Autotutela

El recrudecimiento de las tensiones en el Wallmapu, parafraseando a Carl von Clausewitz, es resultado del abandono de la racionalidad y, en su lugar, de la toma de posición a favor del odio, la enemistad y la violencia contra la nación mapuche. En esta expedición el Gobierno no ha respetado simetría en el trato ni en el compromiso con la paz. Así, difícilmente puede constituirse en un tercero desinteresado e imparcial frente al conflicto. La virulencia mostrada en el desalojo del municipio de Tirúa, que contrasta con la nula intervención durante el ataque de la APRA en Curacautín, es el último botón de muestra.

Autotutela. Parece nueva, pero es una vieja palabra. Parece ser una noción jurídica, pero es una noción histórica y sociológica. Parece referida a acontecimientos actuales, pero alude a hechos de antigua data para la nación mapuche. El término no figura en el diccionario, pero la expresión más próxima es la que deriva del latín tutēla, defensa, amparo.

La autotutela significa hacer justicia por propia mano. Constituye el tabú sobre el que se sostiene el derecho contemporáneo. En las modernas sociedades, nadie podría practicar este precepto sin contravenir el derecho de todos los miembros de dichas sociedades, y de los miembros de la sociedad global, como lo han querido los pueblos a través de la institución y vigencia del sistema internacional de derechos humanos. De ello se sigue que es cuestionable que los privados sean dueños del proceso judicial, pues, incluso tratándose de donaciones de mutua aceptación entre las partes, quien interviene públicamente en los contratos y en los conflictos que estos generan, es el Estado, o sea, su tercer poder, la Administración de Justicia. Y seguirá siéndolo sin que nunca ceda a los privados. Hacer justicia por propia mano, en consecuencia, es prescindir del Estado que dicta la ley y, a través del ejercicio monopólico de la violencia legítima, asegura su imperio. Y así lo confirman las principales excepciones al dogma, como hacer justicia en defensa propia, a través de la obediencia debida o de la declaración de la guerra preventiva.

Justicia por propia mano invocando autodefensa es lo que han hecho los militantes de la Asociación Para la Paz y la Reconciliación de La Araucanía, APRA, que se coordinaron, marcharon hacia la municipalidad de Curacautín y se concentraron en la plaza con el fin de ejecutar la voz de orden de Gloria Naveillán: «Hay que ir con palos o con lo que necesiten para defenderse, pero la muni la tenemos que recuperar hoy día». Se movilizaron para administrar justicia, o sea,recuperar el municipio tomado; hacerlo por propia mano, es decir, la de civiles armados que —como lo demuestran decenas de videos y fotografías― golpean a personas, destruyen mobiliario público e incendian vehículos. Todo esto a la vista contemplativa de Carabineros, que ahí es la representación del Estado y del derecho.

Sin embargo, el presidente de Evópoli y exintendente, legaliza la violenta operación convirtiéndola en una «detención ciudadana ante un delito flagrante», con lo que termina prestándole, además, legitimidad política a lo obrado por los agresores. El mensaje sienta un precedente tan claro e inequívoco que, de ahora en más, cada vez que dependencias fiscales sean ocupadas por mapuche, será legal y legítimo que civiles armados concurran a su desalojo. Se tratará de una detención ciudadana, algo difícil de entender cuando nada más mirar el contexto se detecta presencia de fuerza pública.

¿Es entonces un acto de autotutela? ¿Una acción de autodefensa? ¿Un episodio de reposesión? Desde luego que no lo es, pues la acción la emprenden grupos organizados de civiles contra comuneros mapuche, que no los atacan a ellos, sino que, a través de la toma de la casa consistorial, presionan al ministro de Justicia, Hernán Larraín, para obtener que el machi Celestino Córdova, quien se encuentra en huelga de hambre desde hace tres meses, pueda cumplir la condena que pesa sobre él en su rewe por un periodo determinado de tiempo, como ocurrió en ocasiones anteriores. Pero la asociación de agricultores coaligada en la Apra hace suya la defensa del Estado y perpetra el desalojo de los comuneros, buscando de este modo inhibir la protesta solidaria de éstos con los internos del Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Por cierto, quienes ejecutan el trabajo son los mandados, gente que solo busca tranquilidad en su comuna. Aquí no existe defensa ni amparo, sino algo más y menos: el supremacismo de quienes sin pudor emulan al ultraderechista Ku Klux Klan para hacer del Wallmapu otro Mississippi en Llamas, según lo concibió el recién fallecido Alan Parker.


¿Qué está ocurriendo realmente en el sur? En lo que va del año se percibe un incremento de los ataques a bienes públicos y privados. La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, advierte que «hemos tenido atentados explosivos que no habíamos visto antes», ataques que se relacionan entre sí, como en la apropiación de doscientas barras de amongelatina y cien metros de cable detonante destinados a faenas mineras que eran transportados en un camión. El fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, cifra en un treinta por ciento el incremento de los hechos de violencia rural ocurridos en la zona desde principios de año.

El recrudecimiento de las tensiones en el Wallmapu, parafraseando a Carl von Clausewitz, es resultado del abandono de la racionalidad y, en su lugar, de la toma de posición a favor del odio, la enemistad y la violencia contra la nación mapuche. En esta expedición el Gobierno no ha respetado simetría en el trato ni en el compromiso con la paz. Así, difícilmente puede constituirse en un tercero desinteresado e imparcial frente al conflicto. La virulencia mostrada en el desalojo del municipio de Tirúa, que contrasta con la nula intervención durante el ataque de la APRA en Curacautín, es el último botón de muestra.

Las instituciones religiosas han respaldado la misión de paz de sacerdotes como el jesuita Carlos Bresciani, detenido en la operación de Tirúa. «La Compañía de Jesús en Chile ―publicó la orden― rechaza la violencia y arbitrariedad en el actuar del Estado de Chile y de Carabineros durante el desalojo de las municipalidades en la región de la Araucanía». Y con convicción y elocuencia el alcalde Adolfo Millabur declaró que «los pueblos originarios son víctimas de una forma de llevar adelante una política de Estado que es de represión, opresión, y que es negarles su derecho. Los que están presos, en su mayoría son por causas de reivindicar sus derechos como pueblos originarios». El escepticismo del exintendente Francisco Huenchumilla lo llevó a avisar que no se incorporaría a la mesa que pretende conciliar posiciones.

Chile vive en un tránsito posestallido y preconstitucional que ha cambiado drásticamente el sentido y la profundidad de la demanda indígena. Por eso, lo quiera o no el ministro Larraín, la devolución de tierras ancestrales ―que no es una cuestión de tribunales, sino de identidad y de patrimonio histórico― está sobre la mesa del conflicto. No hay modo de eludirlo, pues tanto el titular de Justicia, como el de Interior, son la memoria viva del régimen civil militar que institucionalizó el despojo de tierras e hizo propietarios de lo ajeno y, a veces, de lo sagrado, a nuevos colonos que hoy exaltan la autotutela.

Total
55
Shares
Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *

Related Posts