Buenas noticias: A Sara, la mujer que arriesga 15 años de cárcel por matar a su agresor, le rebajaron la cautelar

Durante la audiencia de término de plazo, se alargó la investigación por 90 días más y le rebajaron la medida de arresto domiciliario nocturno a firma mensual, lo que se condice con la legítima defensa que alega la defensa de la aysenina, que ha tenido apoyo de las feministas con la frase #YoTambiénMeDefendería.


Esta mañana fue la audiencia de término de plazo y cierre de investigación, para continuar con el proceso legal, en el que Sara, una mujer aysenina de 45 años, podría ser condenada por parricidio, arriesgando una pena de 15 años y un día a pesar de que mató a su agresor en legítima defensa, tras cuatro años de malos tratos.

Afortunadamente, las medidas cautelares fueron rebajadas por el tribunal, por lo que Sara pasó de arresto domiciliario nocturno a firma mensual durante los noventa días que se alargó la investigación.

La pesadilla de Sara comenzó mucho antes, pero desde el pasado 03 de junio su vida además está en peligro de quedarse sin libertad.

A las 15 horas de ese día, Flavio Álvarez, su ex pareja -quién tenía una orden de alejamiento a la casa y a la misma Sara- irrumpió en su hogar, amenazándola por celos. Una hora de discusión y Álvarez empezó a buscar un hacha para acabar con la vida de Sara. En ese momento, ella tomó un cuchillo y lo apuñaló en el pecho.

En la audiencia de formalización, el fiscal Pedro Poblete le imputó el delito de parricidio a Sara y pidió su prisión preventiva, la que el juez de garantía de Cisnes, Juan Mihovilovich rechazó, decretando el arresto domiciliario total por los 75 días que duraría la investigación, lo cual cambió el día de hoy gracias a Oriana Macías, abogada de Sara.

La defensora trabaja incansablemente para lograr que se entienda que Sara actuó en legítima defensa, tesis que se respalda con la evidencia de la violencia de género que la mujer sufrió durante cuatro años por parte de Álvarez.

“La ley a ella no la reconoce como víctima, dado a que hay un sesgo por ser imputada en el caso. Esto debería cambiar, ya que esta ley quita ese espacio de protección hacia a las mujeres, a las que no se les debería otorgar ayuda solo cuando se les considere legalmente víctimas. Como consecuencia de esto, también se deja de lado la protección y el acompañamiento. Acá hay un caso de violencia de género, que desemboca y ella termina siendo imputada, es algo interseccional”, explica la profesional.

Y agrega: “Tenemos dos hechos de violencia anteriores, que demuestran que su agresor era un peligro para Sara y también la declaración de ella y un testigo muy importante, que es el hombre que iba en el auto. Estos actos son coincidentes con los hechos de ese día, en que él va a la casa y trata de agredirla con el hacha”.

¿Falló el estado?

Desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, nos respondieron que “en el caso de Aysén, nuestra institución a través del abogado de Línea Violencia Extrema y la directora regional, tomaron contacto con la defensora de la causa y el defensor regional para ponerse a disposición y asesorar en la defensa con perspectiva de género. En este caso en concreto, nuestra institución solo tiene facultades para representar legalmente a aquellas mujeres que sean o hayan sido víctimas de violencia y que tengan dicha calidad en el proceso judicial. Es por esta misma limitación que nuestro objetivo en este tipo de casos es que la defensa de la mujer durante todo el proceso judicial sea con enfoque de género”, además dijeron que no pueden asegurar que la red de protección falló, ya que el agresor vulneró las medidas cautelares.

Respecto al trabajo que desarrollan las Instituciones de Mujer y Género, Jessica Vargas, Vocera de la Red Feminista de Aysén afirma que lo que hacen es insuficiente: “Siempre quedamos solas ante la justicia, no hay un apoyo íntegro, que no solo sea en lo judicial, sino que exista un acompañamiento tanto física, como emocionalmente. Las instituciones están al debe”.

Por su parte, Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, afirma que, en el caso de Sara, se ha visto un accionar desmedido por parte del Ministerio, sin perspectiva de género.

“El Ministerio Público tiene la obligación de investigar tanto los antecedentes que permitan determinar la responsabilidad de las personas imputadas, como también de aquellas circunstancias que atenúan o puedan eximirle de responsabilidad y esto no lo estamos viendo con claridad. En casos de violencia contras las mujeres, cuando existen denuncias previas, cuando ha habido agresiones graves y, más aún, cuando un agresor ha incumplido las órdenes judiciales de manera reiterada, el Ministerio Publico tiene un conjunto de elementos que debe considerar para determinar la concurrencia de la legitima defensa u otra causal de exculpación para esta mujer”, concluye la profesional experta en justicia con enfoque de género.

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