético e inabarcable momento destituyente -que comenzó a tener una deriva constituyente desde abajo-, desde arriba se haya intentado cooptar el proceso. No gastaremos palabras en criticar el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” porque sabemos que esta es una lectura ya hecha y compartida en amplios sectores desde abajo y a la izquierda, en tanto: a) frenó la posibilidad de terminar anticipadamente con un gobierno que ha violado sistemáticamente los Derechos Humanos; b) reconfiguró a gran parte de la clase política civil en un solo bloque conocido hoy, desde abajo, como el Partido del Orden; c) abrió el camino para una agenda criminalizadora del “desborde político popular”, con proyectos como la “ley antibarricadas”.

Con todo lo anterior, la clase política civil retomó la iniciativa y marcó los nuevos tiempos de la política estatal que, bien sabemos, son diferentes a los tiempos sociales de la asociatividad y organización popular. Fruto de ello, y menos publicitado que el “Acuerdo por la Paz”, el 24 de diciembre del 2019 el Partido del Orden -en voz de su Comisión Técnica Paritaria[10]– nos regaló la Ley N°21.200 que, en pocas palabras, tiende la tan bullada “trampa legal” del proceso constituyente a través de articulados que plantean: a) la implantación del sistema D’Hont para la elección de la convención, que limita la participación por fuera de los partidos políticos; b) dictamina el quórum de ⅔ para lograr acuerdos; c) decreta la intervención de la Corte Suprema en los conflictos internos de forma que se generen entre los integrantes de la convención; e) establece que la convención debe respetar los Tratados Internacionales ya firmados -sin declarar si se refiere, por ejemplo a tratados sobre Derechos Humanos o a Tratados de Libre Comercio; f) estipula que frente al rechazo en el plebiscito de salida se mantendría en vigencia la Constitución del 80, entre otros puntos que cierran la posibilidad de una Asamblea Constituyente, y la limitan a las opciones entre Convención Constitucional y Convención Mixta.

Este nuevo escenario no alcanzó a ser discutido públicamente por las organizaciones sociales y populares, dado el inicio de la pandemia. Frente a un Estado que se preocupó del salvataje de las empresas y no del bienestar de las personas, las asambleas territoriales  tuvieron que concentrar sus esfuerzos en sobrevivir, a través del apoyo mutuo, apelando a viejos repertorios de acción que están grabados en la memoria popular (como las ollas comunes y las redes de abastecimiento) y financiando, desde sus bolsillos, la crisis con el retiro del 10% de los ahorros previsionales. Poco a poco, cierta sensación de desazón comenzó a instalarse en las bases populares organizadas, lo que implicó fuertes discusiones e incluso quiebres entre las organizaciones, frente al avance -con amplio apoyo mediático- del calendario del poder y su apuesta por procesar la movilización a través del camino electoral. Es decir, encauzar nuevamente el desborde.

Como si ello no fuese ya un problema mayúsculo, el debate “Apruebo”/“Rechazo” se tomó la agenda de los medios de comunicación masivos, llevando a parte importante de la clase popular a centrarse en esta elección, y no en los dos planos que están detrás:  por un lado, la posibilidad de superar los límites de la ley N°21.200 para desarrollar una Asamblea Popular Constituyente; y, por otro lado, mantener el desborde político popular que tiene elementos de transformación que deben darse desde el Estado, pero también otros que deben ir contra o más allá del Estado. Dos debates que no podemos desatender, obnubilados por el resultado que tendrá un plebiscito que, a diferencia de la mayoría de las elecciones de los últimos 30 años, muestra una alta posibilidad de victoria de la opción “Apruebo”, solo quedando la duda de si ese porcentaje será una victoria simple o un hito en sí mismo por su masividad.

Frente a ello, la invitación que hacemos es a ir más allá del debate sobre la opción “Apruebo”/“Rechazo” y el órgano constituyente, para  hacernos cargo colectivamente de la problemática gigante que está detrás de este plebiscito. Con esto, nos referimos a las posibilidades de que el “desborde político popular” no se detenga frente a un proceso que, sabemos, está lleno de trampas. Un llamado a superar la ingenuidad política -¿o acaso pensamos por un segundo que el modus operandi del cambio constitucional no iba a ser elaborado en base a la política del engaño, la manipulación y la letra chica?-.

La invitación es a no quedarnos en la comodidad de la superioridad moral de aquellos grupos de izquierda que esperan a que este proceso termine en la Constitución mínima -legitimada desde el manto legal que ha puesto el Partido del Orden-, para luego poder declarar con soberbia: “nosotrxs les dijimos que era una trampa”. En definitiva, es una invitación a ver qué opciones se abren en este escenario tan complejo que se viene después de la casi segura victoria del “Apruebo” para que el “desborde político popular” no sea encauzado por nadie más que nosotras, nosotros y nosotres mismes, según nuestros intereses. Si estas son las condiciones que tenemos, retomemos el diálogo colectivo para evaluar de qué manera podemos ganar. Demos cuenta de cuáles son los elementos con los que contamos para cambiar el curso de estos ríos, y así, el caudal de nuestro desborde no termine siendo agua para el molino de los mismos de siempre.


[1] José Matos Mar (2005). Desborde popular y crisis del Estado. Veinte años después. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, pp. 17 y ss.

[2] Para analizar su expresión en el caso chileno, recomendamos revisar los trabajos de Mario Garcés, Boris Cofré y Camila Silva.

[3] Raúl Zibechi (2007). Territorios en resistencia. Cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas. Buenos Aires: Lavaca Editores, p. 38.

[4] El Club Social y Deportivo Colo-Colo convocó, desde el 31 de octubre del 2019, a una serie de cabildos que se desarrollaron en el Estadio Monumental de Santiago, contando con convocatorias que se variaron entre los quinientos y los dos mil hinchas por sesión.

[5] Sobre la noción de los “no lugares de la política” como los espacios de poder de los movimientos sociales, recomendamos ver: Luis Tapia (2008). “Movimientos sociales, movimientos societales y los no lugares de la política”. En: Política Salvaje. La Paz: Muela del Diablo Editores.

[6] Sobre el poder estatal como espacio de impotencia, recomendamos ver: Miguel Benasayag y Diego Stulwark. Política y situación. De la potencia al contrapoder. Buenos Aires: De mano en mano, 2000.

[7] Claudio Alvarado Lincopi (2020). “Una razón antropofágica para una constituyente plurinacional. De la nación blanqueada a la comunidad política abigarrada”. En: VV.AA. Wallmapu. Ensayos sobre plurinacionalidad y nueva constitución. Santiago: Pehuén Editores, p. 95.

[8] Alvarado Lincopi. “Una razón antropofágica…”, p. 101.

[9] Marco Fajardo (2020). “Un nuevo pacto implica destituir las dinámicas mercantilistas, egocéntricas y abusivas”. Entrevista a Nona Fernández. Disponible en: https://www.elmostrador.cl/cultura/2020/10/20/escritora-nona-fernandez-y-el-proceso-destituyente-un-nuevo-pacto-implica-destituir-las-dinamicas-mercantilistas-egocentricas-y-abusivas/

[10] Se llamó paritaria no por ser integrada por igual número de hombres y mujeres, sino que por igual número de integrantes designados por el gobierno y por la oposición.

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